TERCERA PARTE LA PREPONDERANCIA EN EL CARIBE

(A) CUBA

El día 1º de enero de 1899, al cesar la soberanía de España en Cuba, asumió el Gobierno de la Isla el Mayor General del Ejército de los Estados Unidos John. E. Brooke. No obstante el carácter militar de este gobierno, se estableció una administración civil formada por cuatro secretarías que fueron ocupadas por cubanos y que se denominaron: de Estado y Gobernación, de Hacienda, de Justicia e Instrucción Pública y de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio.

Organizado así el Gobierno, se celebraron elecciones; primero, para cubrir cargos municipales, en 16 de junio de 1900 y después, el tercer sábado de septiembre, a fin de elegir delegados a una Convención Nacional que fué convocada para el primer lunes de Noviembre y la que debía redactar y adoptar una Constitución para el pueblo de Cuba y como parte de ella, proveer y acordar las relaciones con los Estados Unidos.

Comenzó sus trabajos la Asamblea constituyente el día para que fué convocada y dió cima a los mismos el 21 de febrero de 1901, dejando aprobada la Constitución, o séase la ley política fundamental.

Debía ocuparse la Convención, inmediatamente, de definir las relaciones de Cuba con los Estados Unidos, pero el Congreso de esta República, no queriendo convertir tal asunto en materia de discusión, se apresuró a fijar por su cuenta dichas relaciones, en la forma que vamos a ver.

El Secretario de la Guerra, Elihu Root, bajo cuya jurisdicción se encontraba la Isla, después de hacer un estudio detenido del asunto, formuló un proyecto de ley, en que se establecían las relaciones entre las dos Repúblicas. Este proyecto fué sometido extraoficialmente por el Presidente Mc Kinley a su Gabinete y una vez aprobado por éste, fué entregado por el propio Presidente y por el Secretario de la Guerra al Sr. Orville H. Platt, de Connecticut, a fin de que lo presentara en el Congreso. En la sesión del Senado correspondiente al 2 de marzo, se aprobó como una enmienda a la ley de Presupuesto del Ejército la aludida proposición. Su texto dice así:

Que en cumplimiento de la declaración contenida en la resolución conjunta aprobada en veinte de abril de mil ochocientos noventa y ocho, intitulada "Para el reconocimiento de la independencia del pueblo cubano, exigiendo que el Gobierno de España renuncie a su autoridad y gobierno en la Isla de Cuba, y retire sus fuerzas terrestres y marítimas de Cuba y de las aguas de Cuba y ordenando al Presidente de los Estados Unidos que haga uso de las fuerzas de tierra y mar de los Estados Unidos para llevar a efecto estas resoluciones", el Presidente por la presente, queda autorizado para dejar el Gobierno y control de dicha Isla a su pueblo, tan pronto como se haya establecido en esa Isla un Gobierno bajo una Constitución, en la cual, como parte de la misma, o en una ordenanza agregada a ella, se definan las futuras relaciones entre Cuba y los Estados Unidos sustancialmente, como sigue: I. Que el Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder o Poderes extranjeros ningún Tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o permita a ningún Poder o Poderes extranjeros, obtener por colonización o para propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento en o control sobre ninguna porción de dicha Isla. II. Que dicho Gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y amortización definitiva después de cubiertos los gastos corrientes del Gobierno, resulten inadecuados los ingresos ordinarios. III. Que el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba. IV. Que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar, sean tenidos por válidos, ratificados y que todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos, sean mantenidos y protegidos. V. Que el Gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese necesario cumplirá los planes ya hechos y otros que mutuamente se convengan para el saneamiento de las poblaciones de la Isla, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades epidémicas e infecciosas, protegiendo así al pueblo y al comercio de Cuba, lo mismo que al comercio y al pueblo de los puertos del Sur de los Estados Unidos. VI. Que la Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba propuestos por la Constitución, dejándose para un futuro arreglo por Tratado la propiedad de la misma. VII. Que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el Presidente de los Estados Unidos. VIII. Que para mayor seguridad en lo futuro, el Gobierno de Cuba insertará las anteriores disposiciones en un Tratado permanente con los Estados Unidos.

Tan pronto como esta enmienda, ya aprobada por el Congreso, llegó a manos del Presidente Roosevelt, éste la sancionó, remitiéndola al Mayor General Leonardo Wood, Gobernador Militar de Cuba, para que la sometiera a la Convención.

Cuando el pueblo de Cuba tuvo conocimiento de la enmienda Platt, expresó su desagrado con respecto a la misma. Veía en sus diversas disposiciones otras tantas restricciones de la Independencia. Los miembros de la Convención Constituyente participaban de ese sentimiento. El Presidente de los Estados Unidos y el Secretario de la Guerra Mr. Elihu Root, se apresuraron a dar explicaciones con respecto al alcance de la enmienda, en el sentido de que no implicaba disminución alguna de los derechos de Cuba como Estado Soberano, siendo trasmitidas dichas opiniones al Gobernador Militar y puestas por éste en conocimiento de la Convención.

Esas explicaciones no satisfacieron a la Convención. En su sesión del 13 de abril del año 1901 se acordó designar una Comisión presidida por su Presidente, el Dr. Domingo Méndez Capote, que se había de dirigir a Washington para tratar de tan trascendental asunto. Dicha Comisión debía obtener, en primer término, una información extensa y detenida, acerca de las miras y propósitos de los Estados Unidos con respecto a los particulares de la enmienda y debía considerar, después, la posibilidad de establecer las relaciones entre los dos países, sobre bases distintas a las contenidas en las cláusulas 3ª, 6ª y 7ª. Los días 25, 26 y 27 del citado mes, los comisionados celebraron un amplio cambio de impresiones con el Secretario Root. Comenzó dicho funcionario por manifestar, que la enmienda Platt no significaba otra cosa que el deber, que se había impuesto el gobierno de los Estados Unidos, de proteger a Cuba, un país pequeño, cuya vecindad a los Estados Unidos lo ponía bajo el alcance e influencia de esta nación. Acerca del derecho de intervención que se arrogaban los Estados Unidos y que tanto disgusto había producido en Cuba, manifestó que ese derecho no significaba, bajo ningún concepto, el propósito de entrometerse en los asuntos del Gobierno Cubano; que antes al contrario, constituía la mejor garantía de la subsistencia de Cuba como República libre e independiente; que sólo se intervendría en el caso de un ataque extranjero, en cualquier forma que se produjera, o cuando existiera un verdadero estado de anarquía, producido ya por perturbaciones interiores, ya por el fracaso sustancial del propósito de los cubanos de establecer su gobierno.

Con respecto a la cesión a los Estados Unidos de los terrenos necesarios para instalar unas estaciones navales, manifestó que sólo se trataba de obtener puntos militares estratégicos para la defensa de los dos países frente a agresiones extranjeras y que desde dichas estaciones se miraría siempre hacia el mar, nunca hacia el interior de Cuba; y acerca de la Isla de Pinos, cuyo destino reservaba la enmienda para un futuro tratado, significó que no creía que los Estados Unidos ni Cuba adoptarían una actitud intransigente en cuanto a este asunto y que el mismo sería dilucidado con arreglo a lo que arrojaran los documentos y antecedentes del caso.

Estas y otras manifestaciones de menor importancia, sobre las restantes cláusulas de la enmienda, están contenidas en el informe que rindió la Comisión a la Asamblea Constituyente en 6 de mayo. Acompañóse a dicho informe una copia de la carta dirigida por Mr. Platt a Mr. Root, explicando el verdadero alcance de su famosa enmienda. He aquí dicha carta:

Senado de los Estados Unidos, abril 26, 1901.

Honorable Elihu Root, Secretario de la Guerra.

Estimado señor:

He recibido su comunicación de hoy, en la cual dice usted que los miembros de la Comisión de la Convención Constitucional Cubana temen que las disposiciones relativas a la intervención, hechas en la cláusula 3ª de la enmienda que ha llegado a llevar mi nombre, tengan el efecto de impedir la independencia de Cuba y en realidad establezcan un protectorado o suzeranía por parte de los Estados Unidos, y me pide que exprese mis propósitos sobre la cuestión que suscitan.

En contestación diré que la enmienda fué cuidadosamente redactada con el propósito de evitar todo posible pensamiento de que al aceptarla la Convención Constitucional produciría el establecimiento de un protectorado o suzeranía, o en modo alguno mezclarse en la independencia o soberanía de Cuba; y, hablando por mí mismo, parece imposible que se pueda dar semejante interpretación a la cláusula. Creo que la enmienda debe ser considerada como un todo, y debe ser evidente, al leerla, que su propósito bien definido es asegurar y resguardar la independencia cubana y establecer desde luego una definida inteligencia de la disposición amistosa de los Estados Unidos hacia el pueblo cubano, y la expresa intención en aquéllos de ayudarlo, si fuere necesario, al mantenimiento de tal independencia.

Estas son mis ideas, y aunque, según usted indica, yo no puedo hablar por todo el Congreso, mi creencia es que tal propósito fué bien comprendido por aquel Cuerpo.

De usted sinceramente,

C. H. Platt.

Varias sesiones dedicó la Convención a este asunto. Las actas de las mismas revelan la honda preocupación que producía a los delegados el dilema en que se encontraban, entre el propósito de mantener la independencia absoluta, sin restricciones, y la sospecha de que la repulsa de la enmienda pudiera suponer una demora indefinida en el establecimiento del gobierno propio y quizás la pérdida de éste para los cubanos. Al fin, en la sesión del día 28 de mayo se acordó, a manera de transacción entre el ideal y la realidad, aprobar la enmienda con las siguientes aclaraciones:

Primera: Que las estipulaciones contenidas en las cláusulas primera y segunda de la Enmienda Platt son limitaciones constitucionales internas, que no restringen la facultad del Gobierno de la República de Cuba para celebrar libremente tratados políticos o mercantiles con cualquier nación ni sus facultades de contraer empréstitos y crear deudas, sino en cuanto deba sujetarse a lo que establece la Constitución cubana, y a lo que se declara en las dos mencionadas cláusulas.

Segunda: Que la intervención a que se refiere la cláusula tercera no implica en manera alguna entrometimiento o ingerencia en los asuntos del Gobierno Cubano, y sólo se ejercerá por acción formal del Gobierno de los Estados Unidos para conservar la independencia y soberanía de Cuba cuando se viere ésta amenazada por cualquier acción exterior o para restablecer con arreglo a la Constitución de la República de Cuba un gobierno adecuado al cumplimiento de sus fines internos e internacionales, en el caso de que existiera un verdadero estado de anarquía.

Tercera: Que la cláusula cuarta se refiere a los actos debidamente realizados durante la ocupación militar y a los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos.

Cuarta: Que la cláusula quinta se contrae a las medidas y planes de sanidad que mutuamente se convengan entre el Gobierno de la República de Cuba y el de los Estados Unidos.

Quinta: Que aunque la Isla de Pinos está comprendida en los límites de Cuba y regida por el mismo gobierno y administración, el Gobierno futuro de Cuba y el de los Estados Unidos fijarán por un Tratado especial la pertenencia de dicha Isla de Pinos, sin que esto suponga un prejuicio en contra de los derechos que Cuba tiene sobre ella.

Sexta: Que en virtud de la cláusula séptima, el Gobierno de la República de Cuba quede habilitado para concertar con el de los Estados Unidos un Tratado en que se haga la concesión de carboneras o estaciones navales en los términos que se convengan por ambos Gobiernos, las cuales se establecerán con el solo y único fin de defender los mares de América para conservar la independencia de Cuba en caso de una agresión exterior así como para la propia defensa de los Estados Unidos.

