CAPÍTULO VI. De la jurisdiccion que tiene la Suprema Corte tanto originariamente como en apelacion

RESUMEN. Párrafo I. De la manera de probar la constitucionalidad de una facultad.—II. De los negocios en que conoce la Suprema Corte desde su principio.—III. De su jurisdiccion para conocer en apelacion.—IV. Del "Writ of Mandamus."—V. Del caso en que un Estado fuere parte interesada.—VI. Al Congreso toca reglamentar la jurisdiccion para conocer en apelacion.—VII. El poder judicial se limita á los casos que dimanan de la Constitucion, los tratados y las leyes.—VIII. La jurisdiccion para conocer en apelacion se limita á la materia que conste de autos.—IX. El que un Estado sea parte no la excluye.

Hasta aquí he considerado bajo un punto de vista general los grandes departamentos en que está dividido el gobierno de los Estados Unidos: paso ahora á hacer un exámen mas prolijo de sus facultades y deberes, así como del grado de subordinacion en que están constitucionalmente colocados los gobiernos de los Estados.

I. Prueba de la constitucionalidad de una facultad.

La Constitucion de los Estados Unidos es un instrumento que contiene concesiones de facultades específicas, y el gobierno de la Federacion no puede reclamar otras que las que le otorga esa carta, sea expresa ó tácitamente por una deduccion necesaria. Las facultades con que estaban investidos los gobiernos de los Estados por sus respectivas constituciones y las que se reservó el pueblo de esos Estados antes de que se sancionara la Constitucion, quedaron intactas y sin cercenarse, ménos en aquellos casos en que fueron delegadas á la Federacion. Debemos averiguar cuál es la verdadera inteligencia de la Constitucion, y la extension precisa que tienen las facultades que quedaron reservadas á los Estados, por la opinion conocida y las respectivas prácticas de los gobiernos, cuando no haya habido conflicto entre ellos; pero en todos los demás casos, cuando la cuestion tiene un carácter judicial, debemos hacerlo por medio de las decisiones de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que todos debian estudiar y conocer en las cuestiones principales del derecho constitucional. El pueblo de los Estados Unidos declaró que la constitucion es la suprema ley de la tierra, y debe ser universal é implícitamente obedecida. Toda ley del Congreso ó de las legislaturas de los Estados, y cualquiera parte de las constituciones de los mismos, que pugnen con la constitucion federal, serán necesariamente nulas. Este es un principio claro y bien establecido en la jurisprudencia constitucional. Se declaró que el poder judicial de la Union abraza todos los casos que en derecho y equidad dimanan de la constitucion; y cuando judicialmente se le somete un caso, á ese poder toca decidir cuál es la ley de la tierra. La resolucion de la Suprema Corte de los Estados Unidos en casos semejantes debe ser final y decisiva, porque la constitucion le dá la facultad de decidir, y no concede apelacion de su fallo.

Con respecto al poder judicial, se puede decir en general lo que la Suprema Corte decia en el caso de "Turner v. The Bank of North América (4 Dallas 8)", que si se esceptuan unos cuantos casos que especifica la carta fundamental, al Congreso toca la facultad de conferirlo; que sin su intervencion los tribunales no podrian ejercer jurisdiccion en todos los casos á que se extiende dicho poder; y últimamente que no está obligado á hacer extensiva la jurisdiccion de los tribunales federales á todas las materias que la constitucion pudiera autorizarlos para conocer. además, es un punto ya resuelto[91] que el Congreso no ha delegado el ejercicio del poder judicial á los tribunales de circuito, sino es en ciertos casos especificados. Para conferir jurisdiccion á esos tribunales es necesario que concurran la constitucion y una ley del Congreso. Intencionalmente se ha dejado sin ejercicio una gran parte de poder judicial que la constitucion facultó al Congreso para conferir, y que éste no ha puesto en accion por medio de una ley.[92] La seccion 11 del "Judiciary Act" de 1789 que dá jurisdiccion á los tribunales de circuito, no tiene toda la amplitud que dá la constitucion; así por ejemplo, esos tribunales no pueden expedir un mandamus sino únicamente cuando es necesario para el ejercicio de su jurisdiccion, (Smith v. Jackson, 1 Paine 453).

