III. En que caso la ley de un Estado puede tener aplicacion en otro Estado estrangero.—Verdadera interpretacion que debe darse á las leyes de ciudadania de las naciones.—Espíritu de la ley de ciudadania en Inglaterra, en Francia.—La ley territorial es obligatoria.—La de la nacion del padre una concesion, un privilegio.—Muger inglesa casada con estrangero.—La muger de un ingles naturalizado en el estrangero.—Condicion de los hijos segun las nacionalidades respectivas de sus padres.—Anomalias en las leyes internas de algunas naciones.
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Espusimos ya en nuestros anteriores escritos los fundamentos, basados en las leyes generales del derecho público, por los cuales creemos haber dejado suficentemente demostrada la legitimidad y la justicia con que procediera nuestra legislatura al dictar el artículo 6.º de la Constitucion, que declaró ciudadano del Estado á todos los nacidos dentro de su territorio.
Ahora vamos á entrar en otras consideraciones con que robusteceremos los argumentos que dejamos sentados, y pasaremos á averiguar lo que importa la declaracion de ciudadania decretada por algunas de las naciones de Europa, en cuanto á sus súbditos nacidos fuera de su territorio.
Los que sostienen que los hijos de ciudadanos estrangeros, deben pertenecer á la nacion de sus padres, sin duda se fundan en el principio de derecho internacional que, no reconociendo voluntad propia, ni representacion personal alguna, á los individuos, durante su minoridad, los coloca como formando parte indivisa con sus padres y les concede por consiguiente su propia nacionalidad.
Así vemos que Vatel, define del modo siguiente la posicion de los menores.
“El hijo hace parte de la nacion á que pertenece el padre, si ha nacido de legítimo matrimonio, ó de la nacion de la madre, si esta no fuere casada, á menos que en tal caso, el hijo haya sido reconocido por el padre, súbdito de otra nacion, en cuyo caso hace parte de la nacion del padre.”
Para no estraviarse en la aplicacion concienzuda de estos principios, conviene tener en vista, que no obstante la sancion, que por regla general se les ha dado, solo tienen su aplicacion, cuando no están en oposicion con otra ley contraria, dictada por la nacion en que hayan de tener aquellas su ejecucion.
La prueba de que este principio no es forzoso para las naciones que no se han obligado por medio de tratados ad hoc, es que para ello ha sido necesario la sancion de tratados espresos entre las naciones, como consta de los que citamos á continuacion.
El de Prusia con el Saxe-Weimar, Junio 25 de 1824.
Con el Saxe-Altemburgo, Febrero 18 de 1832.
Con el Reus-Plauen, Julio 5 de 1834.
Con el Saxe-Gota-Coburgo, Diciembre 23 de 1834.
Con el reino de Saxe, Octubre 14 de 1839.
Con el Schwarzbourg-Radolztadt, Agosto 12 de 1840.
Con el Anhalt-Bernbourg, Septiembre 9 de 1840.
Con el Brunswick, Diciembre 4 de 1841.
Ahora bien, esta regla que ha sido sancionada por las naciones, cuyos tratados acabamos de citar, solo ha podido crear una obligacion para los que la han estipulado, sin que pueda ligar ni comprometer en lo mas mínimo á aquellas que no tomaron parte, ó no quisieron estipular tratados semejantes.
Y no se nos diga, que sea esta una deduccion gratuita, desde que, como veremos mas adelante, ella está perfectamente de acuerdo con los mas sanos principios del derecho público, reconocido por las naciones civilizadas—Sin ocuparnos de las citas que anteriormente hemos hecho sobre el particular, veamos lo que el mismo Fœlix dice sobre el asunto, despues de ocuparse de los referidos tratados que dejamos consignados—Dice así el texto original:
“En Angleterre, on regarde comme sujet du roi, et faisant partie de la nation, tout individu nés sur le sol anglais, même de parents étrangers. Nous parlerons plus tard de cette exception, comme aussi de la règle généralement admise, d'après laquelle les enfants nés de père et mère inconnus, sont considérés comme appartenant á la nation, dans le territoire de laquelle ils ont été trouvés.—
Lo que traducido testualmente dice:
“En Inglaterra, se consideran como súbditos del rey, y forman parte de la nacion, todos los individuos nacidos en el suelo inglés, aun de padres estrangeros. Mas adelante hablaremos de esta escepcion, así como de la regla general admitida, segun la cual los nacidos de padre y madre desconocidos son considerados como pertenecientes á la nacion, en cuyo territorio han sido encontrados.”
La legislacion actual de la Gran Bretaña, que al establecer el principio que queda sentado en la nota anterior, ha admitido igualmente una ley análoga á la que establecen los tratados que hemos citado anteriormente, nos dá desde luego la llave para comprender el verdadero sentido en que deben entenderse tales leyes, aun cuando para orientarnos nos faltasen los principios del derecho público, que establecen la independencia absoluta entre las naciones.
Así, pues, la ley inglesa, que dice que todo hijo de estranjero nacido dentro del territorio de la Corona es inglés, impone una obligacion de que no pueden ecsonerarse los nacidos en él. Hace uso de un derecho legítimo que le dá la soberanía y de que no puede evadirse el estrangero que se domicilia en él y tiene allí familia.
Pero el mismo espíritu no reina en la ley cuando declara ciudadanos á los hijos de súbditos británicos nacidos en territorio estraño. Entónces la ley no manda, porque no tiene jurisdiccion sobre las personas que están fuera de su dominio.—En este caso la ley hace una declaracion y una concesion, envolviendo esta condicion tácita.—En tanto que las leyes del pais donde nazcan no se opongan á su cumplimiento, ó no ordenen otra cosa, contraria á ella.
Traducir de otro modo el espíritu de estas leyes, dándoles á ambas un carácter de obligacion forzosa, seria establecer un absurdo en derecho público, pues equivaldria á sancionar que una nacion podia, al mismo tiempo, dictar leyes para dentro y fuera de su territorio, sin que las otras naciones tuviesen el derecho de rechazarlas, y lo que seria mas monstruoso aun, sin que ella estuviese obligada para con las demas naciones á admitir dentro de su territorio los mismos principios que ella obligaba forzosamente á admitir á las otras.
Para mayor confusion, suponiendo que se admitiese la reciprocidad respecto al efecto que debieran producir en este sentido las leyes de un Estado dentro de otro ¿como se definiria la cuestion cuando las leyes de dos Estados fuesen diametralmente opuestas, y cual seria la que debiera obtener la preponderancia?
Cualquiera de las suposiciones que dejamos establecidas, no podria, fuera de toda duda, conducirnos à otro resultado que al caos mas espantoso.
De lo dicho deducimos, pues, que las leyes que establecen la ciudadania á los hijos de sus nacionales nacidos en el estrangero, no importan sino un privilejio, una concesion hecha en favor de los hijos de sus subditos, la que pueden aceptar, cuando la ley del pais de su nacimiento no se opone á ello.
Y tan verídico es este principio, que segun las diversas lejislaciones, el nacimiento no importa siempre el reconocimiento tácito de la ciudadania, aun no habiendo conflicto con las leyes del pais del nacimiento. Asi vemos que en alguna de ellas, ademas de este requisito, se les exije, ya que pasen á la nacion de sus padres, donde deben residir un cierto tiempo determinado, ya se les obliga á prestar el juramento cívico, ya otras ceremonias previas, sin las que no queda consumado el hecho del reconocimiento de la ciudadania.
Otro de los fundamentos que se debe tener en vista al tratarse sobre este asunto, y que es justamente el que dá á la ley su verdadero carácter, es que la ley territorial es obligatoria para el hijo del ciudadano estrangero nacido allí, quiera ó no, mientras permanezca domiciliado en su territorio, en tanto que la ley de la nacion del padre, solo es, para el hijo nacido en el estrangero, un privilegio gratuito que se le concede y que puede aceptar ó no, á voluntad, ya sea que permanezca en el pais de su nacimiento, ya sea que se traslade al de sus padres.
