XIII. MEDIDAS LEGISLATIVAS POSTERIORES Á 1523.

No se encuentran en nuestros archivos, ni en la compilación de Encinas se hace mención de disposiciones legislativas referentes á Indias, desde la fecha últimamente señalada, hasta el 24 de Diciembre del siguiente año de 1524, lo cual debe atribuirse á las vicisitudes políticas, tanto interiores como exteriores, que ocurrieron en aquel tiempo.

La Real provisión de la fecha últimamente citada, tiene por objeto determinar que las apelaciones que se intenten contra las providencias de los Gobernadores de Indias no puedan llevarse al Consejo si no pasan de 1.000 pesos.

Después, y hasta el 19 de Mayo de 1525, no se encuentra disposición alguna para el gobierno de los nuevos estados, y en esta fecha, y desde Toledo, se expidió la Real cédula, en que se manda que los Tenientes gobernadores no puedan echar de la tierra á ninguna persona, so color de las cláusulas que hay en las provisiones para el cargo de Gobernador. En efecto: las cláusulas á que aquí se alude, y que han sido mantenidas constantemente hasta las últimas épocas en nuestros Estados de Ultramar, autorizaban á los Gobernadores de ellos para desterrar de los territorios de su mando á cualquier persona que turbase la paz de la tierra, disposición cuya gravedad y trascendencia no puede ocultarse, y que esta cédula circunscribe á los Gobernadores, sin que puedan usar de ella en su nombre los que por delegación suya ejercieran autoridad en aquellos países.

En la misma fecha se dió una Real provisión que corrobora otra de las últimamente citadas, en la que se manda que las apelaciones de 600 pesos para abajo terminen ante los Gobernadores.

En otra de idéntica fecha se manda que los vecinos de las nuevas tierras no acompañen en las visitas que para el ejercicio de su cargo hicieran á los Oficiales reales, disposición que tiene por objeto evitar grandes abusos que tenían su origen en la pompa y estrépito con que hacían estos viajes los funcionarios públicos, causando molestias, gastos y perjuicios á los naturales y demás vecinos de aquellos estados.

También en Toledo, pero ya en 30 de Julio del año 1525, se manda que las fundiciones de oro y plata no se hiciesen sino en las casas establecidas por la autoridad para ello, y que allí se quilatasen las fundiciones con arreglo á la ley de minas.

En 15 de Julio del mismo año y por una breve Real cédula se mandó que se unieran dos letrados más al licenciado Castroverde, que ya tenía la misión de entender en los asuntos de carácter jurídico de la competencia de los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla.

El 13 de Agosto, y en el mismo lugar y año, se dió una Real provisión mandando, bajo severas penas, que se registrara el oro, plata y toda clase de mercaderías que se trajesen de las Indias en los sitios de donde salieran, medida administrativa sumamente acertada para asegurar el comercio de aquellos territorios con la Península y para evitar los fraudes que en él pudieran cometerse.

En 6 de Octubre en la misma ciudad y año se mandó por Real cédula que los escribanos que ejerciesen su cargo en las Indias, diesen fianza de no ausentarse de los lugares en que residían sin entregar sus registros signados á quien los sustituyese, creándose de este modo los protocolos, que aseguraban la conservación y la eficacia de los documentos otorgados por los particulares.

En 27 de Octubre y en el mismo lugar y año se dictó una Real provisión dirigida á los Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, fijando los privilegios y preeminencias, así como los deberes del Correo Mayor de Indias, germen de la organización de este importante servicio público que hasta entonces se verificaba con notoria irregularidad.

En 17 de Noviembre de 1525, también desde Toledo, se dirigió una Real cédula circular en que da cuenta el Emperador á las autoridades de su próximo casamiento. Dice así:

«El Rey.

»Concejos, justicias, Regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las cibdades villas e lugares de la ysla de canaria: por los procuradores destos Reynos en su nombre en las cortes pasadas de toledo viendo que asy convenya a nuestro servicio como buenos y leales vasallos con mucha ynstancia me suplicaron diuersas veces que me casase, y que sy pudiese ser fuese con la serenísima ynfanta de portugal doña ysabel, porque por muchos Respectos parecía que este casamyento de los que al presente se ofrescian en toda la cristiandad, era el que mas convenya a my e al bien destos Reynos, e ansy mysmo me lo suplicaron muchos grandes e perlados, e otras personas particulares destos Reynos, y por dar contentamyento á todos se començo luego a tratar e a entender en el dicho casamyento, y nuestro señor, en cuyas manos esto y todas mys cosas tengo puestas, ha seydo servido de lo efectuar e ya yo estoy desposado por mys embaxadores por palabras de presente con la dicha serenysima ynfanta, y con mucha brevedad se hará el casamyento, plaziendo á nuestro señor a quyen plega que sea para su servicio acordé de hazeroslo saber para que sepays que se a concluydo conforme á la suplicacion destos nuestros Reynos, y porque se el plazer que dello aveys de aver. De toledo a XVII de noviembre de IUDXXV años=yo el Rey=Refrendada del secretario Covos=señalada de nynguno.

»Idem al governador de la ysla de canaria.

»Idem al concejo, justicia, Regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las cibdades, villas e lugares de las yslas de tenerife y la palma.

»Idem al conde de la gomera pariente.

»Idem al adelantado de canaria pariente.

»Idem a los oydores de la nuestra abdiencia Real de las yndias que Resyde en la ysla española.

»Idem de los concejos, justicias, Regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e homes buenos de la cibdad de santo domyngo de la ysla española e de todas las otras cibdades, villas e lugares de la dicha ysla.

»Idem a nuestro governador y oficiales de la ysla fernandina.

»Idem al nuestro governador y oficiales de la ysla de san Juan.

»Idem a don hernando cortes nuestro governador y capitan general de la nueua España.

»Idem al concejo, justicia, Regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de la cibdad de tenustistan mexico.

»Idem a nuestros oficiales de la nueva españa.

»Idem a nuestros oficiales de tierra firme llamada castilla del oro.

»Idem a los concejos, justicias, Regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las cibdades, uillas e lugares de tierra firme llamada castilla del oro.»

En efecto, el Emperador se encaminó á poco á la ciudad de Sevilla, á donde también se dirigió la Infanta D.ª Isabel de Portugal, y allí, con gran pompa y regocijo, se celebró este matrimonio, del cual nació luego en Valladolid, el Rey D. Felipe II.

En 24 de Noviembre, desde Toledo, se dictó otra Real provisión, mandando que se le quitaran sus oficios á los Oficiales públicos que no residían en sus puestos, corrigiéndose así los abusos que ya se venían cometiendo, y que, por desgracia, no se remediaron radicalmente con esta disposición.

En la misma fecha se mandó que se custodiasen en arca de tres llaves los caudales pertenecientes á S. M., y que tuviera cada una de ellas el Tesorero, el Contador y el Factor, evitándose así las malversaciones á que daba lugar la falta de distinción entre la naturaleza de los fondos y los fines á que se destinaban.

Es muy importante la Real cédula de 1.º de Diciembre de 1525, en la que se manda á las Autoridades de la isla Fernandina que no entren en los cabildos de los Alcaldes ordinarios y Regidores, pues no hay para qué decir que su objeto era mantener la independencia de las Corporaciones municipales.

En la misma fecha, y por otra Real cédula, se encomienda al Prior de Santo Domingo y al Guardián de San Francisco, que lo eran los célebres Fr. Reginaldo Montesino, de la primera Orden, y Fr. Pedro Mejía de Trillo, de la de San Francisco, para que entendiesen en todo lo relativo á la libertad de los indios, que encontraron siempre en estas Ordenes religiosas amparo y defensa, y á cuya intervención se debe que no se extinguieran en aquellos países las razas que los poblaban cuando á ellos llegaron los descubridores.

En 9 de Noviembre, y en el mismo lugar y año, se mandó por Real cédula que los pliegos que enviaba S. M. no se abriesen sino estando juntos todos los Oficiales Reales, para asegurar de este modo el recto cumplimiento de las órdenes transmitidas.

En 19 de Enero del año siguiente, y desde Toledo, se dispuso que por lo que respecta á la administración de Indias no se guardase el asilo de las iglesias cuando á ellas se acogiesen los que faltaban á las prescripciones relativas al comercio y contratación de Indias.

No sin cierta tristeza hemos de dar cuenta de la Real provisión dada en Sevilla el 11 de Mayo de 1526, por la cual se dispone que no fueran libres los hijos de los negros, aunque hubiesen contraído los padres matrimonio legítimo. El fin de esta disposición era, no sólo mantener, sino propagar la esclavitud de los negros, que, aunque establecida en beneficio de los indios naturales de América, no deja de envolver una grave injusticia, que tan funestas consecuencias ha tenido en la vida moral de los nuevos Estados.

En la misma fecha, otra Real cédula manda que no pasen á las Indias negros ladinos, si no fuese con licencia particular de S. M. El objeto de esta disposición era evitar, como desde luego se comprende, que los negros que iban directamente desde África á América fuesen soliviantados por los que desde siglos anteriores habían venido desde dicho continente, á Europa á consecuencia de las conquistas de Portugal y de que había no pequeño número en este reino, desde donde se extendieron á Andalucía.

Esta es la última disposición dada en Sevilla, respecto de las Indias, por el rey Carlos V, que, como se ha dicho, fué á aquella ciudad á celebrar su matrimonio con la princesa D.ª Isabel de Portugal, habiendo salido de dicha ciudad para la de Granada, desde donde, en 28 de Julio del mismo año, dictó una Real cédula, disponiendo que quedasen exentos de pagar derechos de sisas los clérigos que residiesen en Indias, y en 21 del mismo mes y año se expidió otra en que se dice, que si es necesario, puedan establecerse casas de mujeres públicas en la ciudad de Santo Domingo.

Para favorecer la formación de pueblos se dictó en la misma ciudad, con fecha 27 de Octubre, una Real cédula mandando que no se pagase el diezmo de la cal, teja y ladrillo en las islas de San Juan, Española y Cuba, hasta que se determinara otra cosa.

Más importante es la provisión dada en la misma ciudad el 9 de Diciembre de 1526, relativa á varios particulares. En primer lugar, se dice en ella que no puedan venir con licencia ó sin ella, de los nuevos Estados, indios ni esclavos. Se manda que se averigüe si en las regiones nuevamente descubiertas hay minas de hierro, para proveer lo conveniente respecto á ese particular.

Muy humana es la disposición también contenida en esta cédula, mandando que puedan rescatarse los esclavos negros entregando á sus dueños 20 marcos de oro, y de ahí arriba.

También se dispone en ella el régimen que ha de observarse en la custodia y administración de los bienes de los difuntos que, no dejando herederos directos en las Indias, eran objeto de verdaderas depredaciones.

En la misma cédula se encarga á los Oficiales Reales que envien las cuentas relativas á las rentas y derechos que S. M. tenía en aquellos Estados, y que se formase el cálculo de los ingresos y gastos para los tiempos futuros, lo cual, como se ve, es más que el germen de lo que hoy conocemos bajo el nombre de presupuestos.

Se prohibe que se establezcan fuelles de fundición por los particulares.

Recuérdanse luego las disposiciones dadas para que los pleitos que no excedan de cierta suma terminasen en las Indias.

Pídese una relación de los beneficios eclesiásticos vacantes en los nuevos Estados y de los vecinos de cada pueblo; y asimismo relación de los indios que existían principalmente en las islas; es decir, que se mandaba formar un verdadero padrón, así de los españoles, como de los naturales que residían en los nuevos Estados.

Por último, se dispone que se enviaran á Castilla doce indios de la isla Española para que, educándolos é instruyéndolos, principalmente en las cosas de la religión, sirviesen para propagarla entre los de su misma raza.

En 9 del mismo mes y año, y también desde Granada, se libró una Real provisión para que los Oficiales de la Casa de Contratación de Indias decomisasen todas las mercancías que llevasen los barcos y no fuesen registradas conforme á lo que estaba mandado, ya se enviasen á las Indias, ó ya viniesen de ellas.