La jurisdiccion que tiene la Suprema Corte para conocer desde un principio es muy limitada, y se ha declarado judicialmente (Marbury v. Madison Cranch, 137.) que el Congreso no tiene facultad para ampliarla. La constitucion la restringe á los casos que afectan á los embajadores y demás ministros públicos, á los cónsules, y á aquellos en que un Estado es parte interesada, (Art. 3 sec. 2) y ha sido materia de disputa si tiene el carácter de exclusiva, segun la mente de la constitucion. Parece que el "Judiciary Act" de 1789 consideró que el Congreso tenia facultad para investir á otros tribunales con jurisdiccion concurrente sobre los casos especificados, supuesto que para algunos de ellos la confirió á los tribunales de circuito (sec. 13). En el caso "The United States versus Ravara (2 Dallas 297)" se suscitó esta cuestion en el tribunal de circuito del distrito de Pennsylvania, y se declaró que el Congreso podia investir á otros tribunales con jurisdiccion para conocer á prevencion de los mismos casos en que la Suprema Corte podia conocer en única instancia, y que la espresion "conocerá originariamente" no debia entenderse como si importara el conocimiento privativo de los casos enumerados. Pero la decision que dió la Suprema Corte en el negocio de "Marbury v. Madison" (1 Cranch 137) se inclina mucho á establecer el principio de la jurisdiccion privativa en dichos casos. En el de "Pennsylvania v. Kosloff" (5 Serg and Raule 545) se tuvo esta decision como derogatoria de la de Ravara, y sin embargo en el caso "The United States v. Ortega" (11 Wheaton 467) la Suprema Corte dejó indecisa la cuestion, absteniéndose intencionalmente de resolverla.[93]

Admitiendo que el Congreso pueda discrecionalmente hacer partícipes á otros tribunales de esta jurisdiccion que tiene la Suprema Corte para conocer en primera instancia, se ha declarado, como veremos mas adelante, que no puede ampliarla, es decir, que no puede investir á la misma Corte con jurisdiccion para conocer en el mismo grado de otros casos, fuera de los designados en la constitucion[94]. Por lo mismo es la jurisdiccion que tiene la Suprema Corte para conocer en apelacion la que le dá casi toda su respetabilidad y eficacia, constituyéndola objeto constante de la atencion y solicitud de los gobiernos y del pueblo de los diversos Estados.

En ciertos casos la Suprema Corte tiene jurisdiccion para conocer en apelacion de las decisiones finales de los tribunales de los Estados; pero, ni en derecho estricto ni en equidad tiene facultad para revisar sus propias decisiones. (Washington Bridge Company v. Stewart, 3 How. V. 413.)

Ya hemos visto que conforme al "Judiciary Act" la Suprema Corte puede por el "Writ of Error" revisar, confirmando ó revocando las sentencias definitivas de todos los tribunales de última instancia de los Estados, ya sean de equidad ó de estricto derecho, cuando en los litigios en que aquellas se pronunciaron se tocare la cuestion de la validez de un tratado y la decision fuere contraria á ella; ó cuando se suscitare alguna disputa acerca de su inteligencia, y la decision fuere contraria al título, derecho ó privilegio que se pretende tener en virtud de dicho tratado. Si la sentencia de la Corte fuere revocatoria, podrá entonces á su discrecion, ó devolver la causa al tribunal de su orígen para que la falle en definitiva; ó si, ya esto se hubiera hecho una ves antes, puede fallarla ella misma, y mandar ejecutar su fallo. En la precitada ley, la expresion sentencia final significa todo fallo ó decreto que decide un litigio particular, y no debe limitarse á aquellos fallos que impiden la instauracion de un nuevo litigio por el mismo derecho[95]. En virtud de esta jurisdiccion que para conocer en apelacion tiene la Corte, en el caso de "Clarke v. Harwood" (3 Dallas 343) se declaró que si el tribunal superior de un Estado revoca el fallo de otro inferior, y en la súplica la Suprema Corte de los Estados Unidos revoca el del tribunal superior, éste quedará completamente sin efecto, y la Corte puede mandar al tribunal que conoció en 1ª instancia que haga ejecutar su decision. Sin embargo, en el caso de "Fairfax v. Hunter" (7 Cranch 608) se otorgó el "Writ of Error," por la Suprema Corte de los Estados Unidos contra un fallo del tribunal de apelaciones del Estado de Virginia, que denegaba cierto derecho que un litigante pretendia tener segun la inteligencia de los tratados con la Gran Bretaña de 1783 y 1794, y se revocó el fallo de ese tribunal, devolviéndole la causa y pidiéndole que hiciera cumplir la sentencia del inferior que habia revocado. El tribunal de Virginia al recibir la causa, declaró que no estaba sujeto á la jurisdiccion que tiene la Suprema Corte de los Estados Unidos para revisar en apelacion y que la ley del Congreso, en la parte que daba esa extension á las facultades de la Corte, no estaba fundada en la Constitucion: que los procedimientos de la Corte relativos á ese tribunal, eran procedimientos seguidos coram non judice y por consiguiente se negó á obedecer su mandato. A esta denegacion se concedió el "writ of error", y la causa volvió á subir á la Suprema Corte en el incidente relativo á la resolucion del tribunal inferior, negando la constitucionalidad del estatuto en la parte que concede el recurso de apelacion contra los fallos de los tribunales de los Estados. Martin v. Hunter, 1 Wheaton 304.