La consecuencia es lógica, por cuanto el soberano en el primer caso legisla para un subdito natural á quien ordena—en tanto que en el segundo, lo hace para un ser que se halla fuera de su dependencia, y à quien solo puede ofrecer lo que el otro tiene derecho á imponer.
Hemos dicho ya, que este es un derecho que tiene su oríjen en la soberania y dominio territorial. Veamos como lo define Wheaton, y cuales son los principios que le sirven de base, con lo que creemos que quedará bien esclarecido este punto.
“Cada Estado, dice, tiene el poder de dictar las condiciones bajo las cuales pueden poseerse ó transmitirse las propiedades inmuebles existentes dentro de los límites de su territorio, así como el de determinar el estado y capacidad de las personas que en él se encuentren, lo mismo que la validez de los contratos y otros actos que han tenido allí lugar, y los derechos y obligaciones que resultan; en fin, las condiciones con que pueden intentarse y llevarse á cabo las acciones en los límites de su territorio.
“El segundo principio es, que ningun Estado puede por sus leyes obligar directamente, ligar ó reglamentar los objetos que se encuentran fuera de su territorio, ú obligar á las personas que no residen en él, le estén ó no sometidas por el hecho de su nacimiento. Es esta una consecuencia del primer principio general: el sistema contrario que reconociese á cada Estado el derecho de reglamentar las personas y cosas que se encuentran fuera de su territorio, escluiria la legalidad de los derechos entre las diversas naciones, y la soberania esclusiva que pertenece á cada una de ellas.”
No obstante que lo dicho es mas que suficiente para probar, que la interpretacion que se ha querido dar al principio general, de que los hijos siguen siempre la condicion de sus padres, no puede imponerse como obligatorio á nacion alguna respecto á la ciudadania, vamos á presentar nuevos egemplos que probarán al mismo tiempo la anomalia que presentan aun las leyes vigentes entre las naciones mas civilizadas.
En Inglaterra, por ejemplo, dice Fœlix “está reconocido que la muger Inglesa que casa con estrangero, conserva sin embargo su calidad de inglesa.”
Supongamos por un momento que un estrangero de cualquier nacion, contrae matrimonio con una inglesa, del que resulta que nacen uno ó mas hijos.
Apliquemos ahora en su sentido absoluto la interpretacion que se ha invocado para probar que los hijos siguen la condicion de sus padres.
En primer lugar, al hacer la aplicacion, damos por tierra con otro principio general; porque admitido el uno habria que admitir forzosamente el otro. Hablamos de aquel que, por analogia, declara segun el derecho público, que la muger sigue la condicion del marido.
Pero, segun la ley inglesa, vemos que allí las mugeres estrangeras que se casan con ingles siguen la condicion del marido—pero cuando la muger inglesa es la que se casa con estrangero, esta, no sigue la condicion del marido estrangero, y por consiguiente se establecen dos nacionalidades distintas en el matrimonio, lo que como hemos dicho destruye el principio general del derecho público; lo cual prueba que él no es absoluto, sino para las naciones que se han comprometido á ello.
Pasemos ahora á los hijos nacidos de este matrimonio. Si los hijos siguen siempre la condicion de sus padres, es evidente que, en este caso, estos deben tener, necesaria y obligatoriamente, dos nacionalidades distintas.
Pero el derecho público de las naciones no reconoce dos nacionalidades á un mismo tiempo—¿Luego, no se deduce de aquí que el principio de que los hijos siguen siempre la condicion de sus padres no puede ser absoluto en cuanto á ciudadanía?
Si suponemos que el pais en que han nacido no los reclame como ciudadanos, estos no pudiendo estar sometidos sino à una sola ley—dejan de seguir la condicion de sus padres—y ni mas ni menos que lo que sucederia en el caso de ser reclamados por la ley del pais de su nacimiento.
Pero citaremos aun otro ejemplo mas que nos demostrará la variedad y complicacion de las legislaciones: Fœlix, siguiendo la cita que hemos interrumpido, dice:
“Hay razon para presumir que la misma decision tendria lugar á fortiori respecto á la muger de un ingles que se hiciese naturalizar en pais estrangero, y debemos dejar á los jurisconsultos ingleses, la tarea de sacar á la muger que se encuentra en aquella hipotesis del laberinto de las contradiciones que hemos señalado mas arriba.”
