SEGUNDA PARTE LA DOCTRINA DE MONROE (continued 2)

Si una potencia europea, que tenga una colonia en América, extiende sus linderos en perjuicio y contra la voluntad de una República vecina, es incuestionable que extiende su sistema político al territorio que se quiere apropiar. La ocurrencia de estos hechos es lo que el Presidente Monroe consideraba peligroso a nuestra paz y a nuestra seguridad, sin que para el caso interese que el territorio se ocupe por extensión de unos linderos, o por cualquier otra causa.

Se dice en la respuesta inglesa que no es pertinente en esta controversia la apelación a la doctrina de Monroe, en atención a que ésta no descansa en ningún principio de derecho internacional que se funde en el consentimiento general de las naciones; y que ningún estadista, por eminente que sea, ni ninguna nación, por poderosa que se sienta, tienen autoridad bastante para incluir entre los cánones del Derecho Internacional un principio que no ha sido reconocido ni aceptado por el Gobierno de ninguna otra nación.

Realmente, el principio de que se trata tiene para los Estados Unidos peculiar importancia, por no decir excesiva; y aunque oficialmente no ha sido incluído en ningún Código de Derecho Internacional, es evidente que en todas las convenciones internacionales se le han respetado a las naciones determinados derechos, como indiscutibles; esto es, cual si estuvieran consagrados por dicho Derecho. En ese sentido nosotros mantenemos la doctrina de Monroe como si figurase entre las disposiciones del Derecho Internacional, hasta el punto de que si tuviéramos que recurrir a algún tribunal encargado de aplicar este derecho, tenemos la seguridad de que la invocación que hiciéramos de la doctrina en cuestión guardaría consonancia con los principios de justicia en que se inspira.

La doctrina de Monroe está respaldada por el principio de Derecho Internacional según el cual toda nación debe exigir que se le respeten, como indiscutibles, determinados derechos y determinadas aspiraciones.

Este Gobierno se asienta, pues, en una base firme cuando invoca ese principio para sostener sus derechos. Estos, después de todo, no se nos niegan en la respuesta inglesa. El Primer Ministro ha dicho, en ésta, que la actitud adoptada por el Presidente Monroe, frente a las ambiciones de Europa, mereció todas las simpatías del Gobierno de la Gran Bretaña; que los ingleses han estado de acuerdo con la política de dicho Presidente, por más que no consideran que la misma forme parte del Derecho Internacional, y que era improcedente cualquiera alteración que quisiera hacer una nación europea en la distribución territorial del hemisferio americano.

En la inteligencia de que la doctrina por nosotros mantenida era clara y terminante, de que se fundaba en principios tan elementales como los de nuestra seguridad y nuestra prosperidad, y de que debemos mantenerla hoy porque así lo exigen nuestras condiciones actuales y la civilización mundial, es por lo que la hemos invocado en la presente controversia, sin que pretendamos inclinarnos en favor de nadie, sino tan sólo impedir que la Gran Bretaña, so pretexto de una reclamación sobre fijación de unos límites, amplíe injustamente la extensión territorial de su colonia; y nos ha parecido que ningún medio era más adecuado para poner término de una vez a la acalorada controversia, que el de acudir a un arbitraje.

Pero lo más importante de este Mensaje es la petición que le hizo al Poder Legislativo, y que se encuentra a su final. Pidió se le autorizara para disponer de los fondos necesarios al objeto de subvenir a las necesidades de una comisión que se proponía designar, y la cual debía rendir un informe bien detallado con respecto a cuál de las dos naciones tenía derecho al territorio en disputa.

Cuando ese informe esté emitido y aprobado por nosotros—decía—sabremos resistir, por todos los medios a nuestro alcance, la acción que pretenda realizar Inglaterra para apoderarse del territorio que sea, de derecho, de la pertenencia de Venezuela.

Como se ve, el Gobierno de Washington estaba decidido a todo antes de permitir que Venezuela fuese objeto de un atropello por parte de la Gran Bretaña. La Comisión de referencia fué nombrada designándose para presidirla al Juez de la Corte Suprema Federal, David J. Bewer, e inició sus trabajos; pero convencida Inglaterra de que los Estados Unidos estaban dispuestos a no cejar en su actitud, aceptó la proposición de someter la cuestión a un arbitraje.

Con efecto, en 2 de febrero de 1897 se concertó un tratado entre Inglaterra y Venezuela, por el que se designó un Tribunal que debía resolver la disputa. Venezuela designó dos miembros, que fueron Fuller, Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y el propio Bewer, Juez de este Tribunal; y la Gran Bretaña, por su parte, nombró a Lord Herschell y a Sir Richard Collins, notables jurisconsultos. Para presidir el Tribunal fué designado el insigne tratadista ruso M. F. de Martens, de reputación mundial en materia de Derecho Internacional.

El Tribunal emitió su laudo en 3 de octubre de 1899. Por dicha resolución se fijaba la verdadera situación de la línea divisoria entre la Guayana Inglesa y Venezuela. A la Gran Bretaña se le reconocía derecho a una faja de territorio, no en el litoral, sino en el interior; y, en cambio se reconocía la soberanía de Venezuela sobre otra dilatada extensión del territorio objeto de la disputa, incluyendo los terrenos contiguos a la boca del río Orinoco.

No hay que negar que la solución de esta controversia fué un verdadero triunfo para el Gobierno de los Estados Unidos. De tal manera se llegaron a apasionar los ánimos en esta República, durante dicha controversia, que hubo momentos en que parecía inminente la guerra con la Gran Bretaña; y con seguridad que a ella se hubiera llegado si el Gobierno inglés no hubiese aceptado la proposición de arbitraje.

Es tanto más digna de elogio la actitud del Gobierno de Washington, si se compara la debilidad de las fuerzas militares y navales de la nación norteamericana con las de la Gran Bretaña; pero, como con razón ha observado John W. Foster, nunca la debilidad de la marina de los Estados Unidos ha sido causa de que se deje de mantener, con toda energía, la doctrina de Monroe.

Los Estados Unidos, por aquella época, recibieron de la América Latina múltiples testimonios de agradecimiento; entre los que se pueden citar el del Congreso del Brasil y el del Gobierno de Costa Rica.

(1899). En 29 de julio del año 1899, los Delegados al Congreso de la Paz, reunido en La Haya, suscribieron la convención que llegaron a acordar; pero antes, o sea el día 25 de ese mes, la Delegación de los Estados Unidos hizo constar que la suscribía con la siguiente reserva:

Nada de lo contenido en esta convención podrá apartar a los Estados Unidos de su tradicional política de no mezclarse, en ningún caso, en los asuntos políticos o administrativos de otra nación; así como tampoco se podrá estimar su adhesión a dicha convención en el sentido de que dejará de mantener, como hasta el presente, su conducta tradicional en lo que concierne a las cuestiones puramente americanas.

Este hecho reviste importancia excepcional. La circunstancia de que las naciones de Europa no se opusieron a que los Estados Unidos suscribieran la convención con la salvedad relativa a que por ello no se consideraban obligados a dejar de mantener su tradicional política en los asuntos americanos, supone por dichas naciones un reconocimiento, por lo menos tácito, de la doctrina de Monroe, que es a la que se quiso aludir.

(1900). A principios del año 1900 el Tribunal Supremo de Haití hubo de resolver, en un litigio, que los Tribunales de dicha República no tenían competencia para fallar los pleitos sostenidos entre extranjeros. El Ministro de Alemania en Port-au-Prince propuso al Gobierno Haitiano la formación de un Tribunal especial, designado por las naciones extranjeras para conocer de esos casos; pero el Secretario de Estado del Gabinete de Washington se opuso, según un despacho enviado a Powell, Ministro en Haití, en 18 de marzo de 1900.

A juicio de la cancillería norteamericana no se podía crear semejante tribunal sin inferir grave ofensa a la soberanía de Haití. Para resolver la cuestión basta—decía Hay—con que por los poderes haitianos se le dé competencia a los tribunales para fallar los pleitos entre extranjeros.

(1901). Por el mes de marzo del año 1901, a la sazón en que Cuba se encontraba sometida al régimen interventor norteamericano establecido al cesar la soberanía de España, hallándose reunida en la Habana la Convención que debía redactar la Constitución Nacional y como parte de ella proveer y acordar las relaciones con los Estados Unidos, el Congreso de esta última nación fijó dichas relaciones en un proyecto de ley, conocido vulgarmente con el nombre de Enmienda Platt y cuyas disposiciones se exigió figurasen como un Apéndice de aquella Constitución y que fuesen objeto además de un Tratado Permanente entre las dos Repúblicas. El art. I de dicha Ley es del tenor siguiente:

El Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder o Poderes extranjeros ningún Tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o permita a ningún Poder o Poderes extranjeros, obtener por colonización o para propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento o control sobre ninguna porción de dicha Isla.

Este mismo año, en el mensaje anual del Presidente Roosevelt, del día 3 de diciembre, se hacen extensas consideraciones sobre la doctrina de Monroe. A juicio del insigne estadista, dicha doctrina no tiene otra finalidad que no sea la de impedir que las naciones de Europa adquieran territorios en perjuicio de las Repúblicas de América; sin que los Estados Unidos pretendan derivar, en su provecho, consecuencias beneficiosas por el hecho de que la mantengan. He aquí sus palabras:

La doctrina de Monroe debe ser punto cardinal en la política exterior de todas las naciones de las dos Américas, como ya lo es en la de los Estados Unidos. Han pasado nada menos que setenta y ocho años desde que el Presidente Monroe dijo, en su Mensaje anual, que los continentes americanos no podrían ser considerados como objeto de futuras colonizaciones para Europa. En otras palabras, la doctrina de Monroe no es otra cosa que la declaración de que ninguna potencia, que no fuera americana, podría adquirir territorios en América, en perjuicio de alguna de sus naciones. No se trata de una declaración de hostilidad contra ninguna nación del Viejo Mundo, y mucho menos se trata de autorizar a unas naciones del Nuevo Mundo para que aumenten su poderío a expensas de las otras. Se trata, sencillamente, de que nos damos cuenta de que la paz del mundo se sostiene conservando la de este hemisferio.

Durante el siglo pasado, merced a otras influencias, se ha logrado mantener la existencia y la independencia de las naciones pequeñas de Europa. En América, merced a la doctrina de Monroe, hemos logrado mantener la existencia y la independencia de las naciones.

Esta doctrina es absolutamente ajena a las relaciones comerciales que quieran mantener las naciones de la América; se trata, efectivamente, de una garantía de la independencia comercial de esas naciones, y, a cambio de sostener dicha doctrina, no reclamamos preferencias comerciales. Pero tampoco impedimos que un estado, que no sea americano, tome las represalias que estime oportunas contra una nación de la América, con tal de que el castigo no traiga, como consecuencia, la adquisición de territorio.

Nuestro proceder con respecto a Cuba, constituye la mejor garantía de nuestra conducta. No tenemos el propósito de adquirir territorios en perjuicio de ninguno de nuestros vecinos. Queremos laborar con ellos mano a mano, y podemos declarar que los casos de su prosperidad y de su estabilidad política nos congratulan tanto como nos disgustan aquellos en que se entroniza el caos en la vida de la industria o de la política. Nosotros no podríamos contemplar a una potencia militar del Viejo Mundo cobrando fuerza e importancia en éste, sin que nos viéramos compelidos a convertirnos también en una nación militarista. La prosperidad de los pueblos de América queremos hacerla depender solamente del trabajo.

Nuestro pueblo está convencido de que sólo manteniendo la doctrina de Monroe podrá asegurar la paz de este hemisferio.