El Gobierno de la República de Cuba concertará al mismo tiempo un tratado de comercio, basado en la reciprocidad, en el que se aseguren mutuas y especiales ventajas para los productos naturales y manufacturados de ambos países en los mercados respectivos sin que resulte limitada la facultad de promover y convenir en lo futuro mayores ventajas.

Esta forma en que fué aceptada la enmienda no agradó al Gobierno de Washington. En los primeros días del mes de junio, el Gobernador Militar le dió traslado a la Convención de un informe enviado por el Secretario de la Guerra, fechado en 31 de mayo, en que se decía, que era inaceptable aquella forma, pues no bastaba con que dicha asamblea le diera su asentimiento a la enmienda, sino que debía incorporarla a la Constitución sin formularle aclaraciones, ya formando parte de su texto, ya en forma de apéndice; que se debía tener presente, que por tratarse de un estatuto aprobado por el Poder Legislativo, el Ejecutivo se tenía que ceñir a sus términos y que si según estos, el Presidente había sido autorizado para retirar de Cuba el Ejército cuando se hubiere establecido un gobierno bajo una Constitución en la que figurasen como parte de la misma, las cláusulas de la citada enmienda, sólo cuando esto se hubiese realizado podría disponerse aquella retirada.

Planteada la cuestión en estos términos y convencidos los delegados de que todo lo que no fuera aceptar la enmienda lisa y llanamente, sería retardar o impedir el establecimiento de la República, en la sesión del día 12 de junio acordaron adicionarla a la Constitución, en forma de apéndice, sin añadirle aclaración ni comentario alguno.

Aprobada la Constitución en esa forma, hiciéronse los preparativos necesarios para constituir la República. El día 31 de diciembre se celebraron las elecciones, de acuerdo con una ley redactada por la Convención Constituyente, quedando designados los Compromisarios presidenciales y senatoriales, los miembros de la Cámara de Representantes y los Gobernadores y Consejeros Provinciales, y en 24 de febrero de 1902, fueron designados los señores Tomás Estrada Palma y Luis Estévez y Romero, Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente.

El día 20 de mayo el General Wood le hizo entrega del Gobierno al Presidente electo, significándole en la ceremonia de la entrega, que el nuevo Gobierno asumía todas y cada una de las obligaciones contraídas por los Estados Unidos, respecto de la isla por el Tratado de París; que se debían considerar como comprendidas en el artículo 5º de la enmienda Platt,—a tenor del cual, Cuba asumió la obligación de realizar, en materia de sanidad, los planes ya proyectados u otros que mutuamente se convinieran—, las siguientes medidas y disposiciones sanitarias: el proyecto de alcantarillado y pavimentación de la ciudad de la Habana y el de alcantarillado y acueducto de la ciudad de Santiago de Cuba y las disposiciones que estaban vigentes en materia de cuarentenas, así como los Reglamentos e instrucciones de Sanidad, que regían en la ciudad de la Habana, y que de acuerdo con la Constitución y con la Enmienda Platt, la situación de la Isla de Pinos sería resuelta por un Tratado.

Una vez constituída la República, era necesario atender a un asunto de excepcional importancia para su prosperidad: la determinación de las relaciones comerciales con los Estados Unidos sobre la base de recíprocas ventajas. Ya con anterioridad, el Gobierno de Washington había ofrecido contribuir, por su parte, a esa finalidad. La Comisión de la Convención Constituyente, en su visita a los Estados Unidos, a fines del mes de abril de 1901, a que antes nos referimos, al llamarle la atención al Secretario Root, acerca de que la Enmienda Platt desatendía por completo el aspecto económico de las relaciones entre los dos países, obtuvo de dicho funcionario la promesa de que ese asunto sería atendido una vez que se constituyera la nueva nacionalidad, pero no antes, toda vez que siendo los tratados pactos bilaterales que suponían la personalidad jurídica de los contratantes, era necesario para que Cuba entrara en negociaciones sobre esa materia, que se encontrara en posesión de dicha personalidad. Esta promesa fué ratificada por el Presidente de la República a aquella comisión, cuando ésta, cumplida su misión, le hizo su visita de despedida, llegando hasta a ofrecerle, que de ser posible, se le otorgarían determinados beneficios a la producción cubana, antes de que se pactara el tratado que debía regular las relaciones mercantiles de los dos pueblos.

El propio Root en su informe anual de 27 de noviembre de aquel año, se refirió a dichas relaciones en éstos términos:

Al parecer, el obstáculo principal para la futura prosperidad de la isla se encuentra en sus relaciones comerciales con los Estados Unidos, y la necesidad de obtener algún arreglo de reciprocidad mediante el cual se haga una concesión de los derechos arancelarios que los Estados Unidos en la actualidad imponen a los principales productos cubanos.

Para que Cuba pueda disfrutar de verdadera prosperidad, es necesario que encuentre un mercado para sus productos principales, a saber, el azúcar y el tabaco, donde pueda venderlos con una utilidad razonable. En las circunstancias actuales o en cualesquiera circunstancias que puedan sobrevenir, donde únicamente Cuba puede encontrar dicho mercado para su azúcar y hasta cierto grado para su tabaco es en los Estados Unidos. Con arreglo a los preceptos vigentes de la ley arancelaria de los Estados Unidos, los precios que puedan alcanzarse para el azúcar y en gran parte para el tabaco cubano, en este mercado, no bastan a cubrir los derechos, costo de transporte y producción, y rendirle al productor una ganancia que le permita continuar con provecho la explotación de dichas industrias.

Me permito aludir a una discusión sobre este asunto que aparece en mi informe anual de 1899, y confirmar, en vista de los dos años que han transcurrido, la conclusión en aquél expresada en los siguientes términos:

"Como quiera que los Estados Unidos son el gran mercado para el azúcar cubano, y visto el hecho de que la prosperidad de Cuba depende de dicho mercado, es muy probable que, por más competente y eficaz que sea el gobierno de Cuba en cuyas manos entreguemos el dominio de la isla, la primera medida de conservación propia que aquel gobierno estará obligado a tomar en consideración será la de procurar obtener de los Estados Unidos algún arreglo arancelario por virtud del cual Cuba pueda vender su azúcar con alguna utilidad. La incertidumbre de si puede o no realizarse dicho arreglo en la actualidad, constituye un obstáculo para que en Cuba tenga lugar un renacimiento de la industria azucarera. No cabe duda de que cuando los representantes de ambos países discutan la cuestión de las futuras relaciones entre este país y Cuba, los Estados Unidos tratarán generosamente en todos sentidos al pueblo por el cual han hecho tan grandes sacrificios."

Confiando en que habían de ser tratados con un espíritu de equidad y largueza por parte de los Estados Unidos, los hacendados cubanos han hecho grandes esfuerzos para reconstruir su gran industria, y han aumentado su producción de azúcar de 308,000 toneladas, hechas en 1899, a 615,000 toneladas en 1900, en tanto que la producción del presente año se calcula en algo más de 800,000. Estimulados por nuestros consejos y confiando en nuestra buena amistad, han luchado con perseverancia por desquitarse de los desastres que su patria ha sufrido. Todo el capital que tenían o que pudieron conseguir prestado, se ha invertido en la reconstrucción de sus maquinarias y resiembra de sus terrenos. Más de la mitad del pueblo de la isla depende directa o indirectamente del éxito de la expresada industria. Si esta industria logra reconstruirse, podemos esperar días de paz, de abundancia y de orden nacional, y la felicidad de un pueblo libre y contento para recompensar dignamente el sacrificio de las vidas y el tesoro americanos, gracias a los cuales logró Cuba su libertad. Si por desgracia fracasa la reconstrucción de dicha industria, es lógico esperar que los campos volverán a verse yermos, las maquinarias otra vez desmanteladas, el gran cuerpo de obreros se quedará sin empleo, y la pobreza y la inanición, el desorden y la anarquía sobrevendrán; que las beneficencias y las escuelas que hemos estado construyendo no encontrarán los medios necesarios para su sostenimiento y tendrán que cesar; que las medidas y precauciones sanitarias que han hecho que ya Cuba no sea una fuente temida de epidemias, sino una de las islas más salubres del mundo, tendrán que abandonarse por necesidad, y nuestros puertos del Atlántico tendrán que sufrir otra vez el daño causado al comercio, y el mantenimiento de estaciones de cuarentena, cuyo costo anual asciende a millones.

Cuba ha accedido a que tengamos el derecho de decir que jamás se pondrá en manos de ninguna otra potencia extranjera, sean cuales fueren sus necesidades, al derecho que tenemos para insistir en el mantenimiento de un gobierno libre y de orden en todos sus límites, por más corolario de este derecho existe el deber y la más sagrada obligación de tratarla no como a un enemigo, ni tampoco como un rival comercial, sino con una generosidad que, ejercida hacia ella, no sea más que justicia, y finalmente, amoldar nuestras leyes de tal manera, que contribuyan tanto a su bienestar como al nuestro.

Nuestro deber hacia Cuba puede cumplirse haciendo con ella el arreglo arancelario recíproco que el Presidente Mac Kinley recomendó en las últimas palabras que dirigió a sus conciudadanos en Buffalo el día 5 de septiembre. Bastará efectuar una rebaja equitativa en los derechos que imponemos al azúcar y tabaco cubanos, a cambio de rebajas equitativas y correspondientes de derechos cubanos sobre productos americanos, y recomiendo encarecidamente que se haga dicho arreglo cuanto antes. No implicaría ningún sacrificio, sino que sería tan beneficioso para nosotros como para Cuba. El mercado para productos americanos en un país que cuenta con una población, una riqueza y elementos para comprar como los que Cuba poseería si disfrutase de la debida prosperidad—elementos que están asegurados, además, por las ventajas que ofrecen los derechos de preferencia—contribuiría mucho más a nuestra prosperidad que lo que podría hacerlo la parte de los derechos que se nos exigiría que cediésemos.

Una gran parte de los $37,000.000 de mercancías que Cuba importa en la actualidad de otros países, además de lo que importa de los Estados Unidos, y la cantidad mucho mayor que importaría si gozase de verdadera prosperidad, debieran ir, y mediante un arreglo recíproco, equitativo, han de ir inevitablemente de los Estados Unidos. El examen de las tablas que aparecen en el Apéndice A, muestra que el año pasado Cuba compró géneros de algodón por valor de más de $6,000.000, de los cuales nosotros le vendimos menos de $500,000; géneros de lana por valor de cerca de $700,000, de los cuales le vendimos menos de $22,000; más de $2,000.000 de fibras vegetales y sus manufacturas, de los cuales sólo le vendimos $171,000; vinos por valor de más de $2,700.000, de los cuales sólo le vendimos $329,000; géneros de seda por valor de más de $526.000, de los cuales sólo le vendimos $24,000; aceites, etc., por valor de cerca de $2,598.000, de los cuales sólo le vendimos $713,000; drogas y sustancias químicas etc., por valor de $1,053.000, de los cuales sólo le vendimos $422.000; animales y productos animales por valor de $8,476.000, de los cuales no le vendimos más que $1,994.000; manufacturas de cuero por valor de $1,638.000, de los cuales no le vendimos más que $405,000; arroz por valor de $3,335.000, del cual no le vendimos más que $3.000. El conjunto, prácticamente, de estos artículos, de los cuales le suministramos una parte tan pequeña, debieron haber procedido de los campos y fábricas de los Estados Unidos.

Prescindiendo de la obligación moral que aceptamos cuando lanzamos a España fuera de Cuba, y prescindiendo, asimismo, de las consideraciones de orden ordinario, de las ventajas comerciales que implica un tratado de reciprocidad, existen las más poderosas razones de política pública americana que nos sugieren esta medida: puesto que la paz de Cuba es necesaria a la de los Estados Unidos, la salud de Cuba es necesaria a la de los Estados Unidos y la independencia de Cuba también es necesaria para la seguridad de los Estados Unidos. Las mismas consideraciones que nos indujeron a declararle la guerra a España, exigen en la actualidad que se haga un arreglo comercial por virtud del cual se asegure la existencia industrial de Cuba. El estado de las industrias azucarera y tabaquera ya es tal, que es de desear que el Congreso tome una resolución terminante sobre este asunto, lo más pronto posible.

De acuerdo con tales promesas, el día 11 de diciembre de 1902 se concertó en la ciudad de la Habana un tratado de reciprocidad comercial entre los dos países y canjeadas las ratificaciones en Washington, comenzó a regir en 27 de diciembre de 1903.

Se convino por este Tratado,—que habría de regir durante cinco años y después de año en año, hasta que una de las partes le notificara a la otra su propósito de darlo por terminado—que en ambos países se continuarían admitiendo libres de derechos, los productos que hasta ese momento disfrutaban de ese beneficio, estipulándose con respecto a los demás, una rebaja del 20, del 25, del 30 y hasta del 40 por ciento, para determinados artículos.

Son incalculables los beneficios que ha recabado Cuba de ese Tratado, así como el impulso que merced al mismo ha recibido el comercio entre los dos países. Basta decir, que ya antes de la guerra europea, ocupaba Cuba el quinto lugar en importancia en la lista de los países que comerciaban con los Estados Unidos. Chester Lloyd Jones, Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Wisconsin, dice en su obra Caribbean Interests of the United States, que mientras en la generalidad de las Antillas no ha progresado la industria azucarera, en Cuba ha alcanzado un desarrollo enorme, agregando que a este hecho han contribuído el estado de paz de que ha disfrutado la isla después de la guerra con España, que ha servido para brindarle garantías al capital, la estabilidad que le restituyó al mercado azucarero la convención de Bruselas, la seguridad de que merced a la enmienda Platt los disturbios quedan reducidos a su menor expresión y por último, el tratado comercial de 1903, que vino a sancionar en el orden político lo que era una realidad desde el punto de vista geográfico, esto es, que en los Estados Unidos estaba el mercado natural de la producción cubana.

La séptima de las estipulaciones contenidas en la enmienda Platt, o séase la relativa a que el gobierno de Cuba vendería o arrendaría a los Estados Unidos las tierras necesarias para estaciones carboneras o navales, en ciertos puntos que se convendrían con el Presidente de los Estados Unidos, fué objeto de un tratado que suscribieron, en la ciudad de la Habana el Presidente Estrada Palma, en 16 de febrero de 1903 y en la de Washington el de los Estados Unidos, en 23 del propio mes y año. Por este tratado la República de Cuba le dió en arrendamiento a los Estados Unidos por el tiempo que las necesitaren y para el objeto de establecer en ellas estaciones carboneras o navales, dos extensiones, parte de tierra y parte de mar, situadas, una en Guantánamo, en la costa sur, y otra en Bahía Honda, en la costa norte; estipulándose que los Estados Unidos ejercerían jurisdicción y señorío completo sobre dichas áreas, sin perjuicio de la continuación de la soberanía definitiva de la República de Cuba sobre las mismas.

La estación naval de Guantánamo fué establecida; no así la de Bahía Honda.

Otra convención no menos importante se suscribió en la Habana, ese mismo año, entre el Gobierno de los Estados Unidos y el de Cuba: un tratado de carácter permanente, en el cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo VIII de la enmienda Platt, se consignaron las diversas cláusulas o disposiciones de dicha enmienda.

Cuatro años después de constituída la República y en muy dolorosas circunstancias, se hizo aplicación del artículo 3º de la enmienda Platt, alusivo al ejercicio del derecho de intervención por parte del gobierno de los Estados Unidos. El día 23 de septiembre del año 1905 se celebraron elecciones generales. El Partido Moderado defendía la reelección del Sr. Tomás Estrada Palma y el Partido Liberal sostenía la candidatura del General José Miguel Gómez. La campaña electoral se desenvolvió en medio de una intensa agitación; el mayor encono existía entre los dos bandos. El Sr. Estrada Palma fué proclamado Presidente y los liberales, alegando que su victoria era producto del fraude, a mediados del mes de agosto del año 1906, se levantaron en armas en las provincias de Pinar del Río, Habana y Las Villas. El Sr. Estrada Palma, cuyo gobierno se había caracterizado por su excelente administración, sobre todo por la escrupulosidad en el manejo de los fondos públicos, se negó a pactar con los rebeldes. El día 8 de septiembre, considerándose impotente para sofocar la revolución, interesó del Presidente Roosevelt, por mediación del Cónsul de los Estados Unidos, Mr. Frank Steinhart, el envío de dos barcos de guerra, uno a la Habana y otro a Cienfuegos.

A esa solicitud contestó Mr. Robert Bacon, Secretario interino de Estado, diciendo en un despacho cablegráfico fechado el día 10, que los dos barcos habían sido enviados, pero significando al propio tiempo, que la intervención habría de producir en los Estados Unidos un efecto desastroso, que de efectuarse habría de ser con el mayor desagrado y que se debía esperar a que se evidenciara, que el gobierno era impotente para sofocar la revolución; siendo preferible entonces, antes que la intervención, que el gobierno celebrara un convenio con los alzados en armas.

Dos días después el Presidente Estrada Palma se dirige al gobierno de Washington, por mediación también del Cónsul Steinhart, manifestando que la rebelión había tomado incremento y que el gobierno era impotente para sofocarla, por lo cual pedía que se decretara la intervención y que se enviaran fuerzas militares para defender las vidas y las propiedades. El día 14 llegó al puerto de la Habana el crucero "Denver", desembarcando 125 hombres con objeto de proteger los intereses americanos, los mismos que al día siguiente fueron reembarcados. En esta misma fecha el Presidente Estrada Palma, reitera una vez más la petición de intervención, por no poder impedir la entrada de los rebeldes en las ciudades y la destrucción de las propiedades. A tales instancias, contesta el Presidente Roosevelt con una notable carta dirigida al Sr. Gonzalo de Quesada, Ministro de Cuba en Washington y que no fué otra cosa que una patriótica exhortación a los cubanos para que ahogaran sus diferencias y colocaran a la República por encima de sus ambiciones. Sobrados títulos tenía el insigne Roosevelt para hablar en tales términos, si se recuerda que había peleado por la independencia en los campos de Santiago de Cuba, y que después, siendo Presidente de los Estados Unidos, dejó los destinos de la Isla en manos de sus hijos. He aquí dicha carta:

Oyster Bay, N. Y., septiembre 14, 1906.

Estimado señor Quesada:

Le escribo en estos momentos de crisis por que atraviesa la República de Cuba, no simplemente porque sea usted el Ministro de Cuba acreditado cerca de este Gobierno, sino porque usted y yo, íntimamente, concurrimos juntos a la misma labor, en aquella época en que los Estados Unidos intervinieron en los asuntos de Cuba, con el resultado de convertirla en una nación independiente. Usted sabe muy bien cuán sinceros son mis sentimientos de afecto, admiración y respeto a Cuba. Usted sabe que jamás he hecho ni haré jamás nada tampoco respecto a Cuba que no sea inspirado en un sincero miramiento en favor de su bienestar. Usted se da cuenta asimismo del orgullo que he sentido por haberme cabido la satisfacción, como Presidente de esta República, de retirar las tropas americanas que ocupaban la isla y proclamar oficialmente su independencia, a la vez que le deseaba todo género de venturas en la carrera que le tocaba emprender como república libre. Yo deseo ahora, y por mediación de usted, decir una palabra de solemne advertencia a su pueblo, que tiene en mí a quien mejores deseos pudiera abrigar en su favor.

Durante siete años Cuba ha disfrutado de un estado de paz absoluto y su prosperidad se ha desarrollado de una manera lenta pero segura. Cuatro años también han trascurrido durante los cuales esa paz y esa prosperidad se consolidaban bajo su gobierno propio e independiente. Esa paz, esa prosperidad y esa independencia se encuentran ahora amenazadas; porque de todos los males que pueden caer sobre Cuba, es el peor de todos el de la anarquía en que la precipitarán seguramente, así la guerra civil como los simples disturbios revolucionarios.

Quienquiera que sea responsable de la revolución armada y de los desmanes que durante ella se cometan; quienquiera que sea responsable, en cualquier sentido, del actual estado de cosas que ahora prevalece, "es enemigo de Cuba"; y resulta duplicada la responsabilidad del hombre que, alardeando de ser un campeón especial de la independencia de Cuba, da "un paso que pueda hacer peligrar esa independencia". Porque no hay más que una sola manera de hacer peligrar la independencia de Cuba, y es que el pueblo cubano demuestre su incapacidad para continuar marchando por la senda de un progreso ordenado y pacífico.

Nada le pide esta nación a Cuba que no sea la continuación de su desenvolvimiento en la medida que lo ha realizado durante los últimos siete años transcurridos: que conozca y practique la libertad ordenada, la cual proporcionará, seguramente, a la hermosa "Reina de las Antillas", en creciente medida, la paz y la prosperidad. Nuestra intervención en los asuntos de Cuba demuestra que ha caído en el hábito insurreccional y que carece del necesario dominio propio para asegurar pacíficamente el Gobierno propio, así como que sus facciones contendientes han sumido al país en la anarquía.

Solemnemente conjuro a los patriotas cubanos para que, unidos estrechamente, ahoguen todas sus diferencias, todas sus ambiciones personales, y recuerden solamente que el "único medio de conservar la independencia y la República es evitando a todo trance que surja la necesidad de una intervención del exterior, rescatándola de la anarquía y de la guerra civil."

Espero ardientemente que estas palabras de apelación mías, vertidas en nombre del pueblo americano,—el amigo más firme de Cuba y el mejor intencionado hacia ella que pueda existir en el mundo—serán interpretadas rectamente, serán seriamente consideradas, y se procederá de acuerdo con ellas; en la seguridad de que si así se hiciere, quedará asegurada la permanente independencia de Cuba y también su éxito permanente como República.

En virtud del tratado que existe con el Gobierno de usted, yo, como Presidente de los Estados Unidos, tengo un deber en este asunto que no puedo eludir. El artículo tercero de ese tratado confiere esplícitamente a los Estados Unidos el derecho de intervenir para el mantenimiento en Cuba de un Gobierno adecuado a la protección de las vidas, de las propiedades y de la libertad individual. El tratado que confiere ese derecho es ley suprema de la nación y me inviste del derecho y de los medios para llevar a cabo el cumplimiento de la obligación en que me encuentro de proteger los intereses americanos.

La información de que dispongo me demuestra que los lazos sociales en toda la extensión de la Isla han sido relajados de tal manera, que no hay ya seguridad para la vida, para la propiedad, ni para la libertad individual. He recibido noticias auténticas de los perjuicios sufridos por las propiedades americanas y de la destrucción que se ha llevado a cabo en algunas de ellas. Es pues imperativo, a mi juicio, para el bien de Cuba, que cesen inmediatamente las hostilidades y que se lleve a cabo algún arreglo que asegure la permanente pacificación de la Isla.

