II. Independencia de las naciones entre sí, respecto á su regimen y soberania interior.—Efectos que las leyes de una nacion pueden ejercer en el territorio de otra.—Derecho á imponer condiciones á los que entran en él.—La ley de ciudadania en el Estado de Buenos Aires.—Medios de adquirirla y práctica de las naciones europeas segun el derecho público.—Francia.—Inglaterra.—Bélgica.—Comentarios y deducciones.

Cuestiones hay que se sucitan á veces entre las naciones, que á no ser la seriedad con que se discuten, y la tenacidad con que se sostienen, no merecerian siquiera el honor de llamar por un momento la atencion de los hombres pensadores.

La cuestion de que vamos á ocuparnos pertenece sin duda á esa categoria: pero la reclamacion hecha por alguno de los ministros estrangeros, y la declaracion de alguno de los cónsules, contraria á la promulgacion del art. 6.º de la Constitucion del Estado, que declara ciudadanos á todos los nacidos dentro de su territorio, nos inducen á sostener el derecho y la justicia con que han procedido nuestros legisladores al dictar aquel artículo de la ley general.

Para probarlo no necesitaremos sino dejar sentados los principios mas generales de derecho internacional público y privado, reconocidos por todos los pueblos civilizados, fuente á la verdad nada dudosa cuando se trata de derechos y justicia.

Al traer esta cuestion á su verdadero punto de vista, deseosos de llevar la conviccion aun á la conciencia de los menos versados en la práctica del derecho internacional, nos es indispensable entrar á consignar aquellos principios mas conocidos, que tienen que servirnos de punto de partida, pues que no obstante no haber sobre ellos divergencia alguna entre los autores, parece que se les quisiera poner en duda, desde que se alegan y sostienen, por los representantes estrangeros, derechos que están en oposicion abierta con esos mismos principios.

Hemos dicho anteriormente que los hijos de padres estrangeros nacidos dentro del territorio del Estado, declarados ciudadanos naturales por la constitucion, lo son legítimamente en toda la estension y vigor que puede tener una ley fundamental.

Para evitar toda duda y dejarlo suficientemente probado, consideraremos:

La independencia de las naciones entre sí.

El efecto que las leyes de una nacion pueden producir en territorio estraño.

El derecho que tiene cada nacion para dictar las condiciones con que pueden establecerse los estrangeros en su territorio.

Los varios modos de adquirir la ciudadania.

Las leyes que rigen actualmente en algunas de las principales naciones de Europa.

Y finalmente, las modificaciones que han recibido algunas de las leyes de las naciones mas adelantadas en la escala de la civilizacion.

Dilucidadas de un modo claro y sencillo todas estas cuestiones, sin que tengamos que poner nada de nuestra parte, no dudamos que el derecho y la justicia con que ha obrado el Estado de Buenos Aires al dictar el artículo 6.º de su Constitucion, quedarán patentes y fuera de toda interpretacion ambigua.

Que las naciones mantienen una independencia absoluta, unas de otras, respecto á su régimen interior, entanto que estas no se hallan ligadas por pactos, contratos ó estipulaciones en contrario, es un principio de derecho público, que hasta ahora nadie se ha atrevido á poner en duda, y que casi creemos innecesario el detenernos en la prueba.

Pero, siendo esta la base fundamental de nuestros argumentos, no queremos prescindir de consignar algunas citas á fin de evitar toda equívoca interpretacion ulterior.

Fœlix, al tratar de la independencia de las naciones, en su tratado de Derecho Internacional Privado, dice:

“Cada nacion posee y egerce sola y esclusivamente la soberania y jurisdiccion en toda la estension de su territorio; de lo que se sigue que las leyes de cada Estado, afectan, obligan y rigen con pleno derecho todas las propiedades muebles é inmuebles que se encuentren en su territorio, asi como á todas las personas sean ó nó nacidas en él.”

Wheaton, repite casi testualmente estas mismas palabras, asi como todos los autores que se han ocupado de la materia: por lo que, siendo un principio tan obvio y reconocido, suprimiremos nuevas citas.

Sentado, pues, el verdadero principio que asiste á toda nacion para dictar las leyes que habrán de regir dentro de su territorio, conviene ahora que entremos á averiguar el efecto que pueden producir en él las leyes de otra nacion, y muy especialmente en aquellos casos en que hay conflicto entre unas y otras.

Sobre este asunto, dice Fœlix:

“De los principios que acabamos de sentar, se engendra una consecuencia importante, y que abraza entera toda nuestra doctrina: y es, que todos los efectos que las leyes estrangeras pueden producir en el territorio de una nacion depende absolutamente del consentimiento espreso ó tácito de dicha nacion.”

Y poco mas adelante:

“Asi como lo hemos hecho notar en el núm. II, la aplicacion de las leyes estrangeras admite una doble restriccion fundada sobre la independencia de las naciones: las leyes estrangeras no pueden invocarse si ellas perjudican al derecho de soberanía, ó á los derechos de los nacionales.”

Pando, en su tratado de Derecho internacional, de acuerdo con todos los autores, dice igualmente sobre el particular:

“Se ha visto que las leyes de un Estado obligan á sus ciudadanos residentes en pais estrangero; pero ceden á las de tal pais cuando hay oposicion entre unas y otras; y aun en caso de no haberla, se supone ignorada por las naciones estrangeras, las cuales si no intervienen tratados en contrario, no están obligadas á compeler á la autoridad pública para compeler á persona alguna á obedecerlas.”

La justicia de un principio semejante resalta á primera vista, no solo porque, á ser de otro modo, la independencia de las naciones vendria á ser una verdadera quimera, sino porque, como agrega el mismo autor, “las naciones ejercerian una continua intervencion en los asuntos domésticos una de otra, de lo que resultarian choques y desavenencias.”

De lo que antecede se deduce pues, que usando el soberano de un Estado de un derecho legítimo al dictar sus leyes interiores, y pudiendo impedir que tengan efecto dentro de él las que han sido dictadas en el estrangero, puede igualmente, en virtud del derecho de dominio que ejerce, imponer las condiciones con que podrán establecerse en él los extrangeros, pues como dice Vatel en su tratado de Derecho de Gentes:

“Puesto que el Señor del territorio puede impedir la entrada en él cuando lo juzgue conveniente, no hay duda que es dueño de establecer las condiciones con que quiera permitirla. Esta es como ya hemos dicho una consecuencia del derecho de dominio.”

De acuerdo pues con las doctrinas del derecho público, Buenos Aires, ha podido dictar legítimamente la ley que declara ciudadanos á los hijos de padres extrangeros nacidos en el Estado, no solo por el derecho de soberania que ejerce sobre su territorio, sino tambien por el que le asiste, como hemos visto ya, para imponer las condiciones bajo las cuales haya de serles permitido á los extrangeros el establecerse en él.

Esta deduccion nos parece lógica, y clara en demasia.

Sinembargo, véamos aun, si apesar del derecho que no puede dejar de reconocérsele, se ha desviado en algo de la práctica general admitida por las naciones civilizadas.

Para conocerlo, trataremos de los medios porque se adquiere la ciudadania, y cual es la práctica que siguen hoy las naciones civilizadas, que reconocen los principios del Derecho Público Internacional.

“La calidad de ciudadano, dice Pando, se adquiere de varios modos, segun las leyes de cada pueblo.

“En muchas partes el nacimiento es suficiente para conferirla, de manera que el hijo de un extrangero es ciudadano por el mero hecho de haber nacido en el territorio. En algunos paises basta la extraccion, y el hijo ó nieto de un ciudadano, aunque jamàs haya pisado la tierra de sus padres, es tambien ciudadano. En otros el domicilio, esto es cierta manera de establecimiento ó cierto número de años de residencia, &a.”

Por lo que se vé no existe una regla absoluta reconocida por el Derecho Público, que haya uniformado la ciudadania. Antes por el contrario la práctica es diversa en casi la mayor parte de las naciones, como que el decretarla es una atribucion que solo compete á la soberanía territorial.

Asi es, pues, que Buenos Aires, al declarar que son ciudadanos del Estado todos aquellos nacidos dentro de su territorio, no se ha apartado tampoco de los principios generales del derecho público, y antes por el contrario se ha puesto de acuerdo con los mas sanos principios de la naturaleza, porque como dice el mismo autor que acabamos de citar:—“El domicilio y privilegio, generalmente hablando no pueden competir con el nacimiento. La sociedad en cuyo seno hemos recibido el ser, la sociedad que protegió nuestra infancia, parece tener mas derecho que otra alguna sobre nosotros; derecho sancionado por aquel dulce afecto al suelo natal que es uno de los sentimientos mas universales y mas indelebles del corazon humano.”

Habiendo dejado suficientemente probado, que en nada se ha contravenido á los principios internacionales admitidos, puesto que no ha hecho sino ejercer un derecho incontestable, de acuerdo ademas con los mas sanos dictados de la naturaleza, entraremos á considerar, si al menos se ha apartado de la práctica, que han seguido ó siguen las mismas naciones cuyas exijencias combatimos.

“En Francia, nos dice Fœlix, la Constitucion de 3 de Setiembre de 1791, establece título 3, art. 2.

“Son ciudadanos Franceses, aquellos que nacidos en Francia de padre extrangero han fijado su residencia en el reino: aquellos que nacidos en el extrangero de padre Frances han venido á establecerse en Francia y han prestado el juramento cívico.”

Como se vé pues, la Francia que hoy parece querer contestarnos este derecho, lo ha usado ella misma dictando una ley análoga á la del Estado de Buenos Aires, y si bien despues ha sido derogada dicha ley por otras posteriores, privando de aquel privilegio á los hijos de padres extrangeros nacidos en su territorio, y estendiéndolo con mas amplitud á los hijos de sus subditos nacidos en el exterior, y sin los requisitos que se exijen por la de 1791, esto no importa otra cosa sino reconocer que sus conveniencias asi se lo han aconsejado, separando á los hijos de estrangeros de la opcion que tenian á los goces concedidos á la ciudadanía, y estendiéndolos mas ampliamente à los hijos de sus súbditos establecidos en el esterior, como un modo de multiplicar su influencia, sembrando nacionales por todo el àmbito del mundo, donde su comercio y su política pudieran necesitar de su apoyo, circunstancia que no milita respecto á los domiciliados dentro del territorio francés, donde la superabundancia de poblacion, hacía innecesaria la concesion de una ciudadanía, de que ninguna ventaja resultaba á un pais que se veia obligado á arrojar de sí la exhuberancia de su poblacion.

Veamos si la Inglaterra ha sido mas lógica en sus pretenciones. Hasta ahora siglo y medio, segun The Law Review de Lóndres, hé aquí como definian sus leyes á un estrangero:

“Una persona nacida en cualquier parte que fuese fuera de los paises que forman la liga fundamental de la Corona. Segun lo dicho, prosigue The Law Review, como ha tenido lugar en el hecho, un duque de la familia real que hubiese nacido por casualidad en un pais estrangero, durante una ausencia accidental de la madre con el objeto de restablecer su salud, era estrangero como si su padre y madre no hubiesen residido jamás en Inglaterra, y no hubieran tenido allí relacion alguna.”

Se vé, pues, que hasta entónces no solo la Inglaterra no habia pretendido jamás estender la ciudadania á los hijos de sus subditos nacidos en el estrangero, sino que les era espresamente negada aun á los hijos de los príncipes herederos de la Corona.

Derogadas aquellas leyes, el principio que rige actualmente es que:

“En Inglaterra solo el nacer en el pais naturaliza á los hijos de los estrangeros (Olmeda 1.ª part. cap. XVI.)”

Ahora bien, la Inglaterra que reconoce este principio dentro de su territorio, ha admitido otro análogo al de la Francia en lo que respecta á los hijos de súbditos Británicos nacidos en el estrangero, con lo que se demuestra el absurdo mas chocante y monstruoso de que puede presentarse ejemplo en la historia de la lejislacion de las naciones.

Pero, aun suponiendo, que todas las naciones Europeas hubiesen convenido en reconocer los principios que combatimos, ¿con que derecho la Inglaterra, que declara súbditos Británicos á los hijos de padres Argentinos, nacidos dentro de su territorio, vendria á exijirnos que reconociesemos la ciudadania inglesa, en aquellos hijos de sus súbditos nacidos en el nuestro?

¿No es este el mayor absurdo que puede invocarse á nombre del derecho internacional? Al hablar de la Inglaterra, solo nos falta decir, que si la ley que reconoce por ciudadanos Británicos á los hijos de padres estrangeros nacidos en su territorio, ha admitido una excepcion respecto á los Franceses, este privilejio, solo es debido à tratados especiales entre ámbas naciones, por los que han reconocido la reciprocidad, único caso en que, como hemos visto anteriormente, puede exijirse á un pueblo soberano, la revocacion de una ley interior, por cuanto es contraria á un pacto ajustado de antemano.

“En Bélgica, dice Fœlix, la ley fundamental ha reconocido como indígena, á todo habitante de la Bélgica nacido en aquel pais de padres estrangeros domiciliados.”

Segun lo que dejamos anteriormente espuesto, creemos haber demostrado suficientemente, de un modo claro y sencillo, el perfecto derecho de que ha usado Buenos Aires al declarar ciudadanos á los hijos de padres estrangeros nacidos en su territorio, en lo que no ha hecho otra cosa que seguir la práctica actual de la Inglaterra, la Bélgica y otras naciones civilizadas.

En otro artículo trataremos de demostrar lo que importa la ley que declara ciudadanos á los hijos de los súbditos nacidos fuera del territorio, y entonces espondremos algunas razones à los argumentos que aun podrian oponerse á lo que dejamos espuesto.