CAPÍTULO VII. De la jurisdiccion de los tribunales federales con relacion al derecho comun y á las partes.

RESUMEN. Párrafo I. Los tribunales federales no están investidos con la jurisdiccion criminal del derecho comun.—II. De la jurisdiccion civil del derecho comun.—III De la jurisdiccion que tienen los tribunales federales para conocer de los negocios en que es parte interesada un extranjero.—IV. De su jurisdiccion en los litigios seguidos entre ciudadanos de distintos Estados.—V. De su jurisdiccion en un litigio que afecta á un Estado, sin que éste aparezca como parte en autos.

Ha sido muy controvertido el punto de si los tribunales federales tienen jurisdiccion del derecho comun, y en caso de tenerla, hasta qué punto pueden ejercerla.

I. Los tribunales federales no tienen la jurisdiccion criminal del derecho comun.

En el caso "The United States v. Worrall" (2 Dallas 384) seguido ante el tribunal de circuito en Philadelphia, se trataba de un reo acusado y convicto de conato de sobornar al recaudador de rentas interiores. Se entabló el artículo de declinatoria, alegándose que toda la jurisdiccion de los tribunales federales se derivaba de la misma carta federal, ó de las leyes que el Congreso expidiera para hacerla cumplir, y que el delito de que se trataba no infringia ninguna disposicion constitucional, ni legislativa. El Congreso, se decia, puede expedir todas las leyes que estime necesarias para el cumplimiento de las prevenciones de la Constitucion, y una vez dadas, los tribunales de circuito tendrán expedita su jurisdiccion para proceder en caso de que se infrinjan, supuesto que son los únicos competentes para conocer de los delitos contra la Union. Verdad es que el Congreso ya habia dictado una ley para castigar varios delitos, incluso el de soborno de los jueces, administradores de las aduanas ó de las contribuciones indirectas (excise); pero esa ley nada habia dicho respecto al soborno del recaudador de las interiores, y por lo mismo no habia criado ó declarado el delito. Se presentaba por lo tanto netamente esta cuestion: ¿Cuáles son los delitos que dimanan de la Constitucion y leyes de la Union de que pueden conocer las autoridades de ésta? Por casos que dimanan de una ley debemos entender aquellos que dependen de su inteligencia, en cuanto á hacer alguna cosa que ella prohibe ó prescribe; y si para que los tribunales federales pudieran conocer de un delito ó de una accion civil bastara simplemente que el acto implicara ó afectara á un empleado federal, se estableceria una fuente de jurisdiccion que destruiria todas las barreras que existen entre las autoridades judiciales de los Estados y el gobierno general. Es verdad que el conato de sobornar á un empleado público constituye un delito en el derecho comun: pero la Constitucion federal no hace ninguna referencia á la autoridad de ese derecho. Cada una de las facultades que confiere fué materia de una concesion definida y aun así no pueden tener efecto hasta que se hayan puesto en ejercicio por medio de las leyes. El Congreso tiene la facultad de dar una ley declarando criminal el acto de querer sobornar al recaudador; pero no lo habia hecho hasta entonces, y no era un delito conocido en el código legislativo ni constitucional de la federacion.

En contestacion á este argumento, se dijo que sí estaba comprendido el delito en la letra de la Constitucion, supuesto que dimanaba de una ley federal, y era una tentativa de obstruir ó impedir el cumplimiento de las leyes de la federacion por medio del soborno. Que si el recaudador hubiera aceptado la cantidad que se le habia ofrecido para sobornarlo, los tribunales federales habrian tenido jurisdiccion para procesarle; luego, segun los principios de analogía, deben tenerla tambien para conocer del delito que cometió la persona que lo intentaba. Cuando se formó causa á Henfield por haber servido en un crucero francés contra los holandeses, se ejerció una facultad del derecho comun aplicada á una ofensa contra el derecho internacional y á la violacion de un tratado, que no contenia ningun castigo determinado para el caso.

Las opiniones de los dos magistrados que formaban el tribunal fueron discordantes. El magistrado del circuito fué de parecer que el tribunal no era competente para conocer de una causa seguida á virtud del derecho comun. Admitia que el Congreso tenia facultades para definir y castigar el delito de soborno; pero como el hecho que motivaba la causa no habia sido declarado criminoso por ley, los tribunales federales no podian abrir un proceso criminal para conocer de él. Los Estados Unidos en su carácter de nacion no tienen el derecho comun; sus tribunales carecen de la jurisdiccion criminal que dimana de ese derecho, y el Congreso nada habia dispuesto con respecto al delito de que se trataba. Segun su opinion, mientras que el Congreso no definiera el delito y señalara el castigo, el tribunal carecia de jurisdiccion para conocer de él.

El juez de distrito, por el contrario, sostenia que la Union constitucionalmente tiene la jurisdiccion del derecho comun para castigar los delitos, y que puede ejercerla, ó por medio del Congreso mediante la expedicion de una ley, ó por medio de sus tribunales mediante una averiguacion criminal. El delito de que se trataba atacaba el bienestar de la federacion, y por su misma naturaleza estaba sujeto á la jurisdiccion de ésta.

Este caso no resolvió por lo mismo tan difícil y complicada cuestion del derecho constitucional, por haber disentido los magistrados en sus votos; pero éstos contienen algunos de los principales argumentos en pro y en contra.