Difícilmente habria podido suscitarse en un tribunal una cuestion mas grave, que envolviera consideraciones tan delicadas y que afectara tan de cerca la conservacion y tranquilidad de la Union americana. Al resolverla la Corte expuso que la Constitucion necesariamente se habia expresado en términos generales, y no habia especificado detalladamente las facultades que concedia ni declarado los medios que debieran emplearse para ponerlas en ejecucion, tarea que habria sido peligrosa y difícil, si no imposible: que por lo mismo habia dejado al arbitrio del Congreso el emplear los que le parecieran convenientes llegada la vez, para alcanzar fines que eran legítimos, normando el ejercicio de sus facultades por su propia sabiduría y las exigencias del bien público.

Declaró que el poder judicial de la Union comprende todos los casos que dimanan de los tratados celebrados con su autoridad. En el caso de que nos ocupamos era absoluta la delegacion del poder judicial; el pueblo americano podia investir al gobierno de la Union con él, ó con cualquiera otro, prohibiendo á los Estados el ejercicio de todo poder que á su juicio fuera incompatible con los fines que tuvo por objeto alcanzar el pacto federal. Segun los preceptos mismos de este pacto, el Congreso debia crear tribunales inferiores, invistiéndolos con aquella jurisdiccion que pertenece privativamente á la Union, pero que la Suprema Corte solo podia ejercer, conociendo en grado de apelacion. Todo el poder judicial de la Union debe residir siempre en algunos tribunales creados en virtud de su autoridad, sea para conocer en primera instancia ó en apelacion. La delegacion de ese poder habia sido completa, y el Congreso tenia un imperioso deber de dar alguna disposicion respecto á la jurisdiccion de los tribunales federales para conocer en grado de apelacion, en todos aquellos casos en que la Constitucion daba á la Suprema Corte una jurisdiccion privativa pero no para conocer en primera instancia.

En el análisis que la Suprema Corte hizo del poder judicial, sostiene que en los casos que especifica la Constitucion se deben distinguir dos clases. La mente de ésta fué que las facultades del poder judicial, sea en la primera instancia ó en grado de apelacion, debian extenderse absolutamente á todos los casos que en estricto derecho y en equidad dimanaran de la misma Constitucion, leyes de la Union, ó tratados celebrados con su autoridad: á todos los que afectan á los embajadores, á los demás ministros públicos y cónsules, y á todos los de la jurisdiccion de almirantazgo y marina, supuesto que todos ellos son de vital interés para la soberanía de la Union, entran en su política y afectan tanto los derechos nacionales como la ley y cortesía de las naciones. Por lo mismo la jurisdiccion, sea en la primera instancia ó en grado de apelacion, debe ser proporcionada á los males que tiene por objeto remediar, y á la política que se quiso seguir. Pero en cuanto á la otra especie de casos, parece que la Constitucion exprofeso no empleó la palabra todas, ni extendió las facultades del poder judicial á conocer de todas las controversias, sino de aquellas solamente en que la Union fuere parte interesada, de las que se ventilaban entre dos ó mas Estados, ó entre ciudadanos de diferentes Estados etc. dejando al Congreso calificar su jurisdiccion, ya sea en primera instancia ó en apelacion, segun lo creyera conveniente al bien público. Pero sea cual fuere el fundamento de esa distincion, la Suprema Corte sostuvo como evidente que el poder judicial de la Union en algunos casos excluye inevitablemente toda autoridad de los Estados, y en todos los demás en que el Congreso discrecionalmente podia ordenarlo de esa manera. El "Judiciary Act" en todas sus disposiciones, pero particularmente en las secciones 9ª 11ª y 13ª, dió por sentado que en todos los casos á que se extienden las facultades judiciales de la Union el Congreso puede constitucionalmente investir á los tribunales federales con jurisdiccion privativa. La jurisdiccion criminal, y la de almirantazgo y marina deben tener ese carácter, y hoy los Estados solo pueden ejercer una jurisdiccion concurrente, sobre aquellos casos de que podian conocer antes de la Constitucion, independientemente del poder nacional.

