XVI. DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y OTRAS DADAS DESDE 1531.

No cesaron ni la Emperatriz ni el Consejo de Indias de ocuparse en lo relativo á los naturales de ellas, como lo demuestra la Real cédula dada en Ocaña á 4 de Abril de 1531, dirigida al gobernador y juez de residencia de la Tierra Firme, llamada Castilla del Oro, en la cual dice S. M.: «Yo soy informada de que hasta agora no se han guardado ny guardan las ordenanzas e instrucciones que están hechas para el buen tratamiento de los indios.» Para poner término á esta desobediencia y atender en lo justo las reclamaciones de los conquistadores, la Emperatriz dice: «Por ende, yo vos mando que luego hagáis juntar con vos á los nuestros Oficiales de esa tierra y á los religiosos y personas eclesiásticas de ella, y así juntos platiquéis mucho acerca de lo susodicho y me envieis vuestro proceso para proveer lo que proceda.» En la misma fecha y lugar se mandó á las mismas autoridades que formasen Ordenanzas para castigar y reprimir á los esclavos negros que en mal hora se llevaron á Indias, so pretexto de aliviar á sus naturales, á propuesta del P. Las Casas, que conoció luego el grave error que había cometido y manifestó con su habitual energía su profundo arrepentimiento.

Atentos también los Monarcas al cuidado de lo que consideraban su hacienda, se dictó en nombre de la Reina, en la misma fecha y lugar, una Instrucción general para los oficiales reales en Indias. Eran éstos, como se sabe, el tesorero, el contador y el factor, organización que, como hemos dicho, se dió á la primitiva Casa de la Contratación, y con los mismos nombres, y para desempeñar análogas funciones, se enviaron á la Española los primeros funcionarios encargados de administrar lo correspondiente al Fisco, dándoles instrucciones que, en general, son idénticas á las que comprenden los veintinueve capítulos de la dada en Ocaña el 4 de Abril de 1531, especialmente para los oficiales reales de Castilla del Oro. Aunque en germen, esta instrucción es un verdadero reglamento de contabilidad y administración de la Hacienda, que hoy llamamos pública, y que antes y hasta nuestros días se denominaba real. Los tres oficiales á cuyo cargo corría lo perteneciente á esta materia empezaban, antes de ejercerlo, por prestar juramento en manos del gobernador y juez de residencia, según se dispone en el primer párrafo de este documento; en el segundo se recuerda y confirma que todo el oro, perlas y demás riquezas del Fisco se custodie en arca de tres llaves distintas, que estarán cada una en poder de los respectivos oficiales; en el tercer capítulo se manda que dentro de dicha arca haya un libro, que se llamará común, donde se anotarán todos los ingresos por orden de fechas, y por el cuarto se manda que este libro se presente al gobernador antes de hacer ningún asiento, y se firme por los oficiales al principio y al fin. En el quinto párrafo se dispone que además de este libro se lleve otro, que se llamará de acuerdos, y que estará en poder del tesorero para que en él se asienten todos los que se adopten por los referidos oficiales; por el sexto se manda que, además de estos dos libros, tenga en su poder cada uno otro especial, en que asiente lo tocante á su cargo. El séptimo párrafo preceptúa que todas las cosas que se hayan de vender, distribuir y gastar sea por acuerdo y parecer de los tres oficiales, y por el siguiente que los libramientos vayan firmados también por los mismos; el noveno párrafo manda que las ventas se hagan siempre en almoneda pública; el décimo dispone que en ningún caso se anticipen los pagos, y el undécimo que no se ejecuten sin mandamiento expreso del Monarca; por el duodécimo se da al tesorero encargo especial para recaudar las penas de Cámara, y por el décimotercio que el oro y perlas pertenecientes al Fisco se envíen, por los navíos que vengan directamente á la Península, en bultos ó cajas bien acondicionados, que se pesarán ante escribano y en presencia de los maestres de las naves.

El párrafo décimocuarto merece especialísima mención, pues en él «se manda y defiende firmemente que agora ni en adelante, ni en tiempo alguno ni por alguna manera, los dichos oficiales ni alguno dellos no puedan tratar ny contratar con mercaderías ni otras cosas algunas». Regla invariablemente establecida, aunque no siempre observada, y que es fundamental para la moralidad de la Administración, más necesaria en Ultramar que en la metrópoli, porque siempre ha sido motivo de las quejas de los vecinos de aquellos países y pretexto de sus rebeldías.

Se encarga á los oficiales reales en el párrafo décimoquinto que se tomen cuentas á los que hayan manejado la Hacienda real, y se les exija el reintegro de sus alcances, y por el siguiente se les encarga que vean si será conveniente arrendar los almojarifazgos. El párrafo décimoséptimo se refiere muy especialmente á los oficiales de Castilla del Oro que residan en Panamá; y como el puerto más frecuentado entonces era el de Gracias á Dios, se dispone que cada uno resida en él cuatro meses para que, juntamente con la justicia y un regidor de la villa, hagan las avaluaciones (valoraciones) de las mercancías que allí lleguen, á fin de cobrar el almojarifazgo, para cuya administración se dan reglas en los párrafos siguientes, hasta el vigésimoquinto, que contienen los principios esenciales, aun vigentes en la legislación de Aduanas, sin olvidarse de mandar que todos los sábados se practiquen arqueos, y que cada seis meses se examinen por el gobernador los libros de que en los primeros párrafos se habla. Por último, el párrafo vigésimooctavo dispone, como ya estaba mandado á los oficiales de la Contratación de Sevilla, que los de Indias se reunan para abrir y leer las cartas del Monarca, de que tomará memoria el contador; el vigésimonoveno encarga que el cuño para marcar el oro se guarde en el arca de tres llaves. Tal es, en resumen, esta sabia ordenanza, tan sencilla como eficaz para su objeto, si, como era debido, se cumplían sus preceptos.

Sin que se hubiera llegado á formular como axioma de la ciencia del Derecho político-administrativo, sabían los hombres de Estado que tenían á su cargo el gobierno de las Indias que la estadística era la base y fundamento de la administración; por eso ya en 1528 el emperador Carlos V expidió una provisión «acerca de la orden que se debia tener en la descripcion de las Indias», la cual se reprodujo para comunicarla á García de Lerma, gobernador de la provincia de Santa Marta, en la fecha y lugar que tienen las anteriores disposiciones, que, como se ve, fué fecunda en ellas por los motivos y con la ocasión que en el capítulo anterior hemos expuesto. Tuvo siempre grandísima importancia este asunto de la descripción de los países nuevamente conquistados, y á él dió gran importancia el famoso Ovando, presidente que fué del Consejo de Indias en tiempo de Felipe II y uno de los hombres de Estado más insignes de aquella época.

Para que se cumplieran las disposiciones relativas á la libertad y buen tratamiento de los indios, ya en tiempo del cardenal Cisneros, y durante su regencia, se confirió á Las Casas el cargo de Procurador de los indios, que, cuando se fué extendiendo nuestra dominación en las islas y Tierra Firme del mar Océano, llegó á ser una institución permanente, para cuya representación y ejercicio se elegía con el nombre de protector á un eclesiástico eminente, y de ordinario al obispo de la diócesis, para que con su autoridad defendiese á los naturales de ella de los desmanes y agravios de encomenderos y conquistadores. Con este motivo eran frecuentes y llegaban á ser muy agrias las cuestiones entre la autoridad civil y la eclesiástica, como sucedió en Méjico entre el Presidente de la primera Audiencia, Nuño de Guzmán, y el primer Obispo, cuando sólo era electo, Fr. Juan de Zumárraga. Aunque no tan graves y escandalosas, ocurrieron también en la isla Fernandina (Cuba), donde era protector de los indios el Obispo electo de la diócesis y Abad de Jamaica, el reverendo padre fray Miguel Ramírez. Para poner remedio y evitarlas se expidió Real provisión en Ocaña el 10 de Mayo de 1531, sobre el modo de usar este oficio, autorizando al que lo ejerciera á enviar delegados á todos los pueblos para hacer informaciones aun contra los corregidores y alguaciles, pero vedándoles que conociesen en las causas criminales por delitos entre los mismos indios.