En el caso "The United States v. Burr," que tuvo su primera instancia en el tribunal de circuito de Virginia, en 1807, el Presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que las leyes particulares de los Estados no podian ser consideradas como reglas de decision en las causas seguidas por delitos contra la federacion, porque nadie podia ser condenado ni encausado en los tribunales federales en virtud de las leyes de un Estado. La expresion causas en derecho comun (trials at common law) de que usa la seccion 34.ª del Judiciary Act no es aplicable á las averiguaciones criminales. Se refiere á los litigios civiles en contraposicion á los criminales, y á los que se siguen segun el derecho comun en contraposicion á los que se entablan ante los tribunales federales cuando proceden como tribunales de equidad ó de almirantazgo. Reconoce sin embargo, que cuando el Judiciary Act en su seccion 14.ª faculta á los tribunales para conceder recursos, que aunque no estén expresamente determinados por ley, sean conformes á "los principios y prácticas del derecho," con esta expresion quiso designar, aquel derecho generalmente admitido y establecido desde hace mucho tiempo, que constituye los cimientos (substratum) de las leyes de todos los Estados.[105]

Esta importante cuestion de nuestra jurisprudencia constitucional se presentó ante la Suprema Corte de los Estados Unidos por la primera vez en el caso "The United States v. Hudson and Godwin," (7 Cranch, 32) en que se trataba de si los tribunales de circuito tenian jurisdiccion del derecho comun para conocer del delito de difamacion. Los reos habian sido acusados criminalmente ante el tribunal de circuito en Connecticut por haber difamado al Presidente de los Estados Unidos, y se dividieron los votos del tribunal en el punto de jurisdiccion. La mayoría de los magistrados de la Corte decidió, que los tribunales de circuito no podian ejercer la jurisdiccion criminal en casos del derecho comun.[106] De todos los tribunales que la nacion pudo crear en uso de sus facultades soberanas, la Suprema Corte era el único que derivaba su jurisdiccion inmediatamente de la Constitucion. Los demás que fueron creados por el gobierno federal no tenian mas jurisdiccion que la que les habia conferido el poder que los creó, que no podia ser distinta de la que autorizaba la facultad que al efecto se concedió á dicho gobierno; y la que en el caso se pretendia tener no habia sido concedida por ninguna disposicion legislativa. Cuando se instituye un tribunal, limitando sus procedimientos á ciertos objetos determinados, nunca podrá traslimitar la jurisdiccion que se le concedió. Verdad es que los tribunales de justicia, por la misma naturaleza de su institucion, tienen ciertas facultades implícitas; pero no está entre ellas la de conocer de los delitos contra el Estado. La facultad de imponer multas por faltas de respeto á su autoridad, la de reducir á prision por contumacia, y la de emplear la fuerza para hacer cumplir sus disposiciones, son necesarias para el ejercicio de todas sus demás facultades, y las tienen los tribunales sin necesidad de una ley expresa. Mas no está en sus atribuciones implícitas la de ejercer la jurisdiccion criminal en los casos del derecho comun, y para que la tuvieran los tribunales federales, seria necesario que el Congreso calificara el acto de delito, le señalara un castigo, y declarara qué tribunal debia conocer de él.

Despues se volvió á suscitar la cuestion en el tribunal de circuito de la federacion de Massachusetts, en el caso "The United States v. Coolidge" (1 Gallison 488). A pesar de la decision dada en el caso anterior, el tribunal de Massachusetts creyó que por su importancia la cuestion merecia ser examinada y debatida de nuevo, particularmente porque habia sido resuelta en la Suprema Corte sin que las partes hubieran alegado, y solo por una mayoría de votos. En el presente caso el reo habia sido acusado criminalmente por el delito, cometido en alta mar, de haber rescatado por medio de la fuerza una presa hecha por un crucero americano, y se trataba simplemente de si los tribunales de circuito eran competentes para conocer de delitos contra la federacion, que no hubieran sido definidos, ni tuvieran penas señaladas por leyes expresas. El magistrado de la Corte que presidia dicho tribunal no creyó necesario examinar la cuestion general de si los Estados Unidos, en su carácter de nacion soberana, habian adoptado enteramente el derecho comun. Reconoció que los tribunales federales tenian una jurisdiccion limitada, y que no podian ejercer otras facultades que las que les daban la Constitucion y las leyes que de ella dimanaren. Pero sostuvo que una vez conferida legítimamente una facultad, su naturaleza y extension y el modo de ejercerla debian regularse por los principios de aquel derecho, añadiendo que con esta distincion se desvaneceria todo lo difícil y oscuro de la materia.

Es inconcluso que al sancionarse la Constitucion y leyes de los Estados Unidos se tuvo como existente el derecho comun, prescindiendo de si era el mismo que tenia la Inglaterra en su sentido mas lato; esto es, comprendiendo la equidad, el almirantazgo y las doctrinas legales. En muchos casos no podria explicarse el lenguaje de la Constitucion y de las leyes sin hacerse referencia al derecho comun, y la primera no solo supone su existencia, sino que á él apela para la inteligencia é interpretacion de las facultades que otorga.

El Congreso pudo investir á los tribunales de circuito con jurisdiccion para conocer de los delitos contra la Union, y de facto se la concedió privativamente sobre la mayor parte de aquellos de que puede conocer la soberanía nacional. Refiriéndose á los tribunales de circuito, el Judiciary Act de 1789 en su seccion 11.ª dice; "Tendrán jurisdiccion privativa sobre todos los crímenes y delitos de que puede conocer la soberanía de los Estados Unidos, menos cuando otra cosa dispongan esta ley ó las demás leyes de la Union." Esto quiere decir, todos los crímenes y delitos de que puede conocer el poder judicial de la Union, segun la carta federal: no era posible, conferir jurisdiccion en términos mas ámplios y absolutos. Para conocer cuáles son los crímenes, y delitos contra la Union es necesario ocurrir á los principios del derecho comun, relacionándolos con la Constitucion.[107] Así por ejemplo: el Congreso ha decretado penas para castigar el asesinato, el homicidio y el perjurio, cuando estos delitos estuvieren acompañados de ciertas circunstancias; pero no los definió, y es necesario explicarlos por el derecho comun exclusivamente, pues de otra manera, el ejercicio del poder judicial de la Union quedaria sujeto á su propia discrecion arbitraria. En una multitud de casos dimanados de las leyes federales, no podria darse cumplimiento á las disposiciones de la legislatura sin adoptar el derecho comun. En los negocios de equidad, en los de almirantazgo y marina, y en otros muchísimos, la interpretacion y el ejercicio de la jurisdiccion de que están investidos los tribunales federales, á falta de una ley expresa, deben regirse exclusivamente por el derecho comun.

Son muchos los delitos de que puede conocer la Union, tales como los que atacan su soberanía, las garantías individuales, la justicia y la tranquilidad públicas, los reglamentos de policia etc., y al ejercer su jurisdiccion sobre ellos, debe aplicar los principios del derecho comun, á falta de leyes reglamentarias. La traicion y las conspiraciones para cometerla, el sustraer documentos de los archivos públicos, el soborno, la resistencia á la autoridad judicial, el amotinamiento y demás delitos perpetrados en alta mar, los fraudes cometidos en violacion de las leyes que arreglan el comercio y el poner impedimentos á su ejecucion, el robo y la sustraccion de la correspondencia pública que camina en correos de los Estados Unidos, son delitos por el derecho comun, y cuando se dirigen contra los Estados Unidos, son delitos contra la Union, de que pueden conocer los tribunales de circuito, juzgándolos y castigándolos segun los principios de ese derecho. Deberán castigarse con multas y prisiones, supuesto que es un principio establecido que los delitos que no tengan pena determinada por estatuto, deben ser castigados de esa manera. Se debe recurrir por lo mismo al derecho comun, no solo como regla de decision en las causas criminales que se siguen en los tribunales de la Union, sino tambien en el juicio ó castigo, y dicho magistrado usaba la expresion derecho comun, en su sentido mas lato, comprendido todo el sistema de la jurisprudencia inglesa.

Se declaró en consecuencia que sí eran competentes los tribunales de circuito para conocer de los delitos contra la Union: que para calificarlos era preciso ocurrir al derecho comun, aplicándolo á las facultades que otorga la Constitucion; y que dichos tribunales en uso de su jurisdiccion podian aplicar como castigo la prision y las multas, cuando no hubiera alguna ley que señalara otra pena. La jurisdiccion del almirantazgo es muy ámplia, tanto en lo civil como en lo criminal, y de los delitos que le son propios, sola la Union puede conocer porque la atacan directamente; y los castiga con multas y prisiones, á falta de otras penas señaladas por leyes expresas.

Se elevó el caso á la Suprema Corte; pero en él no se alegó. Hubo algunas diferencias de opiniones entre los magistrados, y en tales circunstancias la Corte manifestó que no queria reveer la decision que habia dado en el caso "The United States v. Hudson and Goodwin," ni revocarla á duda: (1 Wheaton, 415). La decision fué favorable al reo, y contraria por lo mismo á la opinion de que los tribunales federales tienen la jurisdiccion del derecho comun en el ramo criminal.

Así es que la cuestion general, sobre la aplicacion é influencia del derecho comun, no quedó resuelta sobre principios claros y definidos en virtud de estas opiniones y decisiones encontradas de los tribunales federales, y por lo que hace á los negocios de un carácter civil, todavía puede considerarse como un punto discutible. En el caso de "Hudson & Goodwin" se decidió que ni la Constitucion, ni las leyes habian dado jurisdiccion á los tribunales federales para conocer de la difamacion; y en el de "Worall," que tampoco la tenian, para juzgar el conato de sobornar á un recaudador de rentas interiores. Si esto es verdad, tambien lo es que no puede conferirles ninguna jurisdiccion el derecho comun, y por lo mismo los casos fueron decididos con acierto, aplicando el principio asentado por la Corte. Mas este principio no era aplicable al caso posterior de "Coolidge," supuesto que se trataba de un delito de almirantazgo, y sobre los delitos de esta clase parece que los tribunales federales deben tener una jurisdiccion general y privativa. Mr. Du Ponceau en su "Disertacion sobre la naturaleza y extension de la jurisdiccion de los tribunales de los Estados Unidos," examinó de una manera muy hábil é ilustró mucho esta difícil é intrincada materia de la jurisprudencia americana. Sigue la distincion que el tribunal de circuito de Massachusetts fué el primero en establecer, sosteniendo que en nuestro sistema federal de gobierno, no existe el derecho comun considerado como una fuente de jurisdiccion; pero que sí existe como un medio ó instrumento para ejercer la que confieren la Constitucion y leyes de la Union, y en este sentido constituye un sistema seguro y benéfico de nuestra jurisprudencia nacional. Los tribunales no pueden derivar del derecho comun ninguna de sus facultades para proceder: en cuanto á éstas deben ocurrir á la Constitucion y leyes de los Estados Unidos; pero una vez concedida la jurisdiccion y las facultades generales, como sucede en los casos de almirantazgo y marina, para ejercerlas, pueden y deben ocurrir al derecho comun sacando de él las reglas de procedimiento que fueren aplicables cuando no estuvieren prescritas por estatuto, porque son necesarias para dar efecto á la jurisdiccion.[108]

El principio asentado por los tribunales en los casos de "Worrall" y de "Hudson & Goodwin" es considerado como recto y seguro. La simple circunstancia de que la parte injuriada por el delito que motivaba el proceso, era un empleado de la federacion, no daba jurisdiccion á los tribunales de ésta, pues que ni la Constitucion ni las leyes de administracion de justicia que en virtud de ella se han expedido, les confiere una jurisdiccion general sobre los casos de un carácter criminal que afectan á los empleados, como se las da respecto á los que afectan á los enviados diplomáticos y cónsules. El mero hecho de que un empleado haya sido nombrado segun la Constitucion, no hace que todos los casos que le conciernen ó puedan afectarle, sean casos que resulten de la Constitucion y las leyes, sujetos por lo mismo á la jurisdiccion de los tribunales federales. El aceptar una interpretacion tan lata equivaldria á dar facultades legislativas al poder judicial, invistiéndolo con una jurisdiccion casi ilimitada, porque ¿cuál es el acto que no pueda ligarse, aunque sea de una manera indirecta, con la Constitucion y leyes de los Estados Unidos? Queda por lo mismo reservado á la discrecion del Congreso el dar á las personas y al carácter de los empleados del gobierno, cuando obran en su capacidad oficial, una proteccion mas eficaz que la que les dan las leyes de los Estados, y cuando se lleguen á sancionar leyes en este sentido, entonces será atribucion de los tribunales de la federacion el hacerlas cumplir.

Parece que es sana esta doctrina y que se deduce de los casos que hemos mencionado. El argumento del tribunal de circuito de Massachusetts es indudablemente de mucho peso, pues á mi juicio el conato de sobornar á un empleado del gobierno, ó el difamarlo en cuanto á sus actos oficiales, debe tenerse como una ofensa contra el mismo gobierno. Uno y otro tienden directamente á debilitar ó pervertir la administracion, y si se admite que tales actos constituyen delitos contra la federacion, debe admitirse asimismos que están sujetos á su jurisdiccion, y á ser juzgados por los tribunales de circuito. La grave dificultad y riesgo está en dejar al arbitrio de los tribunales mismos el definir qué es lo que constituye un delito contra la federacion, cuando la ley no lo hubiera definido expresamente. El medio mas seguro inconcusamente, es restringir la jurisdiccion en lo criminal á los delitos de estatuto, (ó sea ley expresa) bien definidos, y á los casos que se encuentran comprendidos en la expresa jurisdiccion dada por la carta fundamental. La jurisdiccion de almirantazgo que tienen los tribunales federales se deriva expresamente de la Constitucion, y aunque no hubiera ningun estatuto, era razonable suponer que los tribunales de almirantazgo debian conocer de los negocios criminales que pertenecen á esa jurisdiccion segun el derecho comun y el internacional. Si el derecho comun debe ser una regla de decision para los tribunales federales en el ejercicio de la jurisdiccion que legítimamente tienen, ¿qué razon puede haber para que no se aplique tanto á los casos criminales como á los civiles, y en general, siguiendo el mismo principio, á todos aquellos sobre que tienen una jurisdiccion incontrovertible? Si el Congreso hubiera expedido una ley autorizando á los tribunales de distrito y de circuito para conocer del conato de sobornar á un empleado del gobierno en el desempeño de sus funciones oficiales, sin disponer otra cosa mas, es claro que esos tribunales en la descripcion, definicion y castigo del delito, habrian tenido que sujetarse á aquellos principios y prácticas generales, que no pugnando con la Constitucion y leyes de los Estados Unidos, constituyen el derecho comun del país, y forman la base de toda la jurisprudencia americana. A pesar de que el poder judicial de la federacion no puede conocer de los delitos del derecho comun, si no es cuando la Constitucion ó las leyes expedidas de conformidad con sus prevenciones, les hayan conferido jurisdiccion sobre la persona ó la materia; sin embargo, una vez concedida ésta, parece que ese derecho, sujeto á las correcciones de la Constitucion y de las leyes de la misma federacion, deberia tenerse como una guia necesaria y segura en todos los casos civiles y criminales que puedan resultar en el ejercicio de la misma jurisdiccion, siempre que falten sobre el particular disposiciones de algun estatuto especial. Sin esta guia, los tribunales tendrian facultades discrecionales muy peligrosas, y vagarian errantes en el vasto campo de su imaginacion.[109]