(1905). El año 1905 el Presidente Roosevelt aplica en una nueva forma la doctrina de Monroe.

Por este año, la situación financiera del Gobierno Dominicano era más angustiosa que nunca. La deuda pública alcanzaba proporciones inconcebibles, sin que hubiera esperanzas de que se restableciera la normalidad en ése ni en ningún otro orden. Entre los acreedores había un gran número de europeos, y sus respectivos gobiernos hicieron saber al de Washington, que, a menos que los Estados Unidos tomaran cartas en el asunto, se verían en el caso de adoptar medidas rápidas y eficaces para que fueran pagadas dichas deudas.

El Gobierno de Washington se veía en situación especial. Negarse a dar oído a los gobiernos reclamantes era provocar un conflicto; y aconsejarle a la República Dominicana que se negase a atender toda petición, era decirle que procediera de mala fe con quienes era posible que tuviesen razón. Ante tal dilema optó Roosevelt por celebrar un tratado con el Gobierno de Santo Domingo, por el que las Aduanas de esta nación quedarían bajo el control del Gobierno Federal de los Estados Unidos, que iría aplicando al pago de los acreedores extranjeros los fondos que se recaudasen.

Con este caso el Gobierno de los Estados Unidos inició la política denominada de prevención, consistente en realizar aquellos actos tendientes a evitar los pretextos que puedan tener las naciones de Europa para infringir los principios en que descansa la doctrina de Monroe.

Todos los detalles de este importantísimo asunto están referidos en el mensaje especial que en 15 de febrero de 1905 remitió al Senado el Presidente Roosevelt, en unión del protocolo concluído con la República Dominicana. He aquí lo más esencial de dicho mensaje:

Es notoriamente público que las condiciones de la República de Santo Domingo son cada vez peores; los disturbios y las revoluciones han sido muchos, y son muchas también las atenciones, pendientes de satisfacer, que tiene el Gobierno. Muchas de las deudas que ha contraído son exactas, legítimas; pero hay otras que, si se redujeran a sus justas proporciones, se verían notablemente disminuídas.

Algunas naciones extranjeras se encuentran enojadas por tener entre sus súbditos algunos acreedores a quienes no se les quiere pagar. El único medio de cobrar que tendrían esos acreedores sería el de que sus respectivos gobiernos se decidieran a invadir y tomar posesión del territorio dominicano, o a ocupar las Aduanas, lo que también significaría ocupación de territorio.

Es indiscutible que quienes de la doctrina de Monroe recaban algunos beneficios, deben, en justa correspondencia, tener también obligaciones. Esto mismo se puede aplicar a nosotros, que somos los mantenedores de dicha doctrina. Ya hemos dicho, en tono bien alto, que los Estados Unidos no quieren adquirir nuevos territorios en perjuicio de sus vecinos del Sur; que la doctrina de Monroe no puede encubrir planes de expansión. No tenemos el propósito de ejercer ningún control sobre la República de Santo Domingo; y si vamos a ser los recaudadores de sus impuestos, no es porque nos guíe otro fin que el de coadyuvar a su rehabilitación financiera, pues parte de los ingresos los reintegraremos a su Gobierno para que atienda a sus gastos, y el resto lo distribuiremos, equitativamente, entre los acreedores de la República. Al proceder de esta manera es indudable que nuestra actitud se encuentra perfectamente justificada, desde el momento en que los Estados Unidos no se colocarían en un terreno de equidad si les prohibieran a los gobiernos de los acreedores acudir a los medios que resultaran viables para obtener el pago de sus créditos, y si, por su parte, no dieran paso alguno para facilitar dicho pago.

Una nación, que sea acreedora, puede, sin infringir la doctrina de Monroe, acudir a los procedimientos que a su juicio la lleven a lograr el cobro de su crédito, con tal que la acción que adopte no suponga cambio alguno en la forma de gobierno del país deudor, ni pérdida para éste de su territorio. Aparte de esto, cuando se trata de una reclamación de dinero, el único medio para conseguir ese fin estriba en acudir al bloqueo, al bombardeo, o a la ocupación de las Aduanas; y estos medios, según antes se ha dicho, suponen una ocupación de territorio, siquiera ésta sea temporal. Pero si esto ocurre, los Estados Unidos tienen que intervenir en el asunto, porque, según la doctrina de Monroe, ningún poder europeo puede ocupar permanentemente territorio alguno en la América; y como la nación acreedora, para hacerse pago, tiene que recurrir a aquellos medios de fuerza, de aquí la necesidad de que promedien los Estados Unidos.

(1907). En la segunda conferencia reunida en La Haya, que aprobó la convención de 18 de octubre de 1907, relativa al arreglo pacífico de las diferencias internacionales, la delegación de los Estados Unidos formuló dos días antes de esta fecha, una reserva análoga a la que fué aprobada, según antes vimos, en la primera conferencia del año 1899.

(1912). Por el año 1912 la prensa de Nueva York alarmó la opinión dando la noticia de que el Japón le había comprado a la República Mejicana la bahía Magdalena. El Secretario de Estado, Philander C. Knox, negó que el Gobierno Japonés ni ninguna Compañía establecida en dicha nación, hubiera realizado semejante adquisición; pero como el Senador Lodge abrigara sus dudas acerca de la certeza del hecho, hubo de presentar, en el Cuerpo de que formaba parte, la siguiente proposición, que fué aprobada:

Se resuelve declarar que cuando una bahía, o cualquier otro lugar, tenga una posición tan estratégica que su ocupación, en un momento dado, para fines militares o navales, pueda afectar a la seguridad de los Estados Unidos, para el Gobierno ha de ser objeto de honda preocupación que esa bahía o lugar pertenezca a compañías que tengan tales relaciones con un gobierno extranjero, que de hecho los deje bajo el control de éste.

(1915). En 16 de septiembre de 1915 se concertó un Tratado entre los Estados Unidos y Haití, por el cual el gobierno de esta última nación le reconoció al de aquélla el derecho a tener determinada ingerencia en algunos asuntos de orden interior. Fué aprobado este Tratado por el Senado de los Estados Unidos en 28 de febrero del año siguiente y su art. XI, que contiene una prescripción análoga a la que encierra el art. I de la Enmienda Platt, es del tenor siguiente:

El Gobierno Haitiano se obliga a no vender ni arrendar, ni ceder en forma alguna, a ningún Gobierno extranjero, parte alguna del territorio de Haití, o jurisdicción sobre el mismo; y se obliga, asimismo, a no celebrar ningún tratado o contrato con ninguna potencia o potencias extranjeras que menoscabe o tienda a menoscabar la independencia de Haití.

(1919). En el tratado de Versalles de 28 de junio de 1919, que puso término a la reciente guerra mundial, se insertó como parte del mismo lo que se llamó el "Pacto de la Liga de las Naciones", cuyo objeto no fué otro que el de respetar y mantener contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia política de todos sus miembros. A instancias de la representación de los Estados Unidos se hizo con respecto a la doctrina de Monroe la siguiente salvedad, contenida en el art. 21 y que virtualmente no es otra cosa que la reserva que se hizo aparecer, a petición también de la delegación norteamericana, en la Convención de La Haya de 29 de julio de 1899, a que antes hicimos alusión. Dice así el citado art. 21 del Tratado de Versalles:

Las obligaciones internacionales, como lo son los Tratados de Arbitraje, y las inteligencias regionales, como la doctrina de Monroe, que aseguran el mantenimiento de la paz, no se considerarán como incompatibles con ninguna de las disposiciones del presente Pacto.

Este Tratado fué sometido a la aprobación del Senado de los Estados Unidos en noviembre del propio año de 1919 y no obtuvo los sufragios necesarios para ser aprobado; pero por una resolución, aprobada por el Congreso en junio del presente año, y sancionada por el Presidente de la República, se ha declarado que existe un estado de Paz con Alemania y Austria Hungría.

(1920). En 14 de diciembre de 1919 el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, dirigió una nota al Secretario de Estado de los Estados Unidos, en la que después de hacer constar que su gobierno abrigaba el propósito de adherirse al pacto de la Liga de las Naciones, le pedía que definiera de una vez el verdadero alcance de la doctrina de Monroe, a fin de evitar la anarquía de criterio reinante; fundándose, para hacer este pedimento, en el hecho de que por figurar dicha doctrina en aquel pacto, tanto sus componentes como sus adherentes posteriores, tenían derecho a pedir que se expusiera de una vez su interpretación auténtica.

Esta nota fué contestada por la Cancillería norteamericana en los términos siguientes:

Departamento de Estado, Washington, 26 de febrero de 1920.—Señor:—Tengo la honra de acusarle recibo de la nota No. 752, fecha 15 de diciembre último, del Señor doctor don Juan Franco Paredes, Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, en la que suplica a este Gobierno exponga la interpretación de la doctrina de Monroe por la relación que tal interpretación pudiera tener con la actitud del Gobierno de El Salvador hacia el Convenio de la Liga de las Naciones. En respuesta, tengo el honor de informar a Ud. que la opinión de este gobierno con referencia a la doctrina de Monroe fué expuesta en el discurso del Sr. Presidente de los Estados Unidos al Segundo Congreso Científico Panamericano. Me permito incluirle párrafos de aquel discurso (22).—Acepte, señor, las seguridades de mi más alta consideración.—(f) Frank L. Polk, Secretario de Estado Interino.

En el discurso a que se alude en esta nota, expuso el Presidente Wilson que la doctrina de Monroe no era otra que la declaración de que los gobiernos europeos no debían intentar extender su sistema político a este lado del Atlántico, pero que el uso del poder que asumían los Estados Unidos a virtud de dicha declaración, descansaba sobre su propia autoridad y estaba respaldado por la responsabilidad del país, sin que se entendiera por eso que existían motivos para que los otros estados de América abrigasen recelos y temores acerca de la forma de ejercer aquel poder.

En otras palabras: que la forma y los casos de aplicación de la doctrina era facultad privativa del Gobierno de Washington.

(B).—Los Estados Unidos tampoco consienten que una nación europea obligue a otra de América a cambiar su forma de gobierno.

Acabamos de ver cómo las naciones de Europa, con notable frecuencia, han pretendido realizar adquisiciones territoriales en América, y que los Estados Unidos, en todo caso, les han salido al paso invocando el principio que suele llamarse de la "no colonización", contenido en el famoso Mensaje del Presidente Monroe. Pero este Mensaje contenía otro extremo, otro principio: el relativo a que las monarquías europeas no podrían extender su sistema político a este hemisferio, porque ello iría en mengua de las instituciones republicanas.

Se puede decir, con respecto a esta última declaración, que el Gobierno de Washington no ha tenido que hacerla valer en la práctica. Resulta perfectamente explicable que así haya resultado. Lo que ha interesado a las monarquías europeas ha sido poder realizar adquisiciones territoriales; pero la forma de gobierno que hayan adoptado las naciones de este Continente, no es cosa que tenga por qué preocuparlas.

Todavía se explicaba que las monarquías europeas hubiesen visto con malos ojos la existencia de las instituciones republicanas en América, si en Europa hubieran predominado las ideas reaccionarias del Congreso de Viena. Pero, al no ocurrir esto, y habiendo adoptado las naciones de Europa el sistema constitucional, que no es otra cosa que la participación de la opinión pública en el gobierno de la nación, el problema relativo a si debieran predominar los principios monárquicos sobre los republicanos, o viceversa, ya no tiene actualidad.

