XVII. CONTINÚAN LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS DICTADAS EL AÑO DE 1532.

Por lo que va dicho en el capítulo precedente puede verse que el año de 1532 fué muy fecundo en disposiciones legislativas, especialmente para Nueva España, lo cual se explica por las noticias que se iban recibiendo en la metrópoli de la grande extensión y de la importancia que bajo varios aspectos tenían aquellos países, que desde las costas del Atlántico llegaban hasta las del Océano Pacífico. Así es que además de los muchos puntos que abarca la respuesta dada á la carta de los oidores de la segunda Audiencia de Méjico, y de que hemos dado extensa noticia, se contenía un capítulo especial que se encuentra en pliego separado en el Archivo de Indias, en el cual se manda á los dichos oidores que provean lo que fuere de justicia en la cuestión promovida entre el Marqués del Valle y otros sobre aprovechamiento de los montes de Guamanga.

En el mismo lugar y día se dirigió cédula al prior y frailes del convento de Santo Domingo de Méjico para que no dieran asilo á los criminales, que según derecho no debían gozar de él, pues todo el mundo sabe las graves cuestiones á que daba todavía motivo esta prerrogativa de la Iglesia con perjuicio notable de la recta administración de justicia[3]. Siempre atento el Gobierno de la metrópoli á la defensa de los indios, se expidió también con la misma fecha otra Real cédula que manda á los oidores de la Audiencia de Nueva España que «provea como los indios que habían de trabajar en los edificios públicos fueran bien tratados y pagados», y de nuevo también, en el mismo lugar, día y año, se expidió á la misma Audiencia Real cédula para que castigara á las personas que hubieren quebrantado las Ordenanzas para el buen tratamiento de los indios, mandando «prenderles los cuerpos y proceder contra sus bienes».

Á pesar de la gran amplitud de las concesiones hechas al Marqués del Valle por el Emperador en la cédula dada en Barcelona el 6 de Julio de 1529, en el año de 1532, y en un capítulo de carta dirigida á la Audiencia de Nueva España, firmada por la Emperatriz, se manda que no consienta á dicho Marqués usar de ciertas bulas contra el Patronazgo real, porque en ellas se le concedía el jus patronatus en las tierras contenidas en la merced que Su Majestad el Emperador le hizo en la cédula á que antes nos hemos referido.

En Segovia, y á 28 de Septiembre de este año de 1532, se dió la Real cédula que manda que los escribanos de Cámara de la isla Española ni otros algunos no lleven derechos por sus escrituras y testimonios á los oficiales reales. Claro es que esta exención de derechos se refiere á los documentos de que habían menester en el ejercicio de sus cargos.

Merece muy especial mención la Real provisión dada en Segovia á 28 de Septiembre de 1532, dirigida al reverendo P. Fr. Miguel Ramírez, electo Obispo de la isla Fernandina y Abad de Jamaica, y á Manuel Rojas, lugarteniente gobernador de aquella isla (hoy Cuba), para que los muchos indios que había en ella que tenían capacidad y habilidad para poder vivir por sí políticamente en los pueblos como vivían los españoles, y servir al Rey como sus vasallos, sin estar encomendados á cristianos españoles, lo puedan hacer con entera libertad, y sin otro gravamen que pagar por cada persona mayor tres pesos de oro los mayores de veinte años y uno los de quince á veinte, y que á los caciques no se les gravara ni impusiera ningún otro tributo ni servicio y se les guardasen las honras, libertades y preeminencias que sus indios les deben. Por desgracia no bastaron estas sabias y humanitarias disposiciones para crear en las islas pueblos de indios, ni para que en ellas se conservase la población indígena.

En 15 de Octubre de este mismo año de 1532, y también en Segovia, se despachó una Real provisión haciendo extensiva á Nueva España una Real cédula antigua prohibiendo á las Audiencias que se traspasaran por renuncia los regimientos, escribanías y otros cargos que no se habían de ejercer en adelante sino por las personas que obtuvieran confirmación y aprobación real para ejercer sus oficios.