II. De la aplicacion del derecho comun á los negocios civiles.

En el caso "Robinson v. Campbell," la Suprema Corte se inclinaba mucho á admitir que estaba vigente y era necesario aplicar el derecho comun en los negocios civiles propios de los tribunales de la federacion. El Judiciary Act de 1789 (c. 20, sec. 34) declaró que con excepcion de aquellos casos en que la Constitucion, los estatutos ó tratados de la Union, dispongan otra cosa, las leyes particulares de los Estados deben considerarse como reglas de decision en los juicios del derecho comun, seguidos ante los tribunales de la Union, siempre que sean aplicables.[110] La ley posterior de 8 de Mayo de 1792, expedida para reglamentar los procedimientos de los tribunales federales (c. 36, sec. 2) aprobó la forma de los writs, ejecuciones y demás procedimientos; con excepcion de su estilo, así como la forma y modo de proceder que entonces se usaban en los litigios del derecho comun en los tribunales federales, disponiendo que en cuanto á los juicios de equidad se siguieran los principios y la práctica de los tribunales de equidad. Pero todas estas formas y modos de proceder quedaron sujetos á las modificaciones y adiciones que dichos tribunales creyeran conveniente establecer, segun su prudente arbitrio, así como á las reglas que la Suprema Corte de los Estados Unidos tuviera á bien prescribir en lo sucesivo á cualquier tribunal de distrito ó de circuito. Apoyándose en estas disposiciones, la Corte, en el precitado caso declaró que en los negocios seguidos ante los tribunales federales, los recursos tanto del derecho comun como de equidad, no debian sujetarse á las prácticas de los tribunales de los Estados, sino á sus respectivos principios, tales como se definen y se distinguen entre sí en el país de donde hemos derivado el conocimiento que de ellos tenemos.[111]

Visto bajo este aspecto el derecho comun, puede considerarse como una parte de la jurisprudencia de los Estados Unidos. Mejorado como hoy se encuentra en Inglaterra, y especialmente en este país donde ha sufrido algunas modificaciones debidas á la benigna influencia de su extenso comercio, su ilustrada justicia, los principios republicanos y una sábia filosofía, el derecho comun ha llegado á ser un excelente código moral y civil, admirablemente adaptado para promover y afianzar la libertad y la felicidad de la vida social. La experiencia ha venido á demostrar que es un sistema lleno de principios robustos y sanos, muy conducentes al desarrollo de las libertades civiles, y en ninguna parte está manchado con una máxima política tan servil como la que se encuentra en el instituto de Justiniano: Quod Principi placuit, legis habet vigorem (Inst. 1, 2, 6). Es la jurisprudencia comun de los Estados Unidos, y los primeros colonos lo trajeron de Inglaterra, estableciéndolo en este país, hasta donde podia amoldarse á nuestras instituciones y circunstancias peculiares. El Congreso de las Colonias Unidas lo reconoció en 1774, como parte de aquellos "derechos y libertades innegables que pertenecen á las respectivas colonias."[112] Llena todos los vacíos que no puede llenar el derecho positivo. La influencia de sus principios puede compararse á la de las artes y ciencias liberales: adversis perfugium ac solatium prœbent, delectant domi, non impediunt foris; pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. Para usar de las palabras del instruido jurista á quien ya antes he aludido: "Vivimos en medio del derecho comun, lo aspiramos con nuestro aliento, y se infiltra por nuestros poros; lo encontramos al despertar y al acostarnos, cuando viajamos y cuando estamos estacionarios en nuestros hogares: se mezcla con el mismo idioma que hablamos, y no podriamos aprender otro sistema de legislacion, si no aprendiéramos tambien otra lengua."[113]

2. La jurisdiccion que tienen los tribunales federales ratione personarum, y que depende del carácter relativo de las partes litigantes ha dado materia á largas discusiones en el terreno judicial. La Constitucion les dá jurisdiccion para conocer de los litigios entre extranjeros y nacionales, y entre ciudadanos avecindados en diferentes Estados,[114] y sobre este particular tenemos una série de decisiones. Si se trata de un caso que dimana de la Constitucion, las leyes, ó los tratados de la federacion, poco importa quienes sean los litigantes porque el mismo asunto litigioso funda la jurisdiccion; pero si el litigio se ventila entre extranjeros y ciudadanos, ó entre ciudadanos de diversos Estados, es indiferente entonces cual sea su naturaleza, pues que la funda el carácter de las partes.

III. De la jurisdiccion sobre los negocios en que es parte interesada un extranjero.

En el caso de Bingham v. Cabot (3 Dallas 382), la Suprema Corte declaró que era necesario que los litigantes hicieran aseveraciones positivas acerca de su ciudadanía, ó de su nacionalidad cuando un extranjero estuviera interesado en el litigio, para que pudiera proceder la jurisdiccion de los tribunales de circuito, la que no podria sostenerse si de autos no aparecia esa circunstancia. La misma doctrina se sostuvo en los casos de "Turner v. the Bank of North America," (4 Dallas, 8) en los que se declaró además, que los tribunales de circuito ejercen una jurisdiccion que se limita á un número reducido de casos, especiales por sus circunstancias, y que la presuncion legal era que una causa no estaba sujeta á su jurisdiccion mientras no se probara lo contrario. De este principio tuvo su orígen la regla de que debe hacerse constar ante el tribunal el hecho ó las circunstancias que fundan la jurisdiccion, sea expresamente ó de una manera que no deje duda, segun la interpretacion legal. Por lo mismo, apareciendo que el demandado es ciudadano del Estado A por ejemplo, es necesario que el actor afirme ser ciudadano del Estado B, ó extranjero; y si el pleito versare sobre un pagaré, el tenedor deberá hacer constar que alguna de esas circunstancias concurrian en la persona á cuyo favor se extendió originalmente, supuesto que la jurisdiccion del tribunal se funda en la diversa condicion de uno y otro [Judiciary Act de 1879, sec. 11]. Pero un extranjero no podria demandar ante un tribunal de circuito de la federacion á un ciudadano americano residente en el extranjero, aunque éste tuviera bienes en el distrito contra los cuales se pudiera proceder, porque segun el Judiciary Act de 1779, no se puede seguir procedimiento ejecutivo contra una persona que no es vecina del distrito en que se instaura el litigio, ó que no se encuentra en él. Esto quita á los tribunales federales la facultad de decretar, fundándose en las leyes locales de los Estados, el secuestro de bienes del deudor que se ausenta ú oculta.