La jurisdiccion para conocer en grado de apelacion no se limitó por la Constitucion exclusivamente á la Suprema Corte. El Congreso puede establecer una série de tribunales inferiores, dando á cada uno jurisdiccion para conocer tanto en primera instancia como en apelacion. Se declaró que la jurisdiccion que tiene la Corte para conocer en apelacion de aquellos casos de que no puede conocer en primera instancia, estaba sujeta á las restricciones y disposiciones que el Congreso tuviere á bien prescribir. Al Congreso, por lo mismo, quedaba reservada la facultad discrecional de reglamentar el ejercicio de la jurisdiccion de apelacion en todas sus diversas formas, y esa jurisdiccion no se limitaba á los casos que pendieran ante los tribunales federales, pues que si así fuera, se deduciria necesariamente que la jurisdiccion de los tribunales federales excluia la de los tribunales de los Estados, en todos los casos que enumera la Constitucion. Si el poder judicial de la federacion comprende todos los casos que dimanan de la Constitucion, las leyes y los tratados de la Union, y todos los que pertenecen á la jurisdiccion de almirantazgo y marina, los tribunales de los Estados no podrian tener, de una manera compatible con la expresa concesion constitucional, ninguna jurisdiccion sobre esos casos, si no se pudiera apelar de sus decisiones para ante la federacion. La jurisdiccion de segunda instancia que tienen los tribunales de la federacion debe extenderse á las decisiones de los tribunales de los Estados, mientras éstos tengan jurisdiccion concurrente sobre los casos que la Constitucion declaró pertenecer al conocimiento del poder judicial federal. Es muy claro que la Constitucion previó que algunos casos de los que pertenecen al conocimiento judicial de la federacion se presentarian ante los tribunales de los Estados en el ejercicio de su jurisdiccion ordinaria, y que estos tribunales tendrian que conocer incidentalmente de casos que dimanaban de la Constitucion, leyes y tratados de la Union; y como el poder judicial de la Union se extiende á todos esos casos, de los mismos términos de la Constitucion se deduce como una consecuencia necesaria, que la jurisdiccion que tienen los tribunales federales para conocer en apelacion, debió extenderse, y de facto se extendió á las decisiones de los tribunales de los Estados, y comprende todos los casos de que puede conocer el poder judicial.

Los casos que se enumeraron como pertenecientes al conocimiento de los tribunales federales, son aquellos que se relacionan con la tranquilidad, la paz y la soberanía de la nacion, ó aquellos en que se presumió que las simpatías, las preocupaciones, los celos y los intereses de un Estado, pudieran alguna vez obstruir la administracion regular de la justicia, ó influir en ella de alguna manera. En todos, la facultad de conocer en apelacion se funda en los principios mas palmarios de política y de prudencia, y es considerada como indispensable para llenar debidamente los grandes y benéficos fines de la Constitucion. Además era necesaria para que en todos los Estados Unidos hubiera uniformidad en las decisiones de aquellas cuestiones que dimanaban de la Constitucion, pues serian deplorables los males que resultarian de interpretaciones y fallos contradictorios sobre todos esos puntos de interés general.

Tambien pertenece al ejercicio de la jurisdiccion de apelacion, el derecho que tiene el demandado para declinar la jurisdiccion de los tribunales de los Estados, y llevar su causa ante los de la Union, cuando á éstos toca conocer de sus garantías, derecho que puede ejercitarse antes ó despues del fallo de dichos tribunales, á discrecion del Congreso. La Suprema Corte por una série de argumentos que parecen ser incontestables y concluyentes, resolvió que la jurisdiccion que tiene la Union para conocer en apelacion, comprende los casos seguidos ante los tribunales de los Estados, y que la seccion 25ª del "Judiciary Act" de 1789 que autoriza su ejercicio por medio del writ of error y en los casos que especifica, está fundada en el texto y en la mente de la Constitucion. En tal virtud se revocó el fallo que dió el tribunal de apelaciones de Virginia al recibir la causa en devolucion, negando la jurisdiccion de la Corte, confirmándose el del tribunal de distrito del mismo Estado que ese tribunal habia revocado.

La Suprema Corte no creyó necesario discutir ó decidir la cuestion relativa á sus facultades para expedir la órden compulsoria del mandamus á los tribunales de los Estados á fin de hacer cumplir su sentencia de revocacion. Parece que uno de los magistrados que extendió una opinion separada en el caso, creia que la Suprema Corte en el ejercicio de su jurisdiccion de apelacion era el juez supremo de las partes y de la causa; pero que no tenia la facultad de compeler á los tribunales de los Estados. La Corte misma no insinuó ninguna opinion sobre si ella podia ó no entablar procedimientos compulsorios ó restrictivos in personam contra dichos tribunales; sin duda no creyó prudente asumir mas autoridad de la que le concedia la Constitucion, que la que era estrictamente necesaria en esa vez. Si la jurisdiccion para conocer en apelacion tenia un fundamento sólido, como evidentemente lo tenia en el caso, parece natural que debia necesariamente incluir todo el poder coercitivo indispensable para hacerla respetar.

IV. Del "Writ of mandamus."[96]

Otra de las cuestiones muy debatidas y detenidamente consideradas por la Suprema Corte, fué la de si ella tenia facultades para librar un mandamus, cuando no resultaba como incidente de un caso sometido á su jurisdiccion para conocer en apelacion, ó no lo requeria alguno de los casos de que podia conocer en única instancia. En el caso de "Marbury v. Madison," (1 Cranch 137) el actor habia sido propuesto al Senado para juez de paz en el distrito de Colombia por el Presidente de la República, quien despues de haber obtenido el consentimiento y aprobacion de esa Cámara, le confirió el nombramiento; éste era completo, hallándose ya firmado su despacho por el Presidente, y sellado con el sello de los Estados Unidos. Pero á pesar de esto, el Secretario de Estado no quiso dar curso al despacho, lo que fué considerado por el quejoso como una violacion de un derecho ya adquirido y legal, que le daba accion á pedir una reparacion por el "writ of mandamus," y se cuestionaba si la Suprema Corte podia constitucionalmente expedirlo.[97]

La seccion 13 del "Judiciary Act," facultaba á la Suprema Corte para expedir el mandamus en todos los casos en que los principios y la práctica del derecho facultan á los tribunales y funcionarios públicos de la Union para hacerlo. Incuestionablemente la ley era aplicable y daba la facultad; solo quedaba en pié la cuestion de su constitucionalidad. La Corte opinaba que la ley era inconstitucional en este particular, porque la facultad de expedir el mandamus en el presente caso importaria un ejercicio de la jurisdiccion de primera instancia que no está comprendido en la Constitucion, y el Congreso no puede dar á la Corte jurisdiccion para conocer originariamente de mas casos que los determinados por la Constitucion. No puede darle jurisdiccion para conocer en grado de apelacion de los casos en que segun la Constitucion debe conocer originariamente, ni viceversa. Para que la Corte pueda expedir el "mandamus," es necesario probar que lo hace en ejercicio de la jurisdiccion de apelacion, ó que es necesario para poderla ejercer.

La Suprema Corte podrá por lo mismo expedir un mandamus á un tribunal de circuito de la Federacion previniéndole que remita testimonio de lo actuado, pues esto sí seria el ejercicio de una facultad, autorizada por los principios y la práctica legal.[98]

V. Del caso en que un Estado es parte interesada.

La Constitucion dá á la Suprema Corte jurisdiccion para conocer originariamente de aquellos casos en que fuere parte interesada un Estado. En el caso de "Fowler versus Lindsey" (3 Dallas, 411) se presentó la cuestion de cuándo debia considerarse un Estado como parte interesada.[99] Los litigantes en el caso reclamaban terrenos en virtud de títulos expedidos por diversos Estados. El actor presentó su demanda de lanzamiento en el tribunal de circuito de Connecticut, alegando que derivaba su título de una concesion de ese Estado, en cuya jurisdiccion estaban ubicados los terrenos. El demandado por su parte alegaba, que él los habia obtenido mediante una concesion del Estado de New York, y que en ese territorio estaban legalmente y de facto ubicados. En cuanto á la jurisdiccion que tiene la Suprema Corte por razon del interés que un Estado tenga en una controversia, el tribunal sentó la regla de que debe ser un caso en que el Estado sea parte nominal ó realmente, y que no basta que pueda afectarlo por las consecuencias, como por ejemplo que tenga que resarcir á su concesionario en caso de la eviccion. Aunque la controversia fuera relativa al suelo ó jurisdiccion entre dos Estados, sin embargo si ocurro en un litigio seguido entre dos individuos, en el que de autos no resulte ser parte ninguno de los dos Estados, no es un caso que pertenece á la jurisdiccion originaria de la Suprema Corte, porque los Estados mismos siempre pueden disputar su derecho al suelo en la Suprema Corte, cualquiera que fuere la decision que ésta hubiere dado en el litigio de los particulares que no afecta los derechos de dichos Estados en cuanto á jurisdiccion territorial, la que puede quedar intacta aunque el Estado se hubiera desprendido del derecho al suelo. En semejante caso, la Suprema Corte no quiso conceder un injunction pedido por el Estado de New York contra el de Connecticut para que se suspendiera el litigio sobre lanzamiento, aunque ese litigio particular, envolvia una reclamacion general sobre el suelo y jurisdiccion, porque dicho Estado no era parte interesada en el litigio que se seguia ante el tribunal de circuito, ni le afectaba su decision.[100]