Para librarse de los calores del estío, la Corte se trasladó de Ocaña á Avila, y en 10 de Agosto de este año de 1531 se dió en esta ciudad una cédula en que se manda á la Audiencia de Santo Domingo que provea que cuando los escribanos reales que hubiesen residido en aquella tierra saliesen de ella, dejen los registros de las escrituras en personas de confianza; medida acertadísima, pues es más que conveniente necesaria la formación y conservación de protocolos de los instrumentos públicos para todas las vicisitudes de la vida civil de las familias y de los individuos.

Bajo el aspecto político, es mucho más importante que la anterior otra cédula que, ya vuelta la Corte á Ocaña, se expidió en esta villa el 10 de Diciembre de este mismo año de 1531, pues en ella se manda á la Audiencia de Nueva España que de dos en dos años envíe relación al Consejo de Indias de las personas beneméritas que hubiera en aquella tierra para ser proveídas en oficio, demostrando así el deseo de acierto en la elección de los que habían de ejercer cargos públicos en las Indias, siendo de notar estas palabras: «Lo qual haced sin respecto ni aficion alguna, pues veis cuanto esto importa al servicio de Dios y nuestro y á la gratificacion de los pobladores de esas provincias.»

El 15 de Diciembre de este año estaba la Corte en Medina del Campo, y en este lugar y fecha se dió una Real cédula en que se manda que los prelados y clérigos no paguen derechos de almojarifazgo, exención de tributos que con mayor motivo que en la Península gozaron de ordinario las personas eclesiásticas en las Indias. Mas para evitar fraudes se encarga á los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla que no pusieran en los registros ó manifiestos más que las mercancías necesarias para el servicio de sus personas eclesiásticas y mantenimiento de sus casas.

El 19 del mismo mes y año, y en el mismo lugar, se expidió Real cédula que manda que, sin embargo del capítulo de las Ordenanzas que prohibe que envíe la Audiencia jueces pesquisidores, «los pueda proveer quando le paresciese, porque (dice la Emperatriz) soy informada que para la execucion de nuestra justicia conviene y es necesario que se provean de las tales personas y comisiones». La razón de esto consistía en la vasta extensión del territorio á que llegaba la jurisdicción de la Audiencia, y esta autorización era sólo aplicable «á los casos y cosas que acaesciesen á más de cinco leguas de la capital donde el tribunal residia».

La prohibición de que pasaran á las Indias sin expresa licencia esclavos blancos berberiscos, objeto de la cédula de 19 de Diciembre, se funda en que, según las disposiciones de que hemos hecho mención, sólo se habían de tolerar en las Indias esclavos negros; sin embargo, otra cédula de 13 de Enero del año siguiente de 1532, dada, como las anteriores, en Medina, manda que no se hierren indios aunque sean esclavos, lo cual indica que los había ó podía haberlos á pesar de lo mandado, y confirma esta inducción el texto del documento en que dice que «persona ni personas algunas de cualquier estado, preeminencia ó dignidad que sean, no sean osados de herrar los dichos indios por esclavos, aunque verdaderamente lo sean».

Si bien puramente reglamentaria, es acertada la disposición contenida en la cédula de la misma fecha que manda que en las cosas que convinieren y hubiesen de firmar presidente y oidores y oficiales reales firmen todos en un renglón, para evitar cuestiones de etiqueta y precedencia, tan enojosas siempre; pero, además, es de notar que este precepto indica igualdad entre los togados y los funcionarios que carecían de este carácter, á pesar de la preponderancia que ya empezaban á tener aquéllos en todos los ramos de administración y gobierno.

Es del mayor interés para la historia de la administración y gobierno de Nueva España la extensa respuesta de S. M. la Emperatriz á la carta de la Audiencia de Méjico, fecha 14 de Agosto de 1531, y que fué escrita en Medina del Campo el 20 de Marzo del siguiente año de 1532. Aun no había llegado á su nuevo destino D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, cuando los oidores de la nueva Audiencia escribieron su carta; y si bien no sabemos que se haya publicado su texto, infiérese claramente su contenido de las respuestas que se dan en los sesenta capítulos de que consta este documento, que empieza en estos notables términos:

«Presidente y oydores de la nuestra abdencia y chancilleria real de la nueva españa que reside en la cibdad de Temistitlan: vi vuestra letra de XIV de Agosto del año pasado de quiniento e treinta e uno en que larga y muy particularmente hazeis relacion del estado y cosas de esas partes, que me ha parecido muy bien la orden que en escrebirlo teneys, y assi tengo yo confianza que la terneys en lo efectuar especialmente despues de la llegada del Presidente, que, como aveis visto, por servir al emperador, mi señor, y á mi, quiso tomar trabajo de yr á nos servir en essa, y en esta os mandare responder particularmente á todo lo de vuestra carta que requiera respuesta.»