Recordamos, sin embargo, además de la declaración que hizo la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 4 de abril de 1864, con ocasión del conflicto franco-mejicano, relativa a que aquella nación no podía reconocer en América un gobierno erigido sobre las ruinas de un gobierno republicano y bajo los auspicios de un poder europeo (a que antes nos hemos referido), el caso que pasamos a relatar.

(1824). Por el verano del año 1824, Salazar, Ministro de Colombia en los Estados Unidos, se acercó al Presidente Monroe y le dió cuenta de que en breve tiempo llegaría a Bogotá un agente del Gobierno de Francia, quien iba con el propósito de gestionar que la nueva República adoptara la forma de gobierno monárquica, en la seguridad de que su nación, en esta forma, reconocería la independencia. Y quería saber dicho Ministro, dado caso de que la negativa del Gobierno de Colombia moviera a Francia a declararle la guerra, si los Estados Unidos se pondrían de su parte en el conflicto.

El Presidente Monroe contestó al Ministro Colombiano que, aunque él no podía empeñar su palabra de comprometer a la nación en una guerra, entendía que Colombia no podía ni siquiera pensar en una solución que comprometiera sus libertades.

(C).—Los Estados Unidos no toleran que una colonia europea sea transferida por su metrópoli a otra potencia europea.

Según vimos en la primera parte de este trabajo, el principio de la "no colonización", contenido en la doctrina de Monroe, comprendía estas dos declaraciones: la de que los Continentes americanos no se considerarían en lo adelante sujetos a futuras colonizaciones por las potencias europeas, y la de que los Estados Unidos no intervendrían con respecto a las colonias entonces existentes.

Realmente, el extremo relativo a que los Estados Unidos no toleran que una colonia europea sea transferida a otra potencia europea, y que ahora vamos a estudiar, no cuadra dentro de ninguna de aquellas declaraciones; pero como en la práctica se le ha considerado, empezando por el propio Gobierno de Washington, como parte, y muy importante, de la doctrina de Monroe, nosotros como tal lo examinaremos.

Es, por lo demás, perfectamente explicable que el extremo en cuestión sea considerado como parte del principio de la "no colonización" contenido en la doctrina de Monroe. El principio de la no colonización surgió ante el temor de que repartiéndose las potencias europeas los territorios de América, amenazaran la tranquilidad de los Estados Unidos obligando a esta nación a convertirse en potencia militar; y como esa misma situación se provocaría, en parte, si alguna potencia europea transfiriera a otra su dominio sobre una colonia, dado que lógicamente es de inferirse que la adquirente fuese más poderosa y fuerte que la cedente, de ahí que por tratarse de un mismo temor, por tratarse de prevenir la misma situación, se haya considerado la prohibición de que las colonias europeas sean enajenadas, de unas potencias a otras, como parte de la doctrina de Monroe.

Mucho antes de que surgiera la doctrina de Monroe, la Cancillería norteamericana había puesto gran empeño en impedir que una colonia europea fuese transferida a otra potencia europea.

En ningún momento ha dejado de observar el Gobierno, con todo rigor, esa línea de conducta. Vamos a referir un detalle que revela el interés excepcional que se le presta en los Estados Unidos a esa cuestión.

A principio del año de 1903 se hablaba de la posibilidad de que el reino de Holanda entrara a formar parte de la confederación germánica; pues bien: por esa época publicó el Capitán Mahan un artículo en The National Review, que fué acogido en todas partes con visibles muestras de agrado, en el que se le recomendaba al Gobierno que estuviera muy alerta, pues en el caso de ocurrir aquella eventualidad no se debía consentir que las colonias holandesas de la América fuesen transferidas a Alemania.

Hechas estas breves indicaciones, veamos los casos en que el Gobierno de los Estados Unidos ha aplicado la declaración que nos ocupa.

(1801). En una interview celebrada el año 1801 por King, representante diplomático de los Estados Unidos en Londres, con el Ministro inglés Lord Hawkesbury, le hizo esta declaración:

El gobierno que represento está de acuerdo en que España mantenga su soberanía en las Floridas, y de enajenarlas, sólo nosotros las podríamos adquirir.

(1803). En los comienzos del siglo pasado, cuando aún la ciudad de Nueva Orleans pertenecía a España, se temía por el Gobierno de los Estados Unidos que las contingencias de la guerra entre Francia e Inglaterra, en la que jugaban papel tan primordial los asuntos españoles, llevaran a esta última nación a ocupar el citado puerto de Nueva Orleans. Sobre este asunto trató el representante diplomático de los Estados Unidos, King, con el Ministro de la Corona Británica, Addlington, rindiéndole el primero a su gobierno el siguiente informe:

Durante la última entrevista que celebré con Mr. Addlington, me manifestó que si la guerra sobreviene, quizás se adoptara, entre otras medidas primordiales, la de ocupar a Nueva Orleans. Yo le interrumpí significándole que esperaba que esa medida fuese muy meditada antes de decidirse a adoptarla; que si no nos era indiferente que esa posesión cayera en poder de los franceses, tampoco podíamos ver, sin gran preocupación, que la ocuparan los ingleses; que manteniendo con España buenas relaciones de vecindad, no nos inquietaba que esta nación mantuviera su dominio en aquel puerto, por más que teníamos la seguridad de que, por la fuerza de las cosas, en día más o menos próximo los Estados Unidos se anexarían ese país. Mr. Addlington me facultó para que asegurase, en su nombre, que Inglaterra no tenía el propósito de apoderarse del referido país, aunque se le ofreciera; que si se decidía a ocuparlo, era sólo ante la posibilidad de que diera ese paso otra nación, y que, después de todo, quizás fuera para ellos la mejor solución que los Estados Unidos tomaran esa medida. Yo le repliqué que si Inglaterra ocupaba el país, se iba a sospechar que daba ese paso en connivencia con los Estados Unidos, lo que nos traería la desconfianza de otras naciones con las que deseábamos vivir en armonía; a lo que arguyó esto: Si ustedes pueden ocupar a Nueva Orleans, bien; si no, nosotros nos vemos obligados a evitar que caiga en poder de Francia; pero, en todo caso, puede usted estar satisfecho de que ninguna medida, por nosotros tomada, perjudicará los intereses de los Estados Unidos.

(1808). En una carta dirigida en 29 de octubre de 1808 por el Presidente Jefferson al Gobernador de Louisiana, encontramos este párrafo:

Nosotros estamos conformes con el hecho de que Cuba y Méjico se encuentren en su actual estado de dependencia, y veríamos con gran contrariedad que, política o comercialmente, fueran dominados dichos países por Francia o Inglaterra. Nosotros consideramos sus intereses cual si fueran los propios nuestros, y estimamos que a todos nos conviene excluir de este hemisferio toda influencia europea.

(1811). El día tres de enero del año 1811, el Presidente Madison dirigió un Mensaje secreto al Congreso, solicitando que se le autorizara para ocupar a las Floridas en el caso de que, a su juicio, fuera conveniente tomar esa medida; y el 15 de dicho mes el Congreso adoptó la siguiente resolución:

Teniendo en cuenta la situación especial por que atraviesan España y sus colonias de la América, y considerando la importancia que tiene para la seguridad, la tranquilidad y el comercio de los Estados Unidos, el destino futuro de los territorios que marcan sus límites por el Sur, se resuelve que los Estados Unidos, dentro de la crisis actual, no pueden ver sin profunda inquietud que todo o parte de dichos territorios pasen a manos de un poder extranjero; y que para salvaguardar sus propios intereses, de ocurrir determinadas contingencias, se verán en el caso de proceder a su ocupación.

(1822). A fines del año 1822 llegó a conocimiento del Gobierno de los Estados Unidos que el de España estaba en tratos con la Gran Bretaña para cederle la Isla de Cuba. En 17 de diciembre, John Q. Adams, Secretario de Estado, le dirigió una comunicación a Forsyth, Ministro en Madrid, en la que después de llamarle la atención acerca de la excepcional importancia que ofrecía ese asunto para los Estados Unidos, terminaba con este párrafo:

El Presidente desea que tan pronto como reciba este Mensaje, se informe usted, con toda exactitud, si son ciertas las referidas negociaciones entre España y la Gran Bretaña, y que en caso afirmativo le haga saber al Gobierno español, con la delicadeza que el caso requiere, que los Estados Unidos desean que Cuba no salga de su actual dominio.

(1823). El año 1823, con motivo de la guerra entre España y Francia y ante la posibilidad de que esta última o la Gran Bretaña ocuparan a Cuba, fué esta cuestión objeto de viva preocupación para el Gobierno de los Estados Unidos. Así lo revela la carta que en 28 de abril hubo de dirigirle Adams, Secretario de Estado, a Hugh Nelson, Ministro en Madrid, uno de cuyos párrafos vamos a transcribir:

El traspaso de Cuba, a la Gran Bretaña, sería un acontecimiento perjudicial a los intereses de esta Unión. La opinión es tan unánime sobre este punto, que hasta los rumores más infundados de que se ha llevado a cabo despiertan en el país un sentimiento universal de oposición. El hecho es que la determinación de impedir dicho traspaso hasta por la fuerza, si fuere necesario, se nos impone.

(1829). Por el año 1829 estaba extendido el temor de que España enajenara en favor de Inglaterra el dominio de la Isla de Cuba, y con ese motivo Van Buren, Secretario de Estado, hizo esta declaración:

Para el Gobierno de los Estados Unidos, la situación de las Islas del Caribe ofrece el mayor interés, particularmente Cuba. Por su situación geográfica, casi a la vista de nuestras costas y dominando el mar de las Antillas y el Golfo de Méjico; con la amplitud y seguridad de sus puertos numerosos; por la riqueza de sus productos, que, al cambiarse por los nuestros, constituyen una de las ramas más importantes de nuestro comercio exterior, resulta del mayor interés, para nosotros, que no se varíen las actuales condiciones de la Isla, pues esto, al par que nos afectaría en el orden político, nos causaría un enorme perjuicio en el orden comercial.

(1837). Esa misma declaración fué reiterada a la Gran Bretaña por Stevenson, Ministro de los Estados Unidos en Londres, en 16 de junio de 1837, en los siguientes términos:

Los Estados Unidos no pueden ver con indiferencia que Cuba y Puerto Rico sean transferidos por España a otra potencia.

(1840). Se decía, desde principios del año 1840, que el Gobierno de la Gran Bretaña exigía que se le garantizara, con la posesión de la Isla de Cuba, el pago de la deuda pública española, que estaba, en gran parte, en manos de súbditos ingleses. Alarmado el Gobierno de los Estados Unidos ante tales rumores, en 15 de julio de 1840, Forsyth, Secretario de Estado, le dió las siguientes instrucciones a Aaronvail, Ministro en España:

Haga usted saber al Gobierno que los Estados Unidos no le tolerarán a España, en ningún caso, que transfiera la Isla, temporal o definitivamente; estando decididos a evitar tal cosa, por todos los medios disponibles; y hágale saber, al mismo tiempo, que si cualquier potencia pretende arrebatarle parte de su territorio, puede contar con que las fuerzas militares o navales de los Estados Unidos estarán a su disposición, lo mismo para prevenir dicha ocurrencia que para ayudarla a recuperar su dominio.

(1843). En 14 de enero del año 1843, ante los mismos temores de que la Gran Bretaña ocupara a Cuba, Daniel Webster, Secretario de Estado, hubo de dirigirle la siguiente carta a Campbell, Cónsul en la Habana:

El Gobierno de España conoce perfectamente qué clase de política han seguido invariablemente los Estados Unidos con respecto a Cuba y sabe que no toleraremos, bajo ningún pretexto, que fuerzas inglesas ocupen dicha Isla; y que en caso de que se pretendiese arrebatársela, puede contar con el auxilio de nuestras fuerzas para impedirlo.

(1869). El Presidente Grant, en su Mensaje anual de 6 de diciembre de 1869, refiriéndose a la imposibilidad de reconocer como beligerantes a los insurrectos cubanos, hizo esta declaración:

Los Estados Unidos no intentan intervenir en la situación de las relaciones existentes entre España y sus colonias en este Continente. Creen que a su tiempo España y las demás potencias comprenderán las ventajas de terminar esas relaciones políticas y erigir esas colonias en Estados independientes, miembros del concierto universal. Estas colonias no serán por más tiempo consideradas como transferibles de una potencia europea a otra. Cuando las colonias hayan dejado de serlo, habrán de transformarse en potencias soberanas, con el derecho de escoger y dictar las condiciones de su existencia futura y sus relaciones con las demás potencias.

(1870). En el Mensaje del Presidente Grant, de 31 de mayo de 1870, proponiendo la anexión de Santo Domingo, encontramos el siguiente párrafo:

La política enunciada por el Presidente Monroe, se mantiene por toda la nación, sin distingos políticos; y cada vez es más firme nuestra adhesión al principio de que ninguna porción de este territorio puede ser transferida a una potencia europea.

Ese mismo parecer fué expuesto por Hamilton Fish, Secretario de Estado, en un informe emitido en 14 de julio de aquel año sobre las relaciones latinoamericanas. He aquí algunos de sus párrafos más importantes:

Los Estados Unidos se han comprometido, solemnemente, por medio de reiteradas declaraciones y actos repetidos, a mantener esta doctrina y a aplicarla en los asuntos del Continente. En su Mensaje a las dos Cámaras del Congreso, al comenzar la presente sesión, el Presidente, siguiendo las enseñanzas de nuestros antepasados, dijo que las actuales colonias no serán por más tiempo consideradas como transferibles de una potencia europea a otra. Cuando las colonias hayan dejado de serlo, habrán de transformarse en Estados soberanos, con el derecho de escoger y determinar las condiciones de su existencia futura y sus relaciones con las demás potencias.

Esta no es una política de agresión; pero se opone al establecimiento del dominio europeo en tierra americana y a la transferencia del mismo a otros Estados, y con ansiedad aguardamos el momento en que por el voluntario retiro de las potencias europeas del Continente y sus Islas, América sea americana en su totalidad.

No tiene por fin la intervención armada en los conflictos legítimos; pero no permitirá que esos conflictos resulten en aumento de poder o influencia europea; y siempre obligará a este Gobierno a interponer sus buenos oficios, como en la reciente contienda entre las Repúblicas Sudamericanas y España, para asegurar una honrosa paz.

Por este mismo año el Conde Lewenhaupt, Ministro de Suecia y Noruega en Washington, le hizo saber al Gobierno que el de Italia le había hecho proposiciones al de su país para comprarle la isla de San Bartolomé; pero que, en igualdad de circunstancias, se prefería hacer esa venta a los Estados Unidos. El Secretario Fish hubo de contestar al diplomático europeo que por el momento los Estados Unidos no querían hacer proposiciones y que le rogaban al Gobierno de Suecia que abandonara toda actuación en ese asunto, pues si se daban por enterados de la proposición de Italia, se verían en el caso de oponerse a ella, consecuentes con la política observada en esta materia.

(D).—Los Estados Unidos no hacen materia de pacto los principios que envuelve la doctrina de Monroe.

(1826). Con motivo de la invitación hecha a los Estados Unidos para que concurrieran al Congreso de Panamá, el Gobierno de aquella nación tuvo oportunidad de declarar que los principios enunciados por el Presidente Monroe no podían ser objeto de pacto. He aquí los detalles de este asunto.

En los comienzos del siglo pasado, las nuevas Repúblicas de la América, hostigadas por la necesidad de agruparse para combatir el poder de España, trataron de celebrar diversos convenios para lograr esa finalidad; y, tras varias tentativas infructuosas, en 1824, por iniciativa de Simón Bolívar, como Presidente de Colombia, se convocó un Congreso en Panamá.

Se debía tratar en dicho Congreso no sólo de formar una alianza defensiva contra España, que no daba por perdidos sus dominios, y de estrechar los lazos de unión entre todas las Repúblicas del Continente, sino de

Tomar en consideración los medios de hacer efectiva la declaración del Presidente de los Estados Unidos (Monroe) respecto a los designios ulteriores de cualquier potencia extranjera para colonizar cualquiera porción de este Continente; y los medios de resistir cualquier intervención exterior en los asuntos domésticos de los Gobiernos americanos.

Como era natural, figurando en el programa esta materia, hubo de invitarse a los Estados Unidos.

El 26 de diciembre de 1825, el Presidente John Quincy Adams, dirigió un mensaje al Senado, dándole cuenta con la invitación y proponiendo a los ciudadanos Richard C. Anderson y John Sergeant como Ministros Plenipotenciarios en la Asamblea de Naciones de Panamá.

No sólo en el Senado, sino también en la Cámara de Representantes, se discutió ampliamente acerca de si la Unión debía acceder a estipular, en un tratado, los principios en que se inspiró la doctrina de Monroe. Muy divididas se encontraron las opiniones, pero al fin prevaleció el criterio de los que se oponían a semejante alianza. En 18 de abril de 1826 se aprobó por la Cámara de Representantes, por 99 votos contra 95, la siguiente moción presentada por James Buchanan:

En consecuencia, la opinión de esta Cámara es que el Gobierno de los Estados Unidos no debe estar representado en el Congreso de Panamá, salvo por la vía diplomática, ni debe formar alianzas defensivas u ofensivas, ni entrar en negociaciones respecto de una alianza de este carácter, con una o con todas las Repúblicas hispanoamericanas; ni debe coligarse con ellas, ni con ninguna de ellas, para formular declaraciones enderezadas a impedir la intervención de cualquiera potencia europea en su independencia o en su forma de gobierno, o entrar en tratos para impedir la colonización del Continente americano, sino que se deje al pueblo de los Estados Unidos, con toda libertad de acción, para obrar, en caso de crisis, de la manera que su amistad hacia estas Repúblicas, o su honor, o su política, determinen cuando las circunstancias lo requieran.

Réstanos consignar que, al fin, los Estados Unidos no estuvieron representados en el Congreso, pues uno de los Comisionados designados por el Gobierno murió antes de que pudiera llegar a su destino, y el otro no llegó a tiempo. Por lo demás, los acuerdos que se adoptaron en el Congreso carecieron de trascendencia.

(1828). Dos años más tarde el Gobierno de la República Argentina interesó del de Washington que determinara el alcance de la doctrina de Monroe; explicándolo Henry Clay, Secretario de Estado, en la respuesta que le envió al Encargado de Negocios en Buenos Aires, en 3 de enero de 1828, en el sentido de que dicha doctrina había sido hecha voluntariamente por los Estados Unidos y no se la podía considerar como un pacto o compromiso cuyo cumplimiento ninguna nación tenía derecho a exigir.

(1864). Desde principios del año 1862, temerosas las Repúblicas de Sud América, particularmente el Perú, con vista de la intervención europea en Méjico, de que pudieran correr el mismo peligro, pensaron en una alianza. Nuevamente se agitó la idea de celebrar un Congreso. En primero de diciembre de 1864, el Ministro de los Estados Unidos en Venezuela comunicó a la Secretaría de Estado el proyecto de reunir un Congreso, al que concurrirían delegados de todas las Repúblicas, con objeto de oponerse a las pretensiones que las potencias europeas pudieran tener en América; y que se deseaba que los Estados Unidos fueran el centro, por así decirlo, de dicha reunión. Por aquella época los Estados Unidos eran teatro de la guerra de secesión.

El Secretario Seward contestó lo siguiente al Ministro en Venezuela:

En la historia y la política de los Estados Unidos, la regla invariable de conducta ha sido, y continúa siendo, la de no mezclarse en alianzas de potencias extranjeras; pero los Estados Unidos contemplan con gusto y sin temores o cuidados la proyectada alianza de las Repúblicas latinoamericanas que se proponen garantizar su nacionalidad e integridad, y que mientras estuvieran ocupadas en sus propios asuntos, mostrarían siempre continua amistad a las que se opusieran a innovaciones políticas en este Continente.

(E).—La Doctrina de Monroe, no reza con las colonias europeas existentes al ser promulgada, ni se aplica a la lucha de una colonia con su metrópoli.

(1811-1822). Se recordará que en el famoso Mensaje de 2 de diciembre de 1823, se había dicho: no hemos intervenido ni intervendremos en las colonias o dependencias existentes de ninguna potencia europea. Sin embargo, desde el año anterior, el Gobierno de los Estados Unidos había reconocido la independencia de las colonias españolas del Continente, a pesar de que aún España no había renunciado a su soberanía sobre ellas.

¿Quiere decir esto que no fueron sinceras las palabras del Mensaje de Monroe? ¿Quiere decir esto que la conducta del Gobierno de los Estados Unidos para con España contradecía aquella afirmación? De ninguna manera. Los Estados Unidos, frente al conflicto armado entre España y sus colonias, se mantuvieron imparciales; pero cuando los acontecimientos llegaron a evidenciar que el éxito estaba de parte de los insurrectos; que con respecto a España, ni el estado de sus asuntos interiores, ni su debilidad, permitían que su situación mejorase y que sólo por una obstinada terquedad pretendía mantener una soberanía que era puramente nominal, se decidieron a reconocer la independencia de los nuevos Estados.

Tan es así, que si se ocurre al testimonio de los documentos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, relacionados con el citado conflicto, se verá que desde los comienzos de éste se hicieron ostensibles las simpatías del pueblo norteamericano por la causa de la insurrección, y que si los hombres del Gobierno mantuvieron la neutralidad de la nación, fué por no apartarse del cumplimiento de los deberes internacionales, para con una nación amiga, que les trazaba esa línea de conducta.

Vamos a examinar los más importantes de esos documentos; aquellos que revelan cuál fué la actitud del Gobierno de los Estados Unidos frente al conflicto de España con sus colonias, y cuáles las circunstancias que llevaron a dicho Gobierno a reconocer los nuevos Estados.

En 5 de noviembre de 1811, el Presidente James Madison expuso en un Mensaje al Congreso que la situación revolucionaria de las colonias españolas del continente meridional y su futuro destino eran motivos que requerían la atención del Gobierno, que debía estar preparado para lo que en el futuro pudiera ocurrir. La Cámara de Representantes remitió este asunto a informe de una Comisión Especial designada al efecto, y ésta propuso la adopción de una resolución conjunta, que no se llegó a aprobar, en la que se debía expresar que los Estados Unidos habían de ver con simpatía que las provincias españolas de la América del Sur se establecieran como naciones independientes y soberanas; que, como vecinos del mismo hemisferio, hacían votos por su prosperidad, y que tan pronto como asumieran la condición de naciones, por el legítimo ejercicio de sus derechos, el Senado y la Cámara de Representantes concurrirían con el Ejecutivo a establecer las más estrechas relaciones.

