TERCERA PARTE LA PREPONDERANCIA EN EL CARIBE (continued 3)

En la mañana del día 9 de abril del año 1914, encontrándose anclado en aguas de Tampico el crucero "Dolphin", varios de sus tripulantes, que se encontraban en tierra adquiriendo provisiones, fueron detenidos por las autoridades huertistas. Hora y media después eran puestos en libertad, con todo género de excusas y satisfacciones; pero el Almirante Mayo exigió algo más: pidió que la bandera norteamericana fuese saludada con veintiún cañonazos, y como el General Huerta se negara a realizar dicho saludo, el día 20 del citado mes el Presidente Wilson solicita y obtiene del Congreso la debida autorización, "para usar la fuerza armada de los Estados Unidos con el objeto de obtener del General Huerta y de sus partidarios, el más completo reconocimiento de la dignidad y de los derechos de los Estados Unidos". No tardó el Presidente Wilson en hacer uso de esta autorización. Puso en movimiento inmediatamente algunas unidades navales y al día siguiente, tras un encarnizado combate en que ocurrieron abundantes bajas de ambas partes, las fuerzas del Almirante Fletcher ocuparon la ciudad de Veracruz.

Una vez ocurrida dicha ocupación y como no dieran trazas las fuerzas norteamericanas de abandonar la plaza, el Presidente Wilson, a fin de satisfacer la curiosidad pública, ávida de enterarse de sus propósitos, declaró que tal acto no constituía ningún ultraje a la nación mejicana, sino una represalia a la persona de Victoriano Huerta, que gratuitamente había provocado un conflicto con los Estados Unidos.

Esta declaración no satisfizo a la opinión mejicana, la que desde un principio juzgó aquel acto como una violación de las leyes internacionales y un ultraje a la dignidad de la nación. Por momentos la situación se hacía más difícil y cuando parecía inminente que habría de sobrevenir un estado de guerra, los embajadores de la Argentina, Brazil y Chile ante el Gobierno de Washington, le ofrecen su mediación a éste y a las facciones de Huerta y Carranza, para arreglar los conflictos internos de Méjico, así como las diferencias entre esta República y la de los Estados Unidos.

Aceptada dicha mediación, por todos menos por Carranza, que no quiso someterse a la condición que se le impuso de suspender las hostilidades, en 20 de mayo de 1914 se reunieron en Niágara Falls, Ontario, los referidos diplomáticos, los representantes del gobierno de Washington y los del General Huerta. Apenas iniciada la conferencia, y convencidos sus miembros de que mientras perdurase el conflicto mejicano, no se retirarían de Veracruz las fuerzas norteamericanas, adoptaron un acuerdo que suponía la remoción del verdadero obstáculo que se oponía a la paz: la presencia de Huerta en el poder. El 12 de junio, con efecto, de hecho quedó pactada la caída de Huerta, al consignarse entre los acuerdos de la conferencia, el de que se reconocería en la ciudad de Méjico un gobierno cuyo carácter se definiría después y que perduraría hasta que fuese inaugurado un Presidente constitucional.

Ante este acuerdo, tuvo Huerta que ceder. El día 15 de julio presentó su renuncia al Congreso, ocupando la Presidencia, provisionalmente, Francisco Carvajal, hasta el día 2 de agosto, en que entraron en la capital las fuerzas constitucionales y desde cuya fecha Venustiano Carranza asumió aquel cargo. A mediados del mes siguiente, se retiraron las tropas norteamericanas que ocupaban a Veracruz.

Año y medio después vuelven a ser tirantes las relaciones entre las dos repúblicas. En 10 de enero de 1916, el bandido Pancho Villa, alzado en armas contra el gobierno de Carranza y que por lo visto quería provocar la intervención de los Estados Unidos, asalta un tren en Santa Isabel, cerca de Chihuahua, dando muerte a catorce viajeros de nacionalidad norteamericana. Este suceso produjo honda indignación en los Estados Unidos. Gran parte de la opinión acusó directamente al Presidente Wilson como responsable del mismo, por no haber actuado, por haber adoptado la política que se llamó "de la espera-paciente" ("watchfull waiting"). Fué el ex presidente Roosevelt de los que con más rudeza atacó a Wilson, no explicándose la conducta de la administración al negarse a intervenir en los asuntos de Méjico, so pretexto de que la defensa de los dollars invertidos por los americanos en dicha República, no ameritaba el sacrificio de la vida de un solo soldado. Contribuía a excitar aún más la opinión, el hecho de que el Gobierno de Carranza no diera trazas de preocuparse en perseguir a los bandidos que con sus continuas depredaciones mantenían sobresaltadas las poblaciones americanas inmediatas a la frontera.

Pronto se vió obligado, sin embargo, el Presidente Wilson, a abandonar su política del "watchfull waiting". El día 9 de marzo atraviesa Villa la frontera al frente de unos mil hombres y asalta el pueblo de Columbus, Estado de Nuevo Méjico, asesinando a muchos de sus moradores y causando otros estragos, y al día siguiente el Presidente reúne su gabinete y se acuerda enviar a Méjico un contingente militar con objeto de poner término a las incursiones de los bandidos. Tanto el Presidente, como el Secretario de la Guerra, declararon que los fines de la excursión habían de ser exclusivamente punitivos y que se guardarían los debidos respetos para la soberanía mejicana. No tardó el Congreso en respaldar la actitud del Ejecutivo, al autorizar a éste para movilizar el número de soldados que fuesen necesarios, no sin hacer también la salvedad, de que tal acción no habría de significar, en modo alguno, el deseo de intervenir en los asuntos domésticos de la vecina república.