IV. De la jurisdiccion sobre los negocios seguidos entre ciudadanos de diversos Estados.

El "Judiciary Act," en su seccion 11ª da jurisdiccion á los tribunales de circuito para conocer de los negocios en que una de las partes interesadas es extranjero. En el caso de "Mossman v. Higginson" se declaró que dicha jurisdiccion se limitaba á los litigios entre ciudadanos y extranjeros, y no comprendia aquellos en que tanto el actor como el reo fueran extranjeros. De manera que si consta en autos que uno de los litigantes es extranjero, debe hacerse constar tambien que el otro es ciudadano americano. La misma declaracion se hizo en el caso de "Course v. Stead"(4 Dallas 22). El principio que rige sobre este particular es que debe aparecer en las mismas constancias procesales que el carácter de las partes funda la jurisdiccion del tribunal, y los puntos fijados en el último caso fueron confirmados en los de "Montalet v. Murray" (4 Cranch, 46) "Hodgson v. Bowerbank" (5 Cranch, 393) y "Sullivan v. The Fulton Steamboat Company" [6 Wheaton 495]. En el de "Maxfield v. Levy," [4 Dallas, 330] que se vió en el tribunal de circuito de Pennsylvania, se trataba de la jurisdiccion que nace del carácter de las partes y censuró con acritud el tribunal que maliciosamente se hubiera querido crear por medio de fraudes una jurisdiccion contraria á la mente de la Constitucion y al derecho. Se habia instaurado un juicio de lanzamiento entre ciudadanos de un mismo Estado, en que debian ser calificados los títulos de propiedad de un terreno. A fin de fundar la jurisdiccion federal una de las partes habia otorgado intencionadamente á título gratuito una escritura en favor de un ciudadano de otro Estado, con el único objeto de constituirlo nominalmente actor. El tribunal desechó la demanda, manifestando que tanto la Constitucion como las leyes de la Union, con mucha solicitud habian fijado límites precisos entre la autoridad judicial de la federacion y la de los Estados en particular, procurando con empeño que se conservara la línea que las divide. No era de tolerarse ningun plan fraguado con el fin de eludir la ley de la tierra, para crear una jurisdiccion por medio de un fraude.[115] Mas si á ciudadano de un Estado, hallare por conveniente cambiar su domicilio, y se trasladare con su familia á otro Estado, teniendo de buena fe la intencion de residir permanentemente allí, y no por un simple pretesto, aun suponiendo que su objeto sea el de aprovecharse de la jurisdiccion de los tribunales federales, se hace desde luego ciudadano del último Estado y con este carácter puede demandar ante dichos tribunales.[116]

La doctrina que se fijó en el caso de "Bingham v. Cabot" fué confirmada despues en el de Abercombrie v. Dupuis (1 Cranch 343) aunque con alguna repugnancia, pues parece que los magistrados que formaban la Corte no estaban completamente satisfechos de que sus predecesores hubieran circunscrito su jurisdiccion. Pero en el caso de Strawbridge v. Curtiss (3 Cranch 267) se declaró que eran todavía mas estrechos y precisos los límites de la jurisdiccion federal. En este caso la Corte desechó la demanda porque uno de los actores y otro de los demandados eran ciudadanos de un mismo Estado, declarando que en los negocios de interés comun de dos ó mas personas, sea que éstas intervengan como parte actora ó demandada, es preciso que todas sean idoneas para demandar ó ser demandadas en los tribunales federales. La inmediata cuestion que se presentó en esta materia fué si bajo la denominacion de "ciudadano" se comprendia una corporacion ó sociedad segun la mente de la Constitucion, y si podia demandar ante los tribunales de la federacion en virtud de su carácter legal. En los casos "The Hope Insurance Company v. Boardman" y "The Bank of the United States v. Deveaux" (5, Cranch, 57, 61) se resolvió que una corporacion no es "ciudadano" en virtud de ese carácter, y que la aptitud que pueda tener para comparecer ante los tribunales federales dependerá enteramente del carácter de los individuos que la formen, circunstancia que debe hacerse constar en autos por medio de la correspondiente aseveracion. De manera que una corporacion formada de ciudadanos de un Estado puede demandar á un ciudadano de otro Estado ante los tribunales de circuito de la federacion; pero si algunos de los socios que forman dicha corporacion fuere ciudadano del mismo Estado que la persona demandada, esta circunstancia haria fenecer la jurisdiccion de los tribunales federales.[117] La regla de que en los litigios que se comenzaren en los tribunales federales, todos los individuos que en ellos intervengan, sea como parte actora ó demandada, deben tener el carácter necesario para fundar la jurisdiccion, es aplicable tambien á los negocios principiados en los tribunales de los Estados, pero pasados luego á los federales.[118]