Por esta misma época, el Sr. Palacio Fajardo, a título de Agente del Gobierno de Cartagena de Indias, quiso establecer relaciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos, y a ese efecto inició las oportunas gestiones. La Cancillería norteamericana hubo de rechazarlas, según reza un documento de fecha 29 de octubre de 1812, que vamos a reproducir porque revela, no obstante su concisión, que los Estados Unidos observaban la suerte de sus vecinos del Sur con marcada simpatía, la que no podía hacer ostensible, de manera oficial, sin romper sus buenas relaciones con España. Dice así ese documento:

M. Palacio, Esquire:

Los Estados Unidos se encuentran en paz con España y no pueden, con ocasión de la lucha que ésta mantiene con sus diferentes posesiones, dar ningún paso que comprometa su neutralidad. Pero al propio tiempo, bueno es reconocer que como habitantes del mismo hemisferio, el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos se interesan vivamente por la prosperidad de sus vecinos de la América del Sur y celebrarían la realización de cuanto contribuyera a fomentar su bienestar. Tengo el honor de quedar muy respetuosamente, su obediente servidor. Js. Monroe.

El propio Monroe, que como Secretario de Estado suscribió la comunicación que antecede, posteriormente, ocupando la presidencia de la República, en su Mensaje anual de dos de diciembre de 1817 hizo las siguientes observaciones con referencia al problema de la insurrección de las colonias de Hispano-América:

Como ya se ha había previsto, el conflicto entre España y sus colonias ha llegado a afectar a los Estados Unidos; por lo pronto, es natural que nuestros conciudadanos sigan con gran interés los acontecimientos en que se ven envueltos nuestros vecinos. Se previó también que el conflicto, dentro de su desarrollo, llegara a entorpecer nuestro comercio y hasta molestar a las personas e intereses de algunos ciudadanos. Todos esos temores se ha visto que eran fundados; se han recibido serias ofensas de los bandos que luchan; pero mientras tanto los Estados Unidos se mantienen neutrales e imparciales. A los dos bandos se les ha negado auxilios en hombres, dinero, barcos y municiones. El conflicto no presenta el aspecto de una rebelión o insurrección, sino más bien el de una guerra civil entre partidos o bandos cuyas fuerzas están equilibradas y que son mirados sin preferencia por los poderes neutrales. Nuestros puertos están abiertos para los dos, y en ellos les está permitido a los unos y a los otros proveerse de productos de nuestro suelo o de nuestras industrias. Y bueno es declarar desde ahora que si las mencionadas colonias llegan a obtener su independencia, no se aceptará de ellas, en el orden comercial, ni en ningún otro, ninguna ventaja que no se otorgue a las otras naciones. Si las colonias llegan a ser independientes, no se aceptará de ellas obligación alguna, para con nosotros, que no sea producto de la más franca reciprocidad.

Se ve, por los términos de este Mensaje, que la actitud del Gobierno de los Estados Unidos no correspondía a las exigencias de la verdadera neutralidad, según las reglas del derecho internacional. A los dos beligerantes se les consideraba bajo el mismo pie de igualdad, cual si la lucha estuviese entablada entre dos naciones, y no, como era realmente, entre una nación, de una parte, y de la otra unas provincias insurreccionadas. Lo que a España le estaba permitido hacer en las costas de los Estados Unidos, no les estaba prohibido a los revolucionarios, y lo que a éstos se les negaba también se le negaba a la metrópoli. Contra semejante orden de cosas protestaron los Gobiernos de España y Portugal, y el propio Presidente de la República, James Madison, en su Mensaje de 26 de diciembre del año 1816, había recomendado al Congreso que legislara en el sentido de prohibir aquellos actos que pudieran afectar y perjudicar las buenas relaciones con los países amigos.

El Congreso escuchó la voz del Presidente de la República; y por el "acta" de 20 de abril de 1818, que desde luego vino a perjudicar la situación de los sudamericanos, les fué prohibido a éstos realizar en el territorio de los Estados Unidos todos aquellos actos tendientes a prestarle auxilios materiales a la revolución.

Sin embargo, si por una parte nos encontramos con que el Gobierno de los Estados Unidos no quería alterar sus buenas relaciones con el de España, por otro lado vemos lo que antes dijimos: que los hombres del Gobierno de aquella República se sentían atraídos e identificados con la causa de los revolucionarios. Si se hubieran dejado guiar por sus sentimientos, en vez de promulgar el "acta" de neutralidad de 20 de abril de 1818, hubieran reconocido la independencia de los nuevos Estados; pero había, por el momento, varias razones que se oponían a dicho reconocimiento, de las cuales eran las más especiosas la de que no se sabía con certeza si los nuevos gobiernos ofrecerían condiciones de estabilidad, pues aún no habían regresado tres Comisionados enviados al Continente desde meses antes, precisamente con ese encargo, y la de que semejante medida equivalía a romper las buenas relaciones existentes con España, lo que por lo pronto hubiera producido el funesto resultado de interrumpir las gestiones que entonces se realizaban para obtener la cesión de la Florida.

Vamos a referir algunos detalles que comprueban que, efectivamente, este mismo año en que se promulgó el "acta" sobre neutralidad, las primeras figuras del Gobierno veían en la obra de los revolucionarios una obra justa.

Por el mes de agosto se encontraba en los Estados Unidos Manuel Hermenegildo de Aguirre, a nombre del Gobierno de Buenos Aires, gestionando su reconocimiento oficial; y al darle cuenta por escrito el Secretario de Estado, John Quincy Adams, al Presidente de la República con esa petición, después de examinar el estado de la insurrección de las distintas provincias y de afirmar que aún el poder de España no se podía estimar como definitivamente vencido, hacía el análisis de la oportunidad en que se debía hacer el reconocimiento de una nueva nacionalidad, en los siguientes términos:

Cuando el país que lucha por obtener su independencia, abate el poder de sus dominadores hasta el punto de que se puede considerar como perdida toda esperanza de recobrarlo, se puede decir que de hecho ha conseguido dicha independencia. A las naciones neutrales les toca considerar y decidir el momento en que llega esa oportunidad... Yo estoy convencido, añadió, de que la causa de los sudamericanos, su deseo de independizarse de España, es justo. Pero la justicia de esa causa, por sí sola, no puede determinarnos a hacer el reconocimiento. Una nación neutral viene obligada a hacer el reconocimiento de la discutida soberanía de un país, cuando este estado de derecho descansa en una realidad. Antes de crearse, en este caso, un orden de derecho, debe observarse si existe el de hecho; pero nunca proclamar el hecho porque asista el derecho.

Pero hay más. En esos mismos días se gestionaba por el Gobierno de la Gran Bretaña la adopción de un plan de pacificación entre España y sus colonias; y como el Ministro de la corona Británica, Lord Castlereagh, fuera a buscar por medio de Rusch, Ministro de los Estados Unidos en Londres, la cooperación de esta República, dicho diplomático contestó, a tenor de instrucciones que había recibido previamente de la Secretaría de Estado, que su nación no tomaría parte en ninguna mediación que no tuviera por base la independencia de las provincias insurreccionadas.

Mientras que en esa disposición se encontraba el Poder Ejecutivo, en el Congreso existía cierta tendencia a que se realizase cuanto antes el reconocimiento. Así lo propuso, por esta misma época, quien fué en su seno un verdadero paladín de las libertades de los pueblos de América, y a quien somos deudores, los hispanoamericanos, de eterna gratitud: el Representante por el Estado de Kentucky, Henry Clay. Presentó este congresista una moción por la que pedía el nombramiento de una misión diplomática que representara a la República ante el Gobierno del Río de la Plata; y aunque dicha proposición fué desechada por 115 votos contra 45, la lectura de las actas de la sesión y de otros documentos de aquella época denotan que si el Congreso no apoyó al ilustre Henry Clay, fué debido a que entendió que no había llegado aún la oportunidad de dar aquel paso.

En el segundo Mensaje anual dirigido por el Presidente Monroe al Congreso el 16 de noviembre del tan citado año de 1818, trató el problema de la insurrección de las colonias españolas de la manera que se verá en los siguientes párrafos:

La guerra civil entre España y sus colonias de Sud América, no lleva trazas de terminar en un futuro próximo. El informe rendido por la Comisión enviada a dichas colonias, no tardará en ser elevado.

De ese informe resulta que el Gobierno de Buenos Aires se declaró independiente en julio de 1816, pues por más que dicho Gobierno es independiente desde el año 1810, hasta aquella fecha se atribuía la representación del rey de España; que la Banda Oriental, Entre Ríos y Paraguay, así como la ciudad de Santa Fe, también son independientes, pero sin vínculo alguno que las ate a Buenos Aires; que Venezuela también declaró su independencia, pero aún lucha por ella; y que las restantes regiones de la América Meridional, excepto Montevideo y alguna que otra localidad del Este de la Plata, pertenecen a Portugal, o están aún, en cierto modo, bajo la influencia de España.

Una circular dirigida por el Gobierno de España a los Ministros de las naciones aliadas, acreditadas en dicha nación, revela que se está tratando de que ellas intervengan en el conflicto colonial; y en un Congreso que está reunido en Aix-la-Chapelle, desde septiembre, se estudia la manera de llevar a cabo esa mediación; por lo que se deduce, de lo que hasta ahora se ha observado, que probablemente el Congreso se limitará a expresar sus sentimientos, pero no a recomendar el empleo de la fuerza. Esto debe satisfacernos, pues sostenida la lucha sólo por España, la guerra, que tantas calamidades ocasiona, ha de durar poco tiempo.

Por lo demás, hasta el presente, nada hay que aconseje que los Estados Unidos se aparten de la línea de conducta que se han trazado.

El informe a que se refiere el Mensaje que en parte acabamos de transcribir, fué emitido por una Comisión, a que antes hemos aludido, enviada a la América del Sur desde el año 1817, compuesta de César A. Rodney, John Graham, Theodoric Bland y Henry M. Brackenham, éste último como Secretario, y la que llevaba el encargo de estudiar cuál era la verdadera situación de las colonias; y de acuerdo con lo ofrecido en dicho Mensaje, fué elevado aquel informe al Senado, por el Presidente de la República, en dos de diciembre del propio año.

En el Mensaje anual de 7 de diciembre de 1819 se expone el problema colonial de España con toda claridad, hasta el punto de que llama la atención que se hagan tan graves manifestaciones, como las que contiene, en un documento oficial de tan alta significación. Se decía en dicho Mensaje que en la lucha entre España y sus colonias, éstas llevaban toda la ventaja, y que no era aventurado predecir su triunfo; y se insistía en que todos los ciudadanos guardaran las reglas de la neutralidad. He aquí uno de los párrafos de dicho Mensaje:

Todas las naciones siguen atentamente el desenvolvimiento de la contienda, y a ninguna le interesa tanto este asunto como a los Estados Unidos; un pueblo celoso de sus deberes, debe observar la más estricta neutralidad; pero no hay medios de impedirle que experimente simpatías por uno de los combatientes. A impedir que a impulsos de ese sentimiento se llegue a cometer excesos, he puesto mi empeño.

Por todas partes se notaba que en día no lejano el Gobierno de los Estados Unidos iba a hacer el reconocimiento. Siempre ha sido la opinión pública la base fundamental en que ha descansado dicho Gobierno, y siendo aquélla francamente favorable al reconocimiento, presentíase que su realización era cuestión de más o menos tiempo. Veamos cómo se fueron precipitando los acontecimientos.

En sesión celebrada por la Cámara de Representantes en 20 de abril de 1820, presentó Henry Clay una moción solicitando un crédito con cargo al cual poder enviar agentes diplomáticos a las colonias de la América del Sur que se habían declarado independientes, y, al hablar en el debate que se originó, manifestó su extrañeza ante el hecho de que aún no se hubiera hecho el reconocimiento de las colonias; y atribuyéndolo a que no se quería dar ese paso sin contar con que Inglaterra había de aprobarlo, censuraba esa actitud en estos términos:

Estamos en espera, por lo visto, de que Lord Castlereagh nos diga que debemos o no hacer el reconocimiento. Vergüenza me da decirlo, pero nuestra política en los asuntos de la América del Sur depende de las indicaciones que nos haga el Ministro de Inglaterra.

La moción fué aprobada por 80 votos contra 75, pero no llegó a ser ejecutiva, pues el Gobierno aún se mantenía en la creencia de que no había llegado la oportunidad de hacer el reconocimiento.

En febrero del año siguiente, el batallador Henry Clay insistió en el envío de Ministros diplomáticos a Sur América, siendo derrotada su proposición. No se desanimó por eso. A los pocos días presentó una nueva moción, y, más afortunado esta vez, logró que fuera aprobada por ochenta y siete votos contra sesenta y ocho. Decía así dicha moción:

La Cámara de Representantes, fiel intérprete de los sentimientos del pueblo de los Estados Unidos, sigue con el mayor interés los acontecimientos que se desarrollan en las provincias españolas de la América del Sur en su lucha por alcanzar sus libertades e independencia, y le prestará al Presidente de la República el apoyo que constitucionalmente necesite para reconocer la independencia y soberanía de dichas colonias.

En el Mensaje anual que dirigió el Presidente al Congreso, en 14 de noviembre de 1820, expresó que la revolución de Hispano-América continuaba haciendo progresos; que España resultaba impotente para contenerla, pero que estimaba que el cambio de gobierno ocurrido en ella, a virtud del restablecimiento de la Constitución del año 1812, favorecería el arreglo entre dicha nación y sus colonias; y que hacia esa solución se había encaminado siempre el Gobierno de los Estados Unidos.

En 5 de marzo del año 1821, al pronunciar Monroe el discurso inaugural de su segundo período presidencial, hizo referencia al conflicto entre España y sus colonias. A juicio del Presidente de la República, se debía mantener la neutralidad como hasta aquel momento, y confiaba dicho alto funcionario en que España al fin accedería a las demandas de sus colonias; pero terminaba con esta frase que se podía tomar como presagio de que las cosas podían cambiar: Si la guerra continúa, quizás los Estados Unidos se vean en el caso de adoptar otras medidas: aquellas que aconsejen su honor y sus intereses.

En el Mensaje de tres de diciembre de 1821, insistió el Presidente Monroe en que a España debía serle difícil reducir a sus colonias por la fuerza; expresando, al propio tiempo, que dicha nación debía darse cuenta de que había llegado el momento de examinar el problema con un criterio liberal y levantado, y que los Estados Unidos, gustosamente, cooperarían a una solución de armonía entre las dos partes.

Al fin llegó el momento en que los Estados Unidos hicieron el reconocimiento. Veamos cómo ocurrió ese hecho.

El día 30 de enero de 1822 los Representantes Nelson y Trimble pidieron en la Cámara que se hiciera el reconocimiento de las colonias, e interesaron al propio tiempo, del Presidente de la República, el envío de cuantos datos e informes se relacionaran con la situación de los nuevos Estados. Esa petición fué contestada por el Presidente de la República, que a la sazón lo era James Monroe, en su famoso Mensaje de 8 de marzo de aquel año, en el que consignaba, después de extenderse en diversas consideraciones sobre el estado que había alcanzado la revolución, su opinión de que había llegado el momento de hacer el reconocimiento. He aquí los términos del Mensaje:

Al transmitir a la Cámara de Representantes los documentos interesados por su resolución de 30 de enero último, considero de mi deber llamar la atención del Congreso sobre la importancia de la materia de que se trata y exponerle los puntos de vista del Ejecutivo en ese asunto, que con seguridad han de ser los mismos de esa otra rama del Gobierno.

El movimiento revolucionario de las colonias españolas de este hemisferio, desde sus comienzos, despertó las simpatías de nuestros compatriotas. Ese espontáneo sentimiento nuestro, desde luego que nos hace honor por motivos que no necesitamos explicar. Nos es grato significar que a todos ha merecido aprobación la línea de conducta que hubimos de trazarnos frente a la contienda. Cuando nos dimos cuenta de la importancia del movimiento revolucionario, no tuvimos inconveniente en considerar a los dos combatientes bajo las mismas condiciones, según lo que establece la Ley de las naciones en caso de guerra civil. A los buques de las dos partes, tanto los del Gobierno como los de particulares, se les permitió entrar en nuestros puertos y proveerse en ellos de los artículos que han sido objeto de comercio con las otras naciones. El Gobierno no ha tenido inconveniente en proteger el comercio con las dos partes contendientes, siempre que del mismo no fueran objeto contrabandos de guerra. Los Estados Unidos, en fin, no han dejado de observar un solo momento la más estricta imparcialidad.

Los sucesos ocurridos en las provincias han tomado tal magnitud, que creemos llegado el momento de considerar, con todo detenimiento, si se está en el caso de declarar que el orden de cosas establecido en las mismas permite deducir que han alcanzado la condición de naciones independientes. Buenos Aires hizo formal declaración de su independencia desde 1816, pero de hecho se encuentra libre del dominio de la nación progenitora desde 1810. Las provincias que forman la actual República de Colombia, antes de unirse por la Ley fundamental de 17 de diciembre de 1819, habían hecho, separadamente, su declaración de independencia. Por aquella época todavía dominaban algunas regiones las fuerzas españolas, pero esas fuerzas han sido completamente destrozadas, hasta el punto de que los soldados que no han sido hechos prisioneros han perecido, o se han ausentado como han podido, encontrándose el resto bloqueado en dos fortalezas. No son menos importantes los progresos realizados por las Provincias del Pacífico. Chile se declaró independiente en 1818, y el nuevo régimen ofrece las mejores garantías de estabilidad, y merced a su cooperación y a la de Buenos Aires, la revolución se ha extendido al Perú. Con respecto a Méjico, no son tan auténticos nuestros informes como con respecto a los otros países, pero tenemos entendido que el nuevo Gobierno ha declarado la independencia y que no hay fuerzas que lo combatan. Hace ya tres años que el Gobierno de España no manda un solo soldado a combatir a las provincias, ni hay esperanzas de que en lo futuro pueda mandarlos. En resumen: que es evidente que las provincias se encuentran hoy en el pleno disfrute de su independencia, y que ni por el estado actual de la guerra, ni por otras circunstancias, existe el más remoto temor de que la pierdan.

Dado, pues, el aspecto que han tomado los acontecimientos, es indudable que los nuevos Gobiernos tienen derecho a ser reconocidos. Las guerras civiles, por lo regular, exaltan a tal punto las pasiones de las partes contendientes, que no se les puede pedir serenidad; pero en cambio, las otras naciones están en la obligación de hacer por que lleguen a una avenencia. La misma calma que los Estados Unidos han mantenido frente al problema, constituye una prueba para España, y para otras naciones, de que sabe respetar sus derechos. Las provincias de este hemisferio, a medida que se han declarado independientes, han demandado nuestro reconocimiento, pensando sin duda en que para formular esa petición tenían título suficiente; pero el Gobierno no ha accedido a esas solicitudes, en su deseo de no tomar parte en la contienda y no merecer la desaprobación del mundo civilizado. Otras gestiones en el mismo sentido se nos han hecho, pero no hemos creído prudente actuar. No obstante eso, hemos estado muy atentos a la marcha de los sucesos para conocerlos en su fondo. Hoy observamos el largo período de tiempo que lleva de duración la guerra, las enormes ventajas que han alcanzado las provincias, el estado de los combatientes y la actual incapacidad de España para hacer variar ese orden de cosas; y no podemos por menos que convenir en que ha llegado el momento de que se reconozca la independencia de las colonias.

No tenemos noticias con respecto a la opinión que tenga hoy el Gobierno de España sobre estas cosas; pero es de presumir que la importancia de la revolución, que ha puesto en manos del pueblo la soberanía de todo el Continente Meridional, llevará a la nación progenitora al convencimiento de que no puede por menos que llegar a una reconciliación, aunque sea bajo la base de la independencia. Nada sabemos acerca de la opinión de las otras potencias. Nuestro deseo sería realizar el reconocimiento de acuerdo con ellas, pero creemos que no están en condiciones de declararlo. Separadas de las provincias, al través del Atlántico, por enorme distancia, la suerte de dichas provincias ha de inspirarles menos interés que a nosotros. Es por eso lo más probable que no hayan observado con atención el curso de los acontecimientos; pero la importancia de los que últimamente han ocurrido no puede pasarles inadvertida.

Al aconsejar que se haga el reconocimiento, no queremos que se entienda que alteramos nuestras relaciones de amistad con ninguno de los combatientes, pues antes al contrario, aunque la guerra continúe, no hemos de abandonar nuestra neutralidad. Entendemos que al Gobierno de España han de satisfacerle estas declaraciones. El reconocimiento, en este caso, está de perfecto acuerdo con la ley de las naciones; y los Estados Unidos, al hacerlo, se muestran consecuentes con sus antecedentes y de acuerdo con sus intereses. Si el Congreso está de acuerdo con nuestra propuesta, esperamos que votará los créditos necesarios para hacerla efectiva.

El citado Mensaje es de fecha 8 de marzo de 1822; y al día siguiente, Anduaga, Ministro de España en los Estados Unidos, entregó una nota en la Secretaría de Estado, llamándole la atención al Gobierno acerca de que el acto del reconocimiento era improcedente y extemporáneo. No había méritos para hacerlo, a juicio de dicho Ministro, por dos motivos: porque no se podían desconocer los derechos de España sobre sus colonias, y porque los nuevos gobiernos, dada la situación caótica por que atravesaban y las pocas condiciones de estabilidad que ofrecían, no se habían hecho acreedores a dicho reconocimiento. La prueba de que no ha llegado la oportunidad de hacer dicho reconocimiento, se puede encontrar, decía el Ministro, en que las naciones de Europa no se han decidido a hacerlo; pues si fuera justo y procedente, hubieran dado ese paso siquiera no fuese más que por ganarse la amistad de países que tan vasto campo ofrecen al comercio.

El Secretario de Estado no contestó de momento esta comunicación; esperó que el Congreso hiciera el reconocimiento, como lo hizo, efectivamente, en 28 de marzo.

Transcribimos ahora algunos párrafos de la contestación del Secretario de Estado, que en aquel entonces lo era John Quincy Adams. En ella se exponen las razones que determinaron el reconocimiento, algunas de las cuales no fueron expuestas en el Mensaje del Presidente de la República:

En los años que ha durado el conflicto entre España y sus colonias, los Estados Unidos han guardado la más estricta neutralidad. Pero las circunstancias han variado. Los Virreyes en unos casos, en otros los Capitanes Generales, han concluído tratados con las Repúblicas de Colombia, Méjico y el Perú, que equivalen a un formal "reconocimiento"; eso, en lo que respecta a esas provincias, pues las de la Plata y Chile disfrutan de su independencia, tranquilamente, desde hace años. Los Estados Unidos, al hacer el reconocimiento, proceden impulsados por móviles de justicia y de moralidad.

Por el hecho del "reconocimiento", no se ha de entender que hemos de impedirle a España que haga cuanto esté de su parte por restablecer en las colonias el imperio de su autoridad; hemos de limitarnos a establecer con los nuevos gobiernos las relaciones políticas y comerciales que deben mediar entre los pueblos de civilización cristiana.

A fin de hacer efectivas esas relaciones, en cuatro de mayo del propio año votó la Cámara de Representantes un crédito para establecer Legaciones en los nuevos Estados.

Se ve, pues, que los Estados Unidos no intervinieron en el conflicto entre España y sus colonias, y que reconocieron la soberanía de los nuevos Estados cuando era evidente, a ojos vistas, que España había perdido su dominación. Estuvo, pues, en lo cierto el Presidente Monroe cuando dijo en su Mensaje de diciembre de 1823 que los Estados Unidos no intervenían con las colonias existentes de las potencias europeas.

(1825). En 28 de enero y 6 de abril de 1825, Rebello, Encargado de Negocios del Brasil en los Estados Unidos, propuso al Gobierno de esta República la formación de una alianza con su nación, para mantener la independencia de ésta en el caso de que Portugal pretendiera restablecer su perdida soberanía contando con la cooperación de otra potencia europea. Henry Clay, que desempeñaba la Secretaría de Estado, hubo de contestarle en 13 de abril de ese año que el Gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con el criterio sustentado en el mensaje presidencial de 2 de diciembre de 1823, no podía mezclarse en la lucha entre la Metrópoli y su antigua colonia.

(1849-1851). A mediados del siglo pasado existía en los Estados Unidos y en Cuba un movimiento de opinión francamente favorable a la anexión de esta Isla a aquella República; movimiento que estaba fomentado, en la nación vecina, por los elementos del Sur principalmente, que pensaban en la posibilidad del ingreso en la Unión de un nuevo Estado esclavista, y en nuestro país por elementos descontentos de la dominación española. Unos y otros elementos, dispuestos ya a poner en ejecución sus planes, prepararon en los Estados Unidos una expedición dirigida por el general venezolano Narciso López y que debía desembarcar en Cuba.

Enterado el Gobierno de España de semejante proyecto, hizo ante el de los Estados Unidos la correspondiente protesta, que fué escuchada, pues en 11 de agosto de 1849 expedía el Presidente Zacarías Taylor, la siguiente proclama:

Hay razón para creer que en los Estados Unidos se está preparando una expedición para invadir en armas la Isla de Cuba o algunas de las provincias de Méjico. Las noticias más fidedignas que el Ejecutivo ha podido hasta ahora obtener sobre ese particular, inclinan el ánimo a la creencia de que la Isla de Cuba es el verdadero punto objetivo de la dicha empresa. El Gobierno tiene el deber de que se observe la fe de los Tratados, y de impedir toda agresión, por parte de los ciudadanos de nuestro país, contra los territorios de las naciones amigas. He creído, por lo tanto, que es propio y necesario expedir la presente proclama, a fin de advertir a todos los ciudadanos de los Estados Unidos que estén asociados en una empresa de esta naturaleza, tan abiertamente en infracción con nuestras leyes y de las obligaciones que por tratado nos hemos impuesto, que quedarán por ello sujetos a las severas penas que para estos casos determinan nuestras propias leyes, dictadas por nuestro propio Congreso; y perderán, además, todo derecho a la protección de su país. Las referidas personas no podrán esperar que este Gobierno intervenga en ninguna forma ni de ningún modo en favor suyo, sean cuales fueren los extremos a que se vean reducidos en consecuencia de su conducta. Una empresa que tiene por objeto invadir los territorios de una nación amiga, iniciada y preparada dentro de los límites de los Estados Unidos, es una cosa en alto grado criminal, supuesto que pone en peligro la paz del país y compromete el honor nacional. Por lo tanto, exhorto a todos los buenos ciudadanos a que teniendo en cuenta lo que vale nuestra reputación nacional, el respeto que se debe a nuestras propias leyes, el derecho de gentes, y lo que exige el deseo de que se conserven las bendiciones de la paz y la felicidad del país, se separen del antes dicho proyecto y lo reprueben e impidan por todos los medios que sean lícitos. Y prevengo a todos los empleados de este Gobierno, ya sean del orden civil, ya del militar, que usen todos los medios que estén a su alcance para asegurar la prisión, el procesamiento y castigo de todos y cada uno de los que, como se ha dicho, estén delinquiendo contra las leyes que nos mandan observar las sagradas obligaciones que tenemos contraídas con las naciones amigas.

Esta proclama produjo el resultado apetecido: por lo pronto hubo de desistirse de la expedición que entonces se proyectaba. Pero no se arredraron por esto el general Narciso López y sus amigos; ni siquiera se detuvieron ante el fracaso de otra expedición que se logró desembarcar en Cuba en 19 de mayo de 1850. En las esferas oficiales sabíase que en territorio americano se seguía conspirando contra la dominación española en Cuba, y en 25 de abril del año 1851, el Presidente, Millard Fillmore, lanzó la siguiente proclama:

...He resuelto, por tanto, expedir esta proclama apercibiendo a todos aquellos que con infracción de nuestras leyes y desprecio de nuestras obligaciones internacionales se unan en algún modo con la expresada empresa o expedición, que incurrirán por ello en las severas penas dictadas contra esos delitos, y quedarán sin derecho a reclamar la protección de este Gobierno, que no intervendrá absolutamente en favor de ellos, cualesquiera que sean los extremos a que los lleve su ilegal conducta. Y, en ese concepto, exhorto a todos los buenos ciudadanos a que considerando nuestra reputación nacional, el respeto que se debe a nuestras leyes y a los preceptos del derecho de gentes, lo que valen los beneficios de la paz y el bien y la felicidad de nuestro país, desoigan y condenen la empresa de que aquí se trata y la impidan por todos los medios legales. Ordeno, además, a todos los empleados del Gobierno, así civiles como militares, que se esfuercen por todos los medios que estén a su alcance para conseguir la prisión, el encausamiento y castigo de todos y cada uno de estos delincuentes, conforme al derecho del país.

(1868-1878). Apenas iniciada la revolución cubana del año de 1868, era bien visible que el pueblo norteamericano estaba de parte de los insurrectos. En 10 de abril del año 1869, la Cámara de Representantes acordó, por noventa y ocho votos contra veinticuatro, ofrecerle su apoyo constitucional al Presidente de la República

para cuando juzgase oportuno reconocer la independencia y soberanía del Gobierno Republicano de Cuba.

El propio Poder Ejecutivo estaba, francamente, de parte de los revolucionarios. Comenzó, primero, por indicarle y ofrecerle a España un plan de mediación sobre la base del reconocimiento de la independencia, y amenazó después, ante las demoras y dilaciones del Gobierno de Madrid—que en un principio pareció dispuesto a iniciar las negociaciones—, con reconocer la beligerancia. Tanto, pues, por el estado de la opinión pública como por la actitud en que se colocó el Gobierno, parecía que los Estados Unidos se iban a apartar de la regla de la doctrina de Monroe, en que ahora nos ocupamos, enunciada en esta forma:

No hemos intervenido ni intervendremos en las colonias o dependencias existentes de ninguna potencia europea.

Sin embargo, cuando España se dió cuenta de esa actitud, se indignó y amenazó con romper las hostilidades; y, ante semejante situación, el Gobierno de Washington desistió de su propósito.

A partir de ese momento, el Poder Ejecutivo no quiso dar ningún paso que pudiera traerle dificultades con el Gobierno Español. Desempeñaba en aquel entonces la Presidencia de la República el General Ulyses S. Grant, y sus mensajes revelan su impasibilidad ante la suerte de los cubanos. No quería dar motivos que interrumpieran las buenas relaciones con España. He aquí los términos en que se refirió a este asunto en su Mensaje anual de 6 de diciembre de 1869:

En ninguna nación la libertad ha alcanzado el desarrollo que tiene en los Estados Unidos. No es de extrañar, por eso, que nuestro pueblo sienta simpatías por todo aquel que luche por alcanzar dicha libertad y el gobierno propio; pero ese sentimiento de simpatía no nos puede llevar a separarnos de una línea de conducta que nos traza nuestro honor como nación, y que consiste en no mezclarnos, si no se nos invita a ello, en el conflicto entre dos naciones o entre un Gobierno y los pueblos que le estén sometidos. Nuestra línea de conducta nos la trazan la justicia y la ley. Tanto el derecho internacional como nuestro derecho interior. Esa ha sido siempre la actitud de la Administración frente a esos conflictos. Desde hace más de un año, una valiosa posesión de España, vecina nuestra muy inmediata, está luchando por obtener su libertad e independencia. Nuestro pueblo observa esa lucha con el mayor interés. El pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos experimentan por el pueblo de Cuba los mismos sentimientos y simpatías que antes tuvieron por las colonias que se insurreccionaron contra España. Sin embargo, la lucha no tiene el carácter de una guerra, en el sentido que le da a esta palabra el derecho internacional; ni los insurrectos han podido formar tampoco, ni siquiera de facto, una organización política que justifique el reconocimiento de la beligerancia.

Nosotros mantenemos el principio de que nuestra nación es su mismo juez para decidir en qué oportunidad llega el momento de reconocerle a un pueblo su derecho como beligerante, ya se trate de aquel que luche por libertarse de la opresión de otro, ya de naciones independientes, en guerra unas con otras.

Los Estados Unidos no tienen por qué mezclarse en las relaciones que mantenga España con sus colonias de este continente. Llegará el día en que España y otras naciones de Europa se darán cuenta de la conveniencia que les reportará convertir sus dependencias en naciones independientes. Esas dependencias, en ningún caso podrán ser transferidas de una nación europea a otra. Si dejan de ser colonias, ha de ser para convertirse en naciones independientes que dirijan sus propios destinos y sus relaciones.

Los Estados Unidos, animados más que nada por el deseo de poner término al derramamiento de sangre en Cuba, ofrecieron sus buenos oficios para poner fin a la contienda. La oferta no fué aceptada por España, y hoy nos vemos en el caso de tener que guardar, estrictamente, las reglas de la neutralidad.

De esa actitud no se apartó el Gobierno de Washington en los diez años que duró la insurrección cubana; y para convencerse de ello basta leer los mensajes presidenciales de 13 de junio de 1870, 1º de diciembre de 1873, 7 de diciembre de 1874, 7 de diciembre de 1875, 3 de diciembre de 1877 y 2 de diciembre de 1878.

Se habrá observado, en el Mensaje antes transcrito, que el Presidente Grant, para no mezclarse en el conflicto entre España y el pueblo de Cuba, no invocó la doctrina de Monroe, sino que apeló solamente al derecho internacional. Quizás fuera debido a que por aquella época no tenía el Gobierno, por lo visto, una conciencia muy exacta del significado de dicha doctrina. Prueba de ello es que el propio general Grant fué quien, al recomendarle al Congreso que decretase la anexión de Santo Domingo, alegó que era la doctrina de Monroe la que imponía su adquisición.

(1886). A principios del año 1886 el Gobierno de la República Argentina protestó de la ocupación, por la Gran Bretaña, de las islas Falkland o Malvinas, con infracción de la doctrina de Monroe. El Secretario Bayard, en 18 de marzo, libró un despacho al Gobierno Argentino, alegando que aquella nación venía poseyendo dichas islas desde el año 1833, invocando para ello títulos muy antiguos, y que la doctrina de Monroe no podía tener efectos retroactivos.

(1895-1898). Al estallar la revolución cubana del año 1895, se observa en los Estados Unidos el mismo caso ocurrido a principios del siglo con motivo de la insurrección de las colonias españolas del Continente y con ocasión de la revolución cubana del año 1868: el pueblo norteamericano se puso francamente de parte de los revolucionarios, mientras que el Gobierno se esforzó en mantener la neutralidad de la nación.

El Presidente, Grover Cleveland, en su Mensaje anual de 2 de diciembre de 1895, se había expresado así:

Cualquiera que sea la simpatía tradicional de nuestros conciudadanos, como individuos privados, en favor de un pueblo que parece estar luchando por conseguir la posesión de una mayor suma de autonomía y libertad, sentida todavía con mayor viveza por el hecho de que se trata de un pueblo que es vecino nuestro tan inmediato, hay que considerar, sin embargo, que es deber nuestro, claro e ineludible, cumplir de buena fe las obligaciones, reconocidas por todos, del derecho internacional.

No obstante estos consejos, por el mes de abril del siguiente año el Senado y la Cámara de Representantes, haciéndose eco de la opinión popular, favorable en grado sumo a la causa de los revolucionarios cubanos, aprobaron una proposición por la que se invitaba al Presidente de la República a reconocer a dichos revolucionarios la condición de beligerantes, y a que le ofreciera a España su mediación para poner término a la guerra, sobre la base de la independencia.

El Presidente de la República no se consideró en el caso de seguir el consejo que le daba el Congreso; pero como, a todas éstas, la opinión pública, por medio de sus órganos, especialmente parte de la prensa de la ciudad de Nueva York, mantenía palpitante el problema cubano, y consideraba la situación creada en Cuba como una afrenta a la civilización, no pudiendo dicho Presidente aparecer en contradicción con el sentimiento de la nación toda, en su Mensaje de 7 de diciembre de 1896 dijo que consideraba que España podía ofrecerles la autonomía a los cubanos, y que creía que esta solución traería la paz; pero que si aquella nación se mostraba irreducible en su actitud de intransigencia, quizás el Gobierno se vería en el caso de tomar otras medidas, de acuerdo con altas e ineludibles obligaciones.

Este momento hubo de llegar. Los horrores de la guerra, por una parte, y de la otra los perjuicios que por consecuencia de la misma venían sufriendo intereses norteamericanos muy importantes, fueron causa de que en 23 de septiembre de 1897 el Gobierno de Washington le exigiera al de España, terminantemente, que dejara pacificada la Isla. Dos meses después España le ofrecía la autonomía a Cuba; pero ya era tarde. La solución no satisfizo a los cubanos; y a pesar de que el Presidente Mc. Kinley, en su Mensaje de 6 de diciembre de dicho año, expuso que no se debía reconocer la beligerancia y que nada se debía hacer mientras no se evidenciara el fracaso del nuevo régimen autonómico, la opinión pública no cejaba en su empeño de que se tomara alguna acción decisiva en favor de los cubanos. El Poder Ejecutivo resistió cuanto pudo; pero la explosión del "Maine", en la bahía de la Habana, suceso bien reciente que todos recordamos, vino a ser el colmo de la ansiedad. El 20 de abril de 1898, el Presidente de la República suscribió la joint resolution por la cual se declaraba

que el pueblo de Cuba era y de derecho debía ser libre e independiente;

y al ser apoyada esta declaración por medio de las armas, y quedar triunfantes las de Norteamérica, terminó la dominación de España en el Continente Americano.

El escritor norteamericano Hiram Bingham, en un folleto que dió a luz el año 1915, en que trata de la doctrina de Monroe y que titula La doctrina de Monroe como una consigna anticuada, se refiere a los sucesos que acabamos de mencionar, en los siguientes términos:

Nuestros vecinos pensarán (se refiere a los hispanoamericanos) que se ha producido un cambio muy grande en la doctrina de Monroe. Declaramos en 1823 que no habíamos intervenido ni intervendríamos en las colonias o dependencias existentes de ninguna potencia europea, y en 1898 hicimos algo más que intervenir: terminamos con el poderío colonial de España, quedándonos con Puerto Rico, Guam y las Filipinas y libertando a Cuba, no sin antes asegurarnos una valiosa estación naval en Guantánamo. No entro a discutir la bondad de nuestro proceder: me limito a señalar la enorme diferencia que existe entre la vieja doctrina de Monroe y la nueva.

Quizás tenga razón el distinguido escritor norteamericano; pero aparte de que, como se ha visto, en aquellos sucesos el Presidente de la República se mantuvo, hasta donde pudo, adicto a la política tradicional en esta materia, y que si se desvió del camino que se había trazado fué porque no podía olvidar su condición de Jefe de un Estado en que dirige y gobierna la opinión pública, y ésta así lo exigía, no se puede negar que la adhesión a una de las reglas enunciadas por el Presidente Monroe no podía impedirle al Gobierno que adoptara la actitud que le trazaban los principios de libertad y de justicia tan hondamente vinculados en el pueblo norteamericano.

(F).—Los Estados Unidos no intervienen en las demostraciones puramente punitivas que hagan los gobiernos europeos contra naciones americanas, con tal de que de esos actos no se derive una ocupación de territorio.

Este aspecto de la doctrina de Monroe lo encontramos enunciado, por primera vez, por el Presidente Teodoro Roosevelt, en su Mensaje anual de 3 de diciembre de 1901, a que anteriormente nos hemos referido examinando otro aspecto de dicha doctrina. En efecto, según se recordará, hubo de declarar Roosevelt en dicha ocasión lo que sigue:

No impedimos que un Estado, que no sea americano, tome las represalias que estime oportunas contra una nación de la América, con tal de que el castigo no traiga, como consecuencia, la adquisición de territorio.

Sin embargo, aunque esta declaración se hizo en 1901, de hecho la línea de conducta que la misma señala se venía observando con anterioridad, según podemos comprobar. En varios casos, frente a determinados actos de fuerza de algunas potencias europeas contra débiles estados de la América, el Gobierno de Washington permaneció sin tomar ninguna acción, sin duda porque esos actos no se encaminaban a la ocupación de territorio. He aquí cuáles fueron esos acontecimientos, según refiere el tratadista John Basset Moore en su Digesto de Derecho Internacional:

En 1842 y 1844 la Gran Bretaña bloqueó el puerto de San Juan de Nicaragua. En 1851 la misma potencia interrumpió todo tráfico con el puerto de la Unión, en San Salvador, y bloqueó las costas de este país, y en 1862 y 1863 apresó varios buques brasileños en aguas del Brasil, en represalia por el saqueo del Prince of Wales en dichas aguas. En 1838 Francia bloqueó varios puertos mejicanos, por no habérsele dado satisfacción a determinadas reclamaciones. Con motivo de la guerra que estalló en 1865 entre España y las Repúblicas sudamericanas del Pacífico, durante la cual una escuadra española bombardeó el puerto de Valparaíso, declaró Seward, Secretario de Estado, en un despacho enviado al Ministro en Santiago en 2 de junio de 1866, que los Estados Unidos no se mezclaban en las guerras entre naciones europeas y americanas, a menos que se vieran compelidos a mezclarse en el asunto por el carácter político de la contienda, como en el caso de Francia y Méjico...

(1897). El año 1897, la Secretaría de Estado, ocupada por Sherman, hace una declaración análoga a la que formulara Seward en 1866. He aquí en qué ocasión. El súbdito alemán Emilio Lueders, residente en Haití, fué condenado a prisión y a pagar una multa de quinientos pesos. Entendiendo el Ministro alemán que esa condena era un atropello, reclamó la libertad de Lueders y el pago de una fuerte indemnización, de acuerdo con su Gobierno; y como el de Haití se negara a dar oídos a dicha reclamación, a las seis de la mañana del día 6 de diciembre del año de 1897 se presentaron en Port-au-Prince dos buques de guerra alemanes, haciendo saber su comandante, a las autoridades, que a la una de la tarde bombardearían las fortalezas y los edificios públicos si el Gobierno no accedía a su demanda, que consistía en pagar una indemnización de treinta mil pesos, en garantizar la vida y la libertad de Lueders, y en darle una satisfacción cumplida al representante diplomático del Emperador de Alemania.

El Gobierno haitiano se allanó a dicha demanda; pero como el Ministro de los Estados Unidos ante dicho Gobierno le llamara la atención al de Washington acerca de que la actitud de Alemania infringía la doctrina de Monroe, recibió de la Secretaría de Estado esta contestación:

Este Gobierno no tiene por qué mezclarse en las cuestiones que continuamente se suscitan entre las Repúblicas de este hemisferio y otros Estados. La doctrina de Monroe, a que Ud. se ha referido, es inaplicable a la cuestión planteada; pues no está bien que nuestros vecinos interpreten erróneamente dicha doctrina, haciendo derivar, para ellos, erróneas interpretaciones que vengan a favorecerlos.

(1901-1903). No fué el Mensaje anual de 3 de diciembre de 1901 la única ocasión en que se enunció, en este año, la regla o forma de interpretación de la doctrina de Monroe, a que nos referimos. Hemos de ver ahora otro caso ocurrido en dicho año.

En los últimos meses de 1901 se fueron entibiando las relaciones entre el Imperio Alemán y la República Venezolana, debido a que estando gran parte de la deuda exterior de la segunda en manos de súbditos alemanes, éstos se quejaron a su gobierno de que no se les pagaba. Al mismo tiempo un crecido número de alemanes, residentes en Venezuela, se quejó también de que la revolución, que había asolado al país en los años anteriores, les había causado grandes perjuicios que el Gobierno se negaba a indemnizar.

Al fin el Gobierno de Venezuela accedió a las reclamaciones europeas, pero en una forma que hacía sospechar que los acreedores iban a ser objeto de una burla. Al menos así lo entendió el Gobierno de Alemania. El Presidente Cipriano Castro dispuso, por medio de un Decreto, que los reclamantes presentaran sus solicitudes, pero sólo los que hubieran sufrido daños con posterioridad al día 23 de mayo de 1899, fecha en que él había tomado posesión de su cargo; que las reclamaciones habrían de sustanciarse ante los tribunales venezolanos, y que las indemnizaciones que se acordaran se pagarían no en dinero, sino por medio de bonos de una emisión que se llevaría a cabo.

El Gobierno de Alemania estimó que la resolución del de Venezuela no era más que un medio habilidoso de demorar o evitar el pago de obligaciones que eran ciertas y legítimas, y decidió adoptar una acción más eficaz: realizar una demostración naval contra la República Venezolana. Antes de dar el Gobierno alemán ningún paso en ese sentido, se dirigió al Gobierno de Washington explicándole los móviles de su actitud y su verdadera finalidad. No llevaba el propósito de ocupar definitivamente el territorio venezolano; simplemente apelaba a la fuerza como único medio de que el Gobierno de Venezuela atendiera con seriedad las peticiones formuladas.

En 11 de diciembre de 1901 el Embajador de Alemania en Washington entregó en la Secretaría de Estado un extenso documento, en el que, después de hacer relación de cuanto había ocurrido en el asunto de las reclamaciones, daba seguridades acerca de cuáles eran los propósitos de su Gobierno, en los siguientes términos:

Tenemos verdadero interés en que el Gobierno de los Estados Unidos adquiera el convencimiento de que sólo nos mueve el interés de que aquellos ciudadanos, a quienes ha causado perjuicios la guerra civil, sean indemnizados. No nos guía el propósito de adquirir u ocupar permanentemente el territorio de Venezuela. De colocarnos el Gobierno de Venezuela en la necesidad de tomar medidas de fuerza, aprovecharíamos las circunstancias para exigir que se garantizara el pago de las reclamaciones de la "Compañía de Descuento de Berlín". Como primera medida se tomará la de bloquear los puertos más importantes de Venezuela, como la Guayra y Puerto Cabello, lo que es de suponerse coloque al Gobierno en situación difícil, dado que sus principales ingresos lo constituyen los impuestos de importación y exportación; y sólo en el caso de que esta medida no dé resultado, nos decidiremos a ocupar los puertos a fin de recaudar nosotros mismos esos derechos.