Los primeros capítulos de esta respuesta, hasta el décimotercio inclusive, se refieren á las diferencias que hubo entre Hernán Cortes y la segunda Audiencia antes que llegase á Méjico su presidente Ramírez de Fuenleal, y consisten especialmente en la cuenta de los 23.000 vasallos que se le habían concedido, en los derechos que había de tener en el territorio de que se le había hecho donación en pago de sus servicios, y los que debían conservar los vecinos que en ellos morasen, especialmente en el aprovechamiento de maderas, pastos, aguas, etc., en lo que, bajo el aspecto militar, constituían los deberes y prerrogativas del Marqués, y en las cosas referentes á la conquista de Xalisco. Como ya hemos dicho, todos éstos y otros asuntos se resolvieron satisfactoriamente por el nuevo Presidente, quien, según afirma el cronista Herrera, trató á Cortés con aquellas consideraciones que merecía por sus grandes calidades y por los servicios extraordinarios que había hecho al Emperador, á cuyo cetro sometió, sin ningún sacrificio de la metrópoli, y con tan escasos medios, un nuevo Imperio, vasto y riquísimo.

Los capítulos XIV y XV de este interesante documento se refieren á la Orden de Santo Domingo, y tiene el primero por objeto el derecho de asilo eclesiástico, sobre cuyos límites y condiciones se dice que se enviará cédula especial; y acerca de la creación de nueva provincia de la Orden en Nueva España, se dice en el párrafo quince que se platicaría en el Consejo y con los jefes de la Orden sobre este particular.

Muéstrase la Emperatriz satisfecha en el cap. XVI de que se hayan designado las personas que vayan por las provincias á hacer las descripciones de ellas, «porque como veis (dice S. M.), este es el principal articulo que conviene proveer para la perpetuidad de essa tierra, porque con ella se ha de dar orden de la manera y en el estado en que han de quedar las cosas para adelante».

Aprueba también S. M. la fundación de la ciudad de los Ángeles entre Tlascala y Cholula, que, como se ve por este documento, no fué obra del presidente Ramírez de Fuenleal, según afirma Herrera, sino de los oidores de la segunda Audiencia, antes de que aquél llegara á su destino. Para el fomento de la nueva población se otorgaron á sus vecinos amplios privilegios, se le dió el título de ciudad y se les exceptuó por treinta años de la alcabala.

Sólo de una cuestión de encomienda de indios á favor del comendador Proario trata el cap. XVII, aprobando la resolución de la Audiencia, remitiendo el asunto al Consejo; en el siguiente se trata de la creación y delimitación de obispados, pues no bastaba, aparte del de Méjico, el de Tlascala, ya establecido, á causa de las enormes distancias á que estaban varias de sus poblaciones.

Aprueba S. M. en el cap. XX que los oidores hubieran nombrado para el cargo de alguaciles á algunos indios, y les reconviene por no haberles nombrado regidores; «pues aunque os parezca (dice S. M.) que al presente no tienen habilidad para regir todavia, aprovechará para que tomen alguna noticia de la orden y manera de vivir de los españoles». Como se ve, el Gobierno de la metrópoli insistía en esta idea, acerca de la cual ya hemos dicho lo bastante sobre su conveniencia y su justicia.

Trata el cap. XXI de este documento de cuatro de la carta de los oidores, á quienes contesta «en qué se ocupaban de la desorden y mala manera de policia que tenian las poblaciones de aquella tierra». En efecto: aunque se presentó á los conquistadores españoles la ciudad de Temistitlán (Méjico) con las apariencias de una civilización muy adelantada, y aunque se confirman sus apreciaciones en la obra del presidente Sahagún, titulada Cosas de Nueva España, no debe olvidarse que el Imperio de los aztecas era resultado de una conquista de esta raza sobre otras que de más antiguo poblaban el Anahuas y los territorios que á uno y otro lado se extendían hasta el Atlántico y el Pacífico, y que todavía se hallaban en un grado de civilización muy inferior; por lo que, á pesar de lo dicho por conquistadores y frailes acerca de las maravillas del Nuevo Mundo en la época en que lo descubrimos, no debe formarse un concepto que no respondería á la realidad, sin que neguemos que las civilizaciones azteca, maya y peruana, á juzgar por los restos que de ellas quedan, llegaron á aquel grado de cultura en que las asociaciones humanas logran constituir nacionalidades; que por lo que sabemos de las del Nuevo Mundo, debían ofrecer notables analogías con los antiguos Imperios asiáticos. Pero, como va dicho, en la mayor parte del continente americano la población autóctona vivía á nuestra llegada, así en las islas como en la tierra firme, dispersa en pequeños grupos, determinados probablemente por los vínculos de la sangre, y sabido es que este estado social inspira á los que en él se hallan una gran repugnancia hacia la vida de las ciudades y á los sacrificios y molestias que ella impone, por lo cual ofreció grandes dificultades, al principio de nuestra dominación en América, reducir á los indios á lo que con exactitud puede llamarse vida civil; siendo además una dificultad la dispersión de los habitantes para convertirlos á la fe, que siempre se presenta en las disposiciones gubernativas de los Monarcas como el primero y principal fin, al par que como el fundamento de su soberanía en los países nuevamente descubiertos; y como la manera de realizar el propósito de reunir en ciudades y villas á los indios presentaba obstáculos que en la metrópoli no podían ser bien apreciados, se decía á los oidores en el capítulo de que nos vamos ocupando: «pues teneis la cosa presente, proveereis en ello lo que más viéredes que conviene; pero si os paresciere que no puede traer inconvenientes, hareis la experiencia poco á poco y no de golpe»; indicación inspirada por la prudencia, y que dió al cabo los resultados á que se aspiraba en la vasta región de Nueva España, aunque, como se sabe, persisten todavía principalmente en la América del Sur tribus indias en estado salvaje.

Á varios particulares se refiere el cap. XXII de estas respuestas: primeramente se aprueban las medidas adoptadas por la Audiencia para socorrer á los diez ó doce conquistadores tollidos de bubas[2] que están en esa ciudad; después de esto, y bajo secreto, se encarga á los oidores que envíen á España el hijo de Moctezuma y otro pariente suyo, á quienes de vuelta de su primer viaje á la Península no querían recibir en Méjico, encargándose á los mismos oidores, respecto al nombrado hijo de Moctezuma y su pariente, «que vengan (de nuevo á España) proveidos de lo que ovieren menester, sin que se les de á entender que de acá se os escribe, antes certificándoles que les conviene venir para que su magestad les haga merced en lo del repartimiento general que se ha de hacer». Sabido es que los descendientes del último Emperador de Méjico recibieron en España las distinciones honoríficas más elevadas, y que se mezclaron con nuestra aristocracia, á la que han pertenecido todos sus descendientes; por último, en este capítulo se encarga á los oidores que «envien luego una relacion particular de quantos caziques hay en su territorio, de su importancia y de los tributos que les pagaban sus súbditos».

La materia de tributos es objeto del párrafo 23, y sobre ella, aprobando lo hecho sobre su moderación ó rebaja, se encarga á los consejeros que, en vista de las dificultades que ofrece averiguar lo que se pagaba en tiempo de Moctezuma, se dé carácter de interino á todo lo que sobre el particular se acuerde por la Audiencia, hasta que el Rey, informado de la cosa, mande proveer en todo lo que convenga; también se trata en este capítulo del cargar de los indios, y por las provisiones que llevaron los procuradores que vinieron á la corte se remitió su resolución á los oidores y á los obispos, que con arreglo á esta resolución harían en el particular lo conveniente.

Los capítulos XXIV, XXV, XXVI y XXVII responden á lo que en su carta manifestaba la segunda Audiencia sobre la conducta pasada y presente del tristemente célebre Nuño de Guzmán, mandando á los oidores que cobren lo que tomó de la Real Hacienda para la conquista del Panuco; que se pueda autorizar á los que quieran ir á ella si no tienen indios encomendados, y no permitiendo que vayan los que los tienen; que remitiesen los autos del juicio de residencia que contra él habían pregonado, así como la información que habían hecho de oficio acerca de la gobernación del referido Nuño de Guzmán en el Panuco por quejas que de él habían recibido y que no habían llegado, aunque los oidores anunciaban su envío; en el capítulo XXIX se encarga que informen cómo estaba proveído lo espiritual en dicha provincia.

Aprueba en el XXXI la residencia que habían tomado á los oidores pasados y su prisión, «pues aviendo sido oidores, bien creemos que fué gran cabsa», dice S. M., y, en efecto, constan que los tales oidores, á pesar de serlo, obraron en el ejercicio de su cargo como unos desalmados.

Se refiere el cap. XXX á la propuesta de los oidores de ir alguno de ellos á visitar las tierras de su jurisdicción, y se les contesta que traten el asunto con el presidente Fuenleal, que ya habría llegado; que el visitador provea lo urgente y remita la resolución de lo demás á la Audiencia ó á la metrópoli, atendiendo especialmente á la manera como eran tratados é industriados los indios, y si guardaban las Ordenanzas. Relacionado con esto está la aprobación de la conducta de los oidores, impidiendo que vinieran á la corte procuradores para pedir la perpetuidad de los indios, que realmente era someterlos á esclavitud, contra lo que con tanta repetición habían dispuesto en estos años los Reyes y sus consejeros, según resulta de las provisiones y Reales cédulas de que hemos dado noticia en los capítulos anteriores.

Ocúpase el XXXII de esta respuesta de las cuestiones que se habían suscitado entre el adelantado Francisco de Montejo y Pedro de Alvarado, encargando que las resolviesen por vía de expediente, esto es, sin forma de juicio, porque esto podría ser inconveniente para que dicha tierra se poblase, y concluye este párrafo diciendo que enviaran los oidores á la letra las relaciones de los conquistadores, de las cuales se conservan muchas en el Archivo de Indias, y no hay para qué decir cuán grande es el interés que despierta su lectura.

Se hace cargo el cap. XXXIII de las noticias que había dado el adelantado Pedro de Alvarado de las minas que había descubierto; y como las minas eran el infierno de los indios, se dice á la Audiencia que se les envía la provisión relativa al castigo de los que infringieran la ordenanza para su buen tratamiento, provisión de que antes damos noticia. Los dos capítulos siguientes se refieren también á esta materia de indios; el primero se hace cargo de las quejas de los del Panuco comunicadas por los oidores contra la provisión en que se prohibía que hubiese esclavos, y la respuesta que se da está en contradicción con lo dispuesto en cédulas de fecha anterior, en que se mandó que no hubiera esclavos bajo ningún pretexto, pues parece que los opilçangos y otros cualesquiera que habiendo dado la obediencia se revelasen, podrían ser sometidos á servidumbre. Sin embargo, en el capítulo siguiente, que es el XXXV, se dice: «muy bien está lo que decis que enviaste la provision para que no se hiciesen esclavos con Cristóbal á Ramos á Nuño de Guzman, y lo que cerca dello y de lo demás le escribiste», lo cual parece indicar la firmeza de la resolución real contra la esclavitud de los indios. También se refiere á Nuño de Guzmán el capítulo siguiente, y sólo se encarga que se haga justicia en la contienda promovida por éste acerca de la posesión del pueblo de Tinula, en la provincia de Mechoacán, que pretendía pertenecerle, y que la Audiencia había puesto en corregimiento, esto es, bajo la autoridad directa de la Audiencia.

El cap. XXXVII aprueba que se quiten á los clérigos de misa indios encomendados, porque siempre «ha parecido que conviene que estén libres para ministros y acusadores de que sean bien tratados», por lo cual esta resolución no debía aplicarse á los coronados legos, esto es, á los que sólo tenían órdenes menores. Siguen los capítulos siguientes ocupándose en materias de mixto fuero, tratando el XXXVIII de las beatas que se habían enviado á Méjico para la educación de las niñas indias, mandando que se las favorezca si ellas hacen lo que deben. El siguiente dice así: «Mucho he holgado de la conformidad que entre vosotros y el electo ay y de la buena relacion y aprobacion que de su persona haceis, de la cual acá hasta agora no se ha tenido dubda ninguna, y tenyendo su magestad dello noticia le nombro para esa dignidad, vosotros siempre le ayudad y tratad como requiere su persona y dignidad.»

Refiérese todo lo dicho al egregio, al santo Fr. Juan de Zumárraga, primer Obispo y Arzobispo de Méjico, que, sin duda, veneraremos algún día en los altares por sus heroicas virtudes, mayores aun que los servicios que prestó á España y á la civilización cristiana, y de quien escribió una notabilísima biografía el Sr. García Icazbalzeta fundada en documentos auténticos, y entre ellos varias cartas de tan ilustre varón, que tuvimos el gusto de aumentar con otras que no logró ver su biógrafo, y que vieron la luz en el Boletín de la Real Academia de la Historia. Por su celo y por su defensa de las Indias, el P. Zumárraga sufrió todo género de vejaciones y de injurias por parte de Nuño de Guzmán y de los oidores de la primera Audiencia, que procuraron reparar el P. Ramírez de Fuenleal, y aun antes de su llegada los oidores de la segunda Audiencia.

En el cap. XL se autoriza á la Audiencia para que proceda en la forma que estime conveniente para tomar residencia á los corregidores, ya mandando que la tomen unos á otros, ya en otra forma.

Trata el cap. XLI de la manera de satisfacer los gastos que ocasionaban varios servicios en vista de la prohibición absoluta de no pagar sino lo mandado desde la metrópoli, y se autoriza á la Audiencia para que lo urgente se satisfaciera de la Real Hacienda, aprobándose en el capítulo siguiente lo invertido en construir la Casa de la Contratación labrada de adobes y teja en la ciudad de Veracruz.

Encárgase en el XLIII, como otras tantas veces, que se envíe en todos los navíos el oro que hubiese en las cajas reales.

La fecha de esta respuesta explica los motivos de este capítulo, pues es sabido que si fué gloriosísimo el reinado del Emperador, no correspondían de ordinario á sus grandes empresas los medios materiales para llevarlas á cabo; sin embargo, su magnanimidad, su espíritu caballeresco, la pericia de sus generales y el valor de sus soldados, especialmente el de aquellos gloriosos tercios españoles que formó el genio militar del Gran Capitán, le hacían con frecuencia alcanzar la victoria contra sus émulos y contra sus enemigos; pero esto no bastaba para llenar las arcas del Tesoro, siempre exhaustas por los enormes gastos de las guerras.

Resulta confuso el cap. XLV, que se refiere al procedimiento que había de seguir la Audiencia en ciertos procesos criminales, esto es, en aquellos en que debían entender, así la Audiencia como los alcaldes de corte, y ésta propone que ejerzan la jurisdicción de que se trata, temporalmente y por turno, cada uno de los oidores, para que la Audiencia en cuerpo pueda á su vez entender en las apelaciones en los casos en que éstas procedan. El fin que se trataba de conseguir era evitar que se excomulgase toda una Audiencia en los conflictos entonces tan frecuentes entre la jurisdicción civil y la eclesiástica. El Rey aprueba esta propuesta, pero sólo para lo que se refiere á la sustanciación de estos procesos, pues concluye diciendo: «pero al sentenciar interlocutoria ó definitivamente, no lo habeis de hacer sino todos los oidores que residiesen en esa abdiencia.»

Refiérese el cap. XLVI á las minas de plata descubiertas en Mechoacán, y se encarga que busquen manera de explotarlas mientras se enviaban de la Península personas competentes para ello. Sabido es que los españoles inventaron al cabo el método de la amalgamación, mediante el cual se llegó á aumentar la producción de la plata de tal modo que la relación con el oro que había sido durante toda la Edad Media de uno á 10, fué en el siglo XVI de uno á 16. Asunto financiero es también el del cap. XLVII, y se refiere á las cuentas del factor Gregorio Salazar, que por comisión habían de liquidar los licenciados Salmerón y Zainos, aprobándose la resolución de la Audiencia de que las cantidades que aquél alcanzaba se sacasen de poder de un mercader llamado Gamora y se entregasen en depósito á los oficiales reales. Igual carácter tienen los dos capítulos siguientes; el primero, que es el XLVIII, se refiere á la información que estaba practicando la Audiencia sobre el fraude que hubo en la postura de los diezmos. Sabido es que este impuesto fué cedido por la Iglesia á la Corona, y, como suele suceder aún, en estos tiempos las contratas para su administración y cobranza se prestaban á fraudes de distinto género; el segundo, que es el XLIX, se refiere al sello real, que era otro recurso del Tesoro, aunque de su producto se había hecho merced al gran canciller, y habiendo éste muerto, se aprobaba que hubiera la Audiencia designado persona que lo sirviese.

Refiérense los dos capítulos siguientes al Marqués del Valle y al capitán Vasco Porcallo, que aquél envió para sofocar el alzamiento de los opilçangos, y es de notar la conclusión del segundo de estos capítulos, que es como sigue: «Habeis de estar advertidos que el Marques ha de usar el oficio de Capitan General en la nueva españa en las cosas que por nos especialmente le fueren mandadas ó allá por vosotros en nuestro nombre se le mandaren y no en otra cosa, mireis bien siempre lo que le encomendais e mandais porque se escusen diferencias, teniendo siempre respecto á la persona del Marques.» Ya hemos dicho que con la llegada del presidente Ramírez de Fuenleal terminaron las diferencias entre Hernán Cortés y la Audiencia; pero al cabo regresó éste á la Península, pues no eran ni podían ser fáciles las relaciones entre el conquistador de Méjico y las autoridades que allí representaban al Monarca, no habiéndose regularizado el régimen de aquellos vastos territorios hasta el glorioso virreinato de Antonio de Mendoza.

Apruébase en el cap. LIII que el pueblo de Copango provea de cal para labrar la iglesia de Méjico, por estar más cercano que otros que tienen este material de construcción, y en el siguiente se manda que los encomenderos ausentes prueben en el plazo de cuatro meses que lo están con licencia real, y si no lo prueban, que se pongan en corregimiento los pueblos que se les habían encomendado.

Se había llevado á Méjico la pragmática sobre la cría caballar, prohibiendo la de las mulas; pero como allí ésta había ya llegado á ser una industria importante, se autorizaba á la Audiencia en el cap. LV para que disimulara sobre ello; y, en efecto, desde entonces hasta la creación de los caminos de hierro han sido las mulas el principal y casi el único medio de trasporte en Méjico.

Encárgase en el cap. LVI que se vigilen las fundiciones de oro para evitar los fraudes que pudieran ocurrir por la habilidad y sagacidad de los naturales. Siempre con el propósito de comunicar á los indios nuestra civilización, se recomienda en el capítulo siguiente que se los atraiga á los pueblos para que vivan mezclados con los vecinos españoles; por este medio se ha conservado y fundido la raza indígena con la española en aquellos países, mientras que ha sido exterminada donde han dominado otras naciones. Sólo se refiere al régimen local de la ciudad de Antequera el cap. LVIII, en que se determina que sólo haya en ella alcalde ordinario y no mayor, como algunos vecinos habían pedido. Mándase en el capítulo siguiente que se haga información reservada para averiguar si en los 23.000 vasallos de que hizo merced el Emperador al Marqués del Valle hay algunos puertos de mar de importancia, para que, si así fuese, se reincorporen y vuelvan á la corona real, propósito y resolución inspirada por consideraciones políticas de evidente conveniencia.

Con este capítulo terminan las respuestas dadas á las cartas de los oidores de Méjico; el LX se reduce á decir que en otras cédulas se contestará á varios puntos referentes á materia de indios, objeto preferente de la atención de nuestros Reyes y de sus consejeros, como lo prueba que después de refrendada esta carta, y como por vía de posdata, se dice: «La respuesta de lo que toca á lo de los indios y al descontentamiento de los españoles, conquistadores y pobladores, no va con ésta, irá con el primer despacho.» Ya veremos más adelante los deplorables resultados que ocasionaron en diversas regiones de América las sabias y humanitarias leyes que con tanta insistencia procuraron establecer los Reyes de España en favor de sus nuevos súbditos.