Mando al efecto a la Habana al Secretario de la Guerra, Mr. Taft, y al Subsecretario de Estado, Mr. Bacon, como representantes especiales de este Gobierno, a fin de que presten la cooperación que sea posible para la prosecución de esos fines. Yo esperaba que Mr. Root, el Secretario de Estado, hubiera podido hacer alto en la Habana a su regreso de la América del Sur; pero la aparente inminencia de la crisis me impide demorar esta acción por más tiempo.

Deseo por su mediación comunicarme de esta manera con el Gobierno y con el pueblo cubano. Y le envío, en su consecuencia, una copia de esta carta, para que se sirva remitirla al Presidente señor Estrada Palma; ordenando al mismo tiempo la inmediata publicidad de la misma.

De usted sinceramente,

Theodore Roosevelt.

Señor don Gonzalo de Quesada, Ministro de Cuba.

Pareció en los primeros momentos, que esta carta causaba el efecto que se propuso su autor: por lo pronto, el día 16 el Gobierno acordaba la suspensión de las hostilidades y otro tanto hacían los revolucionarios al día siguiente; pero no fué así: las esperanzas puestas en una "solución cubana" que evitara el sonrojo de una intervención, quedaron desvanecidas.

El día 19 de septiembre llegan a la Habana el Secretario de la Guerra Mr. William H. Taft y el Subsecretario de Estado Mr. Robert Bacon, designados por el Presidente Roosevelt para buscar una avenencia entre el gobierno y los revolucionarios. Puestos al habla dichos comisionados con estos últimos, les aceptaron las siguientes bases que los mismos hubieron de proponerles:

La renuncia de todos los Gobernadores de provincia, Consejeros Provinciales, Senadores y Representantes que fueron elegidos en las últimas elecciones.

La reposición de aquellos Ayuntamientos liberales que fueron destituidos gubernativamente, excepción hecha del Ayuntamiento de la Habana, que según Mr. Taft, está constituído por personas ajenas a la política activa y que son de gran moralidad y respeto.

Que antes del primero de noviembre se redacte la Ley de constitución de las municipalidades por una comisión formada por tres abogados del Partido Liberal y otros tres del Partido Moderado y uno americano, sobre la base de la autonomía de los municipios.

Que se reforme la ley electoral vigente por adolecer de grandes defectos, reconociendo el derecho de las minorías y que se celebren nuevas elecciones con arreglo a aquélla el día primero de enero próximo, para cubrir los cargos de los que renunciaren, bajo la garantía de una comisión mixta que entenderá en todo lo relacionado con las elecciones y que estará intervenida también por los americanos.

La adopción de una ley que garantice la inamovilidad de los empleados civiles. Ley que asegure la independencia del poder judicial.

Y por último, la constitución de un gabinete formado por personas de distinción, sin atender a la filiación política que tuvieren.

Estas condiciones fueron rechazadas por el Sr. Estrada Palma, por estimarlas contrarias a su decoro personal y a la dignidad del gobierno de su presidencia, según carta que dirigió a los comisionados en 25 de septiembre, en la que además les expuso la determinación de renunciar su cargo, en vista de que el propósito de ellos no era otro que el de obtener la paz a toda costa. En esta situación, el Presidente Roosevelt exhorta al Sr. Estrada Palma, para que no abandone la presidencia, en los términos que constan de la siguiente comunicación:

Presidente Palma: Muy sinceramente le pido que sacrifique sus sentimientos en el altar del bien de su patria y ceda ante la petición de Mr. Taft, continuando en la Presidencia el espacio de tiempo que a su juicio sea suficiente para inaugurar el nuevo gobierno temporal, bajo el que puedan cumplirse las bases de la paz. Yo he mandado a Misters Taft y Bacon a Cuba por los reiterados telegramas de usted diciendo que dimitiría, que su decisión era irrevocable y que no podía seguir en el gobierno.

Es evidente que en las condiciones actuales su gobierno no puede subsistir y que ningún esfuerzo bastaría para mantenerlo o para dictar las condiciones que usted señala acerca del nuevo gobierno; sólo significaría el desastre y quizás la ruina de Cuba. Bajo su mando de usted por espacio de cuatro años, Cuba ha sido República independiente. Yo le conjuro por su propia buena fama, a que no se conduzca de modo que la responsabilidad, si resultase alguna, pudiera ser echada sobre usted. Imploro que usted proceda de manera que aparezca que usted, al menos, se ha sacrificado por su país y que cuando usted abandone su cargo deje a su país libre todavía. En tal caso no sería usted responsable si desgraciadamente cayeran nuevos desastres sobre Cuba. Usted habrá cumplido como debía, como caballero y como patriota, si procede en esto en la forma que previene Mr. Taft y como le suplico muy ardientemente que lo haga.—Theodore Roosevelt.

El Sr. Estrada Palma no desistió de su actitud. Ante el Congreso, reunido en 28 de septiembre, hizo renuncia de su cargo. Celebróse la sesión en las horas de la tarde y se acordó un receso hasta las nueve de la noche, así como el nombramiento de una comisión encargada de obtener del Presidente que retirara su renuncia. La gestión de esta comisión no produjo el resultado apetecido y como determinaran los moderados no concurrir a la sesión nocturna, no se pudo reunir nuevamente el Congreso, y al quedar acéfalo el gobierno, Mr. Taft resolvió, aquella misma noche, asumir su ejercicio, dando a la publicidad al otro día la siguiente proclama que apareció en la Gaceta Oficial:

Al pueblo de Cuba:

El no haber el Congreso tomado acuerdo en cuanto a la renuncia irrevocable del Presidente de la República de Cuba o elegido un sustituto, deja a este país sin gobierno en una época en que prevalece gran desorden; y se hace necesario, de acuerdo con lo pedido por el Presidente Palma, que se tomen las medidas debidas en nombre y por autoridad del Presidente de los Estados Unidos, para restablecer el orden, proteger las vidas y propiedades en la Isla de Cuba y cayos adyacentes y con este fin establecer un gobierno provisional.

El Gobierno provisional establecido por la presente, por orden y en nombre del Presidente de los Estados Unidos, sólo existirá el tiempo que fuere necesario para restablecer el orden, la paz y la confianza pública y una vez obtenidas éstas, se celebrarán las elecciones para determinar las personas a las cuales deba entregarse de nuevo el gobierno permanente de la República.

En lo que sea compatible con el carácter de un gobierno provisional establecido bajo la autoridad de los Estados Unidos, éste será un gobierno cubano, ajustándose en lo que fuere posible a la Constitución de Cuba. La bandera cubana se enarbolará como de costumbre en los edificios del Gobierno de la Isla. Todos los Departamentos del Estado, los Gobiernos provinciales y municipales, incluso el de la ciudad de la Habana, funcionarán en igual forma que bajo la República de Cuba. Los Tribunales seguirán administrando justicia y continuarán en vigor todas las leyes que no sean inaplicables por su naturaleza, en vista del carácter temporal y urgente del Gobierno.

El Presidente Roosevelt ha anhelado obtener la paz bajo el Gobierno Constitucional de Cuba y ha hecho esfuerzos inauditos por evitar la presente medida. Demorar más, sin embargo, sería peligroso.

En vista de la renuncia del Gabinete, hasta nuevo aviso, los Jefes de los diferentes Departamentos se dirigirán a mí para recibir instrucciones, incluso el mayor General Alejandro Rodríguez, Jefe de la Guardia Rural y demás fuerzas regulares del Gobierno y el Tesorero de la República General Carlos Roloff.

Hasta nuevo aviso los gobernadores civiles y alcaldes también se dirigirán a mí para recibir órdenes.

Pido a todos los ciudadanos y residentes en Cuba que me apoyen en la obra de restablecer el orden, la tranquilidad y confianza pública.

W. H. Taft.—Secretario de la Guerra de los Estados Unidos. Gobernador Provisional de Cuba.

Sólo unos días fungió el Secretario de la Guerra de Gobernador Provisional: el tiempo que se necesitó para que Mr. Charles E. Magoon, nombrado para sucederle, se hiciera cargo de dicho puesto, lo que ocurrió el día 13 de octubre.

El día 24 de diciembre del año que nos ocupa, el Gobernador Provisional tuvo una iniciativa plausible, la de formar una Comisión Consultiva, integrada por nueve cubanos, pertenecientes a los diversos partidos políticos y por dos abogados americanos, y presidida por Mr. E. H. Crowder, entonces Coronel del Estado Mayor General del Ejército de los Estados Unidos. Dicha Comisión debía formular y proponerle al Gobierno provisional las siguientes leyes, indispensables al buen funcionamiento del orden constitucional, según se había hecho notar en los cuatro primeros años de vida republicana: la Electoral, las Orgánicas del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de las Provincias y de los Municipios y la del Servicio Civil.

Aprobadas todas esas leyes, en 14 de noviembre de 1908, se celebraron elecciones generales, siendo elegido Presidente el General José Miguel Gómez, que tomó posesión de su cargo el día 24 de febrero del año siguiente; cesando en esta fecha el gobierno provisional.

Durante el último año de la presidencia del General Gómez, ocurrió una rebelión racista que el gobierno sofocó con sus propios recursos, declinando el ofrecimiento que le hizo el de Washington de prestarle la cooperación que fuera necesaria.

Algunos años más tarde, de nuevo ocurrieron disturbios con motivo de las elecciones generales de 1º de noviembre de 1916. Los conservadores defendían la reelección del General Mario Menocal, en la Presidencia de la República y los liberales a su vez, mantenían la candidatura del Doctor Alfredo Zayas. Practicados los escrutinios se vió que el triunfo había favorecido al Partido Conservador en las provincias de Pinar del Río y Matanzas y al Liberal en las de la Habana y Camagüey. En las dos provincias restantes, Las Villas y Oriente, los organismos correspondientes anularon las elecciones celebradas en determinados colegios. Era necesario esperar el resultado de estas elecciones para que quedara decidido el triunfo.

Los liberales iban a esas elecciones parciales en mejores condiciones que los conservadores: el resultado de las votaciones aprobadas en dichas dos provincias, Las Villas y Oriente, les auguraba el triunfo de manera ostensible, con poco esfuerzo. Esto no obstante, desde que se supo que era necesario celebrar elecciones parciales, los liberales dieron muestras de gran inquietud, atribuyéndole al Gobierno el propósito de ganar las elecciones por todos los medios. La excitación que reinaba en los círculos políticos hacía presagiar días tristes para la República. En esta situación, el día 11 de febrero de 1917, el Ministro de los Estados Unidos en la Habana, Mr. William E. González, le hizo entrega al Presidente de la República de un Mensaje suscrito por Mr. Robert Lansing, Secretario de Estado en el Gobierno de Washington, que encerraba algo así como una invocación patriótica a los partidos cubanos para que la controversia se mantuviera dentro de la ley. He aquí los términos de dicho mensaje:

El Gobierno de los Estados Unidos, en vista de sus relaciones con la República de Cuba y por razón de los deberes que le impone el acuerdo entre los dos países, observa con no poco cuidado la cuestión de las nuevas elecciones en la provincia de Santa Clara, las cuales según informes se llevan a cabo para ejecutar las leyes encaminadas a arreglar las disputas electorales, leyes sobre las que debe descansar el Gobierno constitucional. En este caso se tiene entendido que la ley provee que las disputas electorales deberán ser resueltas por una comisión central con apelación al Tribunal Supremo de Cuba, y finalmente, si la cuestión no queda resuelta, por una nueva elección en los distritos que estén aún en disputa.

