CUARTA ÉPOCA GOBIERNOS COLONIALES (continued 8)

Terminaremos asunto de interés tan capital, con las siguientes observaciones: repartimientos, encomiendas y reducciones no merecen nuestras alabanzas. Reconocemos que, si buena fe guió a los fundadores, los resultados no correspondieron a lo que aquéllos deseaban; pero las censuras de muchos escritores anglo-sajones son más severas que justas. No negaremos que la organización civil y política de las colonias españolas era distinta de la organización civil y política de las colonias inglesas; no negaremos que el catolicismo allá y el protestantismo acá, influyeron en la manera de ser, en las costumbres de unas y de otras colonias.

Ante la crítica apasionada de muchos escritores a nuestro sistema de repartimientos, encomiendas y reducciones, conviene recordar que frecuentemente los indios tuvieron protectores y no tiranos, y cuando terminaron aquéllas, el indígena pudo contar con una libertad cuasi completa. Si en Norte-América no hubo repartimientos, encomiendas y reducciones, en cambio, los indígenas, sujetos al yugo de los conquistadores ingleses, no lograron entonces bienes de ninguna clase; y á la sazón se mueren de hambre en los incultos desiertos del Arkansas. Además, si con la organización y política de las colonias españolas, el indio tuvo un amo, en los Estados Unidos, sin dicho sistema de organización, tuvo muchos amos, hallándose expuesto siempre a los desmanes de grosera e indisciplinada soldadesca.

Somos de opinión que, después de la independencia, después que se rompieron los vínculos que unían las colonias a la metrópoli, se manifestaron los caracteres diferenciales de una y de otra raza, distinguiéndose entonces el positivismo anglo-sajón y el idealismo latino. Por eso, mientras los primeros buscaban el bienestar por el orden, el trabajo y la formalidad, los segundos, impacientes, desconfiados y revolucionarios corrían por terrenos ignorados, con la fogosidad y el atolondramiento de la juventud.

En suma, puede asegurarse: 1.º Que el conquistador o colonizador español tuvo menos ventajas con su política que el conquistador o colonizador anglo-sajón; 2.º Que el indígena, si fué encadenado por el primero, sufrió la dura y tiránica ley del segundo. Encontró el pobre indio en todas partes la tiranía, lo mismo en la América Meridional que en la Septentrional, lo mismo o quizá menos bajo la raza española que bajo el poder de la raza anglo-sajona. Repítese en todos los tonos que el español, no compadeciéndose del indio, le obligó a extraer el oro y la plata de las minas; pero, ¿no hicieron lo mismo entonces, después y siempre los ingleses? Adquirieron la independencia las colonias, no por los celos de los criollos contra los europeos, no por el mal trato de la metrópoli, no por las nuevas ideas políticas de los principales jefes del movimiento, sino porque así debía ser, porque debían salir de la tutela donde habían estado tanto tiempo.

La esclavitud no echó profundas raíces en las Indias. El esclavo no fué considerado como una bestia de carga, ni se le maltrataba, ni se le atormentaba. Se le manumitía con harta frecuencia, sucediendo no pocas veces que rechazaba la libertad concedida por los dueños. Raramente se rebeló contra sus amos. Consideremos el origen de la esclavitud. Los conquistadores y colonos se encontraron con la necesidad de cultivar la tierra y extraer el mineral de las minas. La raza indígena era poco a propósito para lo uno y para lo otro, naciendo entonces la idea de llevar al Nuevo Mundo esclavos negros, gente, en general, robusta y fuerte. El emperador Carlos V, por vez primera, autorizó en el año 1517 a un flamenco para que introdujese esclavos africanos en América. A las mil maravillas cumplió su cometido el compatriota del César, pues—cuentan—que cinco años después de la concesión del privilegio, los negros de Santo Domingo eran más numerosos que los blancos. No huelga decir que, según algunos cronistas, ya en 1505 se habían introducido 17 negros en la Isla Española para trabajar las minas, y en 1510, pasaron de 100[669].

En mayor o menor número y con más frecuencia o menos frecuencia, continuaron concediéndose los privilegios de introducción o asiento, hasta que al fin quedó prohibido el tráfico negrero en el Congreso de Viena (1.º noviembre 1814 al 9 julio 1815). En él se acordó la abolición del comercio de negros; mas la ejecución de semejante medida debía ser lenta, por cuanto se dejó a Inglaterra, Rusia, Austria, Prusia, Francia, España, Portugal y Suecia la designación de la época en que cada una de dichas naciones quisiera realizarla. Las potencias más interesadas en abolir la trata de negros eran Francia, España y Portugal[670]. El comercio de esclavos se aumentó considerablemente después de prohibido, lo cual hizo que, tiempo adelante, la Gran Bretaña, Austria, Francia y Rusia pusiesen en práctica lo que el Congreso de Viena había propuesto, firmando (20 diciembre 1841) un tratado para impedir el inhumano tráfico.

El remedio más radical para acabar con el tráfico de negros era la abolición de la esclavitud. El gobierno inglés proclamó en 1831 la libertad inmediata de todos los esclavos de la Corona, contestando a los clamores de los colonos con la abolición de la esclavitud en las colonias occidentales para el 1.º de agosto de 1834. Roberto Peel, que no había sido partidario de la citada abolición, la llamó «la más feliz reforma de que el mundo social puede ofrecer ejemplo.» También, poco a poco, los gobiernos españoles realizaron reforma tan transcendental.

Pocos extranjeros vivían en nuestras colonias. No sólo eran mal mirados por los monarcas españoles, sino que hasta el siglo xviii se les prohibía establecerse en las posesiones de la India. Cuando lo hacían, se mandaba que sin excusa alguna y en el menor tiempo posible, saliesen con sus familias de las citadas provincias. No es extraño, pues, que fuesen muy pocos los extranjeros que se arriesgasen a vivir en las colonias, dándose el caso que Humboldt, durante los cinco años que viajó por el virreinato de México, sólo encontró un alemán. Según el censo de 1809, en Chile apenas había 80 extranjeros. Todos, lo mismo en la metrópoli que en América, querían el aislamiento de las colonias. Temían los reyes que los extranjeros habían de propagar en aquellos países el espíritu revolucionario, y por esta razón aislaron sus colonias del resto del mundo. No puede negarse que sacrificaron el progreso intelectual al fanatismo político y religioso. No andaban del todo separados de la verdad, según tendremos lugar de ver más adelante.

CAPITULO XXXI

Organización colonial: virreinatos.—Gobernadores generales.—Las Intendencias.—Los gobiernos del Brasil.—Las Audiencias: nombres de las Audiencias.—Atribuciones de los virreyes, gobernadores generales, intendentes, Audiencias y presidentes.—Regentes de las Audiencias.—Consulados y cabildos en las colonias de España.—Alcaldes ordinarios y corregidores.—Tribunales de minería y de cuentas.—Gobierno político y elementos de que constaba.

Los Virreyes, Proreges ó Vice Reges eran vicarios o representantes del Rey. Al establecerse los primeros virreinatos, la autoridad de los virreyes era casi ilimitada, hasta el punto que el Rey declaró «que en todos los casos y negocios que se ofrecieren, hagan lo que les pareciere y vieren que conviene, y provean todo aquello que Nos podríamos hacer y proveer, de cualquiera calidad y condición que sea, en las provincias de su cargo, si por nuestra persona se gobernasen, en lo que no tuvieren especial prohibición.» Es cierto, pues, que por la Cédula dada el año 1528 los virreyes y las demás altas autoridades en cada región, se hallaban autorizados para suspender el cumplimiento de aquellas órdenes, si por cumplirlas «se introduciese escándalo conocido o daño irreparable.» Mucho tiempo después, en una Real Cédula dada en el palacio de El Escorial a 19 de julio de 1614, se decía lo siguiente: «Que a los virreyes se les debe guardar y guarde la misma obediencia y respeto que al Rey, sin poner en esto dificultad, ni contradicción, ni interpretación alguna. Y con apercibimiento que a los que a esto contravinieren, incurrirán en las penas puestas por derecho a los que no obedecen los mandamientos reales, y las demás que allí de nuevo pone y refiere.» Atribuciones tan amplias no excluían que de cuando en cuando se mandasen Instrucciones Reales, que determinaban la conducta que debían seguir. Del mismo modo que a los oidores y a otros funcionarios, se sujetaba a los virreyes a juicio de residencia y les estaba prohibido «todo género de contrato y granjería.» Frecuentemente las Audiencias, con más o menos razón, suscitaron cuestiones de competencia a los virreyes, resultando de ello graves conflictos, pues en ciertos casos y en ciertos asuntos tenían atribuciones superiores a dichos virreyes. (Apéndice J.)

El gobernador general, nombrado por la Corona, conocía de todos los asuntos de administración y policía, hasta el punto que nombraba para las plazas vacantes en los diversos empleos públicos, disponía de las tierras de la Corona, etc.

Es de advertir que tanto el virrey como el presidente gobernador eran casi siempre funcionarios peninsulares, muy rara vez americanos. Apenas se encuentra alguno natural del reino o provincia que se le encargaba gobernar. Dice uno de los historiadores nacionales contemporáneos de la independencia que, entre los 160 virreyes que hubo en América, sólo cuatro fueron americanos, y entre más de 600 presidentes sólo 14[671]. Entre los gobernadores de Chile, desde D. Pedro de Valdivia hasta D. Francisco García Carrasco, únicamente se registra el nombre de un chileno, y esto interinamente y por poco tiempo.

El virrey representaba al monarca, y la Audiencia á la Justicia y a la ley; era, además, la Audiencia el Consejo consultivo del virrey o del presidente gobernador.

El cabildo era representante del respectivo pueblo o vecindario, y atendía a los intereses locales. Los individuos de las citadas corporaciones eran nombrados por el gobierno peninsular. Si en los primeros tiempos debían ser elegidos los regidores, después fueron nombrados por merced del Rey, y a veces tales cargos se adjudicaban al mejor postor. Los alcaldes que, entre otras atribuciones, tenían la de administrar justicia en primera instancia, formaban parte de los cabildos y eran elegidos por los individuos de estas corporaciones.

Consideremos ahora los virreinatos y capitanías generales existentes en la América española al iniciarse la guerra de la independencia. Los virreinatos eran cuatro: el de México o Nueva España[672]; el del Perú o Nueva Castilla[673]; el de Santa Fé de Bogotá o Nueva Granada, que databa de 1717[674], y el de Buenos Aires, de 1776-78. Los dos virreinatos últimos fueron formados a expensas de los dos primeros. (Apéndice L.)

Las capitanías generales eran las de la Española, Guatemala, Chile y Venezuela.

Según la ordenanza de 1803, las Intendencias o provincias eran las siguientes: El virreinato de México comprendía las intendencias de Puebla de los Angeles, Nueva Veracruz, Mérida de Yucatán, Antequera de Oaxaca, Valladolid de Mechoacán, Santa Fe de Guanajuato, San Luis de Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Durango y Sonora.

El virreinato del Perú, las intendencias de Farnia, Trujillo, Cuzco, Gusmanga, Huancavalica, Arequipa, Chiloe y Puno.

El virreinato de Santa Fe de Bogotá o Nueva Granada, las intendencias de Quito, Popayán, Cuenca, Cartagena y Panamá.

El virreinato de Buenos Aires, las intendencias de Paraguay, Córdoba, Tucumán, Salta, Cochabambo, Paz, Plata y Potosí.

La capitanía general de la Española, los gobiernos de Cuba, de Puerto Rico y de las posesiones de la Florida y de la Luisiana.

La capitanía general de Guatemala, las intendencias del Salvador, Comayagua, Nicaragua, Chiapa y Guatemala.

La capitanía general de Chile, las intendencias de Santiago y Concepción.

La capitanía general de Venezuela, las intendencias de Caracas, Maracaibo, Barinas, Cumaná y Guayana.

Las Intendencias, establecidas en España desde el año 1718, se intentó crearlas en México en 1768—de acuerdo con el visitador D. José Gálvez—por el virrey marqués de Croix. También desechó el proyecto el virrey Bucareli; pero lo aceptó D. Bernardo Gálvez, conde de Gálvez, en 1786, publicándose entonces la célebre Instrucción de Intendentes[675]. Algunas observaciones debemos hacer a la citada Ordenanza. En la Introducción de la Instrucción de Intendentes dice el rey Carlos III que «movido de paternal amor a sus vasallos y deseoso de poner en buen orden, felicidad y defensa los dilatados dominios de las dos Américas, ha resuelto, con muy fundados informes y maduro examen, establecer en el reino de Nueva España intendentes de ejército y provincia, para que dotados de autoridad y sueldos competentes, gobiernen aquellos pueblos y habitantes en la parte que se les confía.» La Instrucción consta de 306 artículos, divididos en cinco grupos: en el primero se establecen bases, y en los siguientes las causas de justicia, policía, hacienda y guerra. Por el art. 1.º se dividía el reino de México en doce intendencias, las cuales tomarían el nombre de la población que se erigiese en capital. Por el 2.º, se confirmaba la autoridad que al virrey conferían las leyes de Indias, pero dejando al cuidado de los intendentes todo lo relativo a la Real Hacienda. Por los demás artículos se deslindaban con toda claridad las facultades de los intendentes respecto a los virreyes, en particular en lo referente a la agricultura, industria, abastecimiento, sanidad y beneficencia de los pueblos.

Comprendíanse las bases desde los artículos 1.º al 14: en los doce primeros se trataba de la creación de intendentes y de sus facultades, de las atribuciones de la junta, y las de los gobernadores y jueces subdelegados; en los dos últimos de las elecciones de alcaldes indios.

A la causa de justicia pertenecían los artículos desde el 15 al 56 y en ellos se trataba de los asesores y asuntos de justicia, de los propios, arbitrios y bienes de la comunidad, y de los escribanos y notarios, multas y penas de Cámara y los informes reservados al gobierno supremo.

A la causa de policía desde el 57 al 74, en los cuales se trata, ya de varios preceptos de policía y buen gobierno, ya de los pósitos, alhóndigas y moneda.

A la causa de hacienda desde el 75 al 249: estudiase la jurisdicción privativa de hacienda y las facultades económicas de sus ministros, del tabaco, causas de fraudes, tierras realengas, confiscaciones, presas, naufragios y mostrencos, del fuero de hacienda, montepío, escribanos de hacienda y registros, de los ministros generales y principales de hacienda, del libro de la razón general, de la administración, arriendo de rentas y repartimientos de contribuciones, del tributo de indios y las alcabalas, de varias rentas, como el pulque, pólvora, naipes, minas y azogues, papel sellado, lanzas y medias annatas, salinas, pulperías y oficios vendibles y renunciables, de la Bula de Cruzada, diezmos, vacantes mayores y menores, media annata y mesada eclesiástica, subasta de rentas menores, dotación de párrocos y espolios de prelados, y de la traslación de caudales, arcas y tanteos mensuales, facultades del superintendente general y sus delegados, y otros asuntos interiores.

A la causa de la guerra, desde el 250 al 306: se ocupan de los ajustes y marchas, revistas de tropas, hospitales, almacenes de artillería, prerrogativas, honores y sueldos de los intendentes.

La citada Ordenanza se dió primero a México, haciéndose luego extensiva a Lima, Buenos Aires, Chile, Guatemala, y, por último, a la isla de Cuba en 7 de noviembre del año 1791. La Instrucción de Intendentes siguió hasta el 1803 en que la modificó Carlos IV.

Se propusieron principalmente las Intendencias, centralizar la administración y aumentar los ingresos de la Corona; pero causaron grave daño a los municipios. Los intendentes arrebataron a los cabildos toda libertad administrativa, anulando a los antiguos corregidores y apropiándose el conocimiento de los asuntos de agricultura, comercio, minería, caminos y ornato público.

Las Capitanías (Gobiernos) del Brasil eran las siguientes: Tamaracá, Pernambuco, Todos los Santos, Isleos, Puerto Seguro, Espíritu Santo, Río de Janeiro y San Vicente. En la Capitanía o Gobernación de Todos los Santos, residía el gobernador, el auditor general de toda la costa y el obispo.

Las Audiencias se crearon por el orden que después diremos; pero antes se trasladará aquí la siguiente ley del Rey Felipe IV:

«Por quanto en lo que hasta aora se ha descubierto de nuestros Reynos y Señoríos de las Indias, están fundadas doze Audiencias y Chancillerías Reales, con los límites que se expresan en las leyes siguientes, para que nuestros vasallos tengan quien los rija y gobierne en paz y en justicia, y sus distritos se han dividido en Gobiernos, Corregimientos y Alcaldías mayores, cuya provision se haze segun nuestras leyes y órdenes, y están subordinados a las Reales Audiencias, y todos a nuestro Supremo Consejo de las Indias, que representa nuestra Real persona. Establecemos y mandamos, que por aora, y mientras no ordenaremos otra cosa, se conserven las dichas doze Audiencias, y en el distrito de cada una los Gobiernos, Corregimientos y Alcaldías mayores, que al presente hay, y en ello no se haga novedad, sin expressa orden nuestra, o del dicho nuestro Consejo»[676].

I. El emperador Carlos V, con fecha 14 de septiembre de 1526, fundó la Audiencia de Santo Domingo, que comprendía las Islas de Barlovento y de la costa de Tierra Firme, y en ellas las gobernaciones de Venezuela, Nueva Andalucía, el Río de la Hacha y provincias del Dorado[677].

II. La de México ó Nueva España que creó Carlos V el 9 de noviembre y 13 de diciembre de 1527, comprendía las provincias llamadas de Nueva España, con las de Yucatán, Cozumel y Tabasco; y por la costa de la mar del Norte y Seno Mexicano hasta el Cabo de la Florida; y por la mar del Sur, desde donde acaban los términos de la Audiencia de Guatemala hasta donde comienzan los de la Galicia[678].

III. La de Panamá, que fundó Carlos V el 30 de febrero de 1535 y 2 de marzo de 1537, y cuya jurisdicción llegaba a la provincia de Castilla del Oro hasta Portobelo y su tierra, la ciudad de Natán y su tierra, la gobernación de Veragua; y por el mar del Sur, azia el Perú, hasta el Puerto de la Buenaventura, exclusive, y desde Portobelo, azia Cartagena hasta el río del Darién, exclusive, con el golfo de Urabá y Tierra Firme, partiendo términos por el Levante y Mediodía con las Audiencias del Nuevo Reyno de Granada y San Francisco del Quito; por el Poniente con la de Santiago de Guatemala, y por el Septentrión y Mediodía con los dos mares, de Norte y Sur[679].

IV. La de la Ciudad de los Reyes o de Lima (Perú), fundada por Carlos V el 20 de noviembre de 1542, cuyo distrito era la costa que hay desde dicha ciudad hasta el reyno de Chile exclusive, y por la tierra adentro a San Miguel de Piura, Caxamarca, Chachapoyas, Moyobamba y los Motilones, inclusive, y hasta el Callao exclusive, por los términos que se señalan a la Real Audiencia de la Plata y la ciudad del Cuzco con los suyos, inclusive, partiendo términos por el Septentrión con la Real Audiencia de Quito; por el Mediodía con la de la Plata; por el Poniente con la mar del Sur, y por el Levante con provincias no descubiertas[680].

V. La de los Confines de Guatemala y Nicaragua, creada por Real Cédula de Carlos V el 13 de septiembre de 1543, y que tuvo a su cargo la gobernación de las dichas provincias y sus adherentes, esto es, Guatemala, Nicaragua, Chiapa, Higueras, Cabo de Honduras, la Vera-Paz y Soconusco, con las islas de la costa[681].

VI. La de Guadalajara o Nueva Galicia, creada por Real Cédula de Carlos V el 13 de febrero de 1548: se estableció primero en Compostela, trasladándose luego a Guadalajara, porque era «sitio más agradable, más sano, más fértil y abundante...»[682]. Tenía por distrito las provincias de la Nueva Galicia, Culiacán, Copala, Colima y Zacatula con los pueblos de Avalos[683].

VII. La del Nuevo Reino de Granada o de Santa Fe de Bogotá, fundada por el Emperador el 17 de julio de 1549, tenía por distrito las provincias del Nuevo Reino y las de Santa Marta, Río de San Juan y la de Popayán, excepto los lugares de ella, señalados a la Audiencia de Quito, y de la Guayana o Dorado tenga lo que no fuere de la Audiencia de la Española y toda la provincia de Cartagena, partiendo términos...[684].

VIII. La de las Charcas o de la Plata, creada por Felipe II el 4 de septiembre de 1559, que comprendía la provincia de las Charcas y todo el Callao, con las Provincias de Sangabana, Carabaya, Juries y Dieguitas, Moyos y Chunchos y Santa Cruz de la Sierra[685].

IX. La de San Francisco de Quito, en el Perú, que erigió Felipe II por Real Cédula del 29 de noviembre de 1563: «comprendía su distrito la provincia de Quito, y por la costa azia la parte de la ciudad de los Reyes, hasta el puerto de Payta exclusive, y por la tierra adentro hasta Piura, Caxamarca, Chachapoyas, Moyobamba y Motilones exclusive, azia esta parte los pueblos de Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, la Zarza y Guayaquil, con todos los demás pueblos que estuvieren en sus comarcas y se poblaren, y azia la parte de los pueblos de la Canela y Quijos, con los demás que se descubrieren; y por la costa azia el Panamá, hasta el puerto de Buenaventura, inclusive; y la tierra adentro a Pasto, Popayán, Cali, Buga, Chapanchica y Guachicona...»[686].

X. La de Manila, en la isla de Luzón, Cabeza de las Filipinas[687].

XI. La de Santiago de Chile, fundada por Felipe III por Real Cédula del 17 de febrero de 1609 y por Felipe IV en la Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias, comprende su distrito todo el reino de Chile[688]. En el reinado de Felipe V de Borbón y en el año de 1710 había Audiencia en la provincia de Chile[689].

XII. La de la Trinidad, Puerto de Buenos Ayres, fué fundada por Felipe IV el 2 de noviembre de 1661: tenía por distrito las ciudades, villas y lugares de las provincias del Río de la Plata, Paraguay y Tucumán, que hasta entonces habían pertenecido a la Audiencia de los Charcas[690].

XIII. La de Caracas, creada por Carlos III (13 junio 1786) comprendía la parte española de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico.

XIV. La del Cuzco, que fundó Carlos III (Real orden de 26 de febrero de 1787) comprendía sólo su extensa provincia.

Por lo que respecta a la Audiencia de Panamá, encontramos las noticias siguientes: Felipe II, desde Aranjuez (19 mayo 1568) hubo de mandar que, si la Audiencia y Chancillería Real de la ciudad de Santiago de la provincia de Guatemala se había trasladado a Panamá de la provincia de Tierra Firme, a la sazón disponía que volviese a dicha ciudad de Santiago[691]. No debió de volver, por cuanto el mismo Rey desde Madrid (6 febrero de 1571) se dirigió al Presidente y Oidores de la Audiencia de la ciudad de Panamá de la provincia de Tierra Firme, para decirles que obedeciesen en todo al virrey del Perú[692].

Que había Audiencia en Panamá en el año 1645 también lo prueba el documento siguiente:

«Administración de justicia: Hecho presente al Obispo de la ciudad de Panamá, la falta que había de ella en aquella Audiencia, porque siendo solos dos Oidores, el uno estaba ausente y el otro enfermo, amigo del Presidente, por cuya razón hacía éste lo que quería, muy distante de la fidelidad con que debía ejercer un cargo: Resolvió S. M. mirase por sus obejas conforme a su obligación, y si tuviese que dar alguna queja contra los ministros de dicha Audiencia, no lo hiciese a bulto y con palabras equívocas.»[693] Consta del mismo modo que, reinando Carlos II, y en 31 de diciembre de 1686, existía Audiencia en la ciudad de Panamá, provincia de Tierra Firme[694]. En el reinado de Felipe V y en el año 1710 había Real Audiencia en Panamá de la provincia de Tierra Firme[695]. Más adelante, año 1734 y en el mismo reinado, continuaba la Audiencia en Panamá[696].

De modo que dentro de los virreinatos se hallaban las Capitanías generales, de carácter militar; las Intendencias, de carácter administrativo, y las Audiencias, de carácter judicial. Los virreyes, como regla general, eran presidentes de la Audiencia, que estaba en la capital del virreinato, y tenían poder sobre los capitanes generales y aun intendentes de la provincia donde se hallaba dicho virreinato.

Por lo que respecta a las Audiencias, daremos algunas más noticias. Eran tribunales—como decía Solórzano—donde se guardaba la justicia, donde los pobres hallaban defensa de los agravios y opresiones de los poderosos, y donde a cada uno se le daba lo que era suyo con derecho y verdad[697]. Mediante Real Cédula dada en la ciudad de Buitrago a 19 de mayo del año 1603 se dispuso que «los virreyes y gobernadores, por ningún caso, se mezclen ni entrometan en los negocios concernientes a administración de justicia, porque éstos están sometidos a las Audiencias, y no las deben poner en ellos estorvo, ni impedimento alguno»[698].

En las provincias más importantes se establecieron Audiencias. «Todavía, como se fueron poblando y ennobleciendo tanto, pareció conveniente, que por lo menos en las principales de ellas, que son las del Perú y las de la Nueva España, se pusiesen gobernadores de mayor porte con título de Virreyes, que juntamente hicieren oficio de presidentes de las Audiencias que en ellas residen, y privativamente tuviesen a su cargo el gobierno de aquellos dilatados reinos y de todas las facciones militares que en ellos se ofreciesen, como sus capitanes generales, y en conclusión, pudieren hacer e hiciesen, y cuidar y cuidasen de todo aquello que la misma persona real hiciera y cuidara, si se hallara presente, y entendiesen convenir para la conversión y amparo de los indios, dilatación del Santo Evangelio, administración política y su paz, tranquilidad y aumento en lo espiritual y temporal»[699].

De las sentencias dadas por las Audiencias y sólo en los asuntos civiles, se podía apelar ante el Consejo de Indias y cuando la cantidad en litigio consistía en más de 6.000 pesos. Si los asuntos de gobierno y policía se habían hecho contenciosos, sobre la opinión del virrey o capitán general, estaba la Audiencia, que fallaba en apelación. En determinados asuntos los virreyes y capitanes generales tenían la obligación de consultarlas. Ellas ejercían además un derecho de vigilancia sobre los otros tribunales y sobre los empleados civiles. El virrey, el capitán general o el presidente tenía derecho a presidir la Real Audiencia y a asistir a sus sesiones; pero carecía de voto deliberativo y consultivo.

El Rey, queriendo sustraer a los oidores de toda influencia que pudiera perjudicar la administración de justicia, les prohibió ser padrinos, asistir a las bodas o a entierros, casarse sin permiso en el lugar de su residencia, dar o tomar dinero a préstamo, y hasta poseer propiedades. No deja de llamar la atención—sin embargo de la importancia y delicado del cargo—algunas de las prohibiciones a que estaban sujetos los virreyes, presidentes, gobernadores y oidores. Les estaba vedado negociar en cualquier forma que fuese, dar o tomar dinero a usura, y sembrar trigo o maiz. Prohibíaseles poseer casas, huertas, chacras o estancias. No habían de recibir dádivas, ni tener estrechas amistades con eclesiásticos o seglares. No podían ser padrinos de matrimonio o de bautizo, ni asistir a casamientos o entierros, ni ellos ni sus hijos podían casarse en sus distritos sin licencia especial del Rey. En suma, debían vivir completamente aislados en la sociedad que estaban encargados de gobernar, y se les prohibía tener con sus subordinados otras relaciones que las oficiales[700].

Sin embargo, virreyes, gobernadores, generales, intendentes, Audiencias y presidentes, aunque tenían grandes atribuciones, se hallaban sujetos al poder real. Con harta frecuencia el Rey se dirigía á dichas autoridades ordenándoles lo que debían hacer, pudiendo servir de ejemplo la siguiente cédula:

«Tributos: Haviendo entendido el Rey por cartas y relaciones venidas de América el gran número de indios que havían fallecido en el año de 1545, assí de los incorporados á la Real corona como de los encomendados a particulares, y que los pocos que havían quedado no podían pagar los establecimientos por la tasa: Mandó a la Audiencia de aquel reino providenciase que sólo se les exigiese lo que buenamente pudiesen pagar sin fatiga ni vejación.» Cédula de 10 de abril de 1546, vid., tomo 10 de ellas, folio 298 v.º núm. 503[701].

Los Regentes de las Audiencias se crearon por Real cédula de 6 de abril del año 1776. En los 78 artículos de la Instrucción se establecen las ceremonias con que deben ser recibidos los regentes, los honores y distinciones que se les deben, sus relaciones con los virreyes y otras autoridades y sus facultades en el régimen interior de las Audiencias.

Además de las instituciones que acabamos de señalar, existían otras dos que tuvieron relación directa e inmediata con la vida íntima del país, como también importancia extraordinaria, ya en el desenvolvimiento colonial, ya decisiva influencia en el movimiento revolucionario y emancipador de la América española. Estas dos instituciones fueron los Consulados y los Cabildos.

Los Consulados—Tribunales generalmente constituídos por peninsulares nombrados cada dos años por los comerciantes de importantes plazas mercantiles—tenían atribuciones judiciales en los asuntos de comercio y se ocupaban también del fomento de toda clase de industrias «arbitrando fondos, haciendo caminos, reparando puertos, abriendo escuelas, construyendo aduanas y recabando del legislador mejoras y leyes sobre materia mercantil»[702]. A ejemplo del consulado de Sevilla se fundaron el de México y el del Perú. Las ordenanzas del de México se aprobaron en Valladolid a 9 de junio de 1603 y a 4 de julio de 1604, y en Ventosilla a 20 de octubre del mismo año. Las ordenanzas del de Lima se aprobaron por cédula dada en Madrid el 11 de enero de 1614; se aprobó y confirmó dicha erección el 16 de abril de 1618[703].

La administración local de las ciudades estaba a cargo de los cabildos. A veces, aunque los decretos reales limitaban bastante las facultades de los cabildos, ellos, deseando ensanchar continuamente su acción, dictaban ordenanzas, se ocupaban de asuntos de policía, imponían contribuciones y levantaban tropas para la defensa del distrito. Con harta frecuencia y en muchas partes, usurpaban atribuciones de otras autoridades o tribunales. En los primeros tiempos tenían el derecho de nombrar gobernadores provisionales o interinos. Dos regidores, designados como alcaldes, eran los jueces de primera instancia. Poco a poco, a causa de la política absorbente de los reyes de España, fueron despojados los cabildos de muchas de sus atribuciones, perdiendo, por tanto, importancia los cargos de regidores. Por esta razón eran poco estimados por los españoles, aprovechándose de ello los criollos en su afán de distinguirse y figurar entre los suyos. A veces, y en algunas colonias, el oficio de alcalde era aceptado a la fuerza, como sucedió en Buenos Aires con Hernando de Montalvo, el cual llevó a tal extremo su obstinación, que el cabildo dispuso «que esté preso en las casas de su morada y que sea ejecutada la pena hasta tanto que açete el dicho oficio;» ante semejante disposición, Montalvo dijo «que por redimir las vejaciones y fuerças y respuestas y molestias que el dicho cabildo le haze, que acetaba y aceto el dicho oficio de alcalde y lo firmo»[704].

Acerca de otro orden de cosas y por lo que respecta al cargo de regidores, es de lamentar que en algunas colonias, como sucedía en Chile, se comprasen dichos cargos y llegaran a ser vitalicios; pero de todos modos, los cabildos fueron siempre respetados y queridos, teniendo la gloria—que gloria es, aunque no lo crean así los historiadores españoles—de haber sido los iniciadores y sostenedores del movimiento revolucionario en favor de la independencia. Mandábase a los virreyes, presidentes y oidores «que no se introduzcan en la libre elección de oficios que toca a los capitulares, ni entren con ellos en cabildo»[705]; pero esta disposición era letra muerta. Dichas autoridades, con gran contentamiento de los monarcas, intervenían en las elecciones y se encargaban de ahogar ciertas tentativas democráticas. Ellas impusieron alcaldes ordinarios, ya directamente y sin rebozo alguno, ya aprovechándose del derecho concedido por las leyes para confirmar o anular las elecciones de los cabildos. Sin embargo, creemos que no carecían de importancia política, aunque otra cosa diga moderno historiador de América. «Fueron tan sólo un pálido reflejo de los antiguos Concejos Castellanos anteriores al siglo xvi, una simple rueda de la máquina administrativa, que, como dejamos dicho, construyó cuidadosamente el absolutismo»[706].

Estos alcaldes ordinarios eran dos en cada pueblo y para dicho cargo no podían ser elegidos los oficiales reales[707], ni los deudores a la Hacienda[708], ni los que fueren vecinos del pueblo[709], ni los que ya lo hubiesen sido hasta pasados dos años[710].

Donde hubiese corregidores, autoridad creada por los Reyes Católicos y de nombramiento real[711] ¿eran necesarios los alcaldes ordinarios? En un capítulo de carta del año de 1575, se responde a consulta de don Francisco de Toledo, virrey del Perú, lo siguiente: «y proveeréis, que donde hubiere corregidores asalariados, no haya alcaldes ordinarios.» Conviene advertir que a los llamados corregidores en el Perú, en México se les daba el nombre de alcaldes mayores, y en Cartagena, Buenos Aires, Paraguay, Venezuela, Habana, etc., recibían el título de gobernadores[712].

En asuntos de cierta gravedad, el cabildo convocaba a los notables de la población, resultando una especie de junta de asociados y que recibía el nombre de cabildo abierto.

Para comunicarse con los poderes de la metrópoli, acostumbraron los virreinatos de las Indias mandar a la corte procuradores o personeros para negociar allí «cosas que convienen al pro de toda la tierra e de los vecinos e pobladores de ella.»

Existían de igual manera tribunales de minería y de cuentas. Los primeros, no sólo fijaban reglas para la explotación y laboreo de las minas, sino fundaron escuelas especiales para el cultivo de las ciencias matemáticas. Los segundos, o de cuentas, inspeccionaban las de todos los que manejaban caudales públicos.

El gobierno político constaba, generalmente, de un gobernador y un teniente, dos alcaldes ordinarios de primero y segundo voto, dos de la Santa Hermandad, un alcalde provincial, diferentes capitanes, un alguacil y fiscales, elegidos entre los mismos indígenas.

CAPITULO XXXII

Casa de la Contratación de Sevilla.—Las Ordenanzas.—Nuevas Ordenanzas.—Jueces de la Contratación.—Importancia de la Casa de la Contratación.—Prosperidad de Sevilla.—Creación de una Casa de la Contratación en la Coruña.—Decadencia de la de Sevilla.—Comercio de España en las Indias.—Expediciones sueltas.—Flotas y galeones.—Armada real.—El contrabando.—Los navíos de aviso.

Las primeras Ordenanzas para el establecimiento y gobierno de la Casa de la Contratación de las Indias[713], fueron aprobadas en Alcalá de Henares el 20 de enero de 1503, por ante Juan López de Lazarraga, secretario de los reyes[714]. Fundóse dicha Casa para recoger y tener en ella, todo el tiempo necesario, mercaderías, mantenimientos y otros aparejos con el objeto de proveer todas las cosas necesarias para la contratación de las Indias, y para enviar allá lo que conviniera; y para rescibir todas las mercaderías e otras cosas que de allá se enviaren a estos reinos, a fin de que allí se vendiese dello todo lo que se hobiere de vender o se enviare a vender e contratar a otras partes donde fuere necesario[715].

Según el cronista Antonio de Herrera, el Rey tuvo sus ojos fijos en la Casa de la Contratación de Sevilla, y con frecuencia dió pruebas de la estima en que la tenía. «Iban creciendo—dice—los negocios de las Indias, y pareciendo al Rey que el buen gobierno de ellos dependía de la Casa de la Contratación de Sevilla, determinó de autorizarla: y así mandó al Almirante, que de todo lo que le escribiese diera parte a los oficiales de aquella Casa, y que con ellos tuviese buena correspondencia. Y a los oficiales mandó que de todas las provisiones que diesen para las Indias tomasen la razón y que practicasen con las personas que tenían noticias de tierras descubiertas, sobre lo que convenía proveer para saber el secreto de ellas»[716]. Añade Herrera que el Rey encargó que se guardase su jurisdicción a los oficiales de la Casa de la Contratación, esto es, que ninguna persona, ni justicia, se pueda entrometer en cosa que a los negocios de las Indias corresponda. El poderoso Tribunal de la Casa de la Contratación constaba de un presidente, un contador, un tesorero, un factor, tres jueces letrados, un fiscal, un relator, etc. Los oficiales tesorero y factor llevarían lo que entonces se llamaba el cargo y data, y hoy se denomina contabilidad. Se valieron de toda clase de medios para que nunca pudiera haber fraude ni engaño. Encargóse a dichos oficiales tesorero y factor exacta y completa información de las mercaderías que pudieran ser provechosas, recomendándoles también cuidado y habilidad para no ser engañados en las cosas que se pidiesen fiadas o debieran comprarse a plazos. Debían buscar capitanes y escribanos que fuesen personas de confianza; concertarían los fletes; darían por escrito las instrucciones para la navegación; se enterarían de todas las cosas de allá; llevarían cuenta y la darían de todo el oro que se importase, cuidando que se acuñara dicho oro en la Casa de la Moneda de Sevilla; pedirían noticias de todo lo que se necesitara en la Mar pequeña o Cabo de Aguer, y en las islas Canarias; tomarían nota de lo que debería hacerse, lo mismo en la tierra que descubrió Bastida que en las islas donde se hallaban las perlas y en las tierras que descubriese Colón, averiguando las mercaderías existentes en ellas. Por último, declararon los reyes que las mercaderías que se sacasen o se trajesen a dicha Casa serían francas de almojarifazgo y de todos los otros derechos, así de entrada como de salida, y por una vez del impuesto de alcabala[717].

La Casa de la Contratación se estableció en el Alcazar viejo, que antiguamente llamaban el cuarto de los almirantes—según Real cédula de 5 de junio de 1503—y no en las Atarazanas. La declaración de puerto franco por un lado, y las importantes operaciones que se le confiaron, por otro, hicieron de Sevilla el centro del comercio de España, así como de su Casa de la Contratación, establecimiento de compras, ventas, depósitos, almacenes de abastecimiento y contratación, que le permitía concertar con Juan de la Cosa, entre otros, su expedición al Urubá, para ir a descubrir las tierras e islas de las perlas, no visitadas aún por Colón ni por el rey de Portugal[718].

No pasó mucho tiempo sin que los mismos oficiales, que eran a la sazón Matienzo, Pinelo y Juan López de Recalde expusiesen a la reina doña Juana que la experiencia aconsejaba, no sólo conservar sino aumentar el trato con las Indias, siendo indispensable tomar alguna medida acerca de los cambios, pues sin ellos los maestres de los navíos no podrían realizar sus viajes. Doña Juana, después de afirmar que la malicia en los hombres no cesaba, dispuso que los que pidiesen dinero a cambio, debían probar antes la propiedad de la nave o la autorización para obligarla, bajo la pena de perder el buque y 100 ducados de oro aplicables al fisco[719].

Si hasta entonces la Casa de la Contratación sólo se ocupó en asuntos comerciales de carácter práctico, pronto se convirtió en un centro científico para promover los progresos de la marina y de la navegación. Fernando el Católico llamó a la corte a Juan Díaz de Solís, Vicente Yáñez Pinzón, Juan de la Cosa y Américo Vespucio, y, después de oirles, mandó que los tres primeros, como hombres prácticos, se embarcasen para descubrir hacia el Sur por la costa del Brasil adelante, nombrando al cuarto piloto mayor de la Casa de la Contratación con 50.000 maravedís de salario[720].

El dicho piloto mayor tuvo, entre otros cargos, el de examinador de todos los pilotos de la carrera de las Indias y el de censor del catedrático de Cosmografía y del cosmógrafo encargado de fabricar los instrumentos náuticos. Las oposiciones se hacían en la Casa de la Contratación, adquiriendo por ello el citado establecimiento, concepto de centro científico.

Hallándose el Rey en Monzón, con fecha 15 de junio de 1510, dió nuevas Ordenanzas, añadiendo a las facultades de la Casa de la Contratación, otras de carácter puramente judicial, como también le concedió el derecho de intervenir las comunicaciones del Almirante, construir una casa de armas y otros asuntos de menos importancia. Como surgiesen dudas sobre ciertos casos, en virtud de reclamación de los oficiales (que eran a la sazón, además de los citados Matienzo y Recalde, el comendador Ochoa de Isasaga) se declaró en 1511, cuándo y en qué forma debían reunirse los mencionados oficiales, los cuales, además de los asuntos de hacienda y de justicia, resolverían si las mujeres, los hijos de los reconciliados y de cristianos viejos podían pasar a las Indias. Encargóles, por último, guardasen secreto y fidelidad en todas las cosas referentes a la navegación, no escribiendo particularmente al Rey ni a otras personas[721].

En el año siguiente, esto es, el 20 de marzo de 1512, la reina doña Juana, desde Burgos, determinó que los debates y diferencias que pudiera haber entre los mercaderes, comerciantes, maestres y marineros que iban a las Indias fuesen resueltos por los jueces de la Contratación, breve y sumariamente, sin forma de juicio, en cuyas prescripciones pudieran fácilmente distinguirse los primeros gérmenes de los tribunales españoles[722]. Por tanto, las atribuciones mercantiles, administrativas y de intervención, que fueron la base de la Casa de la Contratación se extendieron a lo judicial, abarcando desde entonces todos los asuntos que se relacionaban con las Indias. «A sus certificaciones debía darse toda fe y crédito, y el 17 de octubre de 1511, estando en las gradas de la iglesia de Nuestra Señora de Sevilla, junto a la pila de hierro, los oficiales de la casa pregonaron, por voz de Francisco Ramos, para que cada día se ennoblecieran más las dichas Indias, que pudieran llevarse libremente mantenimientos y mercaderías a las islas Española y San Juan, que entonces se poblaba, llevando las armas que quisieren, quitando la imposición del castellano que pagaban anualmente por cada cabeza de indio que se les daba por repartimiento, y sirviéndose libremente de los que cogiesen en otras partes, sistema vergonzoso de cautividad que contribuyó con las encomiendas y los rigores de los encomenderos a crear antagonismos profundos entre dos razas que estaban destinadas a fundirse y a ser hermanas, como pregonaban las misiones y enseñaba el Evangelio»[723]. Tantas atribuciones llegó a tener la Casa de la Contratación, que, habiendo tenido noticia de que los corsarios amenazaban las costas de Cuba, pudo, con sólo sus esfuerzos, fletar dos carabelas para guardar dichas costas[724]. Fijándose el monarca, ya en las continuas piraterías, ya en el olvido que se tenía la revisión de las cartas de marear y otras cosas propias de la marinería, dirigió (1515) severas censuras a los oficiales de dicha Casa de la Contratación.

«Sevilla—decía Moneada—es el puerto principal de España: allí van todas las mercaderías principales de Flandes, Francia, Inglaterra e Italia... Sevilla es la capital de todos los comerciantes del mundo. Poco ha la Andalucía estaba situada en las extremidades de la tierra; pero con el descubrimiento de las Indias ha llegado a estar en el centro.»

Sevilla, a causa de la Casa de la Contratación, era el foco del movimiento mercantil de España y el emporio del comercio. Abastecida la nación, lo restante se mandaba a las Indias. En las Cortes reunidas en Santiago y la Coruña (1520), los procuradores suplicaron a Carlos I que los oficiales de la Casa de la Contratación fuesen naturales de estos reinos y no se mudasen de Sevilla en ningún tiempo: contestó Carlos I «que ni había innovado ni entendía innovar en ello cosa alguna.»[726].

A los dos años escasos, se presentó al Emperador una solicitud, y en ella se enumeraban las ventajas que resultarían de establecer en la Coruña una Casa de la Contratación para el comercio de las especias. Decíase que la cantidad mayor de especiería se gastaba en Flandes y muy poca en Levante. Al mismo tiempo hacíanse notar los inconvenientes que ofrecía el río de Sevilla y su barra, señalándose las ventajas que presentaba la Coruña para el embarque y desembarco de las naves que hacían la carrera de las Indias[727]. Tales razones influyeron en el ánimo de Carlos V, que en 22 de diciembre de 1522 concedió lo que le pedía la Coruña; concesión—como puede suponerse—muy perjudicial para la Casa de la Contratación de Sevilla.

Sin embargo, la organización y atribuciones de la de Sevilla formó parte de la famosa Recopilación de las leyes de Indias y servían de base al libro de D. Joseph de Veitia y Linage, intitulado: Norte de la contratación de las Indias Occidentales.

Por Real Cédula de 1529 se permitió la salida de naves registradas de los puertos de la Coruña, Bayona de Galicia, Avilés, Laredo, Bilbao, San Sebastián, Málaga y Cartagena, a condición de que la vuelta se hiciese hacia Sevilla, bajo la pena de la vida y perdimiento de bienes; condición tan onerosa y dura, que el comercio no hizo uso de ella[728]. Tiempo adelante (1550) se suscitó acalorada polémica entre gaditanos y sevillanos acerca de cuál de los dos puertos tenía más ventajas como punto de partida para la carrera de las Indias. Diez años después, esto es, en 1560, los comerciantes prefirieron el puerto de Cádiz, ora para evitar los peligros de la barra de Sanlúcar, ora porque el fondeadero era mejor para los bajeles de más porte. Aunque era conveniente que los tribunales de Contratación y del Consulado se mudasen a la plaza donde acudían los comerciantes, todavía tardó el gobierno más de siglo y medio para decretarlo, pues hasta el 1717 no acabó la prosperidad de Sevilla[729].

«Fué, pues, la Casa de la Contratación—escribe Danvila—un poderoso auxiliar del poder central, con una organización sencilla, honrada e inteligente, y con bien pocas leyes; pero con mucho deseo contribuyó al fomento de los nuevos intereses que España iba creando en las apartadas regiones de las Indias»[730]. «No comprendemos—dice D. Mario Méndez Bejarano en su Historia Literaria—que se pueda historiar la cultura española, sin hablar, antes que de nuestras inútiles Universidades, de aquella singular institución creada por Cédula de 14 de enero de 1503, y que con el impropio nombre de Casa de la Contratación[731], participaba de Tribunal, de Escuela, de Centro Mercantil y de Ministerio de Indias.

«El docto personal de la Casa organizaba y dirigía expediciones, hizo los primeros mapas del nuevo continente[732], mapamundis, el islario general del mundo, el célebre Libro de las longitudes, realizó importantes trabajos para determinar los límites entre los dominios de España y de Portugal en América, inventó las cartas esféricas, y al calor de tan vitales enseñanzas, Andrés de Morales estudió las corrientes del Atlántico, siendo, como dice el Sr. Fernández Duro, el fundador de la teoría de las corrientes pelásgicas, y Felipe Guillén inventó el primer aparato destinado a medir las variaciones de la aguja imantada (Humboldt)».

«La enseñanza se daba por pilotos mayores y catedráticos de Cosmografía, y los exámenes se verificaban con extraordinaria solemnidad.»[733].

Si en los primeros años del descubrimiento no hallaron los españoles el Vellocino de oro que esperaban, andando el tiempo, encontraron metales preciosos, esmeraldas y perlas, abundante ganado en aquellas vírgenes praderas, grandes cantidades de trigo, cebada, centeno, arroz y maíz, como igualmente moreras y toda clase de árboles frutales, en aquellos extensos campos y en aquellas ricas huertas. Gran desarrollo alcanzaron las industrias fabriles y mecánicas, no llegando á mayor prosperidad por las trabas que les puso la metrópoli, creyendo favorecer con ello mezquinos intereses españoles. Todavía la torpeza fué más grande cuando se dispuso—y de ello nos hemos ocupado al tratar de la Casa de la Contratación—que los españoles, para comerciar con las Indias, habían de sujetarse a la inspección en el puerto de Sevilla, lo mismo a la ida que a la vuelta. Si a la Coruña y a otros puertos se les habilitó para comerciar con las Indias (1529), luego se derogó dicha disposición (1591), volviendo a quedar las cosas en su primitivo estado.

Tampoco estuvieron acertados nuestros monarcas al prohibir a los extranjeros el comercio con las colonias españolas. Permitióse únicamente a los extranjeros residentes en España, a condición de servirse de agentes españoles, lo cual trajo consigo que poco a poco el comercio de otras naciones penetrase en nuestras colonias. Ocurría que fabricantes de allende los Pirineos remitían sus productos a España, donde sus compatriotas, por mediación de agentes españoles, los exportaban a las Indias. Es de notar que gran número de productos, como tabaco, pólvora, azogue, etc., estuvieron estancados o fueron monopolizados por el Estado, prohibiéndose su venta por los particulares.

Si en los primeros años del siglo xvi se hacía el comercio colonial en expediciones sueltas que mandaba comerciante o armador, luego, a causa de los muchos contrabandistas y corsarios que recorrían los mares, se formaron flotas o conjunto de embarcaciones comerciales destinadas a conducir efectos de España a las Indias y desde las Indias a España. Dos expediciones salían anualmente de Cádiz, una para Tierra Firme (la flota) y otra para Nueva España (galeones). A veces la Armada Real hacía escolta a las citadas expediciones y castigaba a los enemigos o piratas que intentaban robar las mercancías. Tanto la flota que iba a Tierra Firme como la que se dirigía a Nueva España, derrotaban a Santo Domingo y luego a otras partes; pero el punto principal de parada era Porto Bello, emporio del comercio sud-americano entonces.

La prohibición a los extranjeros de comerciar con nuestras colonias, trajo consigo, además de otras causas, el contrabando. Ingleses, holandeses, franceses y otros, introducían géneros en los puertos del Nuevo Mundo, burlando las disposiciones de las leyes. Los comerciantes americanos, contando con la complicidad de las autoridades, recibían los citados géneros, obteniendo pingües ganancias. De modo que con el contrabando ganaban vendedores y compradores, extranjeros y americanos. Desde mediados del siglo xvii aumentó el contrabando de una manera alarmante. Hasta los concesionarios de los galeones y las flotas, protegidos por venales gobernadores, no tenían reparo alguno en dedicarse al contrabando. Favoreció mucho a tales gentes que las pequeñas Antillas fuesen colonias de ingleses, franceses, etc., porque dichas posesiones extranjeras constituyeron centros donde los contrabandistas podían a sus anchas ejercer su lucrativa ocupación.

Además de las flotas y galeones, se autorizó a los navíos de aviso (así llamados porque tenían encargo de avisar a los virreyes de México y el Perú la feliz arribada a Sevilla de la flota y galeones), para cargar mercancías, eludiendo de este modo legales disposiciones. También se eludían, enviando desde las islas Canarias o de otros puntos «expediciones sueltas que desembarcaban sus cargamentos en Indias, ya ocultamente, ya pretextando arribadas forzosas por averías o falta de víveres»[734].

CAPITULO XXXIII

Leyes de Indias.—Las «Nuevas Leyes».—Las Nuevas Leyes en las Indias.—Primera Recopilación.—Reimpresión de la Recopilación.—Análisis de los nueve libros.—Otras leyes.—Deseos de asimilar las provincias ultramarinas a la península.—Real y Supremo Consejo de Indias: su historia.—Luchas religiosas en las Indias: los Padres Las Casas y Motolinía.—Los frailes protectores de los indios.—Los jesuítas en el Paraguay.—El Patronato Eclesiástico.—La Inquisición.

La conducta de muchos caudillos castellanos con los indígenas, obligaron a que algunos sacerdotes y seglares pidiesen al Rey pronto y eficaz remedio. Teólogos, jurisconsultos y políticos se pusieron al lado de los indios. A cortar de raíz los abusos se preparó Carlos V cuando en 1541 volvió de Alemania a sus dominios españoles. Entre todos los que denunciaron al Emperador las tropelías cometidas por los colonos se distinguieron Loaysa, confesor del monarca y ex general de los dominicos, y el P. Las Casas. En el año 1542 se reunió una Junta en la ciudad de Valladolid, compuesta principalmente de eminentes jurisconsultos y sabios teólogos, con el objeto de formar un código de Nuevas Leyes para el arreglo de las colonias. Las Casas se presentó a la Junta y si sus argumentos hallaron ruda oposición en muchos, prevalecieron al fin, redactándose un código «que lejos de limitarse a satisfacer las necesidades de la población india, hacía también particular referencia a la población europea y a los trastornos que habían alterado el país, y era aplicable generalmente a todas las colonias de América»[735]. Recibió el código la sanción del Emperador en el mismo año[736] y fué publicado en Madrid (noviembre de 1543).

Comenzaban las Nuevas Leyes y Ordenanzas de Indias con ciertas disposiciones reglamentarias para el mejor gobierno y régimen del Consejo de Indias.

Creaban una Audiencia y un virreinato en los reinos del Perú, y otra Audiencia, que se denominó de los Confines, la cual tendría á su cargo los asuntos de las provincias de Guatemala y Nicaragua. Tratábase también de la Audiencia de Santo Domingo. Ocupábanse las Nuevas Leyes del régimen interior y de las atribuciones de las citadas Audiencias[737].

Por lo que respecta al buen tratamiento y libertad de los indios, disponían:

Que los gobernadores, y en general todos los castellanos tratasen bien a los indios, remediasen los daños que se les hubieran hecho y procuraran que los pleitos entre los indios o con ellos se terminasen lo antes posible.

Que por ningún motivo se redujese a la esclavitud ningún indio.

Que los indios reducidos a la esclavitud contra las provisiones reales fuesen puestos en libertad, oidas las partes breve y sumariamente.

Que no se obligara a los indios a llevar carga excesiva, de modo que pudiese peligrar su vida y salud. Tampoco se les podía obligar a llevar carga contra su voluntad y siempre mediante la correspondiente remuneración.

Que, contra su voluntad, no se hiciera a los indios que pescasen perlas «porque estimamos—decían las Ordenanzas—en mucho más, como es razón, la conservación de sus vidas, que el interés que nos puede venir de las perlas.»

Que los virreyes, gobernadores, prelados, hospitales y todas las personas favorecidas con oficios, no tuviesen indios encomendados.

Que las personas que poseían indios, sin título para ello, ó teniéndolo, se les había dado muchos, se ordenaba: a los primeros, que les dieran libertad, y a los segundos, que se quedasen con un número determinado.

Que las Audiencias averiguasen si los encomenderos trataban bien a sus indios, pues si les daban malos tratos, se les privaría de ellos y se incorporarían a la corona real.

Que en lo sucesivo ningún virrey, gobernador, Audiencia, ni otra persona cualquiera, pudiese dar a los indios encomienda, ya por vía de venta, ya por donación, ora por herencia, ora por otro título. Aun en el caso de que muriese la persona que tenía indios encomendados, deberían las Audiencias adquirir ciertos datos si se quería que los herederos del muerto obtuviesen determinadas gracias del Rey.

Que las Audiencias desplegasen el mayor celo y cuidado en favor de los indios que hubieran recobrado la libertad en virtud de las disposiciones anteriores.

Las citadas leyes y otras del mismo carácter, transformaron completamente el estado actual de los indios. Prescott llegó a decir que ellas, «tocando a las más delicadas relaciones de la sociedad, destruían los fundamentos de la propiedad y de una plumada convertían en libre una nación de esclavos»[738]. Benalcázar, por el contrario, escribió a Carlos V (20 diciembre 1544), diciéndole que despojando a los dueños de sus esclavos se reducía inevitablemente el país a la miseria[739].

Pocos días después de la publicación de las Nuevas Leyes, el Padre Las Casas publicó un folleto intitulado Brevísima relación de la destrucción de las Indias Occidentales, en el cual—como escribe Milla—trazaba un cuadro que sería verdaderamente aterrador, si su misma exageración no hiciera desconfiar de la veracidad de muchos de los hechos referidos[740].

En muchas poblaciones de las Indias juntáronse los hombres en las plazas y calles, y al oir la lectura de los artículos del Código, prorrumpían en gritos y silbidos. «¿Es éste—decían—el fruto de todos nuestros trabajos? ¿Para esto hemos derramado nuestra sangre? ¡Ahora que estamos inútiles a causa de tantas fatigas, nos dejan al fin de la campaña tan pobres como estábamos al principio! ¿Es este el modo que tiene el gobierno de recompensarnos por haberle conquistado un imperio? Lo que tenemos, lo hemos ganado con nuestras espadas, y con las mismas sabremos defenderlo.» La ira de los colonos no reconoció límites.

Sea de ello lo que quiera, y prescindiendo de que las quejas de los colonos fuesen más o menos justas, lo cierto es que será memorable siempre el año 1542, pues en él logró Fray Bartolomé proclamar ante el trono la fórmula de su fe religiosa y política. Hubo de probar «no deberse dar los indios a los españoles en encomienda, ni en feudo, ni en vasallaje, ni de otra manera alguna.» Sin embargo, algunos escritores censuran al Padre Las Casas por la publicación de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias Occidentales, hasta el punto que Quintana escribe: «El error más grande que cometió Casas en su carrera política y literaria, es la composición y publicación de ese tratado»[741]. Es cierto que, tanto la obra citada, como las Nuevas Leyes, venían a proteger decididamente a los indios, vejados por los colonos, siendo, por tanto, perjudiciales a los últimos.

También tuvo amigos y protectores el Padre Las Casas. En el año 1543 fué elevado al obispado de Cuzco, que renunció luego, siendo nombrado del de Chiapa, y del cual hubo de ser consagrado en Sevilla el domingo de Pascua de 1544: el 10 de julio del mismo año salió de Sanlúcar con sus misioneros, llegando el 9 de septiembre al Nuevo Mundo.

Allí, lo mismo que en la metrópoli, se odiaba al Padre Las Casas. El Padre Motolinía le hubo de imputar que había ido a España a negociar el obispado; pero la verdad es que él insistió una y cien veces para que le librasen de carga tan pesada. Tal vez el que en ello tuvo más empeño fuera el mismo monarca, creyendo recompensar con ello los merecimientos del agraciado. Inmediatamente que llegó a Santo Domingo, declaráronle guerra a muerte sus enemigos, especialmente los oidores de la Audiencia, que resistieron obedecer las provisiones que llevaba el nuevo obispo acerca de dar libertad a todos los que a la sazón eran esclavos en los términos de su jurisdicción. Por su cuenta fletó un buque y se embarcó con sus frailes el 14 de diciembre del año 1544, con dirección a Yucatán, después a Tabasco y, por último, a Chiapa. El 1.º de febrero de 1545 llegó a Ciudad Real, y si en los primeros días le obsequiaron a porfía los principales vecinos, con la esperanza de ganar su voluntad, cuando se convencieron que el obispo exigía inflexible el cumplimiento de las Nuevas Leyes, la adhesión se convirtió en odio. Al paso que los indios acudían en tropel a recibir y vitorear al prelado, los españoles se declararon sus enemigos, encontrando también la resistencia de las autoridades, que lejos de hacer cumplir las leyes, favorecían a los rebeldes.

Colonos y autoridades le llamaban soberbio. Unos y otras le acusaban de que con su intransigencia y orgullo perturbaba el orden y la tranquilidad en aquellos países. La oposición, lejos de disminuir, arreciaba de día en día. Los más sensatos, aunque consideraban la nueva legislación de humanitaria, la tildaban también de peligrosa, ya porque quitaba de raíz antiguos abusos, ya porque no respetaba los bienes mal adquiridos. No era bastante la persuasiva elocuencia, ni la valerosa entereza del Padre Las Casas para atraer al buen camino a aquellos hombres egoístas. «Sus enemigos—escribe Coroleu—le llamaban el Antecristo, cantaban coplas injuriosas al pie de sus ventanas y trataban por mil medios de intimidarle»[742]. Cuando el obispo de Chiapa se convenció que no podía contar con el apoyo y auxilio de las autoridades civiles, apeló al poder de la conciencia. Privó a todos los confesores de sus licencias, dejándolas únicamente al deán y a un canónigo; y eso «dándole un memorial de casos, cuya absolución reservaba para sí.» No tuvo ya límites la oposición al prelado, señalándose en primer término el deán, quien, si retenía la absolución en los casos reservados y los mandaba al obispo, lo hacía entregando al penitente una cédula con el siguiente escrito: «El portador desta tiene alguno de los casos reservados por V. S., aunque yo no los hallo reservados en el derecho ni en autor alguno»[743]. Los vecinos principales, con el clero a la cabeza, se presentaron a fray Bartolomé para que mitigara su rigor, y como no hiciese caso de ruegos y súplicas, «lo requirieron por ante escribano y testigos diese licencia a los confesores para que los absolviesen, protestando, si no lo quería hacer, de quejarse y querellarse dél al arzobispo de México, al Papa, al Rey y al Consejo, como de hombre alborotador de la tierra, inquietador de los cristianos y su enemigo, y favorecedor y amparador de unos perros indios»[744]. El deán, sin respeto alguno al prelado, comenzó a absolver a los que tenían indios esclavos, a los que los compraban y vendían. Cuando se convenció fray Bartolomé que nada conseguía con sus ruegos del irascible deán, mandó prenderlo; pero la multitud se puso al lado del desobediente canónigo, el cual pudo huir y refugiarse en Guatemala, bien que el prelado le privó de sus licencias y le excomulgó. A tal extremo llegó el odio hacia fray Bartolomé, que se escribieron coplas desvergonzadas y satíricas contra el obispo, «que se hacían aprender de memoria a los niños para que se las dijesen pasando por su calle.» Cada vez más firme el obispo en su conducta y cada vez más decididos sus enemigos, las cosas llegaron al último extremo. Los vecinos suspendieron las limosnas, único recurso de subsistencia de los religiosos; pero fray Bartolomé mandó limosneros a los pueblos inmediatos. Nada consiguió, porque los alcaldes arrebataron la limosna, y para que no se dijese que se aprovechaban de ella «quebraron los huevos, echaron el pan a los perros y la fruta a los puercos...»[745]. El obispo, que no podía vivir sino luchando, se dirigió a la Audiencia llamada de los Confines para exigir el cumplimiento de las Nuevas Leyes. Residía la Audiencia en la ciudad de Gracias a Dios, y allí debían reunirse los obispos de Guatemala y Nicaragua. Iba a comenzar la lucha entre fray Bartolomé de Las Casas y fray Toribio Motolinía. Como Las Casas opinaba la Orden de Santo Domingo en América, y como Motolinía los franciscanos. Marroquín, obispo de Guatemala, y la Audiencia de Gracias a Dios se declararon enemigos de fray Bartolomé y protectores de fray Toribio. A últimos de 1545 se hallaban en Gracias a Dios los prelados de Guatemala, Nicaragua y Chiapa, con el motivo de consagrar un obispo. Terminado el asunto de la consagración, los prelados, en especial el de Chiapa, pidieron a la Audiencia que aliviase la miserable condición de los indios. Dióse el caso—como ya se dijo en el capítulo XVIII de este tomo—que habiendo entrado en la sala de acuerdos el venerable prelado, el presidente y oidores desde los estrados daban gritos y decían: Echad de ahí ese loco. Y como pidiere que desagraviasen su Iglesia y sacasen sus ovejas de la tiranía en que estaban, el presidente le respondió: «Sois un bellaco, mal hombre, mal fraile, mal obispo, desvergonzado, y merecíais ser castigado.» A tales insultos sólo dijo: «Yo lo merezco muy bien todo eso que V. S. dice, señor Licenciado Alonso Maldonado.» El Padre Las Casas había recomendado a Alonso Maldonado para que fuese nombrado presidente de la mencionada Audiencia.

Continuando la historia de nuestro Derecho en las Indias, no puede negarse que a últimos del siglo xviii sufrieron reforma de gran trascendencia las leyes mercantiles. Si hasta entonces las naciones de Europa creían lo más conveniente hacer el comercio exclusivo en sus colonias, a fines del citado siglo nacieron y comenzaron a tener fuerza las ideas del libre comercio. Por el decreto de 22 de noviembre de 1792 se concedió exención de todo derecho por diez años al algodón, café y añil que se cosechaba en la isla de Cuba, permitiendo que se exportaran durante este plazo a cualquiera puerto de Europa, y pudiéndose completar el cargamento, en caso necesario, con aguardiente de caña. Por la interesante Real Cédula de 4 de abril de 1794 se creó en la Habana el Consulado de agricultura y comercio, como también la Junta económica y de gobierno, dando además a dicha isla las Ordenanzas de Bilbao, todo lo cual llevó a Cuba verdadero germen de prosperidad, que produjo extraordinario desarrollo de los intereses mercantiles.

La completa Recopilación de las Leyes de Indias, impresa en cuatro tomos, se mandó hacer por Carlos II. Dichas leyes fueron publicadas por los reyes anteriores, comenzando por los Católicos Don Fernando y Doña Isabel. Por la ley de 18 de mayo de 1680 se mandó guardar y cumplir dicha Recopilación, que debió comenzarse a imprimir el 1681: la Real Cédula tiene la fecha de 1.º de noviembre del mencionado año, como puede verse a continuación.

El Rey.

Por quanto habiendo sido informado de la grande falta que hacía para el gobierno de mis Reynos y Señoríos de las Indias Occidentales, Islas y Tierrafirme del Mar Océano la Recopilación de leyes, que por mandado de los Señores Reyes mis gloriosos progenitores se había comenzado y continuado hasta este tiempo, en que por la gracia de Dios se ha acabado: y habiéndoseme consultado y suplicado por el Consejo de Indias les diese la autoridad, fuerza y virtud, quanta necesitan las Leyes para ser publicadas, cumplidas y executadas como conviene: Y porque asimismo es conveniente que toda esta materia corra y tenga la última perfección por el Tribunal que le dió principio; por la presente, ordeno y doy licencia y facultad para que por cuenta y disposición de mi Consejo de las Indias qualquier impresor de estos Reynos pueda imprimir el Libro de la dicha Recopilación de Leyes, incorporando en él las Cédulas, Provisiones, Acuerdos y Despachos que convengan y sean necesarios para el gobierno y administración de justicia, guerra y hacienda, y todas las demás materias que tocan y son de la jurisdicción y cuidado del dicho Consejo de Indias y convenientes para el despacho de los negocios. Y mando que ningún impresor, ni otra qualquier persona pueda imprimir ni vender la dicha Recopilación sin particular licencia de los del dicho mi Consejo, al qual se la doy y concedo para que sin limitación de tiempo pueda hacer las impresiones que le pareciere y tuviere por necesarias, y tenga a su cuidado el avío, distribución y recaudación de los Libros que se repartieren y beneficiaren en estos Reynos y los de las Indias: y el Impresor ó personas que sin dicha licencia imprimiesen ó vendieren la dicha Recopilación, caygan é incurran en pena de quinientos ducados, y los Libros perdidos por la primera vez: y por la segunda, las mismas penas y destierro de estos Reynos, y de las Indias, donde se contraviniere á lo ordenado y mandado por esta mi Cédula. Fecha en San Lorenzo á primero de Noviembre de mil y seiscientos y ochenta y un años.

Yo el Rey.

Por mandado del Rey nuestro Señor. Don Francisco Fernández de Madrigal.

Durante el reinado de Carlos IV se hizo la impresión (la cuarta) de las Leyes de Indias, en tres tomos, año 1791. Por Real decreto de 16 de Enero de 1840, Isabel II autorizó á don Ignacio Boix para que reimprimiese la Recopilación, quien así lo hizo en 1841, añadiendo al final un índice cronológico de un gran número de Reales cédulas, órdenes y decretos referentes a las Indias, expedidos desde el año 1588 al 1819, que amplían, explican y reforman las leyes de la Recopilación. También por Real decreto de 8 de Abril de 1889, el Rey, y en su nombre la Reina Regente del Reino, autorizó a D. Mariano Ramiro y Agudo para que publicase la legislación ultramarina, el cual comenzó su trabajo en el citado año, terminándose la obra en el año siguiente, o sea en el 1890. El 13, último de los tomos, contiene el Libro noveno de las Leyes de Indias, un Apéndice a dicho libro, un Epílogo, el Indice general alfabético de la Recopilación de las Leyes de Indias y Reales disposiciones y autos acordados más importantes posteriores a las mencionadas leyes.

La Recopilación de Leyes de las Indias se halla dividida en nueve libros, y los libros en títulos y leyes.

El primer libro contiene 24 títulos que tratan de asuntos religiosos, como de la Santa Fe Católica, iglesias, catedrales y parroquiales, monasterios y hospicios, hospitales y cofradías, inmunidad de las iglesias y monasterios, patronato real, prelados y visitadores eclesiásticos, concilios provinciales y sinodales, bulas y breves apostólicos, jueces eclesiásticos y conservadores, dignidades y prebendados de las iglesias metropolitanas y catedrales, clérigos, curas y doctrineros, religiosos y religiosos doctrineros, diezmos, mesada eclesiástica, sepulturas, tribunales de la Inquisición, Santa Cruzada, de los questores y limosnas. También es objeto del libro primero las Universidades y estudios generales y particulares, colegios y seminarios, y los libros que se imprimen y pasan a las Indias.

El segundo libro comprende 34 títulos, que se ocupan de las leyes, provisiones, cédulas y Ordenanzas Reales, Consejo Real, y Junta de Guerra de Indias, personal, dependencias y atribuciones del Consejo, Audiencias y Cancillerías, personal de ellas, juzgado de bienes de difuntos y visitadores generales y particulares.

El tercer libro abraza 16 títulos, que se refieren al dominio y jurisdicción Real de las Indias, provisión de oficios, gratificaciones y mercedes, virreyes y presidentes gobernadores, ramo de guerra, corsarios, piratas, precedencias, ceremonias y cortesías, correos e indios chasquis.

El cuarto libro consta de 26 títulos, en los cuales se habla de los descubrimientos marítimos y terrestres, pacificaciones, poblaciones, descubridores y pacificadores y pobladores, población de las ciudades y villas y pueblos, ciudades y villas, cabildos y consejos, oficios concejiles, procuradores generales y particulares de las ciudades, venta y repartimiento de tierras y solares y aguas, propios y pósitos, alhóndigas, sisas y derramas y contribuciones, obras públicas, caminos públicos, posadas, ventas, mesones, términos, pastos, montes, aguas, arboledas y plantío de viñas, comercio, mantenimiento y frutos de las Indias, descubrimiento y labor de las minas, mineros y azogueros, alcaldes mayores y escribanos de minas, ensayo, fundición y marca del oro y plata, casas de moneda, valor del oro y plata, moneda y su comercio, pesquería, envío de perlas y piedras de estimación y obrajes.

El quinto libro, que tiene 15 títulos, se circunscribe a tratar de los términos y división y agregación de las gobernaciones, gobernadores, todo el personal de administración, competencias, pleitos y sentencias, recusaciones, apelaciones y suplicaciones, entregas y exenciones y residencias.

El libro sexto habla en sus 19 títulos de los indios y de su libertad, reducciones y pueblos de indios, cajas de censos y bienes de comunidad, tributos y tasas de los indios, protectores de indios, caciques, repartimientos y encomiendas y pensiones de indios, encomenderos, buen tratamiento de los indios, sucesión de encomiendas y entretenimientos y ayudas de costa, servicio personal, servicio en chacras y viñas, etc., servicio en coca y añir, servicio en minas, indios de Chile, de Tucumán, Paraguay y Río de la Plata, sagleyes y confirmaciones de encomiendas, pensiones, rentas y situaciones.

El séptimo libro, en sus ocho títulos, trata de los pesquisidores y jueces de comisión, juegos y jugadores, casados y desposados en España e Indias que están separados de sus mujeres y esposas, vagabundos y gitanos, mulatos, negros, berberiscos e hijos de indios, cárceles y carceleros, visitas de cárcel, delitos, penas y su aplicación.

El libro octavo tiene 30 títulos relativos a las Contadurías de Cuentas, tribunales de Hacienda, escribanos de minas, cajas reales, libros reales, administración de la Real Hacienda, tributos de indios, quintos reales, administración de minas, tesoros, alcabalas, aduanas, almojarifazgos, avaluaciones y afueros generales y particulares, descaminos y extravíos y commisos, derechos de esclavos, media annata, venta de oficios, renunciación y confirmaciones de oficios, estancos, novenos y vacantes de obispados, almonedas, salarios y entretenimientos, situaciones, libranzas, cuentas y envío de la Real Hacienda.

El noveno y último libro se refiere en sus 46 títulos a la Real Audiencia y Casa de la Contratación de Sevilla, del personal de dicha Casa de la Contratación, del personal de las flotas y armadas de la carrera de Indias, apresto y formación de dichas flotas y armadas, navíos de aviso que se despachan a las Indias y de ellas a España, navíos arribados o derrotados o perdidos, aseguradores, riesgos y seguros de la carrera de Indias, jueces oficiales de Registros de las Islas de Canaria, comercio y navegación de las Islas de Canaria, navegación y comercio de las Islas de Barlovento y provincias adyacentes, puertos, Armadas del mar del Sur, navegación y comercio de las Islas Filipinas, China, Nueva España y Perú, y, por último, consulados de Lima y México.

En el Código de Indias se hallan pocas leyes de los Reyes Católicos, pues cuando dos siglos después se publicó la Recopilación, ya se hallaban reformadas muchas de las dictadas por aquéllos. Además de las indicadas, encontramos otras de Don Fernando y Doña Isabel y de Doña Juana con su padre el Regente[746], a saber: Formando el arancel de los diezmos y primicias que mediante concesiones apostólicas pertenecían a la Corona en todas las Indias, islas y Tierra firme del Océano.=Ordenando que los tenientes del gran Canciller no llevasen derechos a los que no los debían pagar.=Disponiendo el orden que debería guardarse en el repartimiento de las presas.=Declarando que fuesen de aprovechamiento común los montes de frutas silvestres.=Mandando que nadie pudiera comprar brasil que no fuera de las Indias Occidentales. Los vecinos y moradores de las Indias podrían pescar perlas satisfaciendo el quinto; pero las muy buenas se reservarían a la Corona, satisfaciendo su importe a los pescadores.=Los escribanos públicos en las Indias y sus islas serían nombrados por el Rey.=Los pleitos con los indios o entre ellos se tramitarían y resolverían sumariamente; pero si los asuntos fuesen graves o sobre cacicazgos se substanciarían y resolverían como los demás.=Se prohibía que los indios tuviesen armas y que nadie se las vendiese.=Del oro, plata y metales que se extrajesen de las minas cobraría el Tesoro el quinto.=El Consulado de Sevilla conocería de las causas de factores que hubiesen pasado a las Indias con mercancías agenas.=Prohibiendo, por último, que nadie pudiera registrar como suyas siendo agenas, oro, plata, perlas y otras cosas; ni lo que fuere suyo otra persona.

La Recopilación compendiada de las Leyes de Indias, publicada en Madrid, año 1846, por los Doctores D. Joaquín Aguirre y D. Juan Manuel Montalbán, forma un volumen de 447 páginas.

En el Prólogo dicen los autores: «La Recopilación compendiada de las Leyes de Indias que ahora se ofrece al público, es un extracto fiel y conciso de la colección publicada en 1841. Destinada esta obra especialmente a los dominios de Ultramar, no por eso deja de ser interesante en la Península, en que se ventilan y deciden con frecuencia negocios judiciales y administrativos de aquellos países, cuya legislación, por otra parte, tanto importa conocer. El deseo, pues, de generalizar el conocimiento de unas leyes que por largo tiempo han regido las dilatadas regiones, parte integrante un día de la nación española, y que rigen actualmente los preciosos restos que nos han quedado de nuestra antigua dominación, ha sido la causa principal que se ha tenido en cuenta para emprender este trabajo.» Añaden que se han compendiado dichas Leyes sin privarlas de cosa substancial, que los tratados que ya no tienen aplicación han sido extractados mucho más ligeramente, y que se han insertado a la letra, después de sus correspondientes títulos, algunas disposiciones importantísimas recientemente publicadas.

Las notas puestas a algunas leyes por los Sres. Aguirre y Montalbán tienen verdadero interés y son de utilidad no escasa para el que quiera conocer perfectamente la famosa Recopilación.

Del Sr. Antequera son las siguientes palabras: «Basta la exposición que hemos hecho de la Recopilación de Indias, para que pueda apreciarse el mérito de este Código, digno ciertamente de la consideración con que se le ha mirado y se le sigue mirando en nuestros días, por el buen espíritu que le anima, por el acierto con que en él se dió forma a la organización política, administrativa y judicial de las Américas españolas, y por las útiles y sensatas disposiciones que contiene, encaminadas al bienestar moral y material de aquellos países; todo esto con los que hoy nos parecen defectos, atendidas las diferencias de ideas y de costumbres, y que entonces no lo eran, y con las ventajas reales y positivas que no ofrecen nuestros actuales Códigos, hijos del espíritu escéptico que domina a los que se erigen en árbