SEGUNDA PARTE LA DOCTRINA DE MONROE

I SU ANTECEDENTE: LA POLÍTICA DEL "AISLAMIENTO" O DE "LAS DOS ESFERAS"

El movimiento revolucionario de las trece colonias inglesas de la América del Norte, que culminó en su independencia, ofrece un sello especial: no fué obra de la pasión exaltada ni de un mero sentimentalismo; fué el producto de una voluntad reflexiva y consciente, inspirada en el más sincero y juicioso patriotismo. En la generalidad de las revoluciones ocurre cosa bien distinta: las huellas más marcadas las traza la pasión desordenada, o un sentimiento mal inspirado y peor dirigido.

En la revolución de los Estados Unidos, los Washington, los Hamilton, los Madison, los Franklin, el grupo de hombres que de tan sabia manera supo guiar los destinos de aquel gran pueblo, tuvo una intención deliberada: constituir un gobierno adecuado y estable, y acarició al propio tiempo el ideal de que su patria llegara a ser poderosa y grande.

Pero los "Padres de la República" se dieron cuenta de que para que la "Unión" perdurase no bastaba con levantar el edificio de la confederación en condiciones de estabilidad, sino que era necesario además, por su misma conveniencia y seguridad, mantener a la nueva nacionalidad completamente separada, ajena a las luchas y problemas de Europa. Pensando en esa finalidad, trazaron idealmente, en mitad del Océano Atlántico, una línea divisoria entre el Nuevo y el Viejo Continente.

Esa idea, ese presentimiento, hizo nacer en la mente de estadistas y patriotas la política del "aislamiento" (isolation) o de las "dos esferas" (two spheres), y tuvo dicha política su mayor arraigo y fuerza en la creencia popular, más generalizada entonces que ahora, de que los dos continentes, en todos los órdenes, eran cosa absoluta y totalmente distinta.

Se puede decir que esa política fué concebida desde años antes de que se reuniera la Convención de Filadelfia.

En noviembre de 1782 conversaban en París John Adams y Mr. Oswald, Comisionado para tratar de la paz por el Gobierno Británico, y el primero le decía al segundo:

No dude usted que las naciones de Europa se esforzarán en atraernos dentro de su sistema político, pero nuestro interés está en mantenernos alejados de todo eso.

En 1788, por la época en que se discutía la actual Constitución, Washington le escribía a Sir Edward Newenham y se expresaba así:

Confío en que los Estados Unidos se sabrán mantener alejados del intrincado laberinto de las guerras de Europa y de su política, y que antes de poco, y merced a la adopción de un buen gobierno, nos haremos respetables ante los ojos del mundo, hasta tal punto, que las naciones que tienen posesiones en este Continente no podrán por menos que tratarnos con todo género de consideraciones.

En 1793, el Secretario de Estado, Thomas Jefferson, temía que la posesión de Louisiana y de la Florida hiciera a estos territorios teatro de las luchas entre Inglaterra, Francia y España, y le escribe al Ministro en Madrid que no éntre en ningún pacto o alianza que envuelva a los Estados Unidos en esa discordia.

Al estallar la guerra entre Francia e Inglaterra, Jorge Washington, por su declaración de 5 de junio de 1794, ordenó a sus conciudadanos que observaran la más absoluta neutralidad.

Dos años más tarde, al abandonar el poder, tuvo ocasión de exponer los principios de la política del aislamiento en su famoso discurso de despedida de 17 de septiembre de 1796, en los términos siguientes:

Seamos sinceros y justos en nuestras relaciones con todas las naciones. La religión y la moralidad nos aconsejan esta línea de conducta, que es inmejorable. Dentro de poco tiempo podremos ofrecerle a la humanidad el ejemplo de un pueblo guiado por sentimientos de justicia y de bondad.

Aconsejo a mis conciudadanos que se prevengan contra las influencias extrañas, que estén alerta, pues el mayor enemigo de un gobierno republicano es esa influencia extranjera. Nuestra línea de conducta debe ser la de estrechar nuestras relaciones comerciales con las otras naciones, pero apartarnos, al propio tiempo, de toda conexión política con ellas.

Europa tiene un conjunto de intereses que son motivo de frecuentes controversias y con los cuales sostenemos muy remotas relaciones. En tales circunstancias sería una imprudencia ligarnos por lazos artificiales a alianzas o combinaciones amigas o enemigas.

La distancia, más que nada, nos aconseja seguir por otro rumbo.

¿Para qué perder las ventajas de nuestra situación? ¿Para qué abandonar nuestro terreno y nuestra situación? ¿Para qué abandonar nuestros destinos y mezclarnos en las luchas, rivalidades y ambiciones de las naciones de Europa? La prudencia aconseja que no nos alejemos de la política que consiste en no entrar en ninguna alianza con las naciones extranjeras.

John Adams, sucesor de Washington en la Presidencia de la República, perseveró en la misma política. En mensaje especial de 16 de mayo de 1797, dijo:

Bajo ningún concepto debemos envolvernos en el sistema político de Europa. Debemos estar prevenidos para no vernos atraídos al lado de ninguno de los grupos de naciones que forman la balanza de los poderes; así lo aconseja nuestro interés.

Jefferson, a su vez, sucedió a Adams y mantuvo la misma política. En su mensaje de 18 de octubre de 1803, expuso los mismos principios ya enunciados por Washington y por Adams.

Pero la política del "aislamiento" o de las "dos esferas", no se redujo a mantener a los Estados Unidos completamente apartados de toda ingerencia en los asuntos y problemas del Viejo Continente. A juicio de los estadistas norteamericanos, había que prevenirse también contra la posibilidad de que los territorios vecinos cayeran en manos de alguna gran potencia, toda vez que esto, al par que los obligaría a adoptar grandes precauciones militares, impediría la tan anhelada separación entre los asuntos europeos y los norteamericanos.

Algunos de los territorios inmediatos a los Estados Unidos estaban en poder de España, pero eso no preocupaba al Gobierno de los Estados Unidos. Aquella nación, aniquilada, empobrecida, en aquel entonces ni en el futuro podía ser un peligro para la naciente República. El peligro estaba en la posibilidad de que alguna de esas posesiones se desprendiera del poder de España y entrara a formar parte del dominio de potencias tan fuertes como Inglaterra o Francia. Contra ese peligro siempre estuvo prevenida la cancillería norteamericana.

A fines del año 1800, King, Ministro de los Estados Unidos en Inglaterra, en una conversación con el Primer Ministro, Lord Hawkesburg, le hizo presente que su gobierno estaba tranquilo con que las Floridas permanecieran en poder de España, y que de ser transferidas, sólo podían serlo a la nueva República.

En abril de 1803, el propio embajador le hace análoga manifestación al Gobierno inglés con respecto a la Louisiana y obtiene seguridades, por parte de éste, de que no se hará nada que perjudique a los intereses de los Estados Unidos.

En 1808, el Presidente Jefferson le escribe al Gobernador Claiborne, de Louisiana, en estos términos:

Estamos satisfechos con que Cuba y Méjico continúen en su actual situación; y veríamos con verdadero desagrado que, política o comercialmente, pasaran a ser una dependencia de Inglaterra o Francia. El interés de aquellos pueblos y el nuestro está muy ligado y es el mismo: excluir de este hemisferio toda influencia europea.

Tres años más tarde, y a solicitud del Presidente James Madison, esta política mereció la sanción del Congreso, en la forma que se va a ver. A principios del año 1811 había fundados temores de que Inglaterra ocupase parte de la Florida, entonces en poder de España; y como Madison le recomendara al Congreso, por medio de un mensaje, que hiciera a nombre de la nación alguna declaración protestando contra esa probable ocupación, el 15 de enero de ese año el Poder Legislativo, reunido en sesión secreta, acordó la siguiente resolución:

Teniendo en cuenta la situación anormal por que atraviesan España y sus provincias americanas, y teniendo en consideración la importancia que para la seguridad, tranquilidad y comercio de los Estados Unidos ha de tener la suerte de los territorios limítrofes, situados al Sur, se resuelve: que los Estados Unidos, bajo las críticas circunstancias imperantes, no pueden ver sin inquietud que parte de los referidos territorios pasen a manos de otra potencia; y a ese efecto, y velando por su propia seguridad, habrán de ocuparlos, si las circunstancias así lo demandaren.

Con lo expuesto quedan referidos cuáles fueron los primeros actos de los estadistas norteamericanos que dieron vida a la política del "aislamiento" o de las "dos esferas". La seguridad y la conveniencia de los Estados Unidos la hicieron nacer; pero hemos de ver después que de aquella política se derivó la doctrina de Monroe y en fecha reciente la acción de predominio en el mar Caribe; sostenidas, en parte por aquellas ideas de seguridad y en parte por otros sentimientos y aspiraciones.

II SUS ORÍGENES

La insurrección de las colonias españolas del Continente americano encontró en los norteamericanos franca simpatía. Este es un hecho de evidencia innegable y de fácil explicación. Los norteamericanos habían hecho surgir su nacionalidad al calor de su amor al republicanismo, y por fuerza tenían que sentirse identificados con aquellos pueblos que moraban en el mismo Continente, que como ellos tenían su origen en la colonización europea, y que sobre todo aspiraban a la independencia inspirados y alentados por su ejemplo.

Que los hombres que por aquella época ejercían los poderes públicos en los Estados Unidos participaban de ese estado de opinión, está demostrado por muchos antecedentes que figuran en documentos oficiales.

Véase la resolución del Presidente de la República enviando un cónsul a Caracas, a mediados del año 1810, como respuesta a la solicitud de la "Junta" de dicha ciudad reclamando el envío de ese funcionario, después de decretada la libertad de comercio; las frases que se emplean en la comunicación de 19 de diciembre de 1811, por la que el Secretario de Estado, a nombre del Presidente, avisa el recibo de la notificación que se le hace de la declaración de Independencia de las "Provincias Unidas de Venezuela", así como el dictamen de un Comité especial, a que fué deferida dicha "Declaración", en la Cámara de Representantes, y por el que se recomendaba se incitase a los revolucionarios para que perseveraran en sus esfuerzos; los términos del Mensaje Presidencial de 2 de diciembre de 1817, en que por el primer magistrado se le expone al Congreso que en la lucha entre España y sus colonias había puesto todo su empeño en tratar bajo el mismo pie a los dos bandos contendientes, manteniéndose neutral y permitiendo a unos y a otros abastecerse en los puertos de la nación; léanse esos y otros documentos de aquella época, relativos a la misma materia, y se comprobará la exactitud de nuestra afirmación.

Pero nada de esto es comparable al paso que dió la Cancillería Americana en pro de la Independencia de aquellas colonias, el año 1818, esto es, cuando aún no había reconocido dicha Independencia y cuando todavía el poder de España combatía la rebelión. Inmediatamente nos vamos a referir a él.

La "Santa Alianza", la liga sombría y funesta que para acabar con todas las libertades, como medio de afirmarse en sus tronos, idearon los soberanos de Europa, se había constituído en 1815, y en 1818 debía celebrar sus sesiones en Aix-La-Chapelle. Entre los asuntos que iban a ser materia de discusión ocupaba lugar la manera de mantener el poder de España en sus colonias.

El Gobierno de Washington se enteró de que por algunos de los de Europa se pretendía recabar el apoyo de los Estados Unidos en aquella empresa, y en 31 de julio del año a que nos referimos, Richard Rush, en aquel entonces Ministro en Londres, procediendo de acuerdo con instrucciones de la Secretaría de Estado, le hizo saber a Lord Castlereagh, Ministro de asuntos exteriores, que el Gobierno de los Estados Unidos, tras detenida deliberación, había resuelto no tomar parte, bajo ningún concepto, en ningún plan de pacificación que tuviera otra finalidad que no fuera la de la independencia de las colonias. Análoga manifestación hicieron a los Gobiernos de Francia y Rusia los Enviados de los Estados Unidos ante los mismos.

