V. Ley de ciudadania bajo el régimen español.—Independencia de la América.—El estatuto provisional de 1815.—El reglamento provisorio de 1817.—Constitucion de la República Argentina de 1826.—Constitucion del Estado de Buenos Aires de 1854.—Vigencia de las leyes españolas no derogadas.—La ciudadania natural vigente en Inglaterra, Bélgica, España, Portugal, Chile, Bolivia, Estado Oriental, etc.—Porque se ha dictado una ley obligatoria y no voluntaria.—Consideraciones sobre las leyes de algunas de las naciones mas civilizadas, comparadas con las del Estado de Buenos Aires.—Deducciones.—Conclusion.

En nuestros anteriores artículos presumiamos haber dejado sentados de una manera suficientemente clara, los fundamentos en que se apoyaba la legitimidad con que se habia dictado el art. 6.º de la Constitucion.

Sin embargo, parece que no ha sido así, por lo que volvemos sobre la materia para contestar los argumentos que se nos han opuesto á nuestros escritos anteriores.

En cuanto al derecho se nos dice (al menos por los escritores que se habian propuesto sostener lo contrario) que se nos reconoce como un principio, el que nos asiste para dictar la ley de ciudadania. Pero á esto se agrega:

“1.º Que las potencias estrangeras tienen un cierto derecho de intervencion en la legislacion interior de un pais con el que se encuentran en relacion de interes, cuando UNA NUEVA LEY viene á trastornar el órden de cosas establecido recíprocamente hasta entonces, y á perjudicar sensiblemente los intereses de sus súbditos.”

“2.º Que todas las naciones, aun las mas microscópicas, han ABOLIDO la ley que el “Nacional” sostiene.”

“3.º Que segun el testo de la ley“ (art. 6 de la Constitucion) ella tendrá un efecto RETROACTIVO, y que el hijo de un estrangero nacido ahora 25 años dentro del Estado, habiendo gozado de su calidad de estrangero, vendria á ser desde la promulgacion de la Constitucion, ciudadano argentino.“

Nos complacemos que estas objecciones nos habiliten para encarar la cuestion bajo un nuevo punto de vista, en que no habiamos creido necesario considerarla.

Pretender negar hoy, el derecho de intervenir en la lejislacion interior de un pais, á una nacion que tiene derechos adquiridos por tratados especiales, seria querer borrar lo que hemos sostenido en todos nuestros escritos anteriores, por lo que concediendo, y apoyando como incontrovertible el principio, vamos á ver si él ha sido aplicado con exactitud al caso de la Constitucion del Estado de Buenos Aires.

La ley de ciudadania dictada por la Constitucion de 1854—¿es una nueva ley que ha venido á transtornar el órden de cosas establecido?

Vamos á averiguarlo.

Segun las leyes españolas, la entrada á la América les era prohibida á los estrangeros, sin un permiso especial del monarca, y segun aquellas, era considerado ciudadano español, todo individuo nacido dentro de los límites de su territorio.

Emancipada la República, en 1810, los primeros estrangeros que principiaron á establecerse en este pais lo hicieron, mas ó menos, ocho ó diez años despues, á consecuencia de leyes tendentes á llamar hácia estos paises la emigracion Europea. Puede pues decirse que hasta aquel momento no habia extrangeros entre nosotros, salvo raras escepciones.

El Estatuto Provisional dictado por la Junta de Observacion declaraba, en 5 de Mayo de 1815, lo siguiente:

“II. Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado (la nacion Argentina) es ciudadano: pero no entrará al ejercicio de este derecho hasta que no haya cumplido 25 años ó sea emancipado.”

Dos años despues, es decir en 1817, el Reglamento Provisorio, sancionado por el Soberano Congreso, declaraba en el capítulo 3.º párrafo tercero, las palabras testuales, citadas anteriormente, del Estatuto Provisional.

En 1826 la Constitucion de la República Argentina, sancionada por el Congreso General Constituyente declaraba, seccion 2.ª párrafo 4.º

“Son ciudadanos de la nacion Argentina: primero, todos los hombres libres nacidos en su territorio, y los hijos de estos donde quiera que nazcan &a.”

Ahora bien, anulada despues por la influencia de los caudillos la Constitucion de 1826, quedaron en vigencia las disposiciones del Reglamento Provisorio, que eran las que regian hasta el momento en que fué promulgada la Constitucion de 1854.