Al enterarse Carranza del envío de la expedición, le hizo saber al Gobierno de Washington que no la consideraba justificada, ni toleraría la invasión, a menos que a su gobierno se le reconociera el mismo derecho, en análoga situación. Carranza al enviar esta nota, que fué depositada en la Cancillería americana por medio de su Agente Confidencial, sólo quiso, según explicó después, hacerle ver al Presidente Wilson, que estaba dispuesto a entrar en negociaciones para autorizar la expedición sobre aquella base de reciprocidad; pero Wilson le dió otro alcance a dicha nota, la tomó como una oferta de aceptar desde luego la invasión, siempre que a su gobierno, en idéntica situación, se le reconociera igual derecho; de ahí, que a los dos días de haberle contestado al Presidente mejicano que aceptaba aquella propuesta, la expedición penetraba en territorio azteca. El entonces Brigadier Pershing, marchó al frente de la invasión y el Mayor General Funston quedó en la frontera, para dirigir desde ella las operaciones.

Apenas ocurrió este hecho, el Presidente Carranza le pidió al gobierno de los Estados Unidos que retirase la expedición. Para tratar de este asunto se celebraron conferencias en El Paso por el mes de mayo, entre representantes de las dos naciones, pero no obstante los esfuerzos que se realizaron, no se obtuvo acuerdo alguno. Carranza se mantuvo en su actitud. Insistió con reiteración, por medio de notas constantes, cuyo tono de arrogancia era más marcado cada vez, en la retirada de la expedición punitiva y cuando eran más tirantes las relaciones entre los dos gobiernos, ocurre un suceso que pareció ser el detalle que faltaba para provocar la ruptura de las hostilidades. En 21 de mayo trabaron combate una fuerza americana y otra mejicana que se habían puesto en contacto en Carrizal, con grandes pérdidas de una y otra parte. La excitación que este hecho produjo en las dos repúblicas fué inmensa. La guerra parecía ya un hecho. El Congreso norteamericano se reúne inmediatamente y vota un crédito de $25,000.000.00 para satisfacer los gastos de movilización de la Guardia Nacional.

Pero cuando ya la ruptura parecía inminente, cambia el sesgo de las cosas. Varios representantes diplomáticos europeos y suramericanos, deseosos de conjurar la crisis, le piden al General Carranza que cambie el tono de su actitud con respecto al Gobierno de Washington. Esas gestiones son seguidas de otras cerca de este último gobierno y una vez lograda una mejor disposición, ya dentro de un ambiente más cordial, se provoca la reunión de una comisión de representantes de los dos gobiernos. Llevóse a cabo dicha reunión, con éxito satisfactorio en Atlantic City, New Jersey, y zanjadas al fin las diferencias, quedó convenida la retirada de la expedición punitiva, llevándose ésta a cabo en enero de 1917. Poco tiempo después, de nuevo se hacen tirantes las relaciones entre las dos naciones, al promulgarse en 1º de mayo de 1917 una nueva Constitución, inspirada por Carranza, en la que se declaró, por su artículo 27, que eran del dominio de la nación todas las pertenencias del subsuelo. Las empresas norteamericanas interesadas en negocios de petróleo en este país elevaron su protesta al Gobierno de Washington, por entender que aquella disposición envolvía una verdadera conculcación de los derechos domínicos adquiridos al amparo de las leyes mejicanas y dicho gobierno, juzgándola justificada, la trasmitió al de Méjico. Este no quiso prestar atención a los reclamantes y tan importante ha juzgado el asunto la Cancillería norteamericana, que por consecuencia del mismo, no fué reconocido Adolfo de la Huerta, que ocupó el gobierno provisionalmente a consecuencia de la muerte trágica de Carranza, ocurrida en 21 de mayo de 1920, ni el General Alvaro Obregón, que desempeña la presidencia desde diciembre de dicho año.

Claro está, que semejante situación perjudica a todos: a Méjico, porque el país necesita mantener sus relaciones mercantiles y financieras con los Estados Unidos y a éstos, por el quebranto que han sufrido y están sufriendo los cuantiosos intereses invertidos en dicha república. El General Obregón ha procurado reanudar las relaciones entre los dos países, pero considera inaceptable la condición que para llegar a ese resultado se le exige por el gobierno de los Estados Unidos, consistente en que se declare, por medio de un Tratado, que el antes referido artículo 27 de la Constitución, no perjudica los derechos adquiridos con anterioridad.

Tal es la situación del gobierno de Méjico en estos momentos. Veinticuatro naciones lo han reconocido, pero otras, entre las que figuran Francia y la Gran Bretaña, no han dado ese paso, en espera sin duda de la aptitud que adopten los Estados Unidos.

(II) NOTAS CRITICAS

I.—La política intervencionista de los Estados Unidos en el mar Caribe. Sus precursores. Sus causas. Caracteres que le son propios.

La preponderancia de los Estados Unidos en el mar Caribe cobró verdadero interés al concertarse, en 18 de noviembre de 1901, el Tratado Hay-Pauncefote, por el cual la Gran Bretaña renunció el derecho, que había adquirido desde el año 1850, de compartir con aquella República la construcción y explotación de un canal interoceánico. La renuncia de tal derecho significaba para el gobierno inglés algo más que la conformidad en que el canal quedara bajo el control de los Estados Unidos: era darle paso franco a esta nación para que ejerciera un completo señorío sobre las Indias Occidentales y la América Central. Una vez resueltos los Estados Unidos, dice el profesor Latané, a llevar a cabo el proyecto, por tanto tiempo acariciado, de ser los constructores del canal, esta determinación por fuerza tenía que imponerles la adopción de la política de protectorados, supervisiones financieras, dominio de rutas marítimas y adquisición de estaciones navales que han asumido en el Caribe.

Esta política, que hemos llamado de la "Preponderancia en el Caribe", aunque iniciada y desenvuelta en lo que de este siglo va transcurrido, tuvo sus precursores o iniciadores en el anterior, principalmente en el tiempo que corre desde el año 1870 hasta el de 1881, durante los períodos presidenciales de Grant, Hayes y Garfield. Acentuóse, con efecto, en esta época, en la Cancillería de Washington una marcada tendencia que llamaremos "americanista", siguiendo la expresión del profesor Hart. En 1870 el Presidente Grant se dirigió oficialmente al Congreso pidiendo la anexión de Santo Domingo en nombre de la Doctrina de Monroe y este mismo año, Hamilton Fish, que desempeñaba la Secretaría de Estado, declaró públicamente que el canal se debía llevar a cabo bajo los auspicios de los Estados Unidos. En 1880 el Presidente Hayes, primero, y el Secretario Evarts, después, reiteraron esa declaración en mérito de que el canal no habría de ser más que una prolongación de las costas de los Estados Unidos, y a su vez la ratificaron, al año siguiente, el Presidente Garfield y su Secretario de Estado, el ilustre James G. Blaine.

Cuando se hicieron estas declaraciones fueron unánimemente aceptadas por la opinión. Parecía que sólo se esperaba la ocasión propicia para iniciar en la zona del Caribe una enérgica acción "americanista". Pero, a pesar de esto; a pesar de que desde época tan relativamente lejana se sintieron los primeros latidos del imperialismo; como no era tarea fácil la de llevar al pueblo, tan apegado a los viejos principios de "aislamiento", al nuevo orden de cosas, trabajo costó que la opinión se aviniese a él. Sólo a esto se debe, dicen los escritores Powers y Jones, que el espíritu partidarista, el simple afán de hacerle oposición al Presidente de la República, hiciera fracasar en el Senado norteamericano el Tratado que negoció la administración de Roosevelt con Santo Domingo en 1905, y el que a su vez celebró con Nicaragua el Presidente Taft en 1911; sin darse cuenta los congresistas oposicionistas de que las supervisiones que por dichos convenios se establecían eran para la nación un asunto de tan vital interés como el que más pudiera serlo. Hoy, añaden dichos escritores, las cosas han ido cambiando y se estima por todos, como cuestión ajena a los partidos y que está por encima de éstos, que los Estados Unidos no deben abandonar la política, que se han impuesto, de tener un poder preponderante y asumir determinadas responsabilidades con respecto a sus vecinos del Sur. Nadie duda ya, dicen, de que la nación no ha de abandonar dicho control, a menos que quiera poner en riesgo su propia existencia.

Expuestas estas breves consideraciones acerca del momento en que los Estados Unidos inician su política intervencionista, así como respecto a la decisión con que se disponen a mantenerla, cumple que nos refiramos ahora a los móviles que han impuesto a dicha nación el desarrollo de esa fuerza preponderante.

La causa primordial que ha llevado a los Estados Unidos a ejercer cierta función tutelar sobre las Repúblicas del Caribe, no obedece a otra cosa que al propósito de obtener garantías de seguridad en el exterior. Circunscribíanse éstas, en otra época, al mantenimiento de la Doctrina de Monroe: los Estados Unidos, al defender a los países latinoamericanos, lo que perseguían en realidad era su propia defensa; evitaban que sentando sus reales en América una potencia europea se les creara a ellos una vecindad peligrosa. Hoy, a la seguridad de la nación no le basta esa actitud de pasividad, por así decirlo, sino que requiere, para proteger sus grandes intereses comerciales y su rango de potencia naval de primer orden, el ejercicio de cierta acción de predominio en el exterior.

Esto hace que se diga con frecuencia que la Doctrina de Monroe ha evolucionado; que antes se la aplicaba para defender a los países hispanoamericanos, mientras que hoy se la invoca para avasallarlos. No ha habido tal evolución de la Doctrina: son los tiempos los que han evolucionado; son nuevas circunstancias las que han exigido que las medidas de seguridad no se limiten a permanecer en guardia frente a los peligros exteriores, sino en tomar, adelantándose a éstos, posiciones de ventaja en los países vecinos.

Para comprobar hasta qué punto ha sido de necesidad para los Estados Unidos tomar esas posiciones de ventaja en los países que baña el mar Caribe, merece la pena que nos detengamos a considerar lo que representa esa zona para dicha nación, en todos los aspectos del asunto.

El mar Caribe es para la América del Norte lo que el Mediterráneo para Europa; de ahí, que el interés que ha llevado a la Gran Bretaña a dominar sobre Egipto; a Francia sobre Argelia y Túnez; a España sobre Marruecos y a Italia sobre Trípoli, y que mantuvo el apetito de Alemania, antes de la última guerra, por conseguir también posiciones en la costa septentrional de Africa, sea el mismo que ha exigido a los Estados Unidos el mantenimiento de su soberanía sobre Puerto Rico, la adquisición de las Islas Vírgenes y el ejercicio de ciertos protectorados. Aquellas islas y las de Cuba y Santo Domingo no sólo constituyen la mejor defensa de la costa sur de los Estados Unidos, sino que desde ellas y desde las dos denominadas Maíz, situadas en la costa de Nicaragua y arrendadas a aquella República, se dominan todas las vías que conducen al canal de Panamá.

Por el Caribe discurre todo el enorme comercio que mantienen los Estados Unidos con las Antillas y con Centro y Suramérica, y por sus aguas tienen que cruzar también las embarcaciones, cuyo número crece día por día, que comunican, al través del canal de Panamá, a diversas regiones del globo. Negar, en mérito de tales circunstancias, el interés de la República Norteamericana en mantener su predominio en este mar, significaría desconocer la historia, y equivaldría a negar que la Gran Bretaña debe gran parte de su actual poderío al dominio que ha podido mantener sobre el canal de Suez y otros puntos estratégicos del Mediterráneo; que Portugal, en época pasada, llegó a pesar en la política mundial debido en gran parte a la adquisición del cabo de Buena Esperanza, y que la causa primordial de la reciente guerra mundial no fué otra que el deseo de Alemania de establecer y dominar una nueva vía de comunicación con los países del Oriente. Ocurre con los países del Caribe, dice Jones, lo que con los Balkanes y el Asia Menor: que su valor para las grandes potencias de Europa está representado, no en lo que valen esas regiones, por sí mismas, sino en el hecho de que al través de ellas se comunique Oriente con Occidente.

El aspecto político no es de menor importancia que el que ofrece el asunto, según acabamos de ver, desde los puntos de vista geográfico y comercial. Los Estados Unidos invocan como principal finalidad de sus protectorados, la de mantener la Doctrina de Monroe; la de aplicarla preventivamente a fin de evitar los motivos de conflicto con otras potencias. En el caso de la enmienda Platt, se dijo por Root que su principal objeto era evitar los ataques a la independencia de Cuba; y con respecto a la ingerencia de los Estados Unidos, primero en Santo Domingo y después en Haití, se puede decir que se inició, en los dos casos, por algo así como por una mediación tendiente a evitar que de determinadas reclamaciones europeas se derivara una ocupación territorial. Al ejercer los Estados Unidos los protectorados que han asumido sobre estas islas, y sobre las Repúblicas de Panamá y Nicaragua en Centro América, protegen sus intereses, pero se convierten al propio tiempo, dicen sus estadistas, en los mejores fiadores de la independencia de dichas Repúblicas. Para ninguna otra potencia, dicen también, ofrecen las mismas, por múltiples razones, el interés que tienen para los Estados Unidos.

Hay un último aspecto, que podríamos llamar estratégico, al que nos vamos a referir ahora y que ofrece aún mayor importancia que los anteriores. No es la República Norteamericana la única potencia naval que tiene intereses en este mar. El territorio de Belice, en la costa de Honduras, y Jamaica, que es una de las Antillas mayores, pertenecen a la Gran Bretaña y en el grupo de las menores, las Barbadas, Trinidad y otras islas, son también colonias inglesas; la Martinica y Guadalupe pertenecen a Francia, y Curazao pertenece a Holanda; y aunque por el momento no parece probable que los intereses de estas naciones lleguen a ponerse en pugna con los de la Unión Norteamericana, dicha circunstancia no es suficiente para que esta nación deje de prevenirse contra los peligros de la brusquedad de un cambio en la política mundial.

La peculiar situación de Colombia y de Méjico, con costas que hacen frente a los dos océanos, habría de ser también motivo de inquietud para los Estados Unidos, como observa Powers, en caso de un conflicto internacional. Estas dos Repúblicas, debido a dolorosas circunstancias que por fortuna ya pasaron, con razón o sin ella, se sienten agraviadas y no han estado en buena disposición de amistad hacia los Estados Unidos; y éstos, que no desconocen el hecho, no pueden perder de vista la importancia que el mismo pudiera tener si llegaran a verse envueltos en guerra con una potencia europea o asiática.

El imperialismo de los Estados Unidos tiene caracteres que le son peculiares. Para convencerse de ello basta compararlo, en su origen y en sus tendencias, con el de las naciones de Europa. Después de consolidarse en Europa un grupo de naciones fuertes, pero sin ser ninguna bastante poderosa para dominar a las otras, y de crearse entre ellas una situación especial, un estado de equilibrio basado en el respeto mutuo y en el que cada una tenía los mismos derechos; algo así como una transacción entre la idea de dominación universal y la autonomía de los pueblos; dichas potencias, como si solamente pudieran vivir dentro de un perpetuo estado de rivalidad, llevaron su competencia a tierras lejanas. Aprovechando el nacimiento del sistema industrial, por los recursos que brindaba, especialmente para la navegación, se apoderó de ellas un afán desmedido por establecer colonias en todas las regiones del globo, por distantes que estuvieran. Ocuparon en Asia, Africa y la Oceanía cuantos territorios pudieron ser acaparados y el Continente Americano también hubiera sido objeto de reparto, a no ser por el mantenimiento de la Doctrina de Monroe. Desde entonces hasta hoy, como dijo en notable conferencia el Dr. Montoro, la expansión nacional ha sido el interés primordial de las grandes potencias del Viejo Mundo y la causa de todas las guerras en que éste se ha visto envuelto.

La actividad imperialista de dichas naciones no ha tenido otra finalidad que la de dominar el mercado importador de la colonia, zona de influencia o territorio protegido que de ella ha sido objeto, y absorber al propio tiempo su producción, siempre en provecho de la metrópoli y excluyendo la competencia comercial de otras naciones; en unos casos por medio del monopolio y en otros acudiendo al sistema de las tarifas diferenciales. La misma Francia, que al crearse el vasto imperio colonial que hoy posee iba tras un fin político más bien que económico, pues sólo procuraba encontrar en el exterior algo que compensara la derrota del año 1870, ha reducido en beneficio propio las tarifas aduaneras de sus posesiones, llegando esa reducción en algunos casos hasta el 58%.

El imperialismo norteamericano en su aspecto intervencionista, que es al que ahora nos referimos—no a aquel otro que consistió en el movimiento expansionista, a virtud del cual se fueron agregando a la Unión los territorios que hoy forman su enorme área—, no se ha inspirado, al revés de lo que ha ocurrido con el de las naciones de Europa, en ningún propósito económico. Los Estados Unidos no han establecido su esfera de influencia sobre las Repúblicas de Cuba, Santo Domingo, Haití, Panamá y Nicaragua con objeto de acaparar mercados ni recabar ventajas para su comercio. Su finalidad ha sido política: se ha reducido a ejercer sobre las Repúblicas vecinas determinado control, que sólo llega, por lo regular, al límite de lo necesario; y, aunque se inspira dicho intervencionismo en la salvaguardia de los intereses de la nación, dicen distinguidos escritores norteamericanos que produce como consecuencia la de garantizar la independencia de dichas Repúblicas. En la aprobación de la enmienda Platt—dijo nuestro eximio maestro el Dr. Antonio Govín—, no medió el intento de vulnerar la independencia de Cuba, sino que, por el contrario, se aspiró a protegerla.

Compartimos estas ideas, reconociendo como un hecho cierto que la política intervencionista de los Estados Unidos no ambiciona la anexión de nuevos territorios; pero se hace forzoso reconocer también que, limitada y todo como es su acción, la Cancillería de Washington, llegado el momento de mantenerla, no repara en medios, ni reconoce obstáculos. Buena prueba de ello la constituyen el gesto del Presidente Roosevelt al ordenar que se prohibiera el desembarque de las fuerzas de Colombia destinadas a reprimir la revolución que culminó en la independencia del istmo, so pretexto de que iban a entorpecer el tránsito por el Ferrocarril, y la actitud que algunos años después adoptó en Nicaragua la administración de Wilson, favoreciendo una revolución que al triunfar impuso en recompensa la celebración del Tratado por el cual los Estados Unidos adquirieron determinadas ventajas en el territorio de aquella República.

II.—La ingerencia norteamericana en las Repúblicas de Cuba, Panamá, Santo Domingo, Haití y Nicaragua, a tenor de los tratados vigentes y en la práctica. Censuras de que ha sido objeto.

Aunque en los Tratados celebrados por los Estados Unidos, en 22 de mayo de 1903, con la República de Cuba; en 18 de noviembre del mismo año, con la de Panamá; en 8 de febrero de 1907, con la de Santo Domingo; en 3 de agosto de 1914, con la de Nicaragua, y en 16 de septiembre de 1915 con la de Haití, se persigue la misma finalidad, esto es, asegurar el predominio de la nación norteamericana en la zona del mar Caribe, dichas convenciones no encierran las mismas disposiciones. Parecía lógico que, siendo el "control" sobre Cuba el primero que asumían los Estados Unidos, se reprodujeran las prescripciones de la ley que lo autorizó, o sea la Enmienda Platt, en los tratados que celebraron después con aquellas otras Repúblicas; pero el examen de la materia que ha sido objeto de tales tratados, y que hacemos a renglón seguido, revela que no fué así.

Las disposiciones de la Enmienda Platt, que son las mismas del Tratado Permanente de 22 de mayo de 1903, se pueden resumir en dos grupos: en el primero están comprendidas las prescripciones inspiradas en la Doctrina de Monroe y en la defensa de los intereses de los Estados Unidos como potencia naval; y en el segundo, aquellas en que se le concede a esta República cierta ingerencia en determinados asuntos, de orden interno, de la nación cubana. Pertenecen al primero: la disposición por la cual se previene al gobierno de Cuba que no celebrará con ninguna potencia extranjera tratado alguno por el cual se menoscabe la independencia, o se le otorgue el asiento o control sobre una porción de la isla, bien para colonizarla, bien para cualquier propósito naval o militar; y aquella otra en que se conviene en ceder o arrendar a la República norteamericana las tierras necesarias para estaciones navales; corresponden al segundo aquellas prescripciones por virtud de las cuales el gobierno de Cuba se compromete a no contraer deudas exageradas; consiente en que los Estados Unidos intervengan para la conservación de la independencia, para el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de las vidas, las propiedades y la libertad individual y para el cumplimiento de las cláusulas del Tratado de París pertinentes a Cuba, y se obliga a mantener la isla en buenas condiciones sanitarias.

En el Tratado con Panamá, cuya finalidad no fué otra que la de obtener la cesión del territorio necesario para la construcción del canal, el poder intervencionista no tiene la amplitud que en la Enmienda Platt. Amén de la obligación que contraen los Estados Unidos de garantizar la independencia de dicha República, se faculta al gobierno de Washington para mantener a las ciudades de Panamá y Colón en buenas condiciones sanitarias, caso de que el de Panamá desatienda ese deber, así como para guardar el orden público, en el mismo caso, en las propias poblaciones y sus territorios y bahías adyacentes y también, como en el caso de Cuba, el gobierno de Panamá se compromete a vender o arrendar a los Estados Unidos los terrenos necesarios para estaciones navales; pero, en cambio, nada se dice con respecto al compromiso de no contraer deudas exageradas, ni en cuanto a la prohibición de celebrar con cualquiera potencia extranjera ningún tratado que menoscabe la independencia.

El Tratado suscrito con la República Dominicana en 8 de febrero de 1907 fué de un alcance limitado. El gobierno de dicha República, después de realizar bajo los auspicios de los Estados Unidos lo que se llamó el "ajuste" de la deuda exterior e interior y de levantar un empréstito con unos banqueros neoyorkinos para satisfacer dichas deudas, habiendo afectado, en garantía del pago de los bonos de esta operación los derechos de importación, convino con el gobierno de Washington, por este Tratado, en que el Presidente de los Estados Unidos nombraría al Receptor y a los empleados subalternos de las Aduanas, y en que la deuda pública no podría ser aumentada, ni los referidos derechos modificados, a no ser de acuerdo con el aludido gobierno norteamericano.