De carácter financiero son dos cédulas de esta misma fecha. La una tiene por objeto evitar los fraudes que se cometían en el pago del almojarifazgo y otros tributos, haciendo pasar por productos de la tierra mercancías de varias procedencias, fraude todavía frecuente en nuestras Aduanas. La otra cédula tiende á evitar el que se cometía mezclando en las fundiciones el oro llamado de nacimiento, que devengaba para el Tesoro el quinto y el noveno, con el que no lo era, que pagaba al Rey menor derecho.

Con fecha del día siguiente, 16 de Octubre, se expidió Real provisión en que se manda á los gobernadores de la isla Fernandina (Cuba) que cada dos años visiten la tierra; disposición acertadísima y que se ha observado de ordinario en nuestras provincias ultramarinas donde los diferentes ramos de la Administración exigen especial vigilancia.

Con ocasión de un pleito habido entre el famoso secretario Juan de Samano y Juan de Santa Cruz y Francisco Arteaga, la Emperatriz, á consulta del Consejo de Indias, despachó provisión, fecha en Madrid á 10 de Diciembre de 1532, para que conforme y en obediencia á las leyes que fueron hechas en Madrid por los católicos Rey y Reina, sus padres y abuelos, se ejecuten las sentencias de los jueces árbitros, dadas en el plazo que tienen para dictarlas, aun en el caso de apelación de una parte si la otra afianza las resultas de dicha apelación; regla de procedimiento constantemente observada y que se funda en principios de evidente justicia.

La primera resolución de que hemos encontrado noticia relativa á Indias en 1533 es la Real cédula dada en Madrid á 16 de Enero de dicho año; «va dirigida la cual á los Oidores de la Audiencia de Nueva España y á los concejos, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y omes buenos de las ciudades y villas de su jurisdicción», y tiene por objeto, en virtud de lo acordado por el Consejo de Indias, que propongan y acuerden para fomento de la población española en aquel país, que empleen en edificios y otros inmuebles la décima parte de lo que ganen conquistadores, encomenderos y los demás, con las concesiones de indios, minas, tierras, etc, para que, aunque regresen á la Península y dispongan de lo edificado y fundado en vida y en muerte, quede allí para ornato y fomento de la tierra. Es muy digno de notarse que no se manda con carácter absoluto lo que va dicho, sino que se previene á las autoridades que «lo platiquen entre sí y con las otras personas que vieran que convenia, y que tomaran el apuntamiento y resolucion que les pareciese más provechosa, y que lo que acordaren de voluntad de los vecinos ó de la mayor parte de ellos lo ordenaran y procuraran hacerlo con la menos vejacion de los pobladores que fuese posible». Como se ve, nunca fué despótico el Gobierno de la metrópoli en las provincias de Ultramar, pues para adoptar resoluciones como la propuesta en la cédula de que se trata, se pedía la aprobación y el concurso de los caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de las ciudades y villas, lo cual es análogo, por no decir idéntico, á lo que ocurría con las Cortes del reino, compuestas de elementos análogos, con cuyo concurso se adoptaban las resoluciones más importantes, así en Castilla como en Aragón y Navarra, todavía en la misma época en que se conquistaban y civilizaban los Estados de América. En la misma fecha se dió una cédula de carácter meramente administrativo, en que se manda á los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla que nombraran escribanos en los navíos que fueran á Indias á las personas más honradas y suficientes que hallaren en defecto de los que tuvieren este oficio por nombramiento Real.

Pasó la Corte de Madrid á Zaragoza, y en esta ciudad se dió en 8 de Marzo de este año de 1533 una Real cédula en que se autoriza al gobernador de la provincia del Perú y á los oficiales de ella para que pagasen de la Hacienda real lo que prometiesen á los que se empleaban en descubrir minas.

En la misma ciudad, y en el mismo mes y año, se despachó una carta acordada con el Consejo de Indias, relativa á la descripción de las tierras de la provincia del Perú dirigida á los gobernadores, á los oficiales y á los dos regidores más antiguos del pueblo de su residencia, encargándoles que se juntasen en el lugar que les pareciera, llamando á un procurador de cada uno de los pueblos de vecinos españoles para que trataran la forma más conveniente de convertir á los indios y la manera de tratarlos conforme á los capítulos de esta carta, que en resumen son los siguientes:

Primero. Que se informasen de los nombres de todas las provincias de la tierra, de las distancias de unas ó otras por mar y por tierra, de las poblaciones que en ella existen y de su vecindario, así de los naturales como de los indígenas.