VI. Al Congreso toca reglamentar la jurisdiccion de apelacion.

La Suprema Corte solo tiene jurisdiccion de apelacion en los casos en que le fué concedida terminantemente. En el caso de "Wiscart v. Dauchy" (3 Dallas 321) la Suprema Corte consideró que toda la jurisdiccion que podia ejercer para conocer en apelacion, dependia de las disposiciones del Congreso supuesto que la Constitucion la habia concedido con esa taxativa. Debia conocer en ese grado "con las restricciones y segun las disposiciones reglamentarias que estableciere el Congreso;" si el Congreso no hubiera dado un reglamento para normar los procedimientos que debieran seguirse en la apelacion, la Corte no podria usar de su jurisdiccion, así como no podia separarse de él una vez expedido. De conformidad con este principio, en el caso de "Clarke v. Bazadone" (1 Cranch, 212) la misma Corte declaró que no podia entablarse ante ella el writ of error contra la decision de un tribunal de la Federacion del territorio del Noroeste de Ohio, porque la ley del Congreso no habia concedido el recurso de la apelacion, ni el writ of error contra las decisiones de semejante tribunal. Se habia alegado que el poder judicial comprende todos los casos que dimanan de la Constitucion, y que cuando la Suprema Corte no tenia jurisdiccion para conocer originariamente, debia tenerla para la apelacion, con las excepciones y bajo los reglamentos que estableciera el Congreso: que la facultad de conocer en apelacion se deriva de la Constitucion, y cuando el Congreso no la hubiera reglamentado y restringido, debia ser ámplia y completa en todos los casos sujetos al poder judicial de la Union. Pero á pesar de esto, la Corte siguió normando sus procedimientos por la doctrina que habia establecido, de que si bien es cierto que la Constitucion le confiere jurisdiccion para conocer en apelacion, ésta está limitada por las leyes que arreglan la administracion de justicia, las cuales deben ser consideradas como otras tantas restricciones á dicha jurisdiccion, y una negativa de su ejercicio en todos los casos, ménos en aquellos en que las mismas leyes la conceden terminantemente y la reglamentan. Este fué el mismo principio que se declaró explícitamente en el caso "The United States versus More" (3 Cranch, 159) y en el de "Durouseau v. the United States" (6 Cranch, 307). En el primero, la regla de interpretacion se hizo extensiva á declarar que no cabia el recurso de apelacion ó de error para ante la Suprema Corte contra la decision dada por el tribunal de circuito del distrito de Colombia en una causa criminal, porque, segun los términos del estatuto, la jurisdiccion para conocer en apelacion solo tiene lugar en los casos civiles. Despues en el caso "Ex parte Kearney," (7 Wheaton, 38) se declaró generalmente que en los negocios criminales, las leyes de la Federacion no habian concedido á la Suprema Corte jurisdiccion para conocer en apelacion de las decisiones de los tribunales de circuito.[101] Tampoco tiene jurisdiccion para conocer en apelacion de los fallos de los tribunales de circuito en los casos que se les someten por el writ of error, procedentes de un tribunal de distrito; pero puede conocer en súplica de los juicios y fallos de los tribunales de circuito en los negocios en que éstos hubieren conocido en apelacion de las sentencias de los tribunales de distrito.

VII. El poder judicial se limita á los casos que dimanan de la Constitucion, los tratados y las leyes.

La Constitucion dice que el poder judicial se extenderá á todos los casos que dimanen de la Constitucion, las leyes y los tratados de los Estados Unidos, y se ha cuestionado qué significa la expresion caso que dimana de un tratado. En el de "Owings v. Norwood" (5 Cranch, 344) se trataba de un lanzamiento entre dos ciudadanos de Maryland por unos terrenos ubicados en este Estado; y el demandado presentó un título válido conferido á un súbdito británico, alegando que lo protegia el tratado celebrado con la Gran Bretaña en 1794. El tribunal de apelaciones resolvió contra el título presentado, y la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió que el caso no estaba comprendido en su jurisdiccion da apelacion, pues que no dimanaba del tratado, que no habia sido materia de la controversia, ni directa ni incidentalmente. Ni el título ni el derecho á reclamar que se disputaba, nacian del tratado; y la cuestion de si esta circunstancia era ó no un impedimento para que recobrara el actor, debia ser resuelta exclusivamente por el tribunal del Estado.[102]