El Tratado celebrado con Haití es el más amplio y comprensivo de todos. Se reproducen de la Enmienda Platt las cláusulas relativas al compromiso de no contraer deudas exageradas y no vender ni arrendar a ningún gobierno extranjero parte alguna del territorio nacional, ni celebrar Tratado alguno con ninguna potencia extranjera que menoscabe o tienda a menoscabar la independencia, y el derecho de intervenir para preservar la independencia y mantener un gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual; pero, además, se consignan otras en que el intervencionismo llega a los más radicales extremos. El Presidente de los Estados Unidos queda facultado para nombrar un Receptor General de las Aduanas, así como un Consultor Fiscal, en cuyas manos se pone toda la situación financiera del gobierno; la fuerza de policía urbana y rural se somete a la dirección y organización de oficiales norteamericanos designados por el propio Presidente de los Estados Unidos, quien además nombra un Superintendente en materia de Sanidad. Además, se compromete el gobierno de los Estados Unidos a ayudar al de Haití en el propio y eficiente desarrollo de la agricultura, minería y recursos comerciales y en el establecimiento de las finanzas sobre bases sólidas y firmes; pero, en cambio, mientras el Tratado con Cuba es de carácter permanente, el término del celebrado con esta otra República es por diez años prorrogables a otros diez.

En el Tratado celebrado con Nicaragua se limitaron los Estados Unidos a recabar determinadas ventajas estratégicas: el derecho de construir un canal por la vía del río San Juan y el arrendamiento de dos islas en el mar Caribe y del territorio necesario para una base naval en el Golfo de Fonseca, en la costa del Pacífico, con destino a estación naval.

El examen de la diversidad de materias que abrazan estos tratados y el estudio de sus varios aspectos indican bien a las claras que han sido distintas las circunstancias que en cada caso han preocupado a la Cancillería de Washington, por más que la finalidad haya sido la misma en todos los casos, según antes dijimos: fortalecer los intereses de los Estados Unidos en el mar Caribe. En el caso de Cuba se quiso asegurar para siempre la ingerencia de la nación norteamericana en esta República, en atención sin duda a las estrechas relaciones financieras y comerciales existentes con la isla, a su proximidad, tanto a la Florida como al canal de Panamá, y al dominio que desde ella se ejerce sobre la entrada del Golfo Mejicano. En el Tratado con Panamá predominó el interés de la construcción del canal, que fué el mismo que aconsejó la adquisición de ciertas ventajas estratégicas en Nicaragua. El convenio celebrado con Santo Domingo respondió al interés de evitar los peligros de una intervención europea; y en el estipulado con Haití, teniendo en su inicio la misma causa, se quiso ofrecer a esta República la oportunidad de rehabilitarse, adquiriendo las prácticas del gobierno propio.

Con el examen de estos convenios internacionales no se completa, sin embargo, el estudio de la influencia y supervisión que ejercen los Estados Unidos en las Repúblicas de Cuba, Panamá, Santo Domingo, Haití y Nicaragua. Del orden de cosas que ha existido en Cuba y en Panamá se puede decir, en líneas generales, que se compadece con la legalidad establecida por sus respectivos tratados; pero éste no es el caso de las otras tres Repúblicas. En Santo Domingo ha sido suprimido el gobierno propio; en Haití sólo queda un asomo del mismo y en Nicaragua, donde se limitaron los Estados Unidos a recabar posiciones y ventajas estratégicas, la Cancillería norteamericana ha llegado a tomar un incremento decisivo en la política y en las finanzas.

La política intervencionista en la zona del mar Caribe ha llegado a infundir cierta desconfianza, con respecto a los propósitos de los Estados Unidos, a gran parte de la opinión en los países de Hispanoamérica; sin que hayan bastado para desvanecer tal recelo las reiteradas declaraciones formuladas por los estadistas norteamericanos en el sentido de que aquella República no se vale de la superioridad de su fuerza para destruir soberanías, sino que la aprovecha tan sólo para asegurar su preponderancia.

Labor inútil o infructuosa sería la nuestra, si nos dedicáramos a criticar la función tutelar de los Estados Unidos, en sí misma, como hecho, a fin de juzgar de su bondad o de su justicia. Nada más lejos de nuestros propósitos. La política expansionista de los grandes Estados es un fenómeno que se impone por igual a los fuertes y a los débiles: a aquéllos como una exigencia, como una condicional de su existencia; y a estos últimos haciendo caso omiso de su voluntad, es decir, a despecho de ella. Frente a los hechos que se imponen por sí mismos, ¿a qué las palabras?

Los fenómenos políticos—dice Ingenieros—no son el resultado de una libre elección de medios y de fines por parte de los pueblos o de los gobiernos... Los pueblos fuertes—agrega el ilustre sociólogo argentino—se consideran encargados de tutelar a los otros, extendiendo a ellos los beneficios de su civilización más evolucionada. Los débiles suelen protestar, oponiendo la palabra derecho a la fuerza del hecho; los medios necesarios para ejercer la tutela pueden parecer injustos, pero la historia ignora la palabra justicia; se burla de los débiles y es cómplice de los fuertes.

Después de todo, añadimos nosotros, la tan decantada igualdad de los Estados no ha existido nunca y mucho menos ha de ser viable hoy, en que nuevos medios y nuevas circunstancias estrechan de día en día las relaciones de interdependencia de todos los pueblos de la Tierra.

Pero si la tarea de hacer la crítica de las causas determinantes de la función tutelar de los Estados Unidos resultaría estéril o innecesaria, no se puede decir otro tanto acerca del estudio de los medios adoptados para ejercer dicha tutela. Tal estudio nos ha de permitir conocer si aquella política se reduce a los límites que señalan las necesidades en que se inspira, o si trasciende a excesos innecesarios; extremos todos cuyo conocimiento resulta por demás de positivo interés. En la imposibilidad de enumerar todos los cargos que se pueden aducir contra los Estados Unidos, a este respecto, vamos a referirnos a los más fundamentales.

Llama la atención, en primer lugar, la forma en que se ejerce dicha política. Revela su examen que no responde a un plan, a un estudio meditado y detenido de la materia: no hay uniformidad; no se observa una orientación definida, una línea de conducta uniforme. Cada actuación lleva el sello de quien la realiza; en cada episodio van impresas la voluntad y las ideas de quien en el momento de su ocurrencia desempeña la Presidencia de la vecina República; de ahí que se diga que la determinación del gobierno de Washington resulta en cada caso una incógnita. La Comisión enviada a La Habana por el Presidente Roosevelt, en 1906, con objeto de poner fin a la revolución que entonces existía en la isla, acordó una solución que de hecho equivalía al triunfo de aquélla. Tres años después, habiendo estallado en Nicaragua una revolución contra el Presidente Zelaya, contribuyó también a su triunfo, de manera decisiva, la actitud que asumió contra dicho gobernante el Presidente Taft. En cambio, en 1917 el Presidente Wilson, haciendo buenas las palabras vertidas en el discurso pronunciado en Mobila en 27 de octubre de 1913, aplicó en dos ocasiones su teoría contraria al reconocimiento de los gobiernos que fuesen producto de la violencia: una, con motivo de la revolución de que fué teatro Cuba en febrero de 1917, y otra, este mismo año, con ocasión del golpe de estado que depuso a Alfredo González de la Presidencia de Costa Rica.

Otro aspecto de la política intervencionista de los Estados Unidos, gráficamente denominado "diplomacia del dollar", contra el cual, con verdadero fundamento, ha sido unánime la protesta, aun en los propios Estados Unidos, estriba en el hecho de que dicha política, en algunas ocasiones, se ha puesto al servicio de determinados intereses privados. El nombre de unos banqueros neoyorkinos va unido a la historia de la ingerencia norteamericana en los asuntos de Nicaragua; y en muchas de las medidas adoptadas por el poder interventor que rige con omnímodas facultades los destinos de Haití se refleja, según leemos en importantes publicaciones de los Estados Unidos, la influencia del National City Bank of New York, cuyos intereses en dicha República, ya de por sí apreciables, se aspira a ver acrecentados.

Pero donde la crítica concentra sus ataques es cuando se trata de la situación actual de las Repúblicas Dominicana y Haitiana. Ya que la supresión del gobierno propio en Santo Domingo, siquiera sea provisionalmente, y el exceso de facultades que a espaldas del tratado vigente se han arrogado en Haití los funcionarios norteamericanos, son actos realizados por los Estados Unidos prevaliéndose de su fuerza, debían aprovechar esta situación, se dice, para coadyuvar al adelanto y mejoramiento de las costumbres públicas en dichas Repúblicas y contribuir al arraigo de sus instituciones políticas; en una palabra, que se debía realizar en el orden moral el progreso efectuado en materias de sanidad, enseñanza y obras públicas. Lejos de proceder de esta manera el gobierno de Washington, haciendo las cosas en forma que no se compadece con los antecedentes del pueblo norteamericano, con su cultura y con la misión que, por lo visto, le ha confiado la historia en este Continente, ha sometido dichas Repúblicas a un régimen en el que la libertad individual ha sido reducida a su expresión más insignificante, en el que la jurisdicción civil ha sido sustituída por la militar, y que sólo podrá traer una paz material de efímera duración.

Estas cosas ocurren, se ha dicho también, en primer lugar, porque el pueblo de los Estados Unidos las ignora; demasiado preocupado en sus asuntos interiores, cuando fija la mirada en la política exterior es para atender a los asuntos de Europa, en lo que éstos le pueden interesar; y en segundo término, porque en esta materia el Presidente es el único arbitro; sus facultades no están regladas, pudiendo proceder en todas las cosas a medida de su discreción.

Algo más que la conveniencia de los estados protegidos, el propio interés de la nación protectora exige que la actividad intervencionista revista una forma distinta a la seguida hasta hoy en aquellas Repúblicas. Para que una nación, que se presenta como directora de otras en la escena del mundo, pueda desarrollar con éxito sus planes expansionistas—dijo hace años en memorable conferencia el Dr. Enrique José Varona—requiérese que concurra, entre otras circunstancias, la de que esos planes estén presididos, revelen, un superior estado de cultura. Inglaterra, dijo por vía de ejemplo, ha podido mantener su vasto imperio colonial, gracias a que siempre ha sabido contar con hombres que se han colocado a la altura de los difíciles empeños que se les han encomendado; "desde aquel famoso Lord Durham, de grata recordación para los americanos, hasta Sir Alfred Milner, cuya gestión en Egipto es una maravilla".

Es lo probable que cambie en breve este orden de cosas. Una de las imputaciones hechas con más frecuencia durante la reciente campaña presidencial, contra la administración de los demócratas, se ha referido a su actuación en los asuntos de Haití y Santo Domingo, y habiendo sido electo el candidato del Partido Republicano, lógico parece que se incline por nuevos derroteros la intervención en los asuntos de estas dos Repúblicas.

Seríamos injustos si, antes de pasar adelante, no reconociéramos que no ha sido ese el tono dominante en la política intervencionista de los Estados Unidos. En lo que a Cuba se refiere, lejos de asistirnos motivos de queja, sólo los tenemos de alabanza; la ayuda que nos ha brindado el gobierno de Washington no ha podido ser más eficaz, con esta particularidad: es sabido que la facultad de intervenir en nuestros asuntos, por ser potencial según la Enmienda Platt, sólo se debe ejercer en alguno de los casos a que ésta se refiere: que sobrevenga, verbigracia, una situación en que el gobierno de Cuba sea incompetente para mantener el orden; pues bien, aunque la Cancillería de Washington suele ingerirse en muchos asuntos que son de la competencia exclusiva de nuestros poderes, tales gestiones, salvo quizás alguna excepción, se han inspirado siempre en el deseo de favorecer, en todos los órdenes, los intereses de nuestra comunidad.

III.—El factor económico en las relaciones de los Estados Unidos con las Repúblicas que se encuentran bajo su esfera de influencia.

Hemos dicho antes que una finalidad eminentemente política era la causa del intervencionismo de los Estados Unidos en la zona del mar Caribe y que a dicha nación no le interesaban tanto los países protegidos, por lo que en sí mismos pudieran significar, como por su posición geográfica. Esto es exacto en lo que se refiere a la causa primordial, al origen, por así decirlo, del intervencionismo; pero, una vez iniciado éste, y tan pronto como bajo su garantía se inviertan en un Estado protegido, capitales norteamericanos, éstos han de contribuir, con tanta fuerza como la finalidad política, al mantenimiento del protectorado. La estrecha relación entre el gobierno y las empresas privadas, en los grandes Estados modernos, es un fenómeno constante, dice Edwin Borchard, profesor de Derecho en la Universidad de Yale. El capital ocioso existente en un país se dirige allí donde se le brinden garantías; por eso se explica, dice dicho profesor, la íntima relación existente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña y el capitalista británico que invierte sus recursos en el extranjero.

Los Estados Unidos no podían constituir una excepción a la regla general. La influencia política desenvuelta por esta República en el exterior tenía que ser seguida, y lo ha sido, por la expansión comercial; con una particularidad: que ha contribuído a acrecentar este hecho, que se produce siempre de una manera natural, la circunstancia, puramente casual, de que el inicio de la política intervencionista de esta nación ha coincidido con el momento en que, ya colmadas las necesidades de su comercio y de sus industrias interiores, sus hombres de negocios comenzaron a pensar en la conveniencia de invertir sus capitales en el exterior.

Buena prueba de lo que representa el factor económico en las relaciones entre el Estado protector y el protegido, la constituye un detalle de nuestra historia, que podemos citar aquí. Cuando en 1906 intervinieron los Estados Unidos en nuestra contienda civil, hubieron de darle la razón a los alzados en armas—como dijo el Dr. Varona en una serie de artículos que en aquel entonces vieron la luz—, porque no vinieron a moralizarnos, sino a apaciguarnos; miraron la cuestión desde un ángulo visual americano y por eso exigieron que a todo trance se hiciera la paz.

El factor económico tiene otro aspecto de no menor importancia, desde el punto de vista político y cuya fuerza ha de crecer a medida que se estrechen las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y sus Estados protegidos: nos referimos al consumo de la producción de estos últimos en el mercado norteamericano. Los hombres de los países fríos necesitan consumir determinados productos de los países tropicales; lo exige el tipo de vida del trabajador americano, ha dicho un economista. Cuando ocurra en las otras Repúblicas lo que acontece hoy en Cuba; cuando se diga de su producción lo que hoy se dice y repite entre nosotros, como respondiendo a una convicción: que los Estados Unidos no pueden prescindir de nuestra azúcar; llegado este momento, la necesidad de que las revueltas no afecten a la producción, constituirá un motivo que ha de compeler a los Estados Unidos, con tanta fuerza como los demás, a exigir a dichas Repúblicas que vivan en paz.

IV.—Ingerencia de la Administración del Presidente Wilson en determinados asuntos, de orden interno, de las Repúblicas de Méjico, Costa Rica y Guatemala.

¿Qué razón existe, se dirá, para que la política intervencionista de los Estados Unidos alcance solamente a las Repúblicas de Cuba, Haití, Santo Domingo, Panamá y Nicaragua, y no se ejerza también sobre las otras Repúblicas Centroamericanas? La razón es obvia: los protectorados o supervisiones que ejercen los Estados Unidos no se han adoptado por sistema: se han establecido a medida que los han ido reclamando los intereses de esta nación. En el caso de las islas de Cuba y Santo Domingo, preocupóse el gobierno norteamericano por la posición de las mismas, a causa de estar situadas frente a la costa meridional de los Estados Unidos y dominando, además, las vías que conducen al canal; y con respecto a Panamá y Nicaragua, la necesidad de dominar y controlar la comunicación interoceánica fué la que determinó la supremacía sobre estos dos países. El día en que algún interés, sea cual fuere, aconseje a los Estados Unidos someter a su control las otras Repúblicas Centroamericanas, no hay duda de que actuarán en tal sentido.

Por lo pronto, ciertos sucesos, ocurridos en Costa Rica y Guatemala durante la administración de Wilson, demuestran que los Estados Unidos observan de cerca los destinos de dichas Repúblicas y que les preocupa, con respecto a ellas, algo más que el interés, de carácter general, de que no celebren alianzas embarazosas con las naciones de otros Continentes. La caída del gobierno de los Tinoco en Costa Rica, que habían escalado el poder por medio de la violencia en enero de 1917, debióse, en gran parte, a la negativa de la Cancillería de Washington a reconocerlo, dado que este hecho, al par que creaba una situación difícil a aquel gobierno en el exterior, le infundía alientos a sus adversarios. La misma actitud, adoptada con respecto a Guatemala a mediados del año 1919, produjo, aunque en un orden inverso, el propio resultado: la nota enviada al Presidente Estrada Cabrera insinuándole la conveniencia de que no pensara en reelegirse, es indudable que contribuyó a su caída de manera decisiva.

El gobierno del Presidente Wilson se ha inmiscuído también, en más de una ocasión, en los asuntos de la República Mejicana. Su actitud, negándose a reconocer a Huerta, que bien o mal, tuerto o derecho, como dijo Root, era el Presidente de facto y poniendo en ejecución cuanto arbitrio podía contribuir a su caída, no fué otra cosa que una intervención.

No es probable, sin embargo, que los Estados Unidos lleguen a ejercer su control sobre esta República. Su población, su enorme área y los antagonismos que determinados sucesos de otras épocas han creado, hacen que su caso no sea el de las islas del mar Caribe y el de la América Central. Por algo se ha dicho que el imperialismo se verifica por la línea de menor resistencia...

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