En cuanto á la cuestion de si el banco de los Estados Unidos tiene un derecho peculiar para comparecer como actor ante los tribunales federales, se resolvió tratándose del primer banco nacional, que la ley de su creacion no le habia concedido ninguna prerogativa especial al efecto: que tenia la capacidad comun para demandar ó ser demandado, porque siendo un ser invisible, artificial, una mera entidad legal, y no un ciudadano, su capacidad para demandar en juicio dependia del carácter de los individuos que lo formaban. La Constitucion federal previó que podria haber temores de que los tribunales de los Estados no administraran justicia á toda clase de personas sin distincion, con tanta imparcialidad como los federales y por esto estableció los últimos, á fin de que decidieran las controversias que se suscitaran entre nacionales y extranjeros, y entre ciudadanos de diversos Estados. Las personas á quienes representa una corporacion pueden ser extranjeros ó nacionales, y la controversia se sigue entre personas que se presentan en su nombre social, demandando un derecho social, contra un individuo particular, que es el demandado. Cuando los individuos que forman la corporacion son extranjeros ó ciudadanos de otro Estado distinto del á que pertenece la parte contraria, el caso queda comprendido en los términos y en la razon de ser que tiene la jurisdiccion de los tribunales federales. El tribunal puede llevar sus investigaciones mas allá del nombre social y examinar el carácter de las personas que forman la corporacion, que no para todos los fines quedan ocultas, ni se confunden enteramente con ella. Una sociedad de extranjeros puede demandar á un ciudadano, así como una sociedad de ciudadanos de un Estado puede demandar á un ciudadano de otro Estado ante los tribunales federales en su nombre social, y entonces la controversia realmente viene á seguirse por extranjeros contra nacionales, ó por ciudadanos de un Estado contra los de otro. En el caso á que nos venimos refiriendo, el Presidente, los directores y demás miembros del banco nacional afirmaban ser ciudadanos de Pennsylvania, y que los demandados lo eran de Georgia, y esta afirmacion, que no fué contrariada ó negada, bastó para fundar la jurisdiccion del tribunal de circuito. En los litigios seguidos por el banco nacional creado en 1816 no habria sido necesaria semejante afirmacion, porque la ley de su creacion (10 de Abril de 1816) lo faculta para demandar y ser demandado tanto ante los tribunales de circuito de la federacion, como ante los tribunales de los Estados. A no existir esta disposicion terminante, difícilmente habria podido darse el caso de que el banco nacional demandara ante los tribunales, pues que si debiera examinarse la circunstancia de la ciudadanía de todos sus miembros, habia pocos Estados ó tal vez ninguno, en que alguno de sus ciudadanos no fuera accionista de dicho banco. Habia sido indispensable, por lo mismo, que el congreso dictara alguna disposicion especial acerca de la jurisdiccion que debia conocer de los litigios que afectaran sus intereses, ó ninguna habria sido competente; y con mucho fundamento observó la Suprema Corte, que si para que el banco pudiera demandar á una persona fuera impedimento la circunstancia de que era ciudadano del mismo Estado que uno de los accionistas habria sido ilusoria la jurisdiccion de los tribunales federales respecto á esos negocios.

Un administrador de bienes agenos (trustee) puede demandar ante los tribunales federales en virtud de su propio carácter, sea nacional ó extranjero, si desempeña su cometido en debida forma, sin que obste el carácter ó domicilio de su mandante á no ser que se hubiera conferido el mandato con el fraudulento fin de crear la jurisdiccion.[119] Esta regla es aplicable tambien á los albaceas testamentarios y dativos, á quienes se considera como partes verdaderamente interesadas; pero no lo es al cesionario general (ó síndico) de un deudor insolvente, porque éste no podrá demandar ante los tribunales federales, á no ser que dicho deudor pueda demandar ante ellos. Por la seccion 11ª del Judiciary Act, no hace nacer la jurisdiccion de los tribunales federales la cesion de bienes muebles, exceptuándose la de las letras de cambio de procedencia extranjera, á no ser que su primitivo poseedor hubiera tenido derecho á demandar ante ellos, sin que importe al caso que la cesion haya dimanado del hecho de la parte ó de la accion de la ley. Pero los albaceas testamentarios y dativos no son cesionarios, segun la mente de la precitada seccion del Judiciary Act.[120]

El Distrito de Colombia y los territorios no son Estados segun la mente de la Constitucion y del Judiciary Act, para el efecto de que sus ciudadanos puedan demandar á los de los Estados ante los tribunales federales, por extraño que parezca, que estos tribunales, que están siempre abiertos para los extranjeros y los ciudadanos de todos los Estados, no lo estén tambien para los habitantes de esos distritos, por la simple consideracion de que no son ciudadanos de un Estado; pero debe tenerse presente que, como observa la Suprema Corte, ésta es materia propia para la deliberacion del poder legislativo y no del judicial.[121]

Una vez radicada la jurisdiccion de los tribunales de circuito en un negocio seguido entre ciudadanos de diferentes Estados, no fenece porque una de las partes cambie de domicilio durante la litispendecia, y pase á residir al mismo Estado que su contrincante, pues que la jurisdiccion depende de la condicion que tienen las cosas al entablarse la accion.[122] De manera que si la persona á cuyo favor se endosó una letra vive en un Estado diverso del en que vive su inmediato endosante, podrá demandar á éste ante el tribunal de circuito, aunque resida en el mismo Estado que el girador. El endoso constituye un nuevo contrato entre las partes interesadas en el litigio, distinto enteramente del de la letra primitiva. "Young v. Bryan," 6 Wheaton 146; "Mollan v. Torrance," 9 Wheaton, 537.

V. De los litigios en que un Estado es interesado y no aparece como parte en las constancias procesales.

El caso de "Osborn v. The Bank of the United States" en que un Estado sostenia que era parte interesada en lo esencial del negocio, trajo á discusion algunos principios importantes relativos á la jurisdiccion constitucional de los tribunales federales. La Corte declaró que en virtud de la ley del Congreso que creó el banco nacional, los tribunales de circuito tenian expedita su jurisdiccion para conocer de una demanda en equidad instaurada por el mismo banco, pidiendo que se le amparara en el ejercicio de sus prerogativas, que temia fueran atropelladas por una ley del Estado de Ohio; declarando además, que como no se podia demandar al Estado, el litigio podria seguirse contra aquellos de sus empleados y funcionarios que tuvieran á su cargo la ejecucion de la ley.

Como la enmienda constitucional (art. 11º de las reformas) no permite que un Estado pueda ser constituido en reo por individuos de otros Estados, la Corte pulsó toda la gravedad y lo difícil de la objecion, de que realmente el Estado de Ohio venia á quedar en ese predicamento, supuesto que los procedimientos del tribunal vendrian á influir contra él inmediatamente, impidiendo que sus funcionarios hicieran cumplir una de sus leyes. Reconoció que el litigio afectaba al Estado de una manera muy directa; pero tambien observó que si se cedia á la dificultad que se objetaba, ésta en sus consecuencias, iria hasta destruir completamente los poderes de la Union. Si en un caso semejante carecieran de jurisdiccion los tribunales federales, el resultado seria que los empleados de los Estados, apoyando sus procedimientos en alguna ley inconstitucional de éstos, podrian estorbar el cumplimiento de cualquiera ley federal. Los Estados podrian imponer multas y otras penas á los funcionarios de la Union encargados de la ejecucion de sus leyes, haciéndolas efectivas gubernativamente, sin necesitar ni siquiera de la sancion de sus propios tribunales. De esta manera podrian impedir que desempeñaran sus deberes los conductores de la correspondencia, los recaudadores de rentas, los marshals de los distritos y demás empleados de la federacion; y si los tribunales de ésta no pudieran ampararlos en la ejecucion de todas las leyes indistintamente que emanen de la Constitucion, contra la accion de los agentes de los Estados, cuando éstos quisieran hacer efectivas dichas penas, seria necesario admitir en lo absoluto, que no los podian amparar en la ejecucion de ninguna ley. La Corte sostuvo con insistencia que el poder judicial de la federacion no carecia de una jurisdiccion tan indispensable, y que podia amparar á los encargados de hacer cumplir las leyes de la Union contra los atentados de los Estados que quisieran resistirlo por medio de sus propios agentes, empleando al efecto, ó los remedios preventivos contra éstos, como el injunction y otros; ó levantando el secuestro de los bienes que hubieran embargado. Declaró que por lo mismo un litigio entablado contra individuos particulares, cualquiera que fuese su causa, no era litigio contra un Estado, segun la mente de la Constitucion. Esta quiso que se distinguiera el caso en que un Estado estuviera interesado, de aquel en que fuera además parte en el litigio, y para esto, en cuanto á la jurisdiccion, era indispensable que así constara de autos. La prohibicion constitucional solo se refiere al caso en que un Estado es parte en autos, requisito que debe aparecer por la simple vista de las constancias; y este requisito tiene lugar en todos los casos en que la jurisdiccion depende del carácter de las partes.[123]

Se volvió á tratar de la jurisdiccion que nace del carácter nacional y residencia de las partes en el caso "The Bank of the United States v. The Planter's Bank of Georgia",[124] y se declaró: que los tribunales de circuito eran competentes para conocer de las demandas instituidas por el banco nacional contra el de un Estado, á pesar de que eran accionistas en éste el Estado de Georgia, algunos de sus ciudadanos y aun algunos de los accionistas del banco nacional. Que no debia considerarse á Georgia como parte demandada en su carácter de Estado, no obstante que le interesaba la defensa en su condicion de accionista; porque en todo lo que se refiriera á esta condicion, quedaba desposeido de su carácter de soberano, tomando el de un ciudadano particular; y este principio es aplicable á todos los casos en que el gobierno es miembro de una sociedad mercantil. (Joseph Story, 11 Peters U. S. 349.)

En este capítulo hemos visto hasta que punto ejercen la jurisdiccion del derecho comun los tribunales federales, jurisdiccion que no se les reconoce en lo criminal. Parece que la doctrina fundada es que toda jurisdiccion, civil ó criminal, debe derivarse de la Constitucion y de las leyes que de ella dimanen; pero que una vez conferida, para ejercerla es necesario recurrir á los principios del derecho comun. Hemos visto asimismo con qué precauciones y restricciones los tribunales federales han ejercido su jurisdiccion en los litigios entre nacionales y extranjeros, y entre ciudadanos de diferentes Estados. En la siguiente disertacion examinaremos particularmente las facultades y pretensiones que tienen dichos tribunales en cuanto á la jurisdiccion de almirantazgo y marina.