El Gobierno de los Estados Unidos abriga la confianza de que ambos partidos están tratando de hacer todo lo posible por arreglar sus diferencias por los medios que otorga la ley y sin recurrir a métodos que producirían una perturbación en toda la República, y vería con gran satisfacción que se invocaran los procedimientos judiciales establecidos por el pueblo de Cuba, especialmente en estos instantes en que gran parte del mundo está envuelto en un conflicto armado. Tal arreglo de sus dificultades representarían sin duda un hermoso ejemplo ante el mundo ofreciendo un caso en que las divergencias se resuelven por la ley en lugar de las armas.

El Gobierno de los Estados Unidos, como amigo de la República de Cuba, desea hacer notar que las diferencias electorales no han sido desconocidas en su propio territorio, en las que el sentimiento partidarista subió a un alto grado de animosidad, y desea traer a la memoria que esas disputas siempre han sido resueltas por medios legales y pacíficos. El caso más notable que ha ocurrido en los Estados Unidos fué la controversia Hay-Tilden, en la cual la maquinaria electiva legalmente establecida resolvió finalmente en favor del candidato que tenía la minoría del voto popular. Esta controversia probó claramente que el patriotismo se elevó y afirmó por los recursos de ley antes que por la fe en las armas.

El Gobierno de los Estados Unidos, mejor que ninguna otra nación, conoce el patriotismo del pueblo cubano, y recordando los actos patrióticos realizados por los héroes cubanos en sus luchas por la libertad, confía en que el mismo espíritu patriótico prevalecerá en el arreglo de la presente disputa electoral, y que se mostrará así en la fe implícita, en los medios legales que han sido establecidos para el arreglo de tales cuestiones.

Teniendo en cuenta el interés que este Gobierno siente por el futuro de Cuba como nación altamente avanzada en patriotismo y en desarrollo social, se siente ansioso porque todos los partidos conozcan que sus procedimientos se siguen por los Estados Unidos con la mayor atención y con la esperanza confiada de que los medios que da la Constitución cubana y las leyes estatuídas para este propósito producirán como lógico resultado un apacible y satisfactorio arreglo de las actuales dificultades.

Este Mensaje fué contestado por el Secretario de Estado de Cuba, Dr. Pablo Desvernine, por medio de una nota que entregó al Ministro Mr. González concebida en estos términos:

Me ha entregado el Señor Presidente el Memorandum que con fecha de hoy recibió personalmente de Vuestra Excelencia e inmediatamente me ha dado instrucciones para contestarlo, manifestando a Vuestra Excelencia que alguna información errónea debe haberse dado al Gobierno de los Estados Unidos cuando ha creído necesario expresar al Señor Presidente su ansiedad, respecto a las elecciones que próximamente habrán de celebrarse en la provincia de Santa Clara (Villas) y de recordarle las disposiciones legales que aquí regulan la materia electoral.

El Gobierno de Cuba no ha ejecutado ni pensado ejecutar acto alguno que no se haya ajustado siempre a las disposiciones vigentes, y por su parte nada seguramente hará que sea contrario a las leyes y a la justicia; pero precisamente por su empeño en que se cumplan esas leyes, tampoco habrá de permitir que nadie aquí perturbe el orden legal o intente con procedimiento de fraude o violencia alterar el proceso legal a que deben ajustarse las elecciones según las leyes; y reprimirá con energía cualquier conato de ilegalidad en ese sentido, como está ya procediendo por medio de los Tribunales competentes en la causa criminal que se ha iniciado por haberse descubierto una conjura o conspiración tramada al parecer, contra la vida del señor Presidente de la República.

El Partido Liberal se impacientó; no quiso esperar pacíficamente el resultado de las elecciones parciales y desesperando de las vías legales, se alzó en armas el propio día en que se recibía el antes citado mensaje. Esta apelación a la violencia fué muy mal recibida en las esferas del gobierno de Washington, como lo demuestra la nota que tres días después se recibió en la Cancillería Cubana y que decía así:

El Gobierno de los Estados Unidos ha recibido con la mayor aprensión los informes que le han llegado en el sentido de existir en varias provincias una insurrección organizada contra el Gobierno de Cuba y que los insurrectos se han apoderado de algunas poblaciones. Noticias, como éstas de rebeldía contra el Gobierno constituído no pueden considerarse sino del carácter más grave dado que el Gobierno de los Estados Unidos ha otorgado su confianza y apoyo únicamente a los gobiernos establecidos por medios legales y constitucionales.

En los últimos cuatro años el Gobierno de los Estados Unidos, ha venido declarando clara y terminantemente su actitud en lo tocante al reconocimiento de gobiernos que suban al Poder por la revolución y otros medios ilegales y desea en estos momentos acentuar su actitud respecto de la situación reinante en Cuba. Su tradicional amistad para el pueblo de Cuba se ha demostrado en repetidas ocasiones y los deberes que le impide el convenio vigente entre ambos países obligan al Gobierno de los Estados Unidos a aclarar ahora su política futura.

Pocos días después el Gobierno de Washington reprobaba de nuevo la revolución por medio de la siguiente nota que dió a la publicidad el Ministro Mr. González, siguiendo instrucciones de dicho gobierno:

Apenas se hace necesario consignar que los acontecimientos de la semana última relacionados con la insurrección contra el Gobierno de Cuba han sido objeto de la más estrecha observación por parte del Gobierno de los Estados Unidos, el que habiendo definido en declaraciones anteriores, su actitud respecto de la confianza y apoyo que presta a los gobiernos constitucionales, de la política que ha adoptado hacia la perturbación de la paz por medio de empresas revolucionarias, desea otra vez informar al pueblo de Cuba su actitud frente a los actuales sucesos, a saber:

1.—El Gobierno de los Estados Unidos apoya y sostiene al Gobierno constitucional de la República de Cuba.

2.—La actual insurrección armada contra el Gobierno constitucional de Cuba se considera por el Gobierno de los Estados Unidos como un acto ilegal y anticonstitucional, que no tolerará.

3.—A los jefes de la revuelta se les hará responsables de los daños personales que sufran los extranjeros y asimismo de la destrucción de la propiedad extranjera.

4.—El Gobierno de los Estados Unidos estudiará detenidamente la actitud que deba adoptar respecto de aquellas personas relacionadas con los que tomen participación en la actual perturbación de la paz de la República de Cuba.

William E. González, Ministro de los EE. UU. de América.

El apoyo del gobierno norteamericano hubo de traducirse en otros actos. En los primeros días del mes de marzo, hallándose la ciudad de Santiago de Cuba en poder de los rebeldes, el Comandante del Crucero americano "San Francisco", hizo desembarcar doscientos hombres y una vez en tierra este contingente, le exigió al jefe de aquéllos que abandonara la ciudad.

El resultado de la contienda armada fué favorable al gobierno. La rebelión fué sofocada y como se celebraran elecciones parciales durante estos acontecimientos y de la misma se retrajesen los liberales, su resultado decidió la elección en favor del General Menocal.

No pasó mucho tiempo antes de que el gobierno de Washington se preocupara nuevamente de nuestros asuntos políticos. Poco después de celebradas las elecciones de 1º de noviembre de 1918, en la que se renovó la mitad de la Cámara y de los Consejos Provinciales y Ayuntamientos, o séase, a mediados del mes de febrero de 1919, el Ministro de los Estados Unidos en la Habana, hizo público, por medio de la prensa, que por invitación del Presidente Menocal el Mayor General E. H. Crowder, se trasladaría a Cuba para dirigir la revisión del censo de población y la reforma de la Ley Electoral, a fin de asegurar la celebración de unas elecciones honradas.

Pocas semanas después llegaba a la Habana el General Crowder y bajo su dirección, una comisión, integrada por miembros de ambas Cámaras, se dedicó al estudio de la Ley Electoral y de otros cuerpos legales de carácter político, que demandaban ser reformados para eliminar determinados males. Esa Comisión reformó la Ley Electoral y la del Poder Judicial y redactó una Ley del Censo y otra sobre Indultos y a mediados del año antes citado, el Congreso aprobaba y sancionaba después el Presidente, tales medidas legislativas.

A mediados del año 1919 se promulgaba la nueva Ley Electoral, con sujeción a la cual, debían celebrarse las elecciones generales de 1º de noviembre de 1920. Como ocurre entre nosotros, desde mucho antes de esta fecha, dieron muestras de agitación nuestros políticos. Juzgaron los liberales que aquellas reformas no eran suficientes para garantizar la pureza de las elecciones; no porque fuesen desacertadas, sino porque desconfiaban de que los funcionarios del Poder Ejecutivo coartaran la libre emisión del sufragio y a ese efecto, desde el mes de octubre realizaron gestiones tendientes a lograr que los futuros comicios se efectuaran bajo la supervisión directa del Gobierno de Washington. Nada contestó éste por el momento; pero a medida que se acercaba el día 1º de noviembre de 1920, fecha de las elecciones, aumentaba la desconfianza en el Partido de oposición y se dirigían nuevas peticiones en aquel sentido a nuestros poderosos vecinos.

En 30 de agosto de 1920 el Gobierno de Washington creyó prudente contestar tales excitaciones por medio de una "nota" que hizo pública la legación en la Habana, en la que se declaró que el Presidente Menocal había dado seguridades de que en las próximas elecciones la Ley Electoral habría de ser cumplida estrictamente y que ante tales promesas, los Estados Unidos no ejercerían la supervisión electoral; pero que, estando obligados por un Tratado a mantener un gobierno adecuado para la protección de las vidas y propiedades y para la libertad individual, se opondría a toda tentativa que se hiciera para reemplazar los procedimientos de gobierno con la violencia y el fraude; sin que esto quisiera decir que no se hallaran menos opuestos a las intimidaciones y al fraude, ya que semejantes procedimientos podrían privar al pueblo del derecho de elegir su propio gobierno.

Fué esta "nota", como se ve, algo así como una admonición a unos y a otros elementos: a los de la oposición, para que no sacaran la cuestión electoral del terreno de la legalidad, y a los del gobierno, para que no utilizaran los instrumentos de éste en cometer violencias.

El 1º de noviembre se celebraban las elecciones; pero sin que los Estados Unidos hubieran ejercido la supervisión reclamada por los liberales. Dichas elecciones se celebraron en medio de una enconada lucha, y tan grande fué el número de colegios protestados, que en la mayoría de las provincias no se podía asegurar el resultado. Los tribunales tramitaban los recursos electorales, pero éstos marchaban con gran lentitud. El triunfo definitivo había que decidirlo en unas nuevas elecciones complementarias, lo que fué motivo de que las pasiones se exaltaran y de que el Partido Liberal reiterara sus súplicas por la supervisión. En tal situación y complicado el problema político con la crisis económica, que aún nos agobia, el Presidente Wilson decidió enviar a la Habana al General Crowder a fin de que conferenciara con el Presidente Menocal acerca de los mejores medios para remediar dicha situación.

En los primeros días del mes de enero llegó el General Crowder a este puerto a bordo del crucero "Minnesota". Apenas inició sus trabajos, vióse que su propósito era imprimirle a los recursos electorales la mayor actividad posible a fin de que los Poderes Públicos pudieran quedar reorganizados en la fecha prevista por las leyes. Celebró a ese efecto numerosas conferencias con el Presidente de la República, con las representaciones de los Partidos políticos y con miembros de los Tribunales de justicia y de la Junta Central Electoral. Aquel y no otro fué su propósito. Influyó cerca de las Juntas Electorales y de los tribunales en tal sentido, siempre a título de consejero, nunca con tono de autoridad y en la propia forma obtuvo del Poder Ejecutivo la adopción de algunas de las medidas reclamadas por los liberales, entre otras, la alusiva a la supresión de los supervisores militares.