VIII. La jurisdiccion para conocer en apelacion se limita á la materia que conste de autos.

En cuanto al recurso de apelacion y al writ of error, el "Judiciary Act" de 1789 exije que el error aparezca de autos, y que se relacione directamente con alguna cuestion relativa á la inteligencia de la Constitucion, los tratados ó los estatutos, ó á la legitimidad de las autoridades de la Union. Segun esta ley, no es necesario que en los autos se haga constar en términos la mala interpretacion que se dió á la autoridad de la Union, ni que fué reducida á cuestion en el litigio; pero si es necesario que se señale alguna ley del Congreso, aplicable al caso, para que proceda la jurisdiccion de apelacion de la Corte. Bastará que aparezca que el caso envuelve alguna cuestion de derecho que depende de la jurisdiccion de apelacion de la Corte, segun la seccion 25 del "Judiciary Act;" y que la sentencia del tribunal del Estado debió haberlo tocado virtualmente.[103] Pero sobre este punto la Corte ha sido tan explícita, que en el caso de "Miller v. Nicholls" (Wheaton, 4, p. 311) á pesar de que habia la creencia de que se habia infringido la ley del Congreso que da prelacion á los Estados Unidos en el cobro de sus créditos en casos de insolvencia, como este hecho no aparecia de autos, la Corte resolvió que no podia conocer. En el ejercicio de la jurisdiccion de apelacion, la Suprema Corte solo puede conocer de las cuestiones que nazcan de hechos que constan de autos; y en todos los casos en que la jurisdiccion se constituye por razon de la parte, debe entenderse que lo es la que se menciona en los mismos autos. (Governor of Georgia v. Madrazo, 1 Peters U. S. 110, Hickie v. Starkie ibid 98. Fisher v. Cakerell 5 ib. 248.)

IX. El que un Estado sea parte no la excluye.

La Corte puede tener jurisdiccion para conocer de un negocio en apelacion aunque un Estado sea parte interesada en él, y en el mismo grado puede conocer de las decisiones dadas por los tribunales de los Estados en casos que resulten de la soberanía de la Union. En el caso de "Cohens v. Virginia" (Wheaton 6. p. 264) se volvió á discutir muy extensamente sobre la jurisdiccion que tienen los tribunales federales para conocer en apelacion de los negocios fallados por los tribunales de los Estados, y se defendió con razones muy sólidas y con muchos precedentes que la Suprema Corte sí la tiene segun la Constitucion. La cuestion versaba sobre la validez de una ley del Congreso que estableció una lotería en el distrito de Colombia, y el demandado fué criminalmente perseguido ante los tribunales de Virginia porque vendia billetes de dicha lotería en el Estado, infringiendo una ley de su legislatura. Fué condenado por el tribunal de última instancia del Estado, á que estaba sujeta su causa, á pesar de que reclamaba la proteccion de la ley del Congreso. La causa se llevó ante la Suprema Corte por el writ of error, con el fundamento de que envolvia la cuestion de si tenia validez el fallo del Tribunal siendo contraria la ley de Virginia á otra de la Federacion, y de que habia sido favorable á la del Estado. Uno de los puntos principales del caso, era el de si la Suprema Corte tenia jurisdiccion para conocer de él.

La Corte resolvió que el carácter de las partes, una de las cuales era un Estado, y la otra un ciudadano del mismo, no excluia su jurisdiccion para conocer en apelacion. Se concedió jurisdiccion á los tribunales federales en dos clases de negocios. En la primera, su jurisdiccion depende de la naturaleza de la causa, sean quienes fueren las partes interesadas; y en la segunda, depende enteramente del carácter de las partes interesadas, sin que nada importe la materia de la controversia. El gobierno general aunque limitado en cuanto á sus objetos, en ellos es supremo, como lo es tambien en todos los casos en que tiene facultad para obrar. Los tribunales federales tienen jurisdiccion para conocer de los casos que dimanan de la Constitucion y leyes de la Federacion, sean quienes fueren las partes interesadas en ellos. En muchos, la soberanía de los Estados queda restringida, ó desaparece del todo, cuando el Congreso no tiene mas facultades que la tácita de mantener los principios establecidos en la Constitucion. Uno de los instrumentos por medio de los cuales podia darse cumplimiento á ese deber de una manera pacífica, era el poder judicial. Se autorizó á este departamento para que decidiera todos los casos sea cual fuese su naturaleza, que dimanaran de la Constitucion, las leyes y los tratados de la Union; y en esta concesion general de jurisdiccion, no se exceptuaban aquellos casos en que un Estado pudiera ser parte interesada. Además, es un axioma en política, que en todo gobierno bien constituido, el poder judicial debe ser coextensivo al poder legislativo, y capaz de resolver todas las cuestiones que nazcan de la Constitucion y las leyes. Resultarian fatales consecuencias de que los tribunales de la Federacion no fueran competentes para conocer en apelacion de los fallos de los tribunales de los Estados, porque un Estado fuera parte interesada en el negocio, pues que eso postraria al gobierno y á las leyes de la Union á los piés de cada Estado. El gobierno no podria hacer uso de sus facultades por sus propios medios en ningun Estado, cuando éste estuviera dispuesto á resistir su ejecucion, valiéndose de sus leyes. Si los tribunales federales no pudieran corregir los fallos de los tribunales de los Estados cuando éstos imponian penas prescritas por las leyes de los mismos Estados, á los individuos que hacian cumplir las de la Union, cada miembro de ésta tendria un veto contra la voluntad de toda la Federacion. Ningun gobierno debe ser tan defectuoso en su organizacion, que no contenga en sí mismo los medios de asegurar la ejecucion de sus propias leyes. Si cada Estado tuviera libertad para interpretar á su modo las facultades constitucionales del Congreso, legislar de conformidad con su propia opinion, haciendo cumplir esa legislacion por medio de la imposicion de penas, y resistir ó derogar por medio de una ley las disposiciones ó medidas legítimas de la Federacion, quedaria destruida la Constitucion, ó vendria á ser tan ineficaz como lo fué la antigua confederacion. Para evitar estos males, la Constitucion, sábiamente y de una manera muy clara, dió al poder judicial la facultad de interpretar la Constitucion y las leyes en cada caso, manteniéndolas ilesas de toda violacion, cualquiera que sea la parte de donde esta pudiera venir, hasta donde pueden hacerlo las decisiones judiciales.

En el caso de que nos venimos ocupando, la jurisdiccion dependia de la naturaleza del negocio, puesto que resultaba de una ley de la Union. No era un caso ordinario de una controversia entre un Estado y uno de sus ciudadanos, porque entonces la jurisdiccion habria dependido del carácter de las partes interesadas. La Corte declaró que era competente para conocer del caso en apelacion, á pesar de que una de las partes interesadas era un Estado; pues que afectaba la validez de una ley del Congreso, declarada sin efecto por la decision del tribunal del Estado; y que por punto general, tenia jurisdiccion para conocer en apelacion de todos los casos que dimanan de la Constitucion, las leyes y los tratados de la Union, sin que fuera un impedimento la circunstancia de ser parte un Estado.

La Corte observó que la enmienda constitucional que declara que el poder judicial no debe interpretarse de manera que comprenda los litigios entablados ó seguidos en justicia ó equidad contra un Estado por individuos particulares, no era aplicable al writ of error, que no es un litigio contra un Estado, segun la mente de la Constitucion; y la jurisdiccion de la Suprema Corte para conocer de los casos que dimanan de la Constitucion, las leyes y los tratados de la Union, puede proceder, interponiéndose este recurso contra las decisiones del tribunal de un Estado. En cuanto á los casos previstos en la Constitucion y á las facultades que ella concede, los Estados Unidos forman una nacion y un pueblo, y el poder judicial debe ser competente no solo para decidir sobre la validez de la Constitucion y leyes de un Estado, si pugnaren con la Constitucion y leyes generales, sino tambien para revisar el fallo del tribunal del mismo Estado, que manda hacer cumplir aquellas leyes inconstitucionales. Los tribunales federales, ó deben ejercer una jurisdiccion privativa sobre todos los negocios que afectan á la Constitucion, las leyes y los tratados de la Union, ó tener facultad para revisar los fallos que en ellos dieren los tribunales de los Estados. Si éstos, que son tan diversos, tuvieran jurisdiccion final sobre unos mismos casos, provenientes de unas mismas leyes, el gobierno seria una hidra de la que no podria resultar mas que contradiccion y complicacion. No puede haber una proposicion mas clara que la de que la Suprema Corte de la nacion debe tener facultad para revisar las decisiones de los tribunales locales en cuestiones que afectan á la nacion, pues de lo contrario quedarian frustrados los objetos mas importantes del gobierno, y ya no seriamos una nacion para ningun objeto práctico. La doctrina iria hasta destruir los grandes principios fundamentales en que descansa todo el edificio de la Union.[104]

Hemos concluido el exámen de los puntos mas importantes que se han presentado en la jurisprudencia de los Estados Unidos sobre la jurisdiccion de la Suprema Corte, tanto para conocer originalmente, como en apelacion. En todas las cuestiones en que se ha tratado de las facultades que tiene, sea por la Constitucion, ó por la seccion 25 del "Judiciary Act" de 1789, la misma Suprema Corte las ha sostenido con entereza á la vez que discrecion.