Segundo. Que den noticia de cuántos y cuáles fueron los conquistadores y pacificadores, y de si ellos ó sus herederos habitan en ella.

Tercero. Que se informen de las provincias en que hay españoles y qué encomiendas de indios tienen.

Cuarto. Que se informe en qué partes hay descubiertas, ó se esperaban descubrir, minas de oro, de plata y otros metales.

Quinto. Con estas noticias se manifiesta que el Rey tenía acordado dejar para sí las cabeceras y las provincias que á su parecer fuesen más cumplideras á su servicio, estado y corona real, y proceder al repartimiento de las restantes entre los pobladores y conquistadores conforme á su calidad y á sus servicios.

Sexto. Que proponga con qué tributos deben contribuir aquellos á quienes se hagan los repartimientos.

Séptimo. Que se deje parte de las tierras é indios para los que de nuevo vayan á poblar.

Por último, que también señalen la cantidad que hayan de dar las provincias asignadas á la Corona y la manera como en ellas se ha de organizar la administración de justicia.

Como se ve, también para asunto tan grave y trascendental como la organización y gobierno de las provincias del Perú se encarga al gobernador que proponga lo que crea conveniente, de acuerdo no sólo con los oficiales reales y con los regidores más antiguos de la población en que residan, sino con procuradores de los demás pueblos, dando así un carácter verdaderamente representativo al Gobierno de aquellos países.

Ya en Barcelona, á 4 de Abril de este mismo año, se expidió á la Audiencia de Santo Domingo una Real cédula sobre el arancel de escribanos, materia tratada con repetición, como puede verse en diversas resoluciones desde que se establecieron las primeras Audiencias en Ultramar. Como hemos referido antes, habían surgido dudas y cuestiones respecto á los derechos del Marqués del Valle en los montes y las tierras de que se le había hecho merced, y por un capítulo de carta de 20 de Abril de este año mandó S. M. la Emperatriz, con acuerdo del Consejo de Indias, que dichos montes fuesen comunes para los españoles. En Monzón, donde había ido la Corte para tener las de Aragón y Cataluña, se dictó en 2 de Agosto una Real cédula en que se manda que se edifiquen en las Indias iglesias y monasterios, y se pongan para el servicio de aquéllas los clérigos que fuesen menester.

La presencia del Emperador y su intervención directa en los negocios de Indias se manifiesta en esta ocasión como en otras, ocupándose ante todo en lo que á la propagación de la fe en las tierras nuevamente conquistadas se refería, lo cual no empecía para que pusiera coto á los abusos de algunos eclesiásticos. Así, en el cap. V de una carta que S. M. remitió al Consejo, Justicia y Regimiento de Cuba, fechada en Monzón en 13 de Septiembre de este año, manda que en adelante, hasta que otra cosa se provea, los vecinos de dicha isla paguen sus diezmos al prelado, no en oro, sino en frutos. Procurando, como siempre, el buen tratamiento de los indios, se expidió con la misma fecha una provisión refrendada por el secretario Francisco de los Cobos y suscrita por el conde D. García Manrique, el Dr. Beltrán, el Dr. Bernard y el licenciado Mercado de Peñalosa, en que se manda que «queriéndose cargar los indios tamames de su voluntad, lo puedan hacer con tanto que lo que llevaren no excediese de dos arrobas de peso, y entre ellas su comida». En 3 de Octubre se dictó otra Real cédula en que se manda hacer un cofre mediano con tres llaves diferentes, y que cada uno de los oficiales tenga la suya para que se llevara á la fundición y se metieran en él el oro y plata que perteneciesen á S. M. de los quintos y otros derechos. Notable es la cédula de la misma fecha en que se manda á la Audiencia de Méjico que se recojan los hijos de españoles habidos en indias y se lleven á pueblos de cristianos. Dice el Emperador á este propósito: «Yo he sido informado que en toda esa tierra hay mucha cantidad de hijos de españoles que han habido en Indias, los cuales andan perdidos entre los indios, y muchos de ellos por mal recaudo se mueren y los sacrifican, de que nuestro Señor es muy deservido, y que para evitar lo susodicho y otros daños y malos recaudos, que de andar así perdidos se puedan recoger, etc., etc.»