Los Partidos estaban contestes en que la cuestión quedara resuelta dentro de las vías legales; en acatar el fallo definitivo de los tribunales, cualquiera que fuese su resultado. En ese sentido se encaminaron siempre los consejos de Crowder.

Los tribunales anularon las elecciones en unos doscientos colegios; quedando las provincias, después de dichos fallos, en la siguiente situación: Pinar del Río ganado por la coalición y casi asegurado para ésta el triunfo en Oriente; la Habana en cambio y probablemente Las Villas, aseguradas por los liberales; en Matanzas y Camagüey, aunque la coalición quedaba con mayoría, no se podía asegurar el resultado definitivo.

Había pues que celebrar nuevas elecciones en los colegios anulados. El Partido Liberal otra vez insistió en que los nuevos comicios se efectuaran bajo la directa supervisión de los Estados Unidos y ante tales demandas limitóse Crowder a recabar dichas garantías de las autoridades cubanas.

Para el 15 de marzo fueron señaladas las elecciones complementarias; pero diez días antes acuerdan los liberales retraerse; según ellos, porque las garantías prestadas no eran suficientes para asegurar la libre emisión del sufragio; pero según sus adversarios, porque aquéllos, dándose cuenta de que no tenían margen suficiente para triunfar, habían preferido retraerse antes que resultar derrotados.

Celebradas las elecciones y decidido el triunfo en favor de la Liga Nacional, el Partido Liberal no quiso acatar este resultado. El candidato de éste, General José Miguel Gómez, se dirigió a Washington a pedir la nulidad de las elecciones y que se celebraran unas nuevas bajo la supervisión de los Estados Unidos; pero esta demanda fué desestimada por el Gobierno de dicha nación, según una "nota" que en 16 de abril publicó en la prensa la Legación en la Habana.

Se dijo en dicha "nota", que después de las elecciones, los dos Partidos habían acordado someter las controversias a los tribunales de justicia, utilizando al efecto los recursos de la Ley Electoral; que dichos tribunales habían deliberado ampliamente acerca del asunto, sin que en ningún caso hubieran sido tachados de incompetentes o parciales; que de la misma manera que el Partido Liberal había confiado a los tribunales los recursos relativos a la legalidad de las elecciones efectuadas el día 1º de noviembre, no había razón para que desconfiara de los fallos que hubieran podido dictar estos organismos acerca de la legalidad de las nuevas elecciones, las cuales, por lo demás, no había motivo para sospechar que no hubieran sido imparciales; que la petición de anular las elecciones y de celebrar otras, no podía ser tomada en consideración, no ya porque se apartaba de los procedimientos legales amparados por la Constitución cubana y la Ley Electoral, sino porque habría de crear un precedente que amenazaría el futuro desenvolvimiento de un gobierno estable en Cuba y que el candidato Presidencial de la Liga Nacional había sido electo y debía ser proclamado por el Congreso.

El Partido Liberal, prácticamente aceptó esta decisión, toda vez que muchos de sus representantes en el Congreso, concurrieron a la proclamación del candidato de la Liga, Dr. Alfredo Zayas.

En los momentos en que escribimos estas líneas, atraviesan nuestras relaciones con los Estados Unidos por un período de honda crisis. La inesperada baja del azúcar, nuestro principal producto, al sumirnos en una difícil situación económica,—que se hace aún más angustiosa ante la posibilidad de que el Congreso de la vecina República eleve considerablemente los derechos de importación sobre dicho producto—ha causado una merma lamentable en nuestros recursos fiscales y ha hecho que surjan no pocas dificultades en nuestras relaciones mercantiles con dicha Nación; hasta el punto de que el Gobierno de Washington ha creído de necesidad, la permanencia en la Habana del General Crowder. Nada podemos decir, por el momento, sobre la verdadera naturaleza de la misión del ilustre General. El público se entera de sus constantes visitas a la mansión del Ejecutivo, pero desconoce el verdadero tono de estas relaciones.

(B) PANAMÁ

Al terminar la primera mitad del siglo XIX, los Estados Unidos se encontraron, merced a las sucesivas adquisiciones, de la Louisiana en 1803, de la Florida en 1819 y de Tejas en 1845, en posesión de toda la costa septentrional del golfo de Méjico. Diríase que vinieron a ocupar en dicho golfo y en el mar de las Antillas, o séase en lo que se ha dado en llamar el "Mediterráneo Americano", la posición privilegiada que en esos lugares tuvo España.

No eran sin embargo los Estados Unidos, los únicos dueños de estos mares: tenían que compartir su dominio con la Gran Bretaña, que fiel a su tradición imperialista, había tenido buen cuidado de apoderarse de determinados lugares estratégicos. Con efecto, en distintas épocas, los ingleses se habían apoderado de las Islas Bahamas, que dominan la entrada del golfo de Méjico, de buena parte de las Antillas menores, que a su vez dominan la entrada del mar de este nombre, y de Jamaica, situada frente a la América Central; y como si la posesión de esas islas no les pareciera suficiente, en su afán de expansión y de dominio de todos los mares y todas las rutas, también se preocupan de poseer buenos lugares en tierra firme, y así vemos que se apoderan de parte de las Guayanas en el Continente Meridional y de Belice y Mosquitos, en la América Central.

Realmente, por el momento no había pugna entre los intereses de las dos naciones del habla inglesa. La zona que bañan el golfo de Méjico y el mar Caribe, es bastante extensa para que el señorío de dichos mares lo compartieran dos naciones que no eran enemigas. No había ningún interés ya creado que hiciera que la una viese a la otra con prevención; pero había en cambio un interés futuro, probable, suficiente para hacer nacer la rivalidad: la construcción de un canal interoceánico, proyecto cuya realización, en fecha más o menos próxima, parecía inminente y que concibió y acarició España, en fecha casi coetánea a la del descubrimiento.

Para la nación norteamericana, era de excepcional importancia que el proyecto de la comunicación de los dos océanos se realizara por ella y no por la Gran Bretaña. A lo largo de las costas que baña el Mediterráneo Americano, dice Coolidge, hay muchos lugares que ofrecen interés desde el punto de vista del comercio y de la estrategia, pero hay dos cuya importancia excede a la de los demás: uno es Nueva Orleans, en la extremidad septentrional del Golfo de Méjico, en la boca del río Mississippi, dominando el enorme sistema pluvial de los Estados Unidos, y el otro es el istmo de Panamá, situado en el extremo meridional del mar Caribe y por donde se habían de comunicar los dos océanos. Ocupado por los Estados Unidos, el primero de esos lugares, desde 1803, la posesión del otro, como medio de acometer después la construcción del canal, tenía que ser motivo de preocupación para esta República.

No era la República Norteamericana la única nación preocupada por el hecho de que la Gran Bretaña construyera el canal. De ese temor participaba también la que entonces se llamaba República de Nueva Granada, que se daba cuenta de que de realizar los ingleses dicha obra, adquirirían un ascendiente tan grande, política y comercialmente, en los asuntos de América, que las repúblicas latinas se verían seriamente amenazadas. Los Estados Unidos y Nueva Granada, participaban pues de un mismo sentimiento, el temor de que Inglaterra construyera el canal y esta comunidad de sentimientos hizo nacer el Tratado que concertaron aquellas dos repúblicas, en 10 de junio de 1846. Por este Tratado, los Estados Unidos garantizaban la neutralidad del istmo y el mantenimiento de su libre tránsito, así como los derechos de soberanía y propiedad que sobre el mismo ejercía Nueva Granada y a su vez el gobierno de esta nación, le garantizaba al de los Estados Unidos, que el derecho al tránsito a través de dicho istmo, por cualquier medio de comunicación en aquel entonces existente o que en lo sucesivo pudiera abrirse, estaría franco y expedito para los ciudadanos y el gobierno de los Estados Unidos y que sólo se podrían imponer a los hijos de esta nación y a sus mercancías, por su paso a través de cualquier camino o canal que se pudiera abrir, aquellas cargas o peajes que se cobraran en análogas circunstancias a los ciudadanos granadinos.

Poco tiempo después los Estados Unidos, hacen entrar al asunto en una fase totalmente distinta. Acabamos de ver que el temor a la posibilidad de que la Gran Bretaña construyera el canal, une en un Tratado a Nueva Granada y a los Estados Unidos, por el que éstos, de hecho, asumieron un protectorado sobre el istmo; pues bien, cuatro años más tarde, o séase en 19 de abril de 1850, el Gobierno de la propia República del Norte y el de Inglaterra, se unen a su vez en un Tratado—que se denominó Clayton-Bulwer, por el nombre de sus firmantes—para declarar que ninguna de las dos partes, obtendría ni tendría ningún control exclusivo sobre el canal, ni disfrutaría en cuanto a éste de ninguna ventaja que no fuese ofrecida, en iguales términos, a la otra y que las dos habrían de mantener la neutralidad de dicha vía.

¿Qué había pasado que pueda explicar la ocurrencia de cambio tan radical? ¿Qué motivos tuvieron los Estados Unidos para compartir con la Gran Bretaña las ventajas de su posesión? La presión de determinados intereses comerciales o económicos y la actitud de unos estadistas que pecaron de imprudentes, llevaron a los Estados Unidos a dar este paso del cual tanto se arrepintieron después. Veamos lo que había ocurrido.

Apenas adquirida California, inicióse hacia ella una corriente emigratoria estupenda, atraída por la perspectiva que ofrecían sus minas de oro; y como por donde resultaba más cómodo el trasporte desde dicha región a los Estados del Sur y del Este, era por mar, por medio de embarcaciones que tocaban en ambos lados del istmo, no tardó en organizarse una Compañía para construir un canal en Centro América. Los organizadores de la empresa discurrieron construirlo por Nicaragua, que era por donde parecía más realizable en aquel entonces la apertura de la vía. Pero se presentaba un obstáculo, aun después de obtenida del Gobierno Nicaragüense la correspondiente autorización: el canal debía atravesar la zona de Mosquitos, que estaba bajo la soberanía de la Gran Bretaña y se quería que el canal estuviera bajo el exclusivo control de los Estados Unidos. A fin de obviar esta dificultad, el Gobierno de Washington se dirigió al inglés con la pretensión de que éste renunciara sus derechos sobre dicho territorio. El Gobierno de la Gran Bretaña se negó a ello en forma rotunda; pero como al propio tiempo que formuló dicha negativa, sugirió a la cancillería americana la conveniencia de que se unieran las dos naciones por medio de un pacto, en que se conviniese que el canal que se construyera había de estar bajo la protección de ellas, en parte bajo la presión de los que estaban interesados en que se construyera el canal, en parte por el temor de que la nación inglesa se decidiera a realizar la empresa por sí sola, hubo de ser aceptada la referida contraproposición, surgiendo de este consentimiento el Tratado Clayton-Bulwer.

Apenas suscrito el Tratado, otros acontecimientos le quitaron importancia a tan magna y costosa obra, quedando demorada su realización. La construcción de un ferrocarril al través del istmo y el trazado de las paralelas del Ferrocarril "Union Pacific", en los Estados Unidos, hicieron a California más accesible, con lo cual quedaron colmadas, en gran parte, las aspiraciones de los que reclamaban la apertura del canal. Por su parte Inglaterra, con la perspectiva de la apertura del canal de Suez, tenía ya la ruta que necesitaba para comunicarse con los países de Oriente.