Sin fijarnos en la anomalia que ofreceria una inglesa, naturalizada debidamente en un pais estrangero, que permaneceria siendo reconocida por inglesa por las leyes Británicas, segun se ha visto por la cita anterior, queremos suponer que esta muger inglesa naturalizada fuese viuda, teniendo hijos nacidos en Inglaterra, de padre ingles. ¿Cómo es que estos hijos podrian seguir en el sentido absoluto la condicion de sus padres, desde que segun la ley inglesa la naturalizacion de la madre no importaba la naturalizacion de los hijos, ciudadanos Británicos por el doble vínculo de la paternidad y el nacimiento? Y aun dado caso que la naturalizacion de la madre envolviera la de los hijos, tampoco seguirian, en la interpretacion absoluta que se ha dado á este principio, la condicion de sus padres, por que desde que la naturalizacion de la muger, en vida del marido, no habria podido envolver la de este, por el hecho de la naturalizacion despues de la muerte del padre, habria la muger cambiado la condicion que por herencia les era transmitida por su legítimo padre, viniendo á reconocer una nacionalidad distinta de la de aquel.
La esposicion de los hechos que dejamos demostrados, confirma, á nuestro juicio, de un modo sòlido las deducciones que hemos hecho, fundados en los antecedentes del derecho público, teniendo por base la independencia absoluta de las naciones, y envolviendo esta el derecho de dictar la ciudadania á los nacidos dentro de los límites de su territorio; sin que haya lugar á reclamo alguno de parte de las demas, ni aun dado caso que en sus leyes interiores, se hubiesen deslizado algunas anomalias, siempre que no existiesen contratos estipulados en contrario.
La historia general de la legislacion de las naciones nos ofrece un vasto cuadro de anomalías en sus leyes interiores, y aun hoy mismo podriamos presentar abundantes ejemplos en que pudieramos apoyarnos, presentàndolos rodeados del respeto con que han sido mirados por las demas naciones, como puntos sobre los que no se han reconocido con derecho á entrar en reclamaciones, por cuanto solo han visto en el hecho una emanacion legítima de la soberania territorial.
En apoyo de lo dicho, terminaremos transcribiendo á continuacion lo que con referencia á la Inglaterra, dice The Law Review, publicada bajo la direccion de Lord Broughan.
Despues de ocuparse de las modificaciones hechas en las leyes inglesas, con la adopcion de la del 6 de agosto de 1844, refiriéndose á los estrangeros dice:
“El lector se convencerá de la iniquidad y de las grandes contradiciones que ofrecia la legislacion anterior (hasta el año 1844) y verá de que deformidades la legislacion inglesa ha sido purgada.
“La legislacion anterior de este reino consagraba numerosas incapacidades en perjuicio de los estrangeros.
“Si se probaba por una informacion judicial que un estrangero habia comprado un inmueble, ó que fuese llamado á recibirlo por derecho de succesion, ó por otro cualquier título, dicho inmueble era devuelto á la corona, y el estragero era despojado inmediatamente, definitivamente, y sin recurso alguno.”
Estas leyes, mas duras y perjudiciales seguramente que la declaracion de ciudadania de los hijos de un súbdito estrangero, han sido respetadas por todas las demas naciones, y aquellas que han querido substraerse al derecho del dominio y soberania con que les eran impuestas á sus súbditos, solo lo consiguieron por tratados especiales y concesiones recíprocas.
En adelante nos ocuparemos de las razones de conveniencia que inducen á las naciones europeas, á consignar en sus leyes el principio de la ciudadania de los hijos de sus súbditos nacidos en el estrangero, no como una imposicion forzosa, sino como una concesion gratuita, y espondremos las inconveniencias por las que, aun suponiendo que el principio estubiese admitido en su sentido absoluto por todas las naciones europeas, jamás podria admitirse como una ley en el derecho público Americano; y ni aun siquiera como un antecedente que pudiera inclinarnos á la admision de una pretension semejante.