¿Donde está pues esa nueva ley, que se dice que ha venido á transtornar el órden de cosas establecido?

Pero para probar mayormente la absurdidad de tal pretension y la ignorancia suma con que se ha tratado esta materia, queremos suponer que no hubiesen existido las leyes de ciudadania que hemos citado.

Desde que al emanciparnos de la España quedaron vigentes todas las leyes del código Español, que no habian sido derogadas espresamente por las leyes patrias, como lo declaran nuestras leyes, y como seria de derecho, aun sin necesidad de una declaracion espresa, es claro que desde aquel momento todos los nacidos en nuestro territorio estaban sugetos á la ley de ciudadanía que habiamos heredado de los Españoles, y que por consiguiente, todo hijo de extrangero nacido en él venia á ser necesariamente ciudadano natural.

Con lo que dejamos espuesto, creemos mas que suficientemente probado el absurdo que se ha sentado al llamar ley nueva, al artículo de la Constitucion, que no ha hecho sino corroborar todas las leyes anteriores sobre el particular, y por consiguiente resalta tanto mas la ridícula pretension del efecto retroactivo que se quiere imputarle.

Pasemos ahora al punto en que se asegura que todas las naciones, aun las mas microscópicas, han abolido la ley que hemos sostenido.

De cierto que no sabemos como habiéndose leido nuestros artículos anteriores se pueda aun sentar principios tan falsos y tan contrarios á lo mismo que hemos probado con autoridades irrecusables.

Lejos de haberse abolido por las naciones aun las mas microscópicas la ley que hemos sostenido, en cuanto á nuestro derecho para dictarla, ella rige actualmente en naciones las mas poderosas y adelantadas, sin que tal derecho les haya sido contestado.

Vamos á la prueba.

La Inglaterra, declara ciudadano inglés á todo individuo nacido dentro de su territorio, aunque sea de padres estrangeros.

La Bélgica, reconoce por indijena á todo habitante nacido en ese pais de padres estrangeros domiciliados.

La Constitucion Española, llama español á todos los nacidos en su territorio.

La de Portugal, los declara igualmente portugueses.

Chile, Bolivia, el Estado Oriental, y las constituciones de todas las repúblicas Sud-Americanas, declaran el mismo principio.

¿Cómo es pues que se pretende que aun las naciones mas microscópicas la hayan abolido? ¿No es esto desconocer aun los hechos mas generales de la historia de los pueblos? No es esto entrar á sentar arbitrariamente los primeros desatinos que ocurren, sin tener para nada presente los hechos existentes que deben servir de base à toda discusion razonada?

Demostrada ya la falsedad de los hechos que se han invocado, pasaremos á considerar algunos otros argumentos, con que se ha creido combatirnos.

Hasta ahora solo habiamos considerado esta cuestion por el lado del derecho, y no podia ser de otro modo desde que nos era contestado por los agentes estrangeros, como si al dictar nuestra ley de ciudadania hubiesemos estado ligados por compromisos anteriores, que nos inhabilitasen para lejislar sobre los hijos de estrangeros nacidos en el Estado.

Pero hetenos que no pudiendo, los sostenedores de las pretenciones estrangeras, mantenerse en el terreno del derecho, entran á interrogarnos sobre la conveniencia, como si al sostener nuestros derechos, tuviesemos que entrar á justificarnos sobre ella ante el estrangero.

Asi es que, se nos pregunta que, pues que estamos convencidos que los hijos de estrangeros sentirán mayor afeccion por el pais en que han nacido, con preferencia á aquel en que nacieran sus padres, por que estraña contradiccion imponemos la ciudadania á riesgo de herir el sentimiento nacional del padre?

A este estraño interrogatorio, bien podriamos responder que siendo este, asunto de familia, no estabamos en el caso de dar contestacion á los estraños, ni justificarnos ante ellos sobre los motivos que hemos podido tener para optar por este ó aquel principio, cuando esta opcion nos pertenece esclusivamente, y sin limitacion alguna.

Pero queremos ser condescendientes por esta vez, y vamos á iniciarlos en los misterios de familia.

En uno de nuestros artículos anteriores hemos demostrado ya las poderosas razones que han debido pesar en el ánimo de nuestros legisladores al dictar la ley de que nos ocupamos.

Ahora entraremos á considerarla bajo el punto de vista de la conveniencia, y satisfaremos plenamente la curiosidad de los que se empeñan hasta en arrancarnos una declaracion, sobre nuestro modo de considerar nuestra propia conveniencia.

Sin duda alguna que seria mucho mas liberal y mas grandioso el declarar libre la aceptacion ó no aceptacion de la ciudadania del Estado. ¿Pero seria esto mas conveniente al interés público?

Entremos á considerarlo.

Segun nuestras leyes fundamentales, los estrangeros gozan en el Estado de Buenos Aires de todas las prerrogativas de los ciudadanos, salvo algunas escepciones; de tal modo que puede decirse sin temor de ser tachado de inexacto, que la posicion de un estrangero es muchas veces preferible á la de los mismos hijos del pais.

En toda nuestra legislacion, no puede citarse ninguna de esas bárbaras leyes que, en la mayor parte de las naciones civilizadas, pesan sobre los estrangeros.

En el Estado de Buenos Aires, como en algunas naciones de Europa, no està prohibido á los estrangeros el poder egercer ciertas profesiones, ocuparse del corretage, tener casa abierta de negocio al menudeo, ni se hallan ellos sobrecargados de contribuciones ó impuestos que establecen una bien marcada línea divisoria entre las prerrogativas concedidas al hijo del pais y al estrangero.

Tampoco les está vedado, como en Inglaterra, el poder adquirir bienes raices, ó abrir casa de negocio por mayor. Ni se les priva como alli del derecho de heredar á las mujeres ó maridos, á los estrangeros casados con ingles ó inglesa, cuando han tenido un hijo del matrimonio, derecho de que gozan los súbditos británicos. Tampoco son inhàbiles los estrangeros entre nosotros para heredar, como sucede en Inglaterra, donde los bienes del subdito británico, que no deja sino herederos estrangeros, son confiscados á favor de la corona.

En el Estado de Buenos Aires á ningun estrangero, como en Francia, está prohibido el ser abogado, árbitro, tutor, ó gozar del beneficio de cesion.

Cuando se suscita un juicio entre un hijo del pais y un estrangero por el cobro cantidad de dinero, este, como en Francia, no está sujeto al mandato de prision, ni juez alguno puede poner en arresto provisorio al estrangero, á la simple requisicion de un ciudadano aun antes de iniciarse el juicio, lo que no puede hacerse con este cuando es estrangero el demandante.

Lejos de esto, como hemos dicho ya, no hay nacion alguna que haya hecho concesiones tan latas y estensas como las que ha concedido el Estado de Buenos Aires á los estrangeros, colocándolos casi al nivel de todos sus goces, sin tener que llevar las cargas que pesan esclusivamente sobre los ciudadanos.

Esta liberalidad, pues, de que nos congratulamos, y que deseariamos se hiciese cada dia mas estensiva á los estrangeros, es justamente la razon primordial que tornaria inconveniente la idea de dictar una ley de ciudadanía, que dejase de ser obligatoria, desde que es claro que pudiendo gozar de casi todos los privilegios que tienen los ciudadanos, los muy pocos que les están reservados no serian jamas una compensacion suficiente para aceptarla voluntariamente, cuando desde aquel momento iban á pesar sobre sus hombros las cargas de que están escentos los estrangeros, y que pesan esclusivamente sobre los ciudadanos del pais.

Si esas diferencias monstruosas, que hemos notado en las legislaciones estrangeras, pesáran sobre los subditos de otras naciones domiciliados en este Estado, de cierto que desde luego suscribiriamos al pensamiento de una declaracion de ciudadanía, cuya aceptacion fuese voluntaria: pero mientras los derechos de estrangeros y nacionales se hallen como en la actualidad casi nivelados, sostendremos siempre la conveniencia, y aun la necesidad, de la declaracion de la ciudadanía obligatoria, tal cual ha sido consignada en el artículo 6.º de la Constitucion.

Con estas esplicaciones creemos haber dejado claramente establecidos los principios que hemos sostenido, y rebatido las objeciones con que se ha creido haber combatido nuestros argumentos.

LA PROTECCION Y EL LIBRE CAMBIO.