Por este y otros medios, como fué el de favorecer los matrimonios entre los españoles é indígenas, se preparó la fusión de ambas razas, de que es testimonio una gran parte de la población actual de la América española.

De la misma fecha es otra cédula en que se manda á la Audiencia de Méjico que haga recoger y buscar en sus archivos y en los de las ciudades todas las ordenanzas, provisiones y cédulas que se hubieran dado para aquella tierra, enviando traslado al Consejo de Indias, con lo cual se dió el primer paso para la formación de colecciones de leyes especiales para las tierras nuevamente descubiertas, siendo la primera que se publicó la formada por el oidor Puga en 1563. Por otra Real cédula, dada también en Monzón el 25 Octubre de este año, se dictó una Real provisión para que los gobernadores de Nueva España no pudiesen quitar á los vecinos y conquistadores de aquellas provincias los indios que tenían encomendados, encargando el cumplimiento de esta disposición á la Audiencia. Relativa al enjuiciamiento es la provisión fecha en Valladolid á 23 de Noviembre de este año 33, en que se manda que de las sentencias de los gobernadores y otras justicias de las Indias se pueda apelar, siendo la condenación de menos de 60.000 maravedís, al Cabildo del pueblo donde resida esta autoridad, y de ahí arriba al Consejo de Indias ó á los presidentes y oidores de las Audiencias, cuyo número se había aumentado con la de Panamá establecida en aquella ciudad.

Terminan las resoluciones dadas en este año con la cédula, fechada en Monzón el 19 de Diciembre, dirigida á las Audiencias de Nueva España para que hiciesen una muy larga y particular relación de la grandeza de aquella tierra, así de ancho como de largo, y de sus límites, poniéndolos muy específicamente por sus nombres propios, y asimismo de las extrañezas que en ella había, de sus poblaciones, de los naturales, poniendo sus ritos y costumbres particulares; de los vecinos y moradores españoles, y cuántos están casados con españolas ó con indias, y cuántos por casar; qué puertos y ríos tengan, y qué edificios haya hechos, y qué animales y aves se crían en ella y de qué calidades son; por donde se ve el interés con que se investigaba todo lo relativo á aquellos admirables países.

Hallándose el Emperador en Zaragoza el 6 de Enero del siguiente año de 1534, dió Real cédula en que se manda que los oficiales de Sevilla pudiesen disponer de las penas de Cámara lo necesario para los negocios que se ofrecieren, pero que no pagaran cosa alguna á los escribanos, pues por razón de sus oficios no eran obligados á pedir ni llevar derechos de cosa tocante á la Hacienda y Patrimonio Reales.

Ya en Toledo, á 20 de Febrero del mismo año, despachó Real provisión al Gobernador de Guatemala para que buscase un puerto en el mar del Norte y estableciese en él población, procurando pacificar y traer á la obediencia las tierras que aun estaban en guerra en aquella gobernación, repartiendo y encomendando las poblaciones que allí se hiciesen á las personas que fueran á poblar y conquistar, encargándoles que tratasen bien, industriasen y enseñasen en las cosas de nuestra santa fe á los naturales.

Con la misma fecha, y tendiendo á los mismos fines, se expidió otra Real cédula dirigida al presidente y oidores de la Audiencia de Nueva España, para que vaya uno de ellos á visitar la gobernación de Guatemala y se informe del recaudo que ha habido y hay en la Hacienda, y de cómo han sido tratados é industriados los indios.

Las reclamaciones y quejas á que dió lugar la Real cédula, fechada en Madrid en 1530, prohibiendo que se hiciesen esclavos los indios, fueron tan repetidas é insistentes, que por fin lograron los conquistadores que se modificara tan justa y humanitaria prescripción por la Real providencia dada en Toledo en el mismo día, mes y año que la anterior. Fundóse esta nueva y deplorable resolución principalmente en que, según habían informado á S. M., «de no haberse fecho esclavos en guerras justas se han seguido más muertes de los naturales de los dichos indios é han tomado ellos mayor osadia para resistir á los cristianos é les facer guerra, viendo que ninguno de ellos era preso ni tomado como esclavo como antes».

Fundándose en esto se restableció lo que estaba en vigor antes de la citada Real cédula de 1503. Mas para que no se extendiese la esclavitud á quienes no debieran estar en ella, se mandó por esta misma Real cédula que en todos los pueblos de la provincia que estuviesen en paz se muestre ante escribano la matrícula de los esclavos que haya en cada pueblo con sus nombres y los de sus padres. Como consecuencia de esto, se autorizó la compra y venta de los esclavos, ya entre los españoles, ya entre éstos y los caciques que antes de nuestra llegada los tenían en su poder.

A instancia del Obispo de Méjico, Fr. Juan de Zumárraga, y con su parecer y el de Fr. Domingo de Betanzos, se despachó el 27 de Febrero de este año una provisión en que se mandaba á la Audiencia de Nueva España que, después de informados sus oidores, enviase parecer acerca de lo que convendría establecerse respecto del pago de diezmos. Y en 3 de Abril se mandó á la misma por Real cédula que obligase á los indios á construir casas anexas á la iglesia de los barrios de Méjico para residencia de los párrocos.

En 18 del mismo mes y año se despachó otra provisión prohibiendo que los que hubieran tenido indios en encomienda ú oficio en una provincia por más de diez años no pasen á otra sin licencia. Y en 4 de Mayo se hizo extensiva esta prohibición á todos los vecinos de cada provincia, mandándose por una Real cédula de la misma fecha que hiciesen casas de piedra los que tenían indios encomendados; esta misma Real cédula se repite con fecha 21 de Mayo y se renueva en 1575 por cédula dada en Madrid á 27 de Febrero. Fácilmente se comprende que el objeto de todas estas medidas era fijar en los nuevos Estados á los que iban á ellos desde la Península.

A petición de Sebastián Rodríguez, hecha á nombre del comendador Francisco Pizarro, gobernador de la provincia del Perú, y de los pobladores y conquistadores de ella, se expidió Real cédula en 21 de Mayo de 1534 dando licencia á los vecinos y moradores de aquellas provincias para que puedan contratar, rescatar y mercadear con los indios, comprando bienes muebles y raíces «e guardando en todo el orden que por nuestro Gobernador y Oficiales fuere dado y no de otra manera».

Desgraciadamente esta autorización dió origen á expoliaciones y abusos fáciles de explicar y difíciles de evitar, dadas las circunstancias en que se hallaban aquellos países.

En la misma fecha se expidió otra cédula dirigida al capitán Francisco Pizarro, autorizándole para que pudiera dar á las personas que se habían hallado en la población y conquista del Perú, y á las que de nuevo fuesen allí á avecindarse, tierras, solares y caballerías, con obligación de residir cinco años.

El afán de ir á las nuevas tierras fué causa de que se lanzasen á la navegación de Indias personas que carecían de los conocimientos y práctica necesarios para ello, con grave peligro de las embarcaciones, de los tripulantes y de los pasajeros. Ya para evitarlo se había instituído en la Casa de la Contratación de Sevilla el cargo de piloto mayor de Indias, exigiéndose que ante él fuesen examinados los que en cada nave habían de ejercer el cargo de piloto. Pero no era esto bastante, pues, según hicieron presente Diego Martín, Pero Sanz Colchero y Antón Camacho, vecinos de Sevilla, acontecía que, enfermándose los pilotos, los maestres da las naves que debían suplirles no eran competentes en el arte de la navegación, corriendo peligro las naves que llevaban á su cargo. Vista dicha reclamación ante el Consejo de Indias, se mandó por Real cédula, fechada en Toledo en 21 de Mayo de este año 1534, que de allí en adelante los maestres que fuesen en las naves que navegasen á las Indias, islas y tierra firme del mar Océano fueran naturales de los reinos y señoríos de Castilla y personas suficientes y examinadas por el piloto mayor, y no de otra manera.

Con el mismo propósito de dar las seguridades posibles para la navegación de Indias se libró Real provisión en Palencia, á 2 de Septiembre del mismo año, mandando observar y cumplir las Ordenanzas dadas con este objeto, que constan de diez y nueve capítulos, encaminados todos á que las naves tuviesen las condiciones necesarias para tan largo y peligroso viaje, ordenándose que no llevaran más de la carga que pudieran, y estuviesen provistas de los aparejos necesarios y de la artillería y armamento que exigía su defensa.

En más de una ocasión nos hemos ocupado del tristemente célebre Nuño de Guzmán, el cual, aunque desposeído del cargo de Presidente de la Audiencia de Nueva España, continuaba con el de Gobernador de la Nueva Galicia, que había tomado á su cargo conquistar y poblar. Pues bien; el referido Nuño de Guzmán continuó en este último cargo sus abusos y desafueros, consintiendo que los conquistadores y encomenderos de su gobierno llevasen á las minas los indios que les había repartido, y para corregir y castigar este abuso se dictó la Real provisión, fechada en Palencia á 28 de Septiembre de este año, prohibiendo que tal se hiciese so pena de la merced de S. M. y de 10.000 maravedís para su Cámara. Con la misma fecha se expidió otra Real cédula en que se manda que nadie pueda vender armas á los indios. La última cédula de este año tiene por objeto mandar á la Audiencia de Nueva España que se fijen los tributos de los pueblos de realengo de acuerdo con los oficiales reales.

En Madrid está fechada la primera Real cédula de 1535, y está dirigida á la Audiencia de Nueva España para que termine el acueducto de Chapultepec, que había de proveer de aguas á la ciudad de Méjico.

En 6 de Febrero del mismo año, y también en Madrid, se expidió Real cédula dando licencia á los vecinos de la provincia de Guatemala para que pudieran construir naves en los puertos del mar del Sur. Y por otra de 13 de Marzo del mismo año se manda que cuando se ausente del pueblo de su residencia un alcalde ordinario, en el caso de haber otro, no proceda á nombrar teniente que le sustituya.

Habiéndose aumentado el porte de los buques que hacían la navegación á Indias, y siendo éstos cada vez más numerosos, no solían ya salir de la ciudad de Sevilla, sino de la desembocadura del río Guadalquivir y de los puertos de Santa María y de Rota; y como los almojarifes y alcabaleros de estos pueblos y de Cádiz pretendían cobrar los tributos, de cuya recaudación estaban encargados, se expidió Real cédula, fechada en Madrid á 12 de Abril, prohibiéndoles que llevaran á cabo esas exacciones.

Por causa de salud había pedido D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, obispo á la sazón de Santo Domingo y Concepción de la Vega y Presidente de la Audiencia de Nueva España, licencia «para se ir á curar y entender en su salud», y para sustituirle fué nombrado Virrey y Gobernador de Nueva España el egregio D. Antonio de Mendoza. Pero aunque fuese investido con el cargo de Presidente de la Audiencia, no siendo letrado, se dispuso que no había de tener voto en las cosas de justicia, que estarían sometidas exclusivamente á la Audiencia, que había de comunicar con el nuevo Virrey en las cosas de gobernación, según lo mandado en la Real célula dada en Barcelona á 2 de Abril de este año, por lo cual, si no de derecho, de hecho al menos, se estableció la división de funciones y poderes en la provincia de Nueva España; las del Virrey se extendieron, por Real cédula de la misma fecha, á las cosas que se ofrecieren en los asuntos de milicia; por lo cual Mendoza, primer Virrey de Nueva España, fué al propio tiempo Presidente de la Audiencia y Capitán general, suma de atribuciones que ejercieron los representantes supremos del Poder Real en las Indias hasta que se estableció de un modo definitivo y permanente la división de funciones por la Real cédula de 1535.

Como muestra de la extensión que se dió muy desde el principio al regio Patronato indiano puede citarse la Real cédula de 22 de Abril, en la cual se dice al Obispo de Guajaca que perciban sus haberes los canónigos de su Iglesia, aunque no residiesen en ellas por dedicarse á la conversión é instrucción de los indios; es decir, que el Monarca se creía con facultades para dispensar á los prebendados de la obligación de residencia, si bien por motivos de tan notoria justificación.

El sistema de la tasa para las cosas de comer y beber establecido en la Península con arreglo á las ideas económicas del tiempo, se llevó, como era natural, á las Indias, y por una cédula de 24 de Abril de este año se encomendó la fijación de los precios á las justicias ordinarias de los pueblos en unión de un regidor nombrado por el Cabildo.