En la misma fecha se dictó otra cédula notabilísima, pues en ella se dispone, bajo pena de muerte, que no hubiese plateros en Nueva España. Fácil es comprender su objeto, que consistía en que, dedicándose parte de los metales preciosos á la construcción de diferentes objetos, pudieran eludirse las disposiciones en virtud de las cuales se determinaba que los metales preciosos fuesen fundidos exclusivamente en el establecimiento á este fin creado por el Gobierno.

También es de la misma fecha una cédula en que se manda que se observen los preceptos establecidos para la administración de los bienes de difuntos. Esta insistencia se explica porque, falleciendo muchos de los que pasaban á Indias, después de haber adquirido en ellas bienes más ó menos cuantiosos, no dejaban en aquellas tierras sucesores directos ni indirectos, y muchos de ellos no hacían disposiciones testamentarias, por lo tanto, constituía, y constituyó, durante mucho tiempo, un ramo importante de la administración pública el de esta clase de bienes.

De 17 de Noviembre es una Real cédula en que se trata de las reglas que se han de seguir en los descubrimientos y poblaciones de las Indias, porque no se observaba lo que sobre el particular estaba establecido, y en esta provisión se determina de nuevo con ampliación muy notable, pues primeramente se ordena y manda que se averigüen por los oidores de las Audiencias que residen en la ciudad de Santo Domingo, y por las justicias de las islas de San Juan, de Cuba y de Jamaica, y de las demás de tierra firme, las muertes y violencias que hayan podido cometer en estos descubrimientos los súbditos del Monarca; que se pongan en libertad los indios que tuviesen en su poder como esclavos; que los que con licencia del Monarca fuesen de Castilla á las conquistas, llevasen, cuando menos, dos religiosos ó clérigos de misa en su compañía, nombrados ante el Consejo, cuyos religiosos ó clérigos habían de tener gran cuidado en el buen tratamiento de los indios; que cuando lleguen á las nuevas tierras ya descubiertas no procedan á hacer nuevos descubrimientos, sino con acuerdo de los Oficiales Reales, y que, al penetrar en ellas, traten de persuadir, por medios de paz, á los indios, y enseñarles buenas costumbres y apartarlos de vicios y de comer carne humana, instruyéndoles en nuestra santa fe; que si vieran que convenía, establecieran los conquistadores fortalezas en las tierras en que traten de permanecer; que cumplan con buena fe los tratos que tengan con los indios; que no los tomen por esclavos; que no obliguen á los indios á ir á las minas; que si los religiosos que acompañan á los capitanes entendieran que fuese conveniente para la reducción á la fe y buenas costumbres de los indios, puedan encomendarlos á los cristianos; pero que en estas encomiendas se atengan, los que las tuvieren, á lo que dispongan los religiosos de que antes se ha hablado; que los conquistadores lleven las cosas, es decir, armas, provisiones y demás efectos de Castilla ó de otros lugares, que no estén expresamente prohibidos, y que no las tomen de los vecinos ó moradores estantes en las islas y tierra firme del mar Océano.

Sabido es que el Emperador marchó desde Granada á Valladolid, y en esta ciudad, con fecha 16 de Mayo de 1527, se expidió una Real cédula estableciendo el orden que se había de guardar en la cobranza y pago de lo que se debiese á S. M., y con fecha de 17 de Mayo del mismo mes y año otra en que se manda que los encomenderos vivan en la ciudad ó villa más cercana de su repartimiento.

En 31 del mismo mes se dió la siguiente cédula noticiando á las Indias el nacimiento del infante D. Felipe:

«El Rey=Doña María de Toledo, Virreina de la Isla Española e de las otras islas que fueron descubiertas por el Almirante D. Cristóbal Colón, vuestro suegro, e por su industria e porque se el placer que habreis, os hago saber como ha placido á Nuestro Señor de alumbrar á la Emperatriz y Reina mi muy cara y muy amada mujer que en 21 de este presente mes parió un hijo. Espero en Nuestro Señor que será para servicio suyo e bien de nuestros reinos, pues para este fin lo he yo tanto deseado. Fecha en Valladolid á 31 dias de Mayo del año 1527.=Yo el Rey.=Por mandado de S. M.=francisco de los Covos.=No está señalado de ninguno.»

El 28 de Junio se dictó la Real provisión en que se manda, que todos los negros esclavos que pasasen á las Indias sin licencia de S. M. los pierdan sus dueños y sean para la cámara ó fisco.

El 28 de Junio se dió otra Real provisión muy semejante á varias que ya estaban dictadas, por la que se manda que los que vinieran de las Indias no vendieran oro ni perlas en reino extraño, y lo traigan todo á la Casa de Contratación de Sevilla, so pena de ser perdido cuanto sin este requisito viniese, é ingresando tales riquezas en el Real fisco.

Como se ve, la legislación de Indias se fué desenvolviendo en los nuevos Estados con arreglo á los principios que la rigieron desde que se dieron al Almirante las primeras instrucciones al emprender el viaje de descubrimiento. Consistían estos principios en tener como primero y principal objeto de los descubrimientos y conquistas la propagación del cristianismo; en llevar á las nuevas tierras todas las instituciones que á la sazón existían en Castilla, y, por último, en considerar á los indios como súbditos de nuestros monarcas, pero era imposible igualarlos de todo punto á los naturales de estos reinos, por lo que la parte más interesante de esta legislación consiste en las disposiciones relativas á ellos, dictadas en general con el propósito de defenderlos de los abusos á que por la misma esencia de las cosas tendían los españoles, á cuyo valor y esfuerzo se debió que se agregasen á la corona de Castilla aquellos inmensos territorios, en los cuales ha prevalecido al fin la civilización moderna.

Las Órdenes religiosas, especialmente las de San Francisco y de Santo Domingo, contribuyeron, en primer término, á estos grandiosos resultados, y así lo reconocen hoy aun los más apasionados enemigos de España, y, sobre todo, los más ilustrados naturales de América.

Por lo que se refiere á Nueva España, que hoy constituye la República mejicana, no pueden menos de recordarse los trabajos históricos del Sr. García Icazvalzeta, que han dado á conocer las grandes virtudes y los extraordinarios servicios prestados á la religión y á la cultura de aquel país por los Motolinias, Gantes, y, principalmente, por el egregio Fr. Juan de Zumárraga, primer Obispo y Arzobispo de Méjico.

El 23 de Agosto de 1527, se dictó en Valladolid una Real cédula para que el Escribano de minas no lleve más de dos reales por cada licencia que se diese.

«El Rey:

»Por quanto yo soi ynformado que en la provision e titulo que el nuestro escrivano mayor de minas de la isla de san juan tiene del dicho oficio se contiene y manda que nynguna persona coja ny pueda sacar oro syn licencia del dicho escrivano mayor y pague por la tal cédula tres Reales de oro de lo qual diz que se nos sigue deservicio y perdida a nuestras Renctas y dapño a los vezinos de la dicha isla por que por no pagar los dichos tres Reales muchos dexan de yr a coxer oro y me fue suplicado e pedido por merced mandase que no llevasen los dichos tres Reales salvo que las dichas licencias se diesen libremente o como la mi merced fuese por ende avido Respecto á lo suso dicho y al dapño que de se llevar los dichos derechos como agora se llevan se sygue a los vezinos de la dicha ysla por la presente mando que agora e de aquí adelante el dicho escrivano mayor de mynas no lleve ny pueda llevar por nynguna de las dichas cedulas de licencias para yr a coger oro a nynguna persona mas de dos Reales de oro como hasta aqui se an llevado tress y mandamos al nuestro governador e otras justicias de la dicha ysla que hagan guardar e cumplir esta my cedula en todo y por todo como en ella se contiene so pena de la nuestra merced e diez myll maravedis para la my camara. fecha en Valladolid a veinte e tres dias del mes de agosto de myll e quinientos e veynte e syete años, lo qual mandamos que se guarde quanto nuestra voluntad fuesse=yo el Rey=Refrendada de covos señalada del obispo de osma y carvajal y Beltran.»

El 13 de Diciembre de 1527, desde Burgos se dió una Real provisión, donde se insertan las Ordenanzas dadas por el emperador D. Carlos para la buena gobernación de Cubagua, en las que se trata el modo de quintar y contratar las perlas.

De estas disposiciones se infiere la importancia que por algún tiempo tuvo la pesca y comercio de las perlas en las costas de Cubagua, por lo cual el objeto principal de la cédula, no obstante su epígrafe, es organizar la población que se había aglomerado en aquel lugar por la atracción y cebo de este comercio; y así se manda en ella que los vecinos elijan cada año un Alcalde ordinario, convocando á campana tañida á todos los vecinos para que procedan á dicha elección; que asimismo se elijan ocho regidores que usen de sus oficios como los de la isla Española y de San Juan, y que habiendo más se extingan los que vacaren, hasta quedar reducidos á ese número.

Como se ve, continúa, según esta disposición, el sistema de establecer en las nuevas poblaciones de América el mismo régimen local que existía á aquella sazón en Castilla.

Después de esto se establecen, en la Real cédula de que se trata, varias precauciones para asegurar el quinto de las perlas que se cojan, y que sean enviadas al Rey; con este objeto se manda que el Alcalde lleve un libro en que se asiente la cantidad y calidad de dichas perlas, y el día y año en que se pescaren. Se manda además en ella que no se horaden las perlas en aquel lugar, sin duda para que lleguen íntegras á su destino.

En 15 de Febrero de 1528, y también en Burgos, se expidió una Real provisión, en la que se dispone que los Oficiales de las Indias, esto es, los empleados en aquellas tierras, no puedan tratar ni contratar, so pena de pérdida de sus oficios; disposición ya antes establecida, y que sin duda no se observaba con el rigor necesario, por lo cual fué repetida con posterioridad diferentes veces, rigiendo hasta hoy el principio, tan racional como prudente, de que no se dediquen al comercio los diferentes funcionarios de los varios ramos de la Administración.

La Real cédula de la misma fecha, relativa al número de indios que pudiera tener cada particular, es, como en ella misma se dice, reproducción de la que con el propio objeto dictó el rey D. Fernando, y que fué dada en la misma ciudad de Burgos el 22 de Febrero de 1512; pero, como en ésta de que nos ocupamos se reconoce, no se cumplía aquella Real disposición, y tal es la causa de su reproducción y confirmación, cuyo objeto era evitar las verdaderas monstruosidades que en esta materia se cometían, y contra las cuales protestaron con repetición principalmente las órdenes religiosas, tan opuestas al sistema de repartimientos y encomiendas de indios.

De la misma fecha y lugar es la Real provisión en que se dispone que haya tres llaves en las cajas Reales, y que los Oficiales estuviesen presentes en las fundiciones de oro y plata para cobrar la parte que perteneciera á S. M., y depositarla en las referidas cajas. Como se ve, esta es una disposición complementaria de la anterior.

Ya en Madrid, en el mismo año 1528 y el 23 de Abril, se da una curiosa Cédula sobre el modo con que se había de gobernar el Consejo durante la ausencia del Monarca, y su espíritu es que no se despacharan por dicho Consejo ningunas provisiones, sino que, una vez redactadas, se enviasen adonde se hallaba el Rey.

Es de advertir que esta cédula está suscrita por la Reina, que no puede ser otra que D.ª Juana, y es notable porque en ella se dice que no se le someta para su aprobación ningún negocio relativo á las Indias, disposición indudablemente motivada por el estado de demencia en que estuvo D.ª Juana hasta su muerte.

Es de gran importancia el documento, fechado en Monzón el 4 de Junio de 1528, pues consiste en las Ordenanzas que se dieron para la Audiencia de Santo Domingo. Sustancialmente estas Ordenanzas son las mismas que regían en las Chancillerías de Valladolid y de Granada, condición y categoría judicial que tuvieron primero la Audiencia de Santo Domingo y después la de Nueva España, que se creó por una Real Cédula dada en Burgos, como algunas de las anteriores, en 13 de Diciembre de 1527, asignándole como territorio las provincias de Cabo de Honduras, las Higueras, Guatemala, Yucatán, Cozumel, Panuco, la Florida y Río de las Palmas, y las otras provincias que se incluyen desde el dicho cabo de Honduras hasta el cabo de la Florida, así por el mar del Sur como por las costas del Norte. Para esta Audiencia se nombraron un presidente y cuatro oidores, que no llegaron sino en el año siguiente á la gran ciudad de Tenuxtitlán, México[2].

Aparte de esto, el documento tiene una grande importancia histórica, porque, como en él se consigna, se estableció en ella como Presidente al famoso licenciado Sebastián Ramírez de Fuenleal, ya electo Obispo de Santo Domingo y de la Concepción, y eran Oidores los licenciados Gaspar de Espinosa y Alonso de Zuazo. Al tribunal así constituído se le confiere jurisdicción para que conozca en todas las causas civiles y criminales, con las mismas facultades que tenían los Oidores de las Audiencias de Valladolid y de Granada y los Alcaldes de dichas Chancillerías, mandándose que se guardasen las Ordenanzas de ellas en todo lo que no defiriesen de las que entonces se establecían.

Expresamente se ordena que se libren y despachen todos los negocios en nombre del Rey y con su sello.

Se extiende la jurisdicción de esta Audiencia á la isla Española, á la de San Juan, Cuba y Tierra Firme, desde el cabo de Honduras, por la vía de Levante, en que se incluyen

las provincias de Nicaragua, Castilla del Oro, Perú, Santa Marta, Venezuela y todas las demás provincias y tierras hasta entonces conocidas en América; es decir, que en aquella fecha era la Audiencia de Santo Domingo el Tribunal de apelación de todos los países nuevamente descubiertos.

Establécese en estas Ordenanzas, que en los negocios civiles de 600 pesos de oro abajo, puedan las partes suplicar ante la misma Audiencia, y si no querían, podían apelar ante el Consejo de Indias, pero haciendo que la sentencia se ejecutase dando los favorecidos fianzas llanas y abonadas para las resultas que pudiera tener la apelación.

En los negocios criminales no se daba apelación, sino sólo recurso de súplica ó revista.

Dábase también á la Audiencia jurisdicción especial para conocer en primera instancia de los pleitos civiles y causas criminales que se incoaran en el término de cinco leguas de la ciudad de Santo Domingo, y en los casos de corte establecidos por las leyes.

Se manda que cada año dieran relación al Rey de las personas que ejercían oficios en la Audiencia y de todos los que cobrasen salario ó tuviesen asignaciones de tierras ó de indios en aquellos países.

Dispone la ordenanza que los Oidores estén tres horas en la Audiencia, y una hora más para oir los pleitos y publicar la sentencia, obligando á que todos asistan, salvo si tuvieran causa justa que se lo impida; y para que conste el tiempo que estaban desempeñando sus funciones, se manda que haya un reloj en lugar conveniente para que se pueda oir. El Presidente sólo tenía voto si era letrado, y se establece que no haya sentencia sino con tres votos conformes, salvo en los pleitos de menos de 200.000 maravedís, en que bastaban dos votos.

En casos de ausencia larga ó de enfermedad, podría terminar las causas civiles y criminales un solo Oidor, no siendo de muerte ó mutilación en lo criminal. En este caso podrían apelar ante ellos, si fuesen dos los que hubieran dado la sentencia, y si sólo uno la apelación sería ante el Rey. Para el caso en que no se reuniese el número de votos necesario para dar sentencia, se manda que el Presidente y los Oidores tomen letrados cuales les pareciese para terminar los tales negocios en la forma en que estaba establecido en las Ordenanzas de Valladolid.

Para evitar que los juzgadores dijesen que no habían dado sus votos, se manda que haya un libro en que se sienten las causas civiles que excedan de 50.000 maravedís, escribiendo brevemente y sin razonar los votos emitidos.

Además de esto se ordena que los Oidores llamen secretamente al Escribano, y que ante ellos escriba la sentencia, y después se ponga en limpio y se publique.

También se dispone que las partes puedan presentar sus pleitos ante cualquier Escribano de la Audiencia, pero que luego se repartan entre todos ellos con la posible igualdad.

Mándase que los Abogados y Relatores no vivan en casa de los Oidores ni de los Alcaldes, y que ninguno de ellos, ni los pleiteantes, sirvan á los Jueces, que si alguno lo permitiese sea públicamente reprendido, y en caso de reincidencia multado en el salario de un día.

Ordénase también que cese la comunicación é continua conversación de los Oidores con los Abogados y los Procuradores, pero que puedan oirlos particularmente sobre algunos secretos de su causa.

Prohíbese que ningún Oidor haga partido directa ni indirectamente en público ni en secreto por sí ni por interpósita persona con Abogados ni Procuradores, ni Escribanos, para que éstos les den cosa alguna de sus salarios, ni receptorías ni ninguna otra clase de dádivas.

Se prohibe que asistan los Magistrados á los negocios en que tuvieren interés ellos, sus hijos, padres, yernos ó hermanos, ni en las causas en que fueren recusados, y también que entablen pleitos en sus Audiencias por sí ni en nombre de sus mujeres é hijos.

Mándase que todos los sábados se haga visita de las cárceles con asistencia de los alguaciles y Escribanos para oir las quejas de los presos.

Prohíbese que se den por los Oidores cartas de espera, ni alcen destierros, sino que sólo se libren aquellas que consistan en la ejecución de las sentencias.

También se prohibe que los Oidores puedan abogar ni en la Audiencia, ni en ningún otro tribunal seglar, y que no puedan ser árbitros en los pleitos, salvo si se comprometieran por las partes en todos los Oidores, ó el Rey diese especial licencia para ello.

Se pone en vigor para aquella Audiencia lo establecido respecto á recusación en las Ordenanzas de Madrid del año de 1502.

Se ordena que, cuando sea posible, el Presidente y los Oidores vivan en un mismo edificio, aun cuando en aposentos apartados, y que en el mismo se establezca la cárcel para los reos sometidos á la jurisdicción de la Audiencia.

Se prohibe que estos presos se valgan para su representación de Procuradores, y que sólo en caso de ausencia y otras causas justas, los procesados puedan para este objeto valerse de Procuradores.

Como ya hemos dicho, se había establecido el sello y el cargo de Canciller para las Indias, y en estas Ordenanzas se manda que no se ponga el sello en documento de mala letra.

Prohíbese no que se devenguen derechos por el Canciller y por el Registrador en cada negocio, sino por una sola vez, y no por más de tres jurisdicciones, aunque las haya en el lugar á que las causas y pleitos se refieran.

Se ordena que se cometa á los Escribanos la recepción de los testigos que residieren fuera de las Audiencias, y donde no hubiese Escribano, proveerán los Oidores lo que les parezca más conveniente.

Se prohibe que en la Audiencia pueda tener una sola persona más de un oficio.

Se manda que los Escribanos que recibiesen testigos en el lugar donde estuviese la Corte y Chancillería, no lleven salario por días, sino que el Juez tase la suma razonable que, además de sus derechos, debe percibir cuando se trate de trabajos extraordinarios.

También se manda que la Audiencia regule los salarios de los Abogados, Relatores, Escribanos y Procuradores, y les hagan devolver lo que hubieran cobrado de las partes más de lo justo.

Se determina que, lo que se conocía bajo el nombre de penas de cámara, se entregue al Tesorero general de la Isla, para que se custodie en las arcas de tres llaves en que se guardaban los demás caudales del fisco.

Se dispone que en el edificio de la Audiencia hubiese una cámara, y en ella dos almarios para guardar en el uno los negocios fenecidos, y en el otro las provisiones, cédulas y demás documentos emanados del poder Real.

Mándase también que los Procuradores entreguen á los Letrados, Relatores, Escribanos, y á las demás personas, las sumas que para ellos les den las partes que representaran, sin que las encubran ni tomen para sí.

Á pesar de hablarse con repetición en las Ordenanzas del cargo de Relator, dícese en uno de sus capítulos, que no se provee este cargo para evitar gastos á las partes, y se manda que sean los Oidores mismos los que den cuenta á la Sala de los negocios que ante ella penden.

Se prohibe á los Procuradores que presenten escritos, salvo las peticiones pequeñas, para acusar rebeldías y para nombrar lugares, y para concluir los pleitos.

También se prohibe que el que hubiese sido Juez en un pleito pueda ser Abogado en el mismo, pero podrá parecer ante los Oidores para defender su sentencia.

Asimismo se ordena y manda que los Abogados no aseguren á su parte la victoria por cuantía alguna, so pena de pagar el doble, y que antes de usar de su oficio juren que verán el proceso originalmente para formar sus escritos.

Se prohibe á los Oidores que lleven derechos ni cosa alguna por los pleitos en que entiendan, bajo ningún pretexto.

Se manda que ningún Juez de la Corte y Chancillería reciba caución de indemnidad de la parte por quien ha de dar sentencia, so pena de 20.000 maravedís por cada vez que lo contrario hicieran.

Aun cuando en la constitución de estas Audiencias, que en realidad eran, y con frecuencia se nombran Cortes y Chancillerías, no se habla del Fiscal, se establece en una de sus disposiciones, que el que ejerza este cargo entienda solamente en los negocios y causas tocantes al Rey, y que no se entrometa en otros negocios ni pleitos, ordenándosele que resida continuamente en la Audiencia, y que use por sí mismo de su oficio y no por sustituto alguno, salvo si se ausentara con justa causa ó con licencia del Presidente, y por breve tiempo. Igualmente se le ordena que esté presente á las audiencias especialmente de los Oidores, y con mucha diligencia y fidelidad mire, sepa y se informe quién y cuáles personas caen ó incurren en cualquier pena perteneciente á la Cámara Real y al fisco, y demanden y prosigan las causas y pleitos, sobre todo hasta haber sentencia ó mandamiento ó carta ejecutoria en cada una de las tales causas.

Ordénase que ni los Escribanos ni los Relatores lleven derechos al Fiscal, y que se libren cartas á los comisionados, dando éstos seguridad de que, en el término que se les señale, cumplirán dichas ejecutorias.

Mándase que procuren todos los Oficiales de las Cortes y Chancillerías tener sus casas inmediatas al edificio que éstas ocupan.

Ordénase que se siga el orden cronológico en el despacho de los negocios, y que al resolverlos no estén presentes sino sólo los que tengan voto.

Dispónese que sean examinados los Relatores y Procuradores antes de que ejerzan su oficio; y respecto á los Abogados, que se observe lo mandado en la ley hecha en las Cortes de Toledo.

Se establece también el oficio de portero, á quien se confieren las atribuciones propias de su cargo.

Se dispone que las facultades del Presidente en caso de imposibilidad, las ejerza el Oidor más antiguo, y que, para el cumplimiento de estas ordenanzas, tengan un traslado de ellas el Presidente, cada uno de los oidores y cada uno de los Escribanos, Procuradores y Abogados.

Dispónese también que los Escribanos no lleven por cada hoja del proceso, más que lo que señalen el Presidente y los Oidores.

Se prohibe bajo la multa de 50.000 maravedís, que los Letrados y Procuradores puedan pactar con las partes, por cantidad alzada, la prosecución de los pleitos.

También se prohibe que los Escribanos lleven derechos por la custodia de los procesos.

Son notables los siguientes párrafos con que terminan las dichas Ordenanzas:

«..... por ser la dicha nuestra abdiençia nuevamente fecha y no estar en ella proveydos todos los ofiçiales que adelante converna que aya e asy mysmo por ser los nuestros oydores proveydos para usar y exercer la jurediçion no solamente en las causas ceviles de que conoscen los nuestros oydores de la audiencia de Valladolid pero asy mysmo an de thener y tienen el exerçiçio de la juredición criminal como alcaldes de nuestra corte y chancillerías y enestas nuestras ordenanças no van declarados ny proveydos todos los casos convenientes y necesarios para la buena y breve administraçión de la justicia e horden de la dicha nuestra audiencia ordenamos e mandamos que cada y quando acaesçiese alguna cosa que no esté proveyda y declarada en estas nuestras ordenanças y en las leyes de Madrid fechas el año de quynientos e dos se guarden las leyes y premáticas de nuestros Reynos conforme á la ley de Toro, ora sea de horden o forma o de sustancia que toque á la ordenaçion o deçisión de los negocios y pleitos de la dicha audiencia y fuera della.

»Las quales dichas ordenanças de suso conthenydas e cada una dellas mandamos que se guarden e cumplan y executen en todo y por todo segund que en ellas y en cada una dellas se contiene y contra el thenor y forma dellas ny de lo en ellas conthenydo no se vaya ny pase ny consyenta yr ny pasar en tiempo alguno ny por alguna manera so las penas en ellas conthenydas y demás so pena de la nuestra merced e de cinquenta myll maravedis para la nuestra camara a cada uno que lo contrario hiziere dada en monçon a quatro dias del mes de Junio de año del nascimiento de nuestro salvador jesucristo de myll y quinientos e veynte e ocho años=yo el Rey=yo Francisco de los covos secretario de su çesarea e catholicas magestades la fize escrivir por su mandado=fray garcia episcopus osomensis=episcopus canariensis=el doctor beltran garcia episcopus cevitatensis=el liçenciado pero manuel.»

Casi inútiles son los comentarios á que se prestan estas Ordenanzas, pero aunque sea con repetición, no podemos menos de decir que ellas demuestran una vez más, y de la manera más cumplida, que siempre fué el propósito de España llevar á sus nuevos Estados las mismas instituciones que estaban establecidas en Castilla, sobre todo, las más recientes, y las que se fundaban en los adelantos que se habían hecho en aquella época en la ciencia del derecho. Puede decirse que, en su espíritu, hoy rigen en nuestros tribunales las mismas sabias disposiciones que se contienen en este importantísimo documento, obra admirable de los jurisconsultos que ilustraron sus nombres, y que dieron gran esplendor á nuestra patria en los últimos años del reinado de los Reyes Católicos, en los cuales empezó á desenvolverse la importancia, y pudiéramos decir, el predominio que alcanzaron los Letrados en todos los ramos de la gobernación y de la administración pública, importancia que llegó á su último límite en el reinado de Felipe II, y que no solamente hacía ver su poder é influencia en los antiguos reinos de las Coronas reunidas de Aragón y de Castilla, sino muy especialmente en América, donde los Presidentes de las Audiencias y los Reales acuerdos, puede decirse que en realidad ejercían la potestad soberana en todas las esferas de la vida social, no obstante las prevenciones, de que tan evidente rastro encontramos en la legislación de Indias, contra los Letrados.

Al propio tiempo que en los asuntos de carácter judicial, ocupábanse los hombres que tenían á su cargo la organización y gobierno de los Estados americanos de cuanto se refería á lo que hoy conocemos bajo el nombre de administración pública.

Á este ramo de la legislación pertenece una Real cédula dada también en la misma fecha, esto es, en 5 de Junio de 1528, en Monzón, en la que se establece que los ensayadores no llevasen más que dos tomines por cada barra de oro que ensayasen, sin contemplación á su peso, porque, como en la misma cédula se dice, no pone el ensayador más coste en ensayar mucha cantidad de oro que poca.

Aunque se había adelantado mucho en la organización del orden, que algunos llaman poder judicial, no estaban todavía exactamente deslindados los diferentes grados de la jurisdicción, y aun se ejercía por funcionarios de distinta índole y origen. Por eso, en otra pragmática de idéntica fecha se manda que en los asuntos que no exceda de cien pesos en las provincias de Tierra Firme, se apele de las justicias ordinarias á los Ayuntamientos, y cuando su cuantía sea mayor de quinientos pesos, se apele al Gobernador.

Debe advertirse, que así en los Estados de América, como en España, solían ejercer el primer grado de la jurisdicción en lo civil, Jueces que tenían varios nombres, y que el grado superior de ella en muchos casos se ejercía por los municipios, y principalmente por el funcionario que en ellos representaba al poder Real, que en algunas grandes poblaciones, como en Sevilla, donde se conocían con el nombre de Asistentes, tenían varios delegados suyos á quienes se llamaba Tenientes.

En esta pragmática se establece que, cuando las sentencias apeladas sean confirmatorias de las anteriores, la parte favorecida, dando fianzas llanas y abonadas, pueda apelar ya ante la Audiencia del territorio, ó ya ante el Consejo de Indias, á voluntad de los apelantes.

Con la misma fecha se expide otra Real cédula, mandando que se guarden y cumplan las provisiones dadas por Su Majestad con acuerdo del Consejo de Indias, bajo las penas en ellas contenidas, y se añade la de nuestra merced y el perdimiento de la mitad de vuestros bienes para la cámara e fisco, pero si fueran cosas de que convenga suplicar, vos damos licencia para lo podais hacer sin que por esto se suspenda el cumplimiento y ejecucion della, salvo si no fuera el negocio de calidad que del cumplimiento de ello se introduciese escandalo conocido ó daño irreparable, que en tal caso permitimos que habiendo lugar en derecho suplicacion, e interponiendose por quien y como deba, podais sobreseer en el dicho cumplimiento.

Como se ve, y sin duda ninguna por motivos de prudencia fáciles de apreciar, queda en esta disposición reservada á las autoridades superiores de los nuevos Estados la facultad de suspender en algunos casos los mandatos y provisiones superiores, usándose entonces, como es sabido, la conocida fórmula de se guarda, pero no se cumple.

También es de la misma fecha otra Real cédula en que se establece que los derechos que pertenecen á S. M. no se cobren en perjuicio de su Real hacienda, porque se había notado que se les solía asignar «lo peor parado y menos provechoso, y en oros bajos, y en esclavos dolientes, y en piezas y cosas de poco valor, e lo mejor e más rico se quedaba e repartia entre las otras personas particulares»; dándose como sanción de este mandato la pena de su merced y 10.000 maravedís para la cámara.

En 21 de Agosto del mismo año de 1528, y ya en Madrid, se revocó una provisión, de que hemos dado cuenta, fecha en Granada, á 23 días del mes de Noviembre del año 1526, en que se prohibía que hubiera plateros en las Indias, y por ésta se permitió que los hubiese, por súplica hecha por el licenciado Corral en nombre de las ciudades, villas y lugares de Castilla del Oro; pero con condición de que los plateros no tuviesen en sus casas ni tiendas, fuelles ni forjas, ni crisoles, ni otros aparejos de fundición.

En 29 de Agosto, y también en Madrid, se dió una instrucción determinando la manera como habían de ejercer sus oficios los Oficiales Reales de la isla de San Juan de Puerto Rico, la cual se hizo después extensiva á la isla Española. Estos Oficiales eran el Tesorero, el Veedor y el Factor.

Mándase en ella que presten juramento ante la justicia de que han de ejercer fielmente sus cargos y han de cumplir lo que en estas instrucciones se les manda.

Se repite lo dispuesto acerca de que se deposite en arcas de tres llaves todo lo perteneciente al Fisco, y que nada se saque de ellas sino en presencia de los tres Oficiales; que haya en la misma arca un libro encuadernado que se intitule «Libro común», y en el principio de él asienten todas las partidas de oro, perlas y otras cosas que se pusieren en la dicha arca, es decir, estableciendo el cargo, y también que se sienten las cantidades que se sacaren de dichas arcas por virtud de los libramientos expedidos, lo cual constituía la data.

Mándase que antes de abrir el libro se cuenten sus hojas ante la justicia y se rubriquen todas ellas.

Se dispone que, además de este libro, tengan los dichos Oficiales otro libro grande, encuadernado, el cual se intitule «Libro del acuerdo» y esté en poder del Tesorero, y se asienten en él todas las cosas tocantes á la hacienda Real que se acordasen por los Oficiales, así ventas como granjerías y otras cosas que á ellos incumbe hacer y de acordar por razón de sus oficios.

Además de este libro, cada uno de los Oficiales ha de tener otro particular, en que asiente todo lo relativo á su cargo especial.

Ordénase que lo que se haya de vender, distribuir ó gastar, se haga por acuerdo de los tres Oficiales, y que los libramientos sean firmados también por ellos.

Mándase que todas las ventas se hagan en almoneda pública, y al contado, salvo si á todos ó á dos de ellos pareciera que se pueda vender al fiado, tomando seguridad bastante.

Igualmente se ordena que los Oficiales no puedan librar ni quitar los salarios, ayudas de costa, ni otra cosa sino por mandado del Rey, y que lo hagan por las cantidades determinadas, y que si excediesen no les sería de abono.

Se encarga al Tesorero que cobre de todas las justicias las penas de cámara.

Se dispone que los caudales públicos, después de sufragar los gastos á que están afectos, se envíen á la Metrópoli, entregándolos bajo resguardo al Maestre del navío en que se enviaren.

Prohíbese severamente que los Oficiales Reales se puedan dedicar al comercio.

Encárgase á los Oficiales Reales que liquiden las cuentas de los que antes que ellos habían manejado la hacienda, y exijan y cobren sus alcances.

Autorízase á los Oficiales Reales para que, si entienden que sea conveniente, procedan, de acuerdo con las justicias, al arrendamiento del almojarifazgo. Para la administración de esta renta se establecen las siguientes reglas: que los Oficiales Reales no permitan sacar de las naves las mercancías sin su autorización; que cuando llegue algún navío se junten los Oficiales con las justicias y reciban el registro de la carga, que ha de ser hecho por los Oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, y conforme á él hagan descargar las mercancías, y que con arreglo á dicho registro se exijan los derechos, sentándose en los libros correspondientes el avalúo de todas las mercancías; que todo lo que no conste en los registros sea para el Fisco, y que si no se hallaren entre el cargo algunas de las mencionadas en el registro, cobren, sin embargo, los derechos, salvo el caso en que se justifique que fueron arrojados al mar.

Prohíbese que los Oficiales Reales se ausenten sin licencia, á no ser con causa justa y necesaria, aprobada por la justicia y por los otros Oficiales.

Dispónese que si los que deben pagar los derechos de almojarifazgo no tuviesen de presente oro con que satisfacerlos, se les pueda dar plazo por acuerdo de los Oficiales con la justicia.

Mándase que estos derechos, así como el quinto del oro y de las perlas, se pongan en el arca de tres llaves en el mismo día ó, á lo más al siguiente en que fueren recibidos.

Dispónese que durante el avalúo de las mercancías pongan los Oficiales criados suyos, ó personas de su confianza, para que estén en su guarda y custodia.

Ordénase que cada seis meses exhiban los Oficiales sus libros ante el Gobernador y sus compañeros, y por último, se manda que para abrir las comunicaciones del Gobierno se junten los tres Oficiales y que después de respondidas se custodien en el arca de tres llaves.

Aunque parece dura, vino, sin embargo, á mitigar una costumbre sin duda abusiva, la Real cédula dada en 19 de Septiembre de este mismo año de 1528, y como las últimas fechadas en Madrid. Tiene por objeto prohibir que nadie pueda tener esclavos en las Indias sin que lo hagan previamente constar ante las autoridades que en ellas residen, y que los que los tengan no puedan herrarlos sin licencia de la justicia.

Para juzgar con imparcialidad las leyes relativas á la esclavitud dadas por nuestros Monarcas, debe tenerse en cuenta que en aquella época existía esta institución, no sólo en América sino en Europa, y en ninguna parte era tan tolerable como en los estados del vasto imperio español la condición de los esclavos.

Antonio María Fabié.