No hay duda de que el Gobierno de Washington había hecho un mal negocio. Movido por el deseo de que se realizase la apertura de un canal que pusiera en comunicación a los dos océanos, se había empeñado en un pacto por el cual, contradiciendo su política tradicional, compartía con una potencia europea la ingerencia en una región de la América; y ahora, la obra no se realizaba y la nación quedaba atada al pacto. La agitación de la cuestión esclavista, que cobró mayor intensidad en esta época y la guerra de secesión después, constituyeron una actualidad tan absorbente, que la opinión apenas reparó en los inconvenientes de aquel pacto; pero apenas terminada la contienda civil, cuando pudo la nación atender a otros problemas, ninguno la embargó tanto como el propósito, unánimemente sentido, de conseguir la nulidad del Tratado Clayton-Bulwer.

No tardó el Gobierno en dar pruebas de que participaba de ese sentimiento. En 1866, William H. Seward, Secretario de Estado, le encarga a Adams, Ministro en Londres, que explore con habilidad el ánimo de Lord Clarendon, Jefe del Gobierno inglés, para saber cómo acogería éste la pretensión de los Estados Unidos de tener una estación carbonera en Centro América. Se proyectaba la adquisición de la Isla de Tigre, situada en la costa del Pacífico; pero el diplomático norteamericano no encontró un ambiente favorable en la cancillería inglesa.

No se redujo a eso la actuación de Seward. Comprendiendo el gran interés de los Estados Unidos en la construcción del canal y deseoso de reafirmar la posición de la nación en Centro América, celebró tratados con Honduras, Nicaragua y Colombia, por los cuales los gobiernos de estas Repúblicas le reconocían al de los Estados Unidos el derecho de construir un canal interoceánico por sus respectivos territorios. El tratado con Colombia venía a reafirmar los derechos adquiridos por los Estados Unidos por el del año 1846, pero no obtuvo la ratificación del Senado.

Estos tratados infringían el que se concertó con la Gran Bretaña el año de 1850, según el cual, se compartiría entre esta nación y los Estados Unidos, los derechos y responsabilidades de la construcción del canal; pero Seward creía que el hecho de que hubieran transcurrido ya las circunstancias que había originado aquella convención y la de que su país tuviera, en la realización de la mencionada obra, un interés primordial al de todas las demás naciones, eran motivos suficientes para reconocer su preferencia en ese asunto. Durante el período presidencial del General Grant, se hicieron gestiones para la construcción del canal, las que revelan que se consideraba letra muerta el tratado Clayton-Bulwer. Por esta época se constituyó una Compañía con el propósito de cortar el istmo de Darien y explotar después el tráfico; pero fracasaron cuantas gestiones hizo Hamilton Fish, Secretario de Estado, para obtener del gobierno de Colombia, que le otorgara a dicha Compañía la oportuna concesión.

Con tales antecedentes, cuando en el pueblo norteamericano era unánime la opinión de que el canal se debía construir y controlar por los Estados Unidos, sobrevienen otros sucesos que ponen a esta nación ante el peligro de que fueran los europeos los que realizasen tan magna empresa.

En mayo de 1876 el Gobierno de Colombia le otorga al ciudadano francés Napoleón Wise, la concesión para construir el canal. Poco tiempo después se reúne en París un Congreso Internacional de Ingenieros, convocado por el Conde Lesseps, rodeado entonces del enorme prestigio que le daba el haber dado cima a la apertura del canal de Suez, y cuyo Congreso debía decidir acerca del lugar por donde se había de trazar la nueva ruta. Decidióse que la vía debía ser la de Panamá, y organizada la empresa en octubre de 1879, bajo la dirección de Lesseps, en febrero del año siguiente se iniciaron los trabajos en el istmo.

Frente a esa situación, frente al hecho de que fuese una compañía francesa la encargada de construir el canal, el gobierno de Washington no hizo nada. A pesar de que la opinión tenía y ya como cosa descontada, que dicha empresa habría de ser obra de los norteamericanos, se limitó aquel gobierno a recordar cuáles eran los derechos de los Estados Unidos con respecto a la futura vía. El Presidente Hayes, inspirándose en un informe que le rindió William M. Evarts, que ocupaba la Secretaría de Estado, hubo de referirse a este asunto en su mensaje de 8 de marzo de 1880, en estos términos:

El capital invertido por ciudadanos de otros países en tal empresa, necesita pedirle protección en alto grado, a uno o más de los grandes poderes del mundo. Ningún poder europeo puede intervenir para tal protección, sin adoptar medidas sobre este Continente, las cuales los Estados Unidos juzgarían del todo inadmisibles. Si la protección de los Estados Unidos es la otorgada sobre aquéllos, los Estados Unidos necesitan ejercer un control que capacite a este país para proteger sus intereses nacionales y mantener los derechos de las personas que invirtieron su capital en ese trabajo.

Un canal interoceánico a través del istmo americano, cambiará esencialmente las relaciones geográficas entre las costas del Atlántico y las del Pacífico de los Estados Unidos y entre los Estados Unidos y el resto del mundo. Será la gran vía de Océano entre nuestras costas del Atlántico y las del Pacífico y virtualmente será una parte de la línea de costas de los Estados Unidos. Nuestros intereses meramente comerciales, en ello son más grandes que los de todos los otros países, mientras que sus relaciones con nuestro poder y prosperidad como Nación, para nuestros medios de defensa, nuestra unidad, nuestra paz y nuestra seguridad, son materias de dominante importancia para el pueblo de los Estados Unidos. Ningún gran poder bajo circunstancias similares, dejaría de afirmar un justo control sobre una obra que afecta su interés y bienestar tan estrecha y vitalmente.

Sin que sea necesario avanzar más en ese campo de mi opinión, yo repito, para concluir, que los Estados Unidos, tienen el derecho y el deber de afirmar y mantener su supervisión y su autoridad sobre cualquier canal interoceánico a través del istmo que conecta la América del Sur con la del Norte, en tanto se requiera para proteger nuestros intereses nacionales. Yo estoy completamente seguro de que esto se considera, no sólo compatible, sino relacionado con un más amplio y más permanente avance para el comercio y para la civilización.

El Presidente James A. Garfield, que sucedió a Hayes, dijo en su discurso inaugural de 4 de marzo de 1881, que abundaba en las ideas de su antecesor en cuanto a que los Estados Unidos debían ejercer cierta supervisión y autoridad sobre el canal, como medio de proteger sus intereses.

Pero pronto tomaron las cosas un cariz que obligaron al Gobierno de Washington a adoptar una actitud más efectiva. Como llegara a conocimiento de dicho Gobierno, que las cancillerías europeas acariciaban el proyecto de unirse para declarar y garantizar la neutralidad del canal de Panamá, el Secretario de Estado James G. Blaine, en 24 de junio de 1881, le dirigió un despacho circular a dichas cancillerías, en que les hacía presente, entre otras cosas, que por el tratado del año 1846, concertado entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos, éstos se habían comprometido a garantizar la neutralidad del canal y que este pacto no necesitaba ser sostenido ni reforzado por las potencias europeas; que tratándose de una vía que habría de constituir un medio de comunicación entre los estados de la Unión del lado del Atlántico y los del Pacífico, tan importante que de hecho se la tendría que considerar como una parte de la línea de costas de los Estados Unidos, no era posible que éstos consintieran en la ingerencia en forma alguna en dicho lugar de las potencias europeas y que en tal sentido, la alianza proyectada sería considerada como un acto de hostilidad hacia ellos.

No se redujeron a eso las gestiones de Blaine, partidario decidido de que los Estados Unidos actuasen de manera enérgica en su política exterior: aprovechó cuantas ocasiones se le presentaron para desenvolver sus ideas. Creía que el canal debía estar bajo el control norteamericano exclusivamente y como el obstáculo principal lo constituía el Tratado Clayton-Bulwer, sin más rodeos le propuso a la Gran Bretaña se aviniera a su derogación. Sus notas al Gobierno de dicha nación, de 19 y 29 de noviembre del año que acabamos de citar, contienen dicha proposición. Afirmaba Blaine, en esas notas, que las circunstancias bajo las cuales se había estipulado el Tratado Clayton-Bulwer, ya habían desaparecido y era difícil que se reprodujeran; que un espíritu de amistad y de concordia aconsejaba la referida derogación, supuesto que no se podía negar que los Estados Unidos necesitaban, para la protección de sus intereses, el derecho de gobernar el canal.

A esas notas contestó el Ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, Lord Granville, en un despacho de 7 de enero de 1882, en que decía, que las relaciones entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, estaban claramente determinadas en el Tratado Clayton-Bulwer y no había nada que aconsejase la modificación de esta convención; que el canal, al poner en comunicación a los dos océanos y a toda la Europa, con la parte oriental del Asia, era una obra de tal magnitud, que interesaba no sólo a los Estados Unidos, sino a todo el mundo civilizado y que el hecho de que en los últimos años la nación norteamericana hubiera ganado en importancia, no era motivo suficiente para reconocerle el derecho exclusivo de controlar el canal; que el Canadá había progresado también y que su posesión era motivo de que la Gran Bretaña tuviera verdadero interés en los asuntos de América.

Poco tiempo después fué sustituído el Secretario Blaine, por Frederick T. Frelinghuysen y éste continuó gestionando la derogación del Tratado Clayton-Bulwer. Envió al Gobierno inglés diversas notas, pero a todas contestaba Lord Granville, alegando que no había motivo para que la Gran Bretaña alterase la situación creada por aquella convención.

El año 1884 fué elegido Presidente Grover Cleveland, candidato demócrata, frente al de los republicanos, que lo fué Blaine. La elección de Cleveland determinó un cambio radical en la política de la cancillería de Washington. Partidario decidido de la antigua política del "aislamiento", no perdió ocasión para declarar que se debía evitar que los Estados Unidos se vieran envueltos en complicaciones exteriores y que le convenía a la nación, antes que aventurarse en la conquista de nuevos territorios, desenvolver sus propios recursos, cultivar las artes de la paz. En consonancia con tales ideas, no es de extrañar que la política de Cleveland, en lo concerniente al canal, fuera opuesta diametralmente a la que desenvolvieron Blaine y Frelinghuysen.

En su primer mensaje anual de 8 de diciembre de 1885, después de consignar que no se sentía dispuesto a recomendar ninguna medida tendiente a asegurarle a la nación privilegios y derechos en el exterior, dijo refiriéndose a la construcción del canal:

Cualquiera vía que se construya al través de la barrera que separa las dos mayores superficies marítimas del mundo, debe ser para beneficio de éste, bajo la salvaguardia del género humano, libre del riesgo de caer bajo la dominación de una sola potencia, libre de ser un punto de cita para la guerra o presa de belicosa ambición.

La vuelta de los republicanos al poder, en 1889, con Harrison de Presidente, auguraba un cambio en la política exterior con respecto al canal. Declaró dicho Presidente, en su discurso inaugural de 4 de marzo del referido año, que el dominio de cualquiera potencia europea sobre el canal, constituiría un acto de manifiesta hostilidad hacia los Estados Unidos, supuesto que ese dominio sería incompatible con la seguridad y la paz de esta república. Pero ese mismo año ocurrió el fracaso ruidosísimo de la compañía francesa constructora del canal y dicha empresa, en parte por su desastre financiero y en parte por los grandes estragos que causaba entre los trabajadores las fiebres tropicales, se vió en el caso de tener que suspender las obras, cuando ya se había realizado la tercera parte de las mismas.

Fracasada la compañía francesa, pasaron algunos años sin que se volviera a agitar el proyecto de la apertura del canal, en el mundo de los negocios ni en el diplomático. Pero en esto sobrevino la guerra con España, en 1898, y los hechos que durante ésta ocurrieron y las consecuencias que de la misma se derivaron, hicieron que fuese nuevamente de actualidad para la nación norteamericana, la apertura y el control del canal. Las operaciones navales de la guerra, dice el profesor Chester Lloyd Jones, habían demostrado todos los inconvenientes que suponía para una nación, tener dos frentes de costas, separados por muchos miles de millas de Océano. El largo viaje que tuvo que realizar el acorazado "Oregon", para llegar a su destino, cuando encontrándose en el Pacífico, recibió órdenes de unirse a la escuadra que bloqueaba a Santiago de Cuba, fué una demostración gráfica, ante los ojos del pueblo, de la necesidad de construir la nueva vía.

Pero si la guerra demostró esa necesidad, las consecuencias de la misma no eran menos exigentes. Se habían adquirido nuevas posesiones en el mar Caribe y en el Océano Pacífico y era indispensable que las flotas se pudieran mover con facilidad de uno a otro mar. Agréguese a esto, que el comercio norteamericano, que había alcanzado un vuelo extraordinario, exigía la apertura de la nueva ruta y se comprenderá todo el interés que ofrecía para los Estados Unidos el istmo de Panamá.

Dándose cuenta de todo esto los estadistas norteamericanos, juzgaron que había llegado el momento de que se construyera "un canal americano para el pueblo americano". El primer obstáculo con que se tropezaba lo constituía el Tratado Clayton-Bulwer; pero este inconveniente, que pareció siempre insuperable, por el empeño del Gobierno de la Gran Bretaña de no modificar dicho tratado, iba ahora a desaparecer. Al cabo de medio siglo, la cancillería inglesa se avenía a derogarlo en obsequio de la República Norteamericana. ¿Qué había pasado?

Ningún hecho, ningún apremio obligaba a la Gran Bretaña a abandonar la posición que había obtenido y defendido desde el año 1850: fué la sagacidad de sus estadistas, que se dieron cuenta de que los tiempos habían cambiado, la que actuó en este caso. En más de una ocasión, desde la declaración de Independencia, dice Coolidge, se habían entibiado las relaciones entre las dos Naciones, pero durante la guerra con España, el pueblo inglés había dado tantas muestras de simpatía por el de los Estados Unidos, que en éste se despertó hacia aquél un verdadero sentimiento de gratitud. El Gobierno de Su Majestad Británica, dándose cuenta de que más le convenía mantener esa amistad, que continuar disputándole a los Estados Unidos la supremacía en los mares de las indias occidentales, predominio que a esta nación le era indispensable ejercer por el desarrollo que había alcanzado, juzgó prudente acceder a la derogación del Tratado Clayton-Bulwer, que tan ventajosa posición le daba a la nación inglesa en aquellos mares y que constituía el único obstáculo que embarazaba aquella supremacía. Otros acontecimientos que ocurrieron después, han demostrado cuan prudente y previsora fué esta renuncia del Gobierno de la Gran Bretaña, en obsequio de los Estados Unidos, a la posición tan legalmente adquirida por aquel tratado.

El profesor John Holladay Latané en su obra The United States and Latin-America, recientemente publicada, explica por su parte en los siguientes términos, los motivos que indujeron a la Gran Bretaña a acceder a la derogación del Tratado Clayton-Bulwer:

El cambio en la actitud de Inglaterra es fácil de comprender. Durante los cien años que siguieron a la batalla de Trafalgar, Inglaterra estuvo preocupada en mantener una escuadra lo suficientemente poderosa para dominar, ella sola, todas las rutas comerciales. Con el rápido crecimiento de las escuadras de Rusia, Japón y Alemania, durante los últimos años del siglo XIX, dióse cuenta de que no se podía mantener en el aislamiento en que vivía. Nuestra adquisición de las Filipinas, Haway y Puerto Rico y nuestra determinación de construir el canal al través del istmo nos impusieron la necesidad de poseer una encuadra poderosa. Convencióse entonces la Gran Bretaña, de que necesitaba celebrar alianzas y fué esta idea la que la llevó a concertar con nosotros el Tratado Hay-Pauncefote en 1901 y con el Japón la alianza defensiva del año 1902. Dióse cuenta también de que los Estados Unidos estaban decididos a llevar a cabo el proyecto, por tanto tiempo acariciado, de construir el canal y de que la insistencia en mantener los derechos adquiridos por el tratado Clayton-Bulwer, acabaría por llevar a las dos naciones a un conflicto y previsoramente decidió abandonar la posición que había mantenido durante medio siglo y dejarnos las manos libres en la adquisición y el control del canal, por cualquier punto que lo quisiéramos construir. La firma del Tratado Hay-Pauncefote, significó pues, el reconocimiento por parte de la Gran Bretaña, de que el interés que tenían los Estados Unidos en el Caribe era de carácter predominante. Hubiera sido imprudente querer desconocer ese hecho. Desde entonces nadie ha discutido la supremacía de los Estados Unidos en esta área.

Las negociaciones relativas a la derogación del referido tratado fueron confiadas, por parte del gobierno de los Estados Unidos, al Secretario de Estado John Hay y por parte de su Majestad Británica, a Lord Pauncefote, Embajador en Washington. Los primeros esfuerzos de estos diplomáticos culminaron en un proyecto de tratado que fué suscrito en 5 de febrero de 1900 y que rechazó el Senado de los Estados Unidos. Según este proyecto, que dicho alto cuerpo juzgó que no garantizaba suficientemente los intereses de la nación, el canal habría de ser natural y los Estados Unidos no podrían fortificarlo. El Gobierno de la Gran Bretaña no tuvo inconveniente en celebrar un nuevo tratado que satisficiera mejor las aspiraciones del de Washington; y puestos de acuerdo nuevamente los dos diplomáticos, en 18 de noviembre del año 1901, concertaron otra convención que esta vez aprobó el Senado. Según este convenio, que derogó el Tratado Clayton-Bulwer, el canal habría de ser construído bajo los auspicios de los Estados Unidos y aunque éstos tendrían el exclusivo derecho de proveer a su manejo y de fortificarlo, quedaría libre y abierto a los barcos mercantes y de guerra de todas las naciones.

Eliminado con la derogación del Tratado Clayton-Bulwer, el obstáculo que le impedía a los Estados Unidos realizar la apertura del canal, el Gobierno de Washington decidió acometer cuanto antes esta obra. Era necesario resolver, en primer lugar, cuál de las dos vías proyectadas se utilizaba, la de Nicaragua o la del istmo. La opinión pública era partidaria de la vía de Nicaragua, pero la comisión de Ingenieros, nombrada para estudiar el asunto, se decidió por la de Panamá y aceptado su dictamen por el Gobierno, se convino en comprarle a la antigua compañía francesa sus derechos, obras y materiales. Había que dar otro paso. Era necesario que el Gobierno de la República de Colombia, consintiera en esta venta, y que se aviniese a estipular en un nuevo tratado, los derechos que habrían de tener los Estados Unidos con respecto al canal, ya que se juzgaba que la convención concertada con Nueva Granada en 1846 y que estaba vigente, no brindaba suficiente garantía a los intereses de la República norteamericana.

Para establecer las nuevas relaciones, el Gobierno de los Estados Unidos designó al Secretario de Estado, John Hay, uno de los funcionarios que ha dejado huella más intensa de su paso por dicho cargo, y el de Colombia a Tomas Herran, Encargado de Negocios en Washington. Puestos ambos de acuerdo, redactaron un tratado que fué suscrito en 22 de enero de 1903. A tenor de este tratado, el Gobierno de Colombia autorizaba al de los Estados Unidos para comprar los derechos, obras y materiales de la compañía francesa e igualmente lo autorizaba para adquirir perpetuo control sobre una zona en el istmo de Océano a Océano, de diez millas de ancho, para el trazado del canal; no obstante lo cual, Colombia conservaría su soberanía sobre dicha zona y habría de recibir en compensación, $10,000.000.00 de contado y $250.000 anuales.

En 17 de marzo de 1903, fué aprobado dicho tratado por el Senado de los Estados Unidos; pero como no le cupiera la misma suerte en el de Colombia, el Gobierno de Washington decidió terminar sus relaciones diplomáticas con esta nación y a ese efecto dispuso la retirada del Ministro acreditado en Bogotá.

El fracaso del tratado produjo una profunda impresión de desagrado en el pueblo panameño, que tenía cifradas sus esperanzas en la prosperidad y bienestar que le habría de reportar el canal. No menos desastroso fué el efecto que produjo el propio hecho en la compañía francesa que inició la construcción de la obra. La concesión de ésta vencía en octubre de 1904 y el abandono por parte del gobierno de los Estados Unidos del proyecto de construir el canal por Panamá, significaba para dicha empresa, la pérdida completa del dinero invertido en las obras y materiales existentes y las cuales aquel Gobierno se había comprometido comprar. Deseosos sus agentes de evitar semejante desastre, dirigidos por el Ingeniero de la misma, el ciudadano francés Felipe Bunau Barilla, discurrieron como medio único de impedir aquella ruina, provocar una ruptura entre Colombia y la provincia del istmo. Contaban para ello con el malestar existente en la población de Panamá y con el sentimiento de hostilidad que siempre había latido en ésta contra Colombia y que se había traducido en un buen número de revoluciones y en la organización en dos ocasiones de un gobierno independiente.

A fines del mes de octubre del referido año 1903, el sentimiento público en Panamá contra Colombia era tan evidente, que el Gobierno de Bogotá juzgó necesario enviar refuerzos a aquella provincia. Enterado de ello Manuel Amador, que fungía de jefe de la conspiración, en 29 de octubre envió el siguiente cable a Bunau Barilla que se encontraba al frente de la junta revolucionaria que actuaba en New York: "Tenemos noticias de que dentro de cinco días han de llegar fuerzas de Colombia, las que desembarcarán por el lado del Atlántico. Vienen más de 200 hombres. Urgen barcos de guerra en Colón."

Al día siguiente de haber llegado este cable a su destino dice el profesor Jones, antes citado, el Comandante del crucero "Nashville", anclado en Kingston, Jamaica, recibía otro de su gobierno, concebido en estos términos: "Diríjase a Colón; telegrafíe en cifra la situación, después que se consulte con el Cónsul de los Estados Unidos." El comandante de dicho crucero cumplió tal encargo; se dirigió a Colón y dió cuenta a su gobierno de la situación y en 2 de noviembre recibió orden de evitar el desembarco de las fuerzas de Colombia, si esto podía ocasionar un conflicto con el gobierno revolucionario y que de todas maneras mantuviera libre el tránsito por el ferrocarril que atravesaba el istmo. Ese mismo día, cuando aún no había estallado la revolución, por más que era ya cosa inminente, llegan a Colón 500 soldados colombianos. El comandante del "Nashville" no puso inconveniente al desembarco de dichas fuerzas; pero les prohibió trasladarse por ferrocarril a la Ciudad de Panamá. Casi al mismo tiempo que llegaban las fuerzas colombianas, desembarcaba la marinería del referido crucero con objeto de mantener el orden, así como el libre tránsito por el ferrocarril.