Al enterarse el Gobierno Inglés de la resuelta actitud de los Estados Unidos, le retiró todo su apoyo al proyecto de la Santa Alianza de someter las revueltas colonias.

La Gran Bretaña se colocaba en una situación eminentemente práctica. Por arriesgarse en una empresa cuyas consecuencias desconocía, no se iba a atraer el odio de los pueblos de la América del Sur y a perder el magnífico comercio que con los mismos había emprendido y que hasta entonces estuvo monopolizado por España. Ni siquiera podía seducirla la adquisición de nuevos territorios, pues la India, Australia y el Africa del Sur ofrecían ancho campo a su actividad exterior.

Si algún temor hubo de quedar con respecto a la actitud que en lo futuro pudiera adoptar Inglaterra, quedó desvanecido poco tiempo después, el año 1822, cuando, con ocasión de reunirse la Santa Alianza en Verona, protestó aquella nación, por boca del Duque de Wellington, en términos tan enérgicos contra el acuerdo de que Francia pudiera intervenir en España con objeto de restablecer el orden, y contra aquel otro por el que se eliminaba la representación popular y se suprimía la libertad de imprenta, que de hecho quedó separada de la Santa Alianza; y sin su cooperación parecía aventurado que las otras naciones se arriesgaran en la empresa de someter a las colonias.

El mes de abril del propio año en que se reunió el Congreso de Verona y cuando todavía combatía España en suelo americano, por no perder su soberanía, el gobierno de Washington reconoció la independencia de las nuevas nacionalidades.

Este hecho, revelador de la actitud de los Estados Unidos—francamente favorable a los nuevos Estados—, unido al de la desviación de Inglaterra del proyecto de la Santa Alianza, de someter a las colonias, parecía alejar todo peligro de que España recuperase sus perdidos dominios. Pero no era así: hemos de ver inmediatamente cómo al año siguiente la funesta Santa Alianza se ofreció más amenazadora que nunca.

En el verano del año 1823, después que las huestes francesas invadieron con éxito la península española, se aseguraba como cosa corriente, en todas las cancillerías, que el próximo paso que daría Francia, respaldada por la Santa Alianza, sería el de ayudar a España a mantener, recobrar, mejor dicho, su dominación en las colonias.

A Inglaterra le infundía serios temores la probabilidad de que tal empresa se realizara, no ciertamente por la suerte que pudieran correr los nuevos Estados, pues no había reconocido su independencia, como ya lo habían hecho los Estados Unidos, sino porque, según antes se había dicho, iba a perder su cada vez más próspero comercio con las antiguas colonias, dado que en aquella época sólo la Metrópoli podía comerciar con sus posesiones, y, además, porque iba corriendo el peligro de que Francia obtuviera compensaciones territoriales y fuera a convertirse, de esa manera, en fuerte rival suyo como potencia colonial.

El Gobierno Inglés pensó en prevenirse contra ese peligro, y como conocía ya la opinión del pueblo norteamericano, hacia éste volvió la vista. Véase cómo procuró un acercamiento con el gobierno de Washington, para evitar la posible acción de la Santa Alianza en Hispano-América.

En 16 de agosto de 1823, George Canning, Ministro de Relaciones Exteriores en el Gabinete Británico, sostuvo una conversación con el Ministro de los Estados Unidos, Richard Rush, y después de exponerle el hecho de que hacía pocas semanas le había significado al gobierno de París, por medio de una "nota", que Inglaterra estaba confiada en que Francia no se prevalería de su posición para obtener concesiones territoriales en las posesiones españolas, hubo de manifestarle que, a su juicio, los Estados Unidos pensaban de la misma manera; y que el hecho solo de que las naciones de Europa vieran a éstos y a su nación abundando en la misma opinión, sería suficiente para evitar la proyectada acción militar.

Cuatro días después, o sea el 20 de agosto, quiso Canning ser más preciso y hubo de librarle una comunicación al diplomático norteamericano proponiéndole que los dos se unieran, a nombre de sus respectivos gobiernos, para formular estas declaraciones:

1º—Consideramos imposible la reconquista de las colonias por España.

2º—Consideramos la cuestión de su reconocimiento como Estados independientes, sujeta al tiempo y a las circunstancias.

3º—No estamos, sin embargo, dispuestos a poner obstáculos para un arreglo entre ellas y la madre patria, por medio de negociaciones amistosas.

4º—No pretendemos apropiarnos ninguna porción de esas colonias.

5º—No veríamos con indiferencia que una porción de ellas pasase al dominio de otra potencia.

En 23 de agosto Rush le acusó recibo a Canning de su proposición, en términos admirables. Le expuso que tenía la seguridad de que el Gobierno de Washington abundaba en el mismo parecer que el de Londres, y que en ese sentido no tendría inconveniente en formular las cinco declaraciones en cuestión, pero que la forma de hacer dichas declaraciones es lo que él no podía decidir sin antes recibir instrucciones; y aprovechó la ocasión para hacer resaltar, por cierto que con mucha delicadeza, el hecho singular de que Inglaterra, que tanto se preocupaba al parecer de la suerte de las colonias, no hubiera reconocido aún su independencia. Expresóse en estos términos:

Los Estados Unidos ya han reconocido la independencia de las provincias españolas de la América y lo único que desean es ver mantenida dicha independencia en condiciones de estabilidad, para ventura y provecho de las mismas y del resto del mundo. Para el mejor éxito de esta finalidad nada sería más conveniente que el hecho de que las naciones de Europa, muy especialmente la Gran Bretaña, recibieran a las referidas provincias en la familia de las naciones.

¿Por qué el diplomático norteamericano, al consignar que aunque tenía la seguridad de que su Gobierno participaba del pensamiento encerrado en las cinco declaraciones, aseveraba que desconocía la forma en que podría formularlas?

La explicación la revelan los términos de la comunicación que el propio día 23 de agosto le dirigió Richard Rush al Secretario de Estado al remitirle la proposición del Ministro inglés. Le llamaba la atención a su Gobierno con respecto al peligro que podría encerrar tomar una medida que los envolviera en el sistema político europeo, y que por otra parte podría acarrearles la enemistad de Francia, que por sí sola, a su juicio, no podía emprender tan magna empresa.

Se ve, pues, que Rush no creía conveniente que los Estados Unidos dieran paso alguno que implicara una negación del principio de "las dos esferas".

El día 31 del propio mes de agosto, Canning hubo de dirigirle otra comunicación a Rush, que éste, a su vez, remitió a Washington, donde llegó el 5 de noviembre, exponiéndole que las proposiciones que le había hecho eran meramente confidenciales, desprovistas de todo carácter oficial; pero, en cambio, en 18 y 26 de septiembre, le consultó si, caso de reconocer la Gran Bretaña la independencia de las provincias españolas, los Estados Unidos suscribirían las declaraciones propuestas, a lo que contestó el diplomático norteamericano que nada resolvería mientras no tuviera instrucciones.

Rush, en una comunicación fechada en 10 de octubre y que llegó al Departamento de Estado el 19 de noviembre, reveló estar al cabo de cuáles eran los móviles que guiaban a la Gran Bretaña en este asunto:

No la guía—decía—ninguna buena disposición hacia la Independencia de los nuevos estados... No se inspira más que en su interés y en su ambición, y hasta no me extrañaría que en el fondo estuviera de acuerdo con el propósito de la Santa Alianza de suprimir en Europa las reformas populares.

En 22 de octubre Rush vuelve a escribir para decir que Canning guardaba completo silencio en el negocio en cuestión, que nada le había vuelto a decir sobre el particular.

En 24 de noviembre Canning y Rush celebran una conferencia, en la que el primero le da cuenta al segundo de la que a su vez había celebrado el día 9 de octubre con el Embajador francés Príncipe de Polignac.

Le expuso que en esas conferencias él había declarado que la Gran Bretaña permanecería neutral en la disputa entre España y sus colonias, a menos que promediara en dicha lucha alguna potencia extranjera; que no aspiraba a ventajas territoriales, sino a sostener relaciones de amistad y comercio con las referidas colonias, y que reconocería la independencia de éstas caso de que alguna nación interviniera en el referido conflicto, ya por la fuerza, ya por medio de la amenaza.

Asimismo le dió a conocer a Rush que el Príncipe de Polignac, por su parte, había declarado que Francia no se aprovecharía de las ventajas de su situación en España para realizar adquisiciones territoriales en América, y que no emprendería contra las colonias acción alguna por medio de las armas.

Ahora Rush se lo explicaba todo. Canning fué a buscar alianzas con los Estados Unidos cuando temió que Francia aprovechara su situación para conseguir buenas posiciones en la América, y desistió de ese empeño cuando esta nación le dió la seguridad de que no iba a emprender ese camino.

Veamos ahora qué acogida se había dispensado en Washington, mientras tanto, a las proposiciones de Canning.

El Presidente de la República, James Monroe, quiso oir la opinión del ex Presidente Jefferson, y éste la expuso por medio de una carta fechada en 22 de octubre.

Dijo Jefferson, en esa carta, que tanto la América del Norte como la del Sur tenían un sistema distinto al de Europa, razón por la cual debían mantenerse alejadas de las cuestiones y disputas de ésta; que la única nación europea de quien se podía temer algo, por su potencia, era la Gran Bretaña, y que si ésta se desprendía del bando enemigo para engrosar el de los gobiernos libres, la suerte de éstos estaba decidida. En ese sentido mostrábase partidario de la alianza con la Gran Bretaña.

En parecidos términos se expresó el ex Presidente Madison, a quien Monroe también pidió consejo.

A principios de noviembre del año 1823, a que nos venimos refiriendo, el Presidente Monroe dió cuenta con este asunto de las proposiciones de Canning a su Gabinete. En un principio pareció inclinado a que los Estados Unidos hicieran conjuntamente con la Gran Bretaña las declaraciones propuestas por Canning; pero alguien que había en ese Gabinete, y que, tanto por el temple moral de su carácter como por su patriotismo y talento, figura entre los primeros ejemplares de la gran democracia americana, hizo ver a todos la verdadera situación. Nos referimos a John Quincy Adams, a la sazón Secretario de Estado. Hizo ver a todos, con su extraordinaria sagacidad, que lo que buscaba hábilmente la Gran Bretaña al procurar esa liga con los Estados Unidos era, más bien que oponer una barrera a las pretensiones de la Santa Alianza, impedir a éstos excederse de los linderos de su territorio en lo futuro. Siguiendo esta opinión el Presidente, abandonó la que le indicaba Calhoun, otro de sus Secretarios, que se mostraba partidario de darle un voto de confianza a Rush. En definitiva, nada se acordó sobre las proposiciones de Canning.

Hemos narrado punto por punto todos los detalles relacionados con las proposiciones de Canning, con toda intención. Por muchos se consideran las gestiones de Canning en este asunto como causa de la enunciación de la famosa doctrina de Monroe, a que después nos referiremos, cuando no es así.

Toda la significación y trascendencia de las proposiciones de Canning queda señalada. No produjeron otras consecuencias que las que dejamos dichas. El verdadero origen de la doctrina de Monroe hay que buscarla en una causa mediata: el deseo del Gobierno de Washington de evitar que la Santa Alianza trajera a América sus principios reaccionarios, y en otra inmediata: la actitud adoptada por la Cancillería Americana con ocasión de determinadas situaciones que sobrevinieron en las relaciones diplomáticas con Rusia, y a que a renglón seguido nos vamos a contraer.

En 16 de septiembre del año 1821 el Emperador de Rusia expidió un úkase prohibiéndole a los extranjeros comerciar y navegar dentro de una zona de cien millas italianas, situada entre la costa noroeste de América, el estrecho de Behring y el paralelo número 51 de latitud norte.

La Gran Bretaña y los Estados Unidos se creían con derecho a esa zona, y sus respectivos gobiernos protestaron contra aquella disposición.

En 17 de julio de 1823 el Secretario de Estado J. Q. Adams se encontraba tratando de este asunto con el Barón de Tuyl, Ministro ruso, y hubo de hacerle esta arrogante declaración que resumía su manera de pensar en el asunto y que era una expresión del estado general de la opinión ante las amenazas de Europa:

Le negamos a Rusia derecho a ningún establecimiento territorial en este Continente, y desde ahora proclamamos el principio de que los Continentes americanos, en lo futuro, no serán objeto de nuevas colonizaciones por parte de Europa.

Cinco días después, Adams le enviaba instrucciones a Middleton, Ministro en Rusia, con respecto a este asunto, y le decía:

Ninguna ocasión más a propósito que ésta para expresarle al Gobierno de Rusia, con toda franqueza, que el mantenimiento de la paz y el interés mismo de Rusia son incompatibles con el establecimiento, por esta nación, de nuevas posesiones en el Continente Americano. Con excepción de las colonias británicas situadas al Norte de los Estados Unidos, el resto de los dos Continentes no debe ser gobernado más que por manos americanas... Negamos, pues, el derecho de Rusia a establecer colonias en este Continente... Las nuevas repúblicas americanas sentiríanse intranquilas si vieran a Rusia de vecina con los Estados Unidos; esto aparte de que las pretensiones rusas en esta materia resultan incompatibles con las de la Gran Bretaña.

Obsérvese que esta declaración de Adams está perfectamente inspirada en la doctrina de "las dos esferas". Lo propio aconteció con otra declaración que formuló también por aquella época, con motivo de determinadas gestiones del propio Ministro ruso, según vamos a ver.

En 16 de octubre del año 1823, el Ministro ruso, Barón de Tuyl, visitó a Adams en la Secretaría de Estado y le expuso, siguiendo instrucciones de su Gobierno, que al conocimiento de éste había llegado que la República de Colombia había designado como Ministro en aquel Imperio al General Devereaux, y que se había resuelto no recibirlo y adoptar análoga determinación con todos los diplomáticos que enviaran los nuevos gobiernos de Hispano-América.

Adams hubo de contestarle que por encontrarse ausente en Virginia el Presidente de la República, no podía darle una contestación oficial; pero que podía hacerle presente que la declaración de los Estados Unidos, al reconocer la independencia de los Estados americanos, de continuar en la neutralidad hasta entonces observada respecto a España y sus colonias emancipadas, había tenido por base la observancia de igual neutralidad por todas las potencias de Europa con respecto a dicha lucha; que mientras aquel estado de cosas continuara sin modificación, podía asegurarle que los Estados Unidos no se apartarían de la neutralidad declarada; pero que si uno o más Estados europeos se separaban de este camino, el cambio de circunstancias necesitaría consideraciones de parte del gobierno americano, cuyo resultado le era imposible predecir.

El día 5 de noviembre, de regreso el Presidente, Adams le dió cuenta de la entrevista y de las manifestaciones que había hecho, y aquél no sólo las aprobó, sino que le expuso que así se lo hiciera saber al diplomático ruso; cumpliéndose esto en una entrevista que tuvo efecto tres días después.

Pero no terminó con eso este asunto. Se continuó tratando del mismo en el Gabinete, y el 25 del propio mes se redactó una declaración, dos días después leída por Adams a Tuyl, concebida así:

Los Estados Unidos ni su Gobierno pueden ver con indiferencia que ninguna nación europea, no siendo la propia España, trate de restablecer, ya el dominio de ésta sobre sus colonias emancipadas, ya de fundar monarquías en dichas colonias, ya de adquirir alguna de las que aún se encuentran bajo el dominio de España.

Bueno es hacer constar, para la mejor inteligencia de esta declaración, que uno de los proyectos que acariciaba la Santa Alianza era el de establecer monarquías en América.

Se ve, pues, por lo expuesto, que desde el mes de julio del año 1823 la Cancillería norteamericana había levantado, frente a las ambiciones de Europa, el principio de la "no colonización", y que en noviembre de ese mismo año había levantado, también frente a la ingerencia que pudieran adoptar las naciones del Viejo Continente en los asuntos americanos, el principio de la "no intervención".

Estos principios, que no son otra cosa que una enunciación de la doctrina de "las dos esferas", fueron repetidos por el Presidente Monroe en su Mensaje al Congreso, de 2 de diciembre del citado año. Desde entonces se conocen las ideas expuestas en ese documento, con el nombre de "Doctrina de Monroe".

El principio de la "no colonización" está expuesto así:

En las discusiones a que han dado origen estos intereses, y en los arreglos que deben terminarlas, he creído llegada la ocasión de afirmar, como un principio en que están envueltos los derechos e intereses de los Estados Unidos, que los continentes americanos, por la libre e independiente condición que han asumido y mantienen, no deberán considerarse en lo adelante sujetos a futuras colonizaciones por las potencias europeas (are henseforth not to be considered as subjects of future colonization by any European powers).

Y a su vez se refirió al principio de la "no intervención" en los términos siguientes:

Respecto de los acontecimientos en esa parte del Globo, con que tenemos tantas relaciones y de donde derivamos nuestro origen, hemos sido siempre interesados y ansiosos espectadores. Los ciudadanos de los Estados Unidos alimentan los sentimientos más amigables en favor de la libertad y felicidad de sus prójimos en aquella parte del Atlántico. Jamás hemos tomado parte en las guerras de las potencias europeas, sobre los asuntos que a ellas tocan: ni nuestra política permite hacerlo. Unicamente cuando nuestros derechos son invadidos o seriamente amenazados, nos resentimos por la injuria o nos preparamos a la defensa.

Estamos, por necesidad, más inmediatamente relacionados con los movimientos en este hemisferio, por causas fáciles de comprender a todas las personas ilustradas y a los observadores imparciales. El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente distinto, en este respecto, del de América. La diferencia procede de la que existe entre los respectivos gobiernos. Nuestra nación está interesada y decidida a defender el propio hogar, que ha sido construído a expensas de tanto tesoro y de tanta sangre y acrecentado por la sabiduría de los más inteligentes ciudadanos, y en el cual hemos disfrutado de una felicidad envidiable.

Cumple por consiguiente a la ingenuidad y a las amigables relaciones existentes entre los Estados Unidos y aquellas potencias, el deber de declarar: que consideraríamos cualquier tentativa por su parte, de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio, como peligrosa para nuestra paz y seguridad. Nosotros no hemos intervenido ni intervendremos en las colonias o dependencias existentes de ninguna potencia europea. Pero respecto de los gobiernos que han declarado y mantenido su independencia, que hemos reconocido, apoyados en grandes consideraciones y justos principios, veríamos cualquier intervención con el propósito de oprimirlas o disponer en cualquiera otra forma de sus destinos, por cualquier potencia europea, como la señal de una no amigable (unfriendly) disposición hacia los Estados Unidos.

En la guerra entre aquellos nuevos gobiernos y España declaramos nuestra neutralidad al tiempo de su reconocimiento, que hemos observado y observaremos, con tal que no ocurra cambio alguno que, a juicio de competentes autoridades o de este Gobierno, amerite, por parte de los Estados Unidos, un cambio correspondiente a indispensable a su seguridad.

Los últimos acontecimientos en España y Portugal demuestran que la Europa está todavía perturbada (unsettled). La mejor prueba que puede producirse respecto de ese importante hecho, es que las potencias aliadas han creído conveniente y satisfactorio para ellas la intervención por la fuerza en los asuntos interiores de España. Hasta qué punto pueda llevarse tal intervención, bajo los mismos principios, es cuestión en que están interesadas todas las naciones independientes cuyos gobiernos difieran de los suyos, incluso las más remotas, y de seguro ninguna con mayor motivo que los Estados Unidos.

Nuestra política respecto de Europa, adoptada desde el comienzo de las guerras que han agitado por largo tiempo aquella parte del Globo, permaneció siempre igual en el hecho de no intervenir en los asuntos interiores de aquellos Estados; considerar el gobierno de facto como legítimo; cultivar con él relaciones amigables y conservarlas con franca, firme y varonil política; aceptar siempre las justas reclamaciones de todas las potencias; y no someternos a las injurias de ninguna de ellas.

Pero respecto de estos continentes, las circunstancias son enteramente distintas. Es imposible que las potencias aliadas puedan extender su sistema político a cualquiera porción de este hemisferio, sin peligro para nuestra paz y felicidad, ni nadie puede creer que nuestros hermanos del Sud, si se les dejase solos, lo consintiesen de buen grado. Es igualmente imposible, por lo tanto, que nosotros mirásemos con indiferencia tal intervención, en cualquier forma que ocurriese.

Si comparamos las fuerzas y los recursos de España con los de aquellos gobiernos, y la distancia que los separa, es claro que la primera nunca podrá subyugar a los segundos.

Es también política de los Estados Unidos la de dejar las partes entenderse entre sí, en la esperanza de que las otras potencias adopten el mismo principio.

Repetimos lo que antes dijimos. No se expuso en el Mensaje ninguna idea nueva. Eran las mismas consignadas con ocasión de los dos incidentes con el Gobierno de Rusia.

Está fuera de discusión que el verdadero autor de la doctrina en cuestión fué Adams, no sólo porque fué concebida por el criterio de éste, sino porque fué él quien redactó los párrafos que se acaban de transcribir.

Cuando en Europa se conoció el Mensaje de Monroe, produjo un efecto sorprendente. A todos causó verdadero asombro que una nación que había surgido hacía poco, que no contaba más que con diez millones de habitantes, se atreviera a encararse, por así decirlo, de una manera tan atrevida, con las viejas monarquías europeas. Las declaraciones formuladas con este motivo por el Príncipe de Metternich, por Von Gent, por Chateaubriand, por los más insignes estadistas europeos, denotan que el Mensaje les había producido la sorpresa que ocasiona un acto de arrojo y de valor.

El periódico francés L'Etoile se expresaba así:

Mr. Monroe no es más, después de todo, que el Presidente temporal de una República situada en la costa oriental de la América del Norte. Esa República está situada entre unas posesiones del Rey de España y otras del Rey de Inglaterra, y no hace más que cuarenta años que fué reconocida su independencia. ¿Con qué derecho coloca ahora bajo su control a las dos Américas, desde la bahía de Hudson hasta el Cabo de Hornos?

Al mismo Canning no le agradaron los términos del Mensaje.

Probablemente—le decía a Rush en 2 de enero de 1824—la Gran Bretaña se verá en el caso de tener que combatir el principio de la no colonización.

Pero, a pesar de todos esos comentarios, el Mensaje produjo el efecto que se buscaba; pues aunque Francia le había dado la seguridad a la Gran Bretaña de que no ayudaría a España en la Empresa de someter a las colonias, la actitud de la Santa Alianza, a ese respecto, lejos de ser franca, era aun para inspirar desconfianza en América.

La mejor prueba de que el Mensaje tuvo eficacia, la revela el hecho de que todos los sudamericanos lo recibieron con marcadas señales de regocijo.

Y por lo pronto, Rusia, antes tan amenazadora, transiguió sus diferencias con los Estados Unidos, en cuanto al comercio y la navegación de la zona situada al noroeste del Continente, por un tratado que se apresuró a suscribir en la primavera del año 1824.

III RELACIÓN DE LOS CASOS EN QUE HA SIDO APLICADA

La doctrina de Monroe ha sido invocada por el gobierno de Washington en casos tan distintos, en circunstancias tan diversas, haciéndose en unos casos afirmaciones positivas y en otros negativas, que nos parece oportuno hacer una clasificación de tales casos en la siguiente forma:

Afirmaciones positivas.

(A).—Los Estados Unidos no consienten que naciones europeas adquieran territorios en América; ni que realicen acto alguno del que se pueda derivar esa adquisición.

(B).—Los Estados Unidos tampoco consienten que una nación europea obligue a otra de América a cambiar su forma de gobierno.

(C).—Los Estados Unidos no toleran que una colonia europea sea transferida por su Metrópoli a otra potencia europea.

Afirmaciones negativas.

(D).—Los Estados Unidos no hacen materia de pacto los principios que envuelve la "Doctrina de Monroe".

(E).—La "Doctrina de Monroe" no reza con las colonias europeas existentes al ser promulgada; ni se aplica a la lucha de una colonia con su metrópoli.

(F).—Los Estados Unidos no intervienen en las demostraciones puramente punitivas que hagan los gobiernos europeos contra naciones americanas, con tal de que de esos actos no se derive una ocupación de territorio.

(G).—Los Estados Unidos no intervienen en caso de guerra entre naciones americanas.

(H).—Los Estados Unidos no se oponen a que una nación europea sea árbitro en una cuestión entre naciones americanas.

Hecha la anterior clasificación, entremos de lleno en sus diversos apartados. Veamos las afirmaciones positivas.

(A).—"Los Estados Unidos no consienten que las naciones europeas adquieran territorios en América; ni que realicen acto alguno del que se pueda derivar esa adquisición."

(1825). En 25 de marzo de 1825, a la sazón en que John Quincy Adams ocupaba la Presidencia de la República y Henry Clay la Secretaría de Estado, este último hubo de dirigir una comunicación a Joel R. Poinsett, Ministro en Méjico, la que, después de hacer una extensa referencia al famoso mensaje de Monroe, terminaba así:

Los dos principios en cuestión fueron enunciados por la última administración, después de una detenida deliberación. El actual Presidente, que formaba parte de aquella administración, sigue manteniendo dichos principios con el mismo entusiasmo que su antecesor. Entre los deberes que confiamos a usted está el de indicarle al Gobierno de Méjico que mantenga nuestra misma doctrina, si llega la ocasión.

(1835). A principio de este año, un grupo de inmigrantes ingleses, establecidos en el territorio inmediato a la bahía de Honduras, proyectaron convertir dicho territorio en colonia de la Gran Bretaña, e iniciaron sus gestiones enviando un comisionado a Londres. Deseosa la Corte de Saint James, a la que por lo visto no desagradaba el proyecto, de proceder de acuerdo con el Gobierno de Madrid, hizo ir a esta ciudad a dicho comisionado. Alarmado el Gobierno de Centro América se dirigió al de Washington, y en 30 de junio de 1835, Forsit, Secretario de Estado, libró una comunicación a Barry, Ministro en Madrid, la que, después de contener extensos detalles sobre el asunto, terminaba así:

Espero, pues, que usted esté muy al corriente de las gestiones que realice, en Madrid, el Comisionado y que prevendrá, por cuantos medios prudentes estén en sus manos, que se llegue a ningún acuerdo entre los Gobiernos de España y la Gran Bretaña, pues esto, aparte de que sería incompatible con los derechos de la República de Centro América, resultaría altamente perjudicial a los intereses comerciales del mundo entero, incluso a los de la misma España.

(1845). El territorio que actualmente forma el Estado de Tejas, perteneció antes, como es sabido, a la República Mejicana; y una colonia de norteamericanos, que ocupaban su parte oriental, en 1835 se sublevó proclamando la República de Tejas. El Gobierno de esta efímera República pidió que se la admitiera en la Unión, y, tras dilatadas discusiones, en 1845 el Presidente James Knox Polk envió al general Taylor, al frente de un ejército, a ocupar el territorio tejano. Vencedor este ejército contra los mejicanos, este mismo año se verificó la anexión.

Las cancillerías europeas, temerosas del poderío y extensión que iban tomando los Estados Unidos, comenzaron a discurrir sobre la necesidad de extender a América su doctrina de la "Balanza de los Poderes", como medio de impedir ese incremento. El Gobierno de Washington se enteró de esto, y el Presidente Polk, en su mensaje anual del 2 de diciembre de 1845, explicó con diafanidad cuáles eran los derechos de los gobiernos de Europa y cuáles los de los Estados Unidos, frente a los problemas de América.

Se refirió, en primer término, a que de la misma manera que los Estados Unidos no se mezclaban en los asuntos de Europa, a ésta tampoco debían interesarle las cosas de América.

Por eso—decía—el pueblo de los Estados Unidos no puede ver con indiferencia que los Poderes Europeos se mezclen en los actos que realicen las naciones de este Continente. Si un pueblo americano que constituye un estado independiente—añadía—quiere entrar a formar parte de nuestra confederación, esa cuestión sólo a nosotros incumbe y no consentiremos que Europa se mezcle en ella invocando la doctrina de la "Balanza de los Poderes", que no hay razón para que se extienda a este Continente.

Terminaba afirmando que los Estados Unidos estaban decididos a mantener la doctrina del Presidente Monroe.

Como se ve, los principios de Monroe se alegaron ahora en condiciones distintas de las del año 1823. En 1823 las naciones de Europa querían desenvolver en América determinada acción, y los Estados Unidos les salieron al encuentro; y en 1845 fué Europa la que quiso salirle al encuentro a los Estados Unidos por la anexión de Tejas, y entonces la República Norteamericana alegó que, de acuerdo con la "Doctrina de Monroe", ese asunto sólo incumbía a América, nunca a Europa. No se puede afirmar por esto, como lo hacen algunos escritores, que el Presidente Polk realizara la anexión de Tejas invocando la doctrina de Monroe, pues esto no lo proclaman ni los hechos, ni las palabras.

(1846). A fines del año 1845 Francia e Inglaterra realizaron una intervención armada en la Plata, como consecuencia de ciertas diferencias habidas con el Gobierno de la República Argentina. El Gobierno de Washington se dirigió al de Londres para que le explicara el alcance de esa intervención, y éste, según consta de una comunicación que le fué entregada al Ministro de los Estados Unidos en 3 de octubre, le garantizó que dicha intervención no tenía por finalidad adquirir territorios.

En 30 de marzo de 1846, Buchanan expidió un despacho a Harris, Ministro en la Argentina, en el que le decía, con relación a las protestas hechas por el Gobierno de la Gran Bretaña, lo siguiente:

Debe usted velar cuidadosamente los movimientos de Francia e Inglaterra en ese país; y si violan su declaración, si pretenden realizar adquisiciones territoriales, comuníquelo inmediatamente a esta Cancillería.

(1848). El año 1848 estalló en Yucatán un formidable levantamiento de los indios, y las autoridades de dicha península determinaron ofrecerle su dominio al Gobierno de los Estados Unidos. Análogo ofrecimiento se le hizo a los Gobiernos de la Gran Bretaña y España. El Presidente, en un Mensaje especial que dirigió al Congreso en 29 de abril, se expresaba de este asunto en estos términos:

Aunque no es mi propósito recomendar la adopción de ninguna medida que implique la adquisición del dominio y de la soberanía de Yucatán, debo hacer constar, de acuerdo con la política que tenemos adoptada, que no consentiremos que Yucatán pase a poder de España o de Inglaterra, ni al de ninguna otra nación europea... De acuerdo con los términos empleados en el Mensaje del Presidente Monroe, de diciembre de 1823, considero que cualquier intento, por parte de las naciones de Europa, de extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio, sería perjudicial a nuestra paz y a nuestra seguridad.

Terminaba con esta declaración:

Las actuales circunstancias son oportunas para declarar, una vez más, mi decidida adhesión a la sabia y juiciosa política proclamada por Mr. Monroe.

Ninguna decisión se llegó a adoptar, pues en mayo de ese mismo año las autoridades yucatecas pudieron conjurar el conflicto.

Por este mismo año, y en ocasión no menos importante, hubo de invocar el Gobierno de Washington la "Doctrina de Monroe". Decíase desde 1846 que el general Flores preparaba desde Europa una expedición con la que iba a atentar contra la soberanía de la República del Ecuador, deseoso de ganar la Presidencia.

En 9 de diciembre de ese año, Stanhope Prevost, cónsul de los Estados Unidos en Lima, había informado a su Gobierno sobre los planes de dicho General. Preocupado Buchanan, Secretario de Estado, por lo que pudiera ocurrir, encargó a los funcionarios de su Gobierno en Europa que investigaran lo que hubiera de cierto en el particular; y como se comprobara que los planes expedicionarios de Flores no ofrecían peligro, así se le hizo saber a Prevost, para que lo pusiera en conocimiento del Presidente del Perú, en un despacho, fechado en 24 de marzo de 1847, en el que además se hizo alusión a que el Gobierno de España había dado la seguridad de que era completamente ajeno a la expedición.

En 13 de mayo de 1848 el propio Buchanan dirigió un despacho a Livingston, Ministro en el Ecuador, en el que después de hacerle una detenida exposición de las gestiones que había practicado la Secretaría de Estado, con relación a la proyectada expedición de Flores, le confiaba el encargo siguiente:

Usted le hará saber al Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador que la intervención o la presión directa o indirecta de los gobiernos europeos en los asuntos de los Estados independientes del Continente Americano, jamás será vista con indiferencia por el Gobierno de los Estados Unidos. Antes al contrario, cuando menos, se pondrá en ejecución nuestra fuerza moral para evitar que se realice esa intervención.

(1852). En 22 de febrero de 1850 el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Santo Domingo se dirigió a los Cónsules de los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia, pidiéndoles que ocurrieran a sus respectivos Gobiernos a fin de que éstos promediaran y pusieran término a la guerra que venía sosteniendo aquella República con Haití. Las tres poderosas naciones aceptaron el encargo e iniciaron sus gestiones; y en la primavera del año 1851 obtuvieron del Gobierno Haitiano una solución que al parecer conjuraba el conflicto. Y como hubiera rumores de que Inglaterra acariciaba el proyecto de establecer una estación carbonera en la bahía de Samaná, los Estados Unidos se previnieron. Así lo revela una comunicación que en 17 de diciembre de 1852 le dirigió Everett, Secretario de Estado, a Rives, Ministro en París, y que contiene éste, entre otros extremos:

Si le consintiéramos a alguna de las naciones que se distingue por su poderío marítimo, el obtener ventajas exclusivas en algunas de las islas antillanas, las otras potencias la querrían imitar y en definitiva el Archipiélago se convertiría en un teatro de luchas por alcanzar territorios y ventajas, lo que sería fatal para la paz del mundo.

(1858). Por el otoño del año 1858 llegó a conocimiento del Gobierno de Washington que en España se preparaba una expedición militar contra Méjico, y en 21 de octubre Cass, Secretario de Estado, le dió instrucciones a Dodge, Ministro en Madrid, para que le hiciera saber al Gobierno de España que aunque los Estados Unidos no podían evitar que una nación europea le declarase la guerra a una República de América, no consentirían que, como consecuencia de esa guerra, la primera alcanzara ventajas territoriales en perjuicio de la segunda.

Por esta misma época el Ministro de España en los Estados Unidos visitaba al Secretario de Estado para significarle que la demostración proyectada por su Gobierno sólo tenía por objeto demandarle al de Méjico una reparación de los perjuicios causados en las vidas y haciendas de muchos súbditos españoles; y como si esto fuera poco, en 2 de diciembre el Secretario de Estado se dirigió de nuevo al Ministro de los Estados Unidos en Madrid, encareciéndole le hiciera saber al Ministro de Relaciones Exteriores que los Estados Unidos consideraban a Méjico como completamente libre de futuras conquistas, y que cualquier empeño por adquirir territorios en esa República sería considerado como un acto de enemistad hacia los Estados Unidos.

Por este mismo año, y con otra ocasión, el Gobierno de Washington tuvo oportunidad de invocar la "Doctrina de Monroe".

Se decía que en territorio de los Estados Unidos se había preparado una expedición contra el Gobierno de Nicaragua, y éste, creyendo que a esa empresa no era ajeno el Gobierno de Washington, pidió protección a Francia y a Inglaterra. El Secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos se dirigió al Gobierno de Londres, no sólo para afirmar que el Gobierno de Washington era ajeno a la referida expedición, sino para hacerle saber a la Gran Bretaña que ni a ésta ni a ninguna nación europea se le consentiría la realización de acto alguno de fuerza. He aquí algunos de los términos de la comunicación que al efecto hubo de dirigir Cass al Ministro en Londres en 26 de noviembre de 1858:

Nuestras razones están fundadas en la situación política del continente americano, que tiene intereses que le son peculiares (y debería tener una política propia) y están separadas de las innumerables cuestiones que tan a menudo se presentan en el antiguo continente acerca del equilibrio europeo y otros temas discutibles, que provienen de las condiciones de sus estados y que frecuentemente se resuelven o encuentran su solución por medio de la guerra. Para los Estados de este Hemisferio es de capital importancia no mezclarse con las potencias del Viejo Mundo, porque mezclándose se verían irresistiblemente arrastrados a tomar parte en guerras que ningún beneficio les reportarían, y que es posible, a menudo, las obligaran a luchar con Estados Americanos, vecinos o remotos. Los años que han transcurrido desde que los Estados Unidos anunciaron este principio, han demostrado su sabiduría al pueblo norteamericano y han servido para fortificar su resolución de mantenerlo a toda costa.

(1859). Por el mes de abril del año 1859 se encontraba Méjico en estado de revolución, estando la ciudad de Veracruz en poder de los revolucionarios. Inglaterra, que tenía pendientes algunas reclamaciones contra esta República, determinó ocupar aquella ciudad; pero, gracias al éxito de las gestiones realizadas por el Ministro de los Estados Unidos en Londres, que pidió se detuviera toda acción hasta que se restableciera totalmente la normalidad en Méjico, y las que le fueron confiadas por el Secretario de Estado según despacho de 12 de mayo del año a que nos referimos, no se llevó a cabo la ocupación proyectada.

(1860-1867). Por el año 1860 parecía evidente que Inglaterra, Francia y España, aprovechándose de la caótica situación que existía en Méjico, donde imperaban dos gobiernos, el de Juárez y el de Miramón, se aprestaban a sacar partido de esa situación. Pero frente a su actitud y frente a sus actos de hostilidad se colocó el Gobierno de Washington en la forma que vamos a ver.

A mediados de julio, Lord Lyons, Embajador de la Gran Bretaña, invitó al Gobierno de los Estados Unidos a que se uniera al de su país y al de Francia en el propósito, que tenían éstos, de invitar a los gobiernos de Juárez y Miramón a convocar una Asamblea Nacional que resolviera todas las cuestiones pendientes. El Presidente Buchanan negóse a tomar parte en esa mediación, alegando no solamente que ninguna nación debía inmiscuirse en los asuntos de otra, sino que semejante acción podía desacreditar al Gobierno de Juárez, en cuya eficacia y solvencia confiaban los Estados Unidos.

A fines de agosto, el Encargado de Negocios de Francia en Washington se dirigió a la Secretaría de Estado con análoga pretensión; solicitó de los Estados Unidos que cooperaran con Inglaterra y con su nación a intervenir en los asuntos interiores de Méjico.

Negóse a ello Cass, Secretario de Estado, quien le hizo al diplomático francés las siguientes declaraciones:

Los Estados Unidos no le niegan a Francia el derecho de establecer cualquier reclamación contra el Gobierno de Méjico, apoyándola en la fuerza si fuere necesario; pero la ocupación permanente de cualquier parte del territorio mejicano por un poder extranjero, o cualquier tentativa para mezclarse en sus asuntos interiores o influir en su desenvolvimiento político, sería vista con gran desagrado por nosotros... Nuestra política en esta materia es bien conocida, como bien conocida es nuestra constante adhesión a la misma.

Por esa misma época, es decir, a mediados del año 1860, como llegase a conocimiento del Gobierno de Washington que el de España había despachado una importante escuadra a Veracruz, con instrucciones de atacarla si el Gobierno de Juárez no daba satisfacción a ciertas reclamaciones que se le habían presentado, dispuso el envío de otra escuadra a aquella ciudad, con el encargo no sólo de defender los intereses de los norteamericanos que peligraran, sino de evitar, de cualquier manera, que la expedición española realizara acto alguno de violencia contra Méjico.

Esto se le hizo saber por el Secretario de Estado a Tassara, Embajador de España en Washington, quien aseguró que su nación no quería ocupar territorio ni ejercer influencia en los destinos de Méjico. Además, el propio Secretario, en 7 de septiembre de 1860, le dió instrucciones a Preston, Ministro en España, para que le hiciera saber al Gobierno de esta nación que, a juicio del de los Estados Unidos, las diferencias con Méjico podían solucionarse amistosamente y que parecía muy oportuno recurrir a un arbitraje.

Por esta época se sabía ya que los Gobiernos de Francia e Inglaterra no eran ajenos a los proyectos y maquinaciones del de España.

El Presidente Buchanan, en su Mensaje anual de 3 de diciembre de 1860, se refirió a la situación revolucionaria de Méjico y hubo de consignar que, a su juicio, el Gobierno constitucional de Juárez había de restablecer la normalidad, brindando a todos protección adecuada.

Si esto se logra—decía—, los Gobiernos europeos no tendrán pretexto para mezclarse en los asuntos territoriales y domésticos que sólo a Méjico conciernen, y nosotros nos veremos relevados del compromiso de tener que resistir, aun por medio de la fuerza, siguiendo la tradicional política del pueblo americano, cualquier acto de aquellos gobiernos contra la integridad de nuestra vecina República.

Inglaterra, Francia y España no confiaron en que el Gobierno de Juárez atendería sus reclamaciones. En 21 de octubre del año 1861 suscribieron un Tratado por el que se decidieron a emprender una acción militar contra la República Mejicana, hasta obtener que fueran satisfechas dichas reclamaciones. Por una de las cláusulas de esa Convención se determinó que se solicitaría la adhesión, a la misma, de los Estados Unidos; y por otra se consignó que las Altas Partes Contratantes no estaban animadas del deseo de adquirir territorio ni ventajas particulares, ni tampoco del deseo de ejercer influencia alguna que pudiera afectar al derecho de la nación mejicana a escoger libremente su forma de gobierno.

En los primeros días del mes de enero de 1862 llegaron a Veracruz los contingentes de las tres naciones, y el día 14 le enviaron una nota colectiva al Gobierno de Juárez, haciendo protestas de que no era la finalidad de la intervención atentar contra la independencia de la Nación Mejicana, sino más bien cooperar a que el país saliese del estado de postración en que se encontraba. A esto contestó el Gobierno Mejicano que agradecía los propósitos de los interventores, pero que ante todo debían reembarcarse las fuerzas, e indicaba la conveniencia de que se reunieran los representantes de las naciones aliadas con otra representación del Gobierno de la República, en la ciudad de Orizaba, para tratar del arreglo de las cuestiones pendientes.

Los aliados acogieron las indicaciones del Gobierno de Juárez y designaron al general Prim, conviniendo éste con el Ministro Mejicano de Relaciones Exteriores, general Doblado, en La Soledad, en 19 de febrero de 1862, los preliminares de la Convención que se debía reunir en Orizaba y a la que concurrirían tres Comisionados, uno por cada una de las naciones aliadas, y dos Ministros del Gobierno de la República.

Pocos días después de firmado el convenio de La Soledad, desembarcaba en territorio mejicano el general Almonte, que era un contrario decidido del Gobierno de Juárez. Se le vió llamar y agrupar a los enemigos de dicho Gobierno, se le vió además moverse de acuerdo con los franceses, y no tardó en enterarse todo el mundo de que lo que tramaban éstos era ejercer una influencia decisiva en los destinos del país, procurando nada menos que levantar un trono en Méjico. Al darse cuenta de esto los expedicionarios ingleses y españoles, se retiraron para dejarles a los franceses solos la responsabilidad de sus planes.

No tardaron en romperse las hostilidades. Se generalizó la lucha entre los mejicanos, bajo la dirección del Presidente Benito Juárez, y los expedicionarios franceses mandados por el general Forey y auxiliados por algunos centenares de mejicanos mandados por Almonte. En definitiva la victoria quedó para los invasores, que entraron en la Capital en 10 de junio de 1863.

Un mes después una Junta de Notables, reunidos en la Capital, hubo de acordar establecer un Imperio con un Príncipe Católico, y ofrecerle la Corona a Maximiliano, Archiduque de Austria.

Maximiliano ocupó el trono, pero los meses que duró el Imperio transcurrieron entre luchas e intranquilidades. Los patriotas mejicanos, fieles a Benito Juárez, lejos de someterse a la monarquía, se insurreccionaron; y tras sangrienta lucha lograron vencer, y en 19 de junio de 1867 Maximiliano fué pasado por las armas.

Una famosa carta que pertenece a la Historia, escrita por Napoleón III al general Forey, Jefe de la expedición francesa, en 3 de julio de 1862, revela cuáles eran los fines que con dicha expedición se perseguían:

No faltarán gentes—decía—que os pregunten por qué vamos a gastar hombres y dinero para sentar en un trono a un príncipe austríaco. En el estado actual de la civilización del mundo, la prosperidad de América no es indiferente a la Europa, puesto que alimenta nuestra industria y hace vivir nuestro comercio. Tenemos interés en que la República de los Estados Unidos sea poderosa y próspera; pero no tenemos ninguno en que se apodere de todo el Golfo de Méjico, domine desde allí las Antillas y la América del Sud, y sea la única dispensadora de los productos del Nuevo Mundo. Dueños de Méjico, y por consiguiente de la América Central y del paso entre ambos mares, no habría en lo adelante más potencia en América que la de los Estados Unidos. Si, por el contrario, conquista Méjico su independencia y mantiene la integridad de su territorio; si por las armas de la Francia se constituye en gobierno estable, habremos puesto un dique insuperable a las invasiones de los Estados Unidos; habremos mantenido la independencia de nuestras colonias de las Antillas y de las de la ingrata España; habremos extendido nuestra influencia benéfica en el centro de la América, y esa influencia irradiará al Norte y al Mediodía, creará inmensos mercados a nuestro comercio, y procurará las materias indispensables a nuestra industria. En cuanto al Príncipe que pudiera subir al trono de Méjico, se verá obligado a obrar siempre en bien de los intereses de la Francia, no sólo por reconocimiento, sino, sobre todo, porque los de su nuevo país estarán de acuerdo con los nuestros y no podrá siquiera sostenerse sin nuestra influencia. Así, pues, nuestro honor militar comprometido; la exigencia de nuestra política; el interés de nuestra industria y de nuestro comercio; todo nos impone ahora el deber de marchar sobre la capital de Méjico, de plantar atrevidamente allí nuestra bandera, y de establecer, ya una monarquía, o bien un gobierno que prometa ser estable.

A pesar de los términos de esta carta, por el mes de enero del año 1866, Napoleón III decía tranquilamente, en plena Cámara, que el único objeto de las naciones que habían intervenido en Méjico era el de asegurar el cumplimiento de ciertas obligaciones contraídas con anterioridad.

Dice John A. Kasson, en su Historia de la Doctrina de Monroe, que a su juicio al Emperador francés lo guiaba no tanto el deseo de adquirir ventajas comerciales, como el de desacreditar el sistema republicano en América y quitarle todo prestigio en Europa.

Napoleón había observado—dice M. Petin—cuán antieuropea era la Doctrina Monroe; comprendía que la del quinto Presidente de los Estados Unidos era nada menos que una declaración de guerra al Viejo Mundo, y decidió mostrar a América que Europa había recogido el guante.

Casi todos los escritores que se esfuerzan en desacreditar la Doctrina de Monroe se refieren con alborozo a estos sucesos, preguntándose qué se hizo, mientras se desarrollaba, aquella famosa doctrina:

El Gobierno de los Estados Unidos, contra cuya supremacía en América se fundaba la monarquía de Maximiliano—dice el culto escritor mejicano Carlos Pereyra—, dejó pasar sin protestas cuanto hizo Napoleón.

No es exacta esta afirmación. Los Estados Unidos consignaron su protesta en diversas ocasiones contra lo que hacía Napoleón, y hay que creer a los escritores norteamericanos que afirman que si no se opusieron con la fuerza a las expediciones y planes europeos fué por estar enfrascados, en aquel entonces, en la guerra de secesión, que tan en peligro puso a la misma Unión. Buena prueba de esto la constituye el hecho de que apenas hecha la paz entre el Norte y el Sur, el Gobierno de Washington exigió y obtuvo de Napoleón que ordenara la evacuación de sus soldados del territorio mejicano.

Vamos a ver cuál fué la actitud del Gobierno de Washington en relación con los acontecimientos a que nos hemos referido.

Desde que, en 17 de julio de 1861, el Gobierno Mejicano dictó su famoso decreto sobre pago de la deuda extranjera, que produjo nada menos que el rompimiento de relaciones con los ministros de Francia y la Gran Bretaña, los Estados Unidos, deseosos de conjurar el conflicto, quisieron concertar un tratado con Méjico, por el que asumirían el pago de la deuda; pero el Gobierno de Juárez se negó a aceptar la oferta.

El día 2 de marzo del año 1862, el Gobierno de Washington dirigió una circular a las potencias aliadas en la expedición contra Méjico, en la que se consigna el desagrado con que los Estados Unidos veían dicha empresa. He aquí los términos de esa circular:

El Presidente ha contado con las seguridades dadas por los aliados sobre que no llevaban ningún fin político. Sin embargo, el Presidente considera que es su obligación comunicar a los aliados, amistosa y cándidamente, que un gobierno monárquico, establecido en Méjico, no promete ni seguridad ni permanencia: en segundo lugar, que la inestabilidad de dicha monarquía sería mayor si algún extranjero ocupara el trono: que en tal virtud el Gobierno caería instantáneamente, salvo que lo sostuvieran las alianzas europeas que, bajo la influencia de la primera invasión, constituirían verdaderamente el principio de una política de constantes intervenciones armadas por la Europa monárquica, que serían, al mismo tiempo, dañosas y contrarias al sistema de gobierno aceptado generalmente en este hemisferio. Estas opiniones están basadas sobre el conocimiento del espíritu y costumbres de los pueblos americanos. No hay duda de que en este asunto los intereses permanentes y las simpatías de nuestro país estarían del lado de las otras Repúblicas americanas.

Por la época en que se expidió dicha circular, ya los Estados Unidos estaban enfrascados en la guerra de secesión; con lo que se comprenderá que hicieron los único que les era posible: consignar su protesta.

Algunos días después, es decir, en 31 del propio mes, el Secretario Seward le dió instrucciones a Dayton, Ministro en París, para que hiciera declaraciones en el sentido de que el Gobierno de los Estados Unidos veía con verdadera inquietud que la expedición europea tuviera fines políticos.

En 26 de septiembre de 1863, al conocerse en Washington que era cosa resuelta convertir a Méjico en Monarquía, Seward de nuevo dió instrucciones a Dayton para que protestara de ese hecho ante Drouyn de l'Huys, Ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Napoleón III; y como contestara éste que dicha forma de gobierno había sido escogida por el pueblo mejicano, en 23 de octubre del propio año, Seward de nuevo le dió instrucciones a Dayton para que le hiciera saber, al Gobierno francés, que mientras en Méjico no cesara la guerra y la situación anormal y caótica en que estaba sumido, no se podía estimar que su pueblo estaba en condiciones de discurrir con cordura sobre el gobierno que convenía a sus intereses.

El día 4 de abril de 1864 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos declaró, por el voto unánime de los que se encontraban presentes,

que los Estados Unidos, siguiendo su tradicional política, no podían reconocer en América un gobierno monárquico erigido sobre las ruinas de un gobierno republicano y bajo los auspicios de un poder europeo.

Por el mes de abril del año 1865 terminó la guerra civil en los Estados Unidos y, en 6 de noviembre de ese año, Seward dió instrucciones a Bigelow, Ministro en París, para que le hiciera saber al Gobierno de Francia que

La presencia y las operaciones del ejército francés en Méjico, que apoya a un gobierno que no descansa en la voluntad del pueblo de Méjico, era motivo de gran inquietud para los Estados Unidos, que consideraban, además, que era impracticable establecer un gobierno monárquico en dicho país.

A esta nota respondió el Gobierno de Francia con la manifestación de que el ejército abandonaría a Méjico, pero que era conveniente, antes de hacerlo, que los Estados Unidos reconocieran al Gobierno de Maximiliano; y Seward, a su vez, replicó en 6 de diciembre del citado año, 1865, que esa condición era para los Estados Unidos impracticable, toda vez que

un Gobierno monárquico era incompatible con la adhesión del pueblo americano a sus muy amadas instituciones republicanas.

Diez días después, Seward se mostró más apremiante. Le libró un despacho a Bigelow para que le formulara al Gabinete de París las siguientes declaraciones:

Primera: Los Estados Unidos desean sinceramente continuar y cultivar cordial amistad con Francia.

Segunda: Esta política será cambiada, inmediatamente, a menos que Francia considere compatible con su honor e intereses desistir de todo empeño de intervención armada en Méjico.

Napoleón III se dió cuenta de que si se negaba a retirar las tropas se iba a ver envuelto en un conflicto con los Estados Unidos, y accedió a las demandas de esta nación, sin que tuviera para ello que vencer ninguna dificultad, pues la expedición y los planes que se trató de desenvolver en Méjico, en realidad no encontraron nunca simpatías en el pueblo francés.

Los detalles de la evacuación no hay para qué referirlos. Están consignados en los documentos adjuntos al mensaje especial que en 29 de junio de 1867 dirigió el Presidente de los Estados Unidos al Congreso. Dos años después Seward visitaba a Méjico y se le prodigaban honores de héroe, confiriéndole la Academia Nacional de Ciencias el título de "Defensor de la Libertad de América".

(1864-1865). Por el mes de marzo del año 1864, con ocasión de un conflicto surgido entre España y la República del Perú, una escuadra española se presentó en las costas peruanas. En 19 de mayo Seward le dió instrucciones a Koerner, Ministro en Madrid, para que le hiciera presente al Gobierno que los Estados Unidos no podían ver con indiferencia cualquier tentativa que se hiciera para reconquistar el territorio del Perú; y, según la contestación del diplomático americano al Secretario de Estado, contenida en un despacho de tres de junio, el Primer Ministro en el Gabinete Español le hizo presente que España no tenía intención de readquirir sus antiguos dominios del Perú, ni abrigaba el propósito de mermar su independencia.

A pesar de esta declaración, la escuadra española ocupó las islas Chinchas, y Seward protestó de ese hecho, según reza la comunicación que le libró al Ministro en Madrid en 16 de junio de 1866, en la que auguraba que si España se mantenía en su propósito de ocupar las referidas islas, los Estados Unidos se verían en el caso de romper las buenas relaciones que mantenían con el Gobierno de su Majestad Católica.

Felizmente, las diferencias entre Perú y España quedaron transigidas por un tratado suscrito en 27 de enero de 1865.

(1861-1865). La acción de los españoles en el Perú, a que nos acabamos de referir, no constituye la única tentativa realizada por aquéllos para recobrar sus dominios en América. Hicieron también un esfuerzo para reanexarse a Santo Domingo; y enfrascados como estaban los Estados Unidos en su guerra civil, sólo pudieron consignar su protesta.

A principios del año 1861 se decía, como cosa corriente, que el Gobierno de España preparaba desde Cuba una expedición para tomar posesión de Santo Domingo.

En 2 de abril de ese año Seward se dirigió a Tassara, Ministro de España en Washington, preguntándole lo que hubiera de cierto en el particular y haciéndole presente, al propio tiempo, que contra semejante proyecto los Estados Unidos no sólo protestaban, sino que en último caso lo resistirían. Tassara contestó que nada podía manifestar mientras no recibiera instrucciones de su Gobierno, y entonces Seward se dirige a Schurz, Ministro en Madrid, encareciéndole le hiciera presente a dicho Gobierno cuál era la actitud de los Estados Unidos en este asunto y el extraordinario interés con que lo veían.

En 21 de mayo y 7 de junio del mismo año, Seward vuelve a dirigirse al Ministro en Madrid para que le reitere al Gobierno de su Majestad Católica las protestas de los Estados Unidos.

El día 1º de julio Tassara le muestra al Secretario de Estado la resolución, del Gobierno de España, de anexarse a Santo Domingo; y como pocos días después el Ministro de los Estados Unidos en Madrid le pidiera instrucciones al propio Secretario, éste hubo de contestar, según despacho de 14 de agosto, que la gravedad y diversidad de los asuntos que por entonces embargaban la atención del Gobierno impedían darle una contestación terminante.

Los dominicanos no se sometieron con facilidad a la dominación española. La lucha estalló entre los nativos y los invasores, declarándose neutrales los Estados Unidos; pero, afortunadamente, convencida España de los esfuerzos y sacrificios que iba a costarle afirmar su soberanía en Santo Domingo, en abril de 1865 resolvió abandonar la empresa.

(1871). El día 1º de junio del año 1871, el Barón Gerolt, Ministro de Alemania en Washington, celebró una entrevista con Hamilton Fish, Secretario de Estado, en la que le hizo presente que su nación proyectaba realizar una demostración, en unión de otras naciones europeas, contra Venezuela, con objeto de exigirle a esta República que fuera más respetuosa con sus compromisos, que se quería que los Estados Unidos tomaran parte en dicha demostración, pero que no se les invitaría oficialmente hasta tanto no se tuviera la seguridad de que acogieran con agrado el proyecto.

El Secretario de Estado hubo de manifestar al diplomático alemán que nada le podía contestar mientras no conociera el verdadero alcance de la demostración, así como la forma y los límites de las operaciones militares, pues para los Estados Unidos siempre había sido objeto de preocupación cualquier acción de las naciones de Europa contra una República del Continente, y veían aumentados sus recelos y temores por lo ocurrido recientemente en Méjico.

Alemania no llevó a cabo sus planes.

(1880). Se decía, a principios del año 1880, que la Gran Bretaña pretendía adquirir determinadas islas de la costa de Honduras; y en 4 de marzo el Secretario de Estado le dirige una comunicación al Ministro en Centro América encargándole que estuviese muy al tanto de lo que hubiera en el particular, pues los Estados Unidos no podían permanecer indiferentes ante el hecho de la cesión de parte de un territorio de América a una nación de Europa.

Con motivo de otro asunto, invocó el Gobierno de Washington la doctrina de Monroe, este mismo año. Las Repúblicas de Chile, Perú y Bolivia se encontraban en guerra, por una cuestión de linderos; y como se hablara de que Francia e Inglaterra querían mediar en el conflicto, con la cooperación de los Estados Unidos, para ponerle fin, el Secretario de los Estados Unidos, el ilustre James Blaine, hizo esta declaración:

Los Estados Unidos no pertenecen al grupo de naciones de que forman parte Inglaterra y Francia, y jamás se han inmiscuído en sus controversias; pero, con respecto a las Repúblicas de este Continente, es distinta nuestra posición; y por esta razón, aunque el Gobierno está persuadido de que en este caso no guían a las naciones de Europa móviles interesados, por tener los Estados Unidos mayor cantidad de intereses políticos y comerciales que ningún otro poder, deben actuar con entera independencia.

(1881). Desde el año 1880 el Gobierno de Venezuela discutía con el de Francia acerca de unas reclamaciones que habían formulado al primero varios ciudadanos franceses; y, como no se llegara a ninguna avenencia, a mediados del año 1881, cuando se decía y parecía inminente que aquella nación europea iba a ocupar algunos puertos venezolanos, James Blaine, Secretario de Estado, le dirigió un despacho a Noyes, Ministro en París, indicándole hiciera presente al Gobierno que los Estados Unidos se ofrecían para intervenir en el asunto a fin de obtener una solución.

Consistía el plan propuesto por Blaine, en el que estaba de acuerdo el Gobierno Venezolano, en que el Gobierno de Washington enviara un Delegado a Venezuela que recaudase los fondos necesarios para ir pagando a prorrata a los acreedores extranjeros; que eran no sólo franceses, sino súbditos de otras naciones de Europa.

El Gobierno de Francia contestó que no quería entrar en prorrateos y que no admitía dilaciones. Blaine insistió, según reza una comunicación librada al Ministro en París, en 16 de diciembre, haciendo una apelación a la armonía que debía existir entre todas las Repúblicas. Sería un deplorable espectáculo, decía, que la Gran República Europea rompa las hostilidades con la República de Venezuela.

Afortunadamente el Gobierno de Francia no mantuvo su actitud.

(1884). El año 1884 el Gobierno de Washington envió un Ministro a Bolivia, que era el único país de la América en que aún no había constituído dicho Gobierno representación diplomática. Por aquella época Bolivia le disputaba al Perú la posesión del puerto de Arica, y al darle instrucciones Buchanan, Secretario de Estado, a Appleton, que fué el ministro designado, según comunicación de 1º de junio, le recomendó aconsejara a aquellos países que no se enfrascaran en luchas que los debilitasen y dieran motivo para pensar que eran incapaces de gobernarse.

Su conveniencia e independencia requieren—decía—el establecimiento y mantenimiento de un sistema político americano, diferente en todos sentidos del que por tanto tiempo ha existido en Europa; tolerar la intervención de cualquiera de los gobiernos europeos, que aún tienen asuntos pendientes en América, y permitirles que establezcan nuevas Colonias junto a nuevas repúblicas libres, sería tanto como sacrificar voluntariamente en el mismo grado nuestra independencia. Estas ideas deberían permanecer impresas en la mente de todos los americanos.

(1885). El año 1883 el Gobierno de Washington había rechazado la oferta, hecha por el de Haití, de venderle la Península de San Nicolás o la Isla Tortuga; y como llegara a conocimiento del primero que análoga proposición se le había hecho después por el segundo al Gobierno francés, en 28 de febrero de 1885, Frelinghuysen, Secretario de Estado, le dirige una comunicación a Morton, Ministro en París, para que le hiciera presente al Ministro de Relaciones Exteriores que la adquisición por Francia de cualquier porción del territorio haitiano sería considerada como una infracción de la política de los Estados Unidos, conocida por la doctrina de Monroe.

(1886). A mediados del año 1886, Scott, Ministro de los Estados Unidos en Caracas, le comunicó a Bayard, Secretario de Estado, que el Ministro de Inglaterra y él habían acordado indicarles a sus respectivos Gobiernos la conveniencia de que se unieran para formular conjuntamente a Venezuela ciertas reclamaciones pendientes.

Según reza una comunicación de 14 de octubre, Bayard contestó al diplomático que de la reclamación podía derivarse un acto de fuerza, y que estaba en desacuerdo con la política de los Estados Unidos unirse a una nación europea en circunstancias semejantes.

(1888). A fines del año 1888 corría el rumor de que el Gobierno Francés proyectaba constituir un protectorado sobre Haití, y en 21 de diciembre, Bayard, Secretario de Estado, se dirigió a Mc-Lane, Ministro en París, con el encargo de que le hiciera saber a aquel Gobierno que semejantes proyectos estaban en abierta contradicción con la política de los Estados Unidos.

Queremos que se entienda siempre—le decía—que no nos apartaremos de la política nuestra, que consiste en impedir que parte alguna del territorio americano sea objeto de nueva colonización por parte de alguna potencia europea.

(1894-1899). Con ocasión del conflicto surgido entre Inglaterra y la República de Venezuela, el año de 1895, aplicaron los Estados Unidos con tal energía y decisión la doctrina de Monroe, que se puede decir, con propiedad, que es el caso más importante de los que ocupan lugar en la relación que venimos haciendo.

Desde el año 1840 venía quejándose el Gobierno de Venezuela de que los límites de la Guayana Inglesa se iban extendiendo en perjuicio de aquella República; y, ya cansada, en 1881 pidió a la Corona Británica que accediera a someter la cuestión a un arbitraje. En distintas ocasiones, en los años posteriores, reiteró esa petición; y como ésta no fuera aceptada, en 1897 dió por terminadas sus relaciones diplomáticas con la nación inglesa.

A pesar de esto, la Gran Bretaña no cejaba en su actitud. Cada vez se mostraba más abusiva con la débil República Sud-Americana y amenazaba apropiarse de todo el dilatado territorio que corre desde la Guayana Inglesa hasta la misma boca del río Orinoco.

El Gobierno de Washington en diversas ocasiones quiso intervenir en el asunto para ponerle término, y, al fin, en las postrimerías del año 1894, se decidió a actuar de una manera más eficaz, según vamos a ver inmediatamente.

El Presidente Grover Cleveland, en el mensaje que dirigió al Congreso en tres de diciembre de 1894, y al tratar de los asuntos exteriores, se refirió a dicho particular en los siguientes términos:

La cuestión de los linderos de la Guayana Inglesa, aún es objeto de disputa entre la Gran Bretaña y Venezuela. En la inteligencia de que un acuerdo justo sería conveniente para ambas partes y que, consecuentes con nuestra política, debemos eliminar cuanto pueda ser objeto de contienda entre las naciones de este hemisferio y las del otro, me he esforzado en conseguir que las dos naciones reanuden sus relaciones diplomáticas y sometan la cuestión a un arbitraje; siendo esto lo que desea Venezuela, y a lo que no se ha de negar Inglaterra, a menos que quiera contradecir los principios que a menudo proclama.

El Congreso acogió la idea del Presidente de la República con el mayor calor. En 22 de febrero de 1895, se votó la siguiente resolución conjunta:

Se resuelve, por el Senado y la Cámara de Representantes, que el plan sugerido por el Presidente de la República en su último Mensaje, consistente en que la Gran Bretaña y Venezuela sometan su controversia a un tribunal de arbitraje, es objeto de la adhesión de este cuerpo y esperamos sea acogido por las dos partes.

El Gobierno de la Gran Bretaña no quiso seguir la recomendación del Presidente y del Congreso de los Estados Unidos; y, en vista de esto, en 20 de julio del propio año, Olney, Secretario de Estado, dirigió a Bayard, Embajador en Londres, una famosa "nota" que debía leer a Lord Salisbury, Ministro de la Corona, y que es uno de los documentos más notables expedidos por la Cancillería norteamericana.

Comienza dicha nota por hacer una extensa relación de todos los antecedentes del caso, y a renglón seguido dice que, dados los términos en que está planteado y las posibles consecuencias que del mismo se podrían derivar, los Estados Unidos se ven obligados a intervenir en al asunto, consecuentes con su constante adhesión a la doctrina de Monroe. No se contenta Olney con esta alegación. Para demostrar lo exacto de su afirmación, hace un extenso estudio de cómo surgió la doctrina de Monroe y cuál es su verdadero alcance.

Dice que veinte años después de haber aconsejado Washington a la nación, en su famoso discurso de despedida, que se mantuviera siempre alejada de los planes y controversias de Europa, cuando se vió que los Estados Unidos aumentaban en importancia y poderío, se cayó en la cuenta de que el principio de no mezclarse los americanos en los asuntos europeos, necesitaba un complemento, que era el de que los europeos tampoco se inmiscuyeran en los asuntos americanos.

Este sentimiento, decía, hizo nacer la doctrina de Monroe; doctrina que los estadistas no se han limitado a enunciar, sino que han tenido el buen cuidado de hacerle saber a Europa que su desconocimiento, en cualquier caso, se consideraría como un acto de enemistad o de provocación hacia los Estados Unidos.

Explica el verdadero sentido y la verdadera significación de la doctrina de Monroe, en estos términos:

En los primeros tiempos de promulgada la doctrina de Monroe, parecía como que Europa nunca la iba a respetar; pero con el tiempo la ha ido aceptando, y hoy nos interesa mucho se sepa que cualquier acto de una nación europea, que la infrinja, ha de ser considerado como una manifestación de enemistad hacia los Estados Unidos. Es por eso por lo que resulta del mayor interés fijar, precisar el alcance de dicha doctrina. No significa un protectorado ejercido por los Estados Unidos sobre todas las naciones de América; no se la puede invocar, por una nación de este continente, para eludir el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas y exigibles según el derecho internacional; ni le impide a la nación europea que sea acreedora en esas obligaciones, el ejercicio de los medios que estime adecuados para hacerlas respetar. No nos faculta para mezclarnos en los asuntos interiores de las naciones de este hemisferio, ni en las relaciones de éstas entre sí. No podemos alterar la forma de gobierno de esas naciones, y si éstas la quieren cambiar, hemos de respetar su voluntad. La doctrina de Monroe no tiene más que un alcance: impedir que una o varias naciones de Europa se mezclen en los asuntos interiores de las de América, ya para variar su forma de gobierno, ya con cualquier otro propósito.

Nadie puede negar que hemos considerado siempre esas normas como parte de nuestro derecho público. Fué precisamente la Gran Bretaña la nación que hubo de sugerir a la administración de Monroe la idea de promulgar la doctrina en cuestión, y la adhesión que desde un principio hubo de demostrarle no ha sido desmentida en ninguna oportunidad; sin que por esto querramos decir que la doctrina no tuviera, desde sus orígenes, un carácter eminentemente americano. En su mantenimiento estaban vinculadas la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos; el Gabinete que la adoptó, antes de enunciarla la estudió con todo detenimiento, figurando entre los miembros de dicho cuerpo John Quincy Adams, Calhoum, Crawford y Wilt, quienes consultaron y tuvieron en cuenta los pareceres de Jefferson y Madison; y cuando el pueblo la conoció, la acogió con verdadero calor, sin distinciones políticas.

Hace después una relación de los casos más importantes en que se ha invocado la doctrina de Monroe, y añade:

La relación que antecede, demuestra no solamente que en múltiples casos ha sido aplicada la doctrina de Monroe, sino también que la controversia sobre los linderos de Venezuela es de esos casos en que resulta pertinente la aplicación de dicha doctrina. En tal virtud, y tratándose de una doctrina acogida por el derecho público americano, no podemos disimular su aplicación en cualquier caso que surja, sean cuales fueren las circunstancias en que éste se produzca. Tal como nosotros la hemos definido y aplicado, no se le puede dirigir ninguna objeción; descansa en principios que son irrebatibles. Las tres mil millas de Océano que nos separan de Europa, proclaman que física y geográficamente es improcedente todo lazo o nexo político que se pretenda establecer entre los dos continentes. Europa, como con gran juicio observó Washington, tiene un conjunto de intereses que sólo a ella le puede preocupar y con los cuales nada tiene que ver la América. Cada una de las grandes potencias europeas, por ejemplo, tiene que mantener un ejército enorme y una marina formidable, a fin de protegerse contra las demás potencias. ¿Qué conseguirían las naciones de América teniendo que hacer lo mismo, cuando después de todo los problemas que preocupan a las naciones europeas a ellas no les interesan? ¿Qué tenemos nosotros que ver, pongamos por caso, con los problemas de Turquía? Si nos mezcláramos en sus luchas, con seguridad que tendríamos que cargar con los gastos y las pérdidas que resultasen, pero sin obtener ventajas ni beneficios.

Si eso podemos decir en cuanto a los intereses materiales, otro tanto podemos afirmar en cuanto a los morales. Los intereses morales que preocupan a Europa son totalmente distintos de los que preocupan a la América. Europa, con excepción de Francia, se mantiene adicta a los principios monárquicos, mientras que en América, por el contrario, se rinde culto al principio de que cada pueblo tiene derecho a escoger su propio gobierno; principio mantenido con verdadero interés por los Estados Unidos, empeñados siempre en demostrar que en las instituciones liberales está vinculada la prosperidad nacional y la felicidad de los ciudadanos. Es por esto por lo que siempre hemos considerado ofensivo para la América que Europa pretenda extender su sistema político a este Continente; y como quiera que son los Estados Unidos la única nación americana que está en condiciones de resistir cualquiera agresión que en ese sentido se pudiera hacer, de ahí nuestra actitud en casos como éste.

¿Es cierto que la prosperidad y la seguridad de los Estados Unidos hasta tal punto están empeñadas en el hecho de que las naciones de América mantengan su independencia, que en caso de agresión a una de éstas están compelidos a defenderla? Desde luego que sí. Todas las naciones de la América, tanto las del Norte como las del Sur, por su proximidad geográfica, por la simpatía que las une y por haber establecido todas el gobierno constitucional, son amigas y aliadas, tanto comercial como políticamente, de los Estados Unidos; y si permitiéramos que alguna nación de Europa dominara a una de aquéllas, perderíamos todas las ventajas de nuestra posición. Pero hay más. El pueblo de los Estados Unidos tiene un interés vital en el mantenimiento del principio del gobierno popular, por nosotros proclamado a costa de mucha sangre y muchos sacrificios y arraigado con admirable lozanía; y hasta tal punto tenemos fe en dicho principio, que entendemos que el grado de civilización de un pueblo se puede medir por el mayor o menor esplendor con que lo mantenga. Dominado por este sentimiento el pueblo de los Estados Unidos, no es de extrañar que se mantenga tan adicto a esa causa. Pero ya pasó la edad de las cruzadas: si los Estados Unidos mantienen con tanta devoción el principio del gobierno popular, es porque en su sostenimiento está vinculada su seguridad y su prosperidad. Es por esto por lo que no toleramos que ninguna nación de Europa controle a una de la América.

Tenemos que prevenirnos contra ese mal; y si podemos, debemos evitar que ocurran las circunstancias que puedan acarrearlo. Las naciones cristianas, en sus relaciones entre sí, deben mantener análogos principios a los que regulan la conducta de los hombres. Los estados más fuertes están obligados a enseñar, con su ejemplo, que los pueblos se deben gobernar de acuerdo con las reglas del derecho y la justicia. Cuando un estado poderoso se sienta tentado del deseo de engrandecerse a costa de otros, debe tener presente que, por lo mismo que es poderoso, no debe hacer mal uso de su fuerza. Los Estados Unidos, de hecho, son soberanos en este Continente; y al mezclarse en esta cuestión, lo hacen invocando títulos muy legítimos. Si se mezclan en esta cuestión, es no sólo por razones de amistad y de civilización, no sólo por su invariable adhesión a los principios de justicia y equidad, sino porque sus enormes recursos y su aislamiento los hacen dueños de la situación y les exigen que se pongan frente a las pretensiones de los otros estados.

Todas las ventajas de esta superioridad las perderíamos si alguno de los estados de América se convirtiera en colonia de una nación europea. Perderíamos nuestras ventajas desde el momento en que cada nación de Europa tuviera en América una base de operaciones contra nosotros. Las ventajas que adquiera una potencia, querrían conseguirla también las otras; y, en definitiva, el espectáculo de las luchas por el reparto de Africa tendría un nuevo escenario en la América. Se comenzaría por el reparto de los países menos fuertes; pero, en definitiva, toda la América del Sur sería objeto de reparto entre las potencias de Europa. Las consecuencias que de semejante orden de cosas se derivaría, serían desastrosas para los Estados Unidos. Perderíamos toda nuestra autoridad y todo nuestro prestigio, y en definitiva no vendríamos a significar nada en la comunidad de las naciones desde el momento en que tuviéramos a nuestras puertas a los que en la paz vendrían a ser nuestros rivales y nuestros enemigos en caso de guerra. Hasta ahora, afortunadamente, no hemos necesitado acumular los enormes recursos militares con que cuentan otras naciones, y quizás de esto dependa, en gran parte, no sólo nuestra riqueza, sino hasta la felicidad de los ciudadanos. Nuestras condiciones variarían desde el momento en que las naciones de Europa tuvieran posiciones en este Continente. Por lo pronto, nos veríamos obligados a armarnos hasta los dientes; nuestra juventud tendría que ingresar en la marina o en el ejército, y, al distraerla de las industrias de la paz, suprimiríamos en gran parte nuestra poderosa energía productora.

Es difícil precisar la magnitud del mal que tal cosa nos traería. No es que nos preocupe el hecho de que pudiéramos mantener buenas o malas relaciones de amistad con las potencias europeas, si semejante eventualidad ocurriese. Es que el pueblo de los Estados Unidos sabe por experiencia que las relaciones exteriores de los estados no se inspiran en sentimientos, ni en principios, sino en su propia conveniencia. No se nos olvida que en momentos, para nosotros de grave peligro, todos nuestros temores y nuestras calamidades se vieron agravados con actos, atentatorios para nuestra nacionalidad, por parte de potencias con las que habíamos mantenido las mejores relaciones. Todavía tenemos presente que Francia aprovechó la circunstancia de vernos envueltos en una guerra civil, para pretender convertir en una monarquía la vecina República Mejicana. No abrigamos duda con respecto a que, de buen grado, Francia y la Gran Bretaña aumentarían sus actuales posiciones en este hemisferio, hasta conseguir ponerle fin al predominio de nuestra gran República. De todos estos peligros hemos escapado hasta el presente, gracias a la manera eficaz, aunque sin mucho ruido, con que hemos mantenido la doctrina que enunció el Presidente Monroe, y la que no podemos abandonar a menos que nos decidiéramos a abandonar los consejos de la experiencia, renunciando a la política que, al par que nos ha evitado agresiones exteriores, ha sido causa, en gran parte, de nuestra prosperidad.

Tal es la doctrina del Derecho Público Americano, que se inspira en principios admirables y que, fundándose en múltiples antecedentes, le exige a los Estados Unidos que consideren como atentatorio a ellos mismos el acto de una potencia europea por el que se pretenda ejercer control sobre una nación americana.

Demuestra por último la "nota" la pertinencia de la aplicación de la doctrina de Monroe a la cuestión planteada, en esta forma:

Es indiscutible la aplicación que en este caso tenemos que hacer de la doctrina de Monroe. La controversia se refiere al dominio—por tanto, al control político—sobre una extensión territorial que abraza, según las reclamaciones inglesas formuladas en estos dos últimos años, unas 33,000 millas cuadradas. Esa extensión superficial llega hasta la misma boca del río Orinoco y su posesión tiene, por eso, gran importancia en relación con la navegación de dicho río, y hasta para las regiones del interior de la América del Sur. De ninguna manera podemos mirar la disputa entre una nación de la América y otra de Europa, por el hecho de las posesiones que tenga ésta en este Continente, cual si se tratara de una cuestión surgida por la fijación de los linderos entre Venezuela y Brasil o entre Venezuela y Colombia. Este caso, en que no sería procedente la intervención, es distinto al de que aquí se trata.

En este caso, la controversia no es con la Colonia de la Gran Bretaña, sino con la Gran Bretaña directamente. No tendríamos inconveniente en que se apelara a la fuerza, si la lucha fuese entre Venezuela y la Guayana Inglesa; pero bajo ningún concepto podemos admitir la tesis de que, por tratarse de una posesión que es europea, no es de aplicarse la doctrina de Monroe, supuesto que, de admitirla, perdería toda su fuerza y todo su prestigio dicha doctrina y se autorizaría a las naciones europeas, que tienen posesiones en este Continente, para ensancharlas, ya por la fuerza, ya por medios pacíficos.

El extremo de la doctrina de Monroe relativo a que los Estados Unidos nada tendrían que ver con las colonias o dependencias europeas existentes cuando aquélla se promulgó, se refiere a dichas dependencias y colonias con la extensión que tenían en el momento de promulgarse la citada doctrina; y no podemos concederle a ese extremo otra interpretación, so pena de quitarle a ésta toda su importancia. Es evidente que tanto infringe la doctrina de Monroe la Gran Bretaña ensanchando los linderos de su antigua colonia en perjuicio del territorio venezolano, como pretendiendo establecer una nueva colonia. Se trata de casos distintos en la apariencia, pero, en el fondo, idénticos.

En 26 de noviembre del propio año, Lord Salisbury expidió un despacho contestando la nota de Olney. En él dice que la doctrina de Monroe tuvo su razón de ser en la época que se promulgó, esto es, en momentos en que determinadas naciones de Europa pensaban en la reconquista de los territorios de América; que en el caso en cuestión, como no se trataba por Inglaterra de establecer una colonia en Venezuela, ni de obligar a esta República a cambiar su forma de gobierno, sino que sólo se debatía una simple cuestión de linderos, era improcedente la apelación que se hacía a la referida doctrina del quinto Presidente.

La doctrina de Monroe no establece—añadía Lord Salisbury—que cuando surja una cuestión de linderos se deba recurrir al arbitraje; y, en su consecuencia, una tercera nación, que no sea parte en el asunto, no tiene derecho a imponer soluciones. Por otra parte, decía, la doctrina de Monroe será muy respetable dada la elevación de quienes han sido sus mantenedores, pero no por eso estamos en el deber de acatarla. Los cánones del Derecho Internacional obligan cuando han sido aceptados por todas las naciones, pero éste no es el caso de la doctrina de Monroe.

La réplica a la contestación de Lord Salisbury se encuentra en el Mensaje especial que en 17 de diciembre dirigió el Presidente Cleveland al Congreso. Rebatió la alegación referente a que la doctrina de Monroe no tenía fuerza obligatoria por no formar parte del Derecho Internacional, aduciendo que, de acuerdo con ese derecho, un Estado debía intervenir en la disputa de otros dos cuando considerara afectados sus derechos; y en cuanto al particular relativo a que la doctrina de Monroe para nada tenía que rezar con una simple cuestión de linderos, alegó que lo mismo se infringía dicha doctrina por la conquista de territorios, que por el ensanche de las fronteras de una colonia. He aquí las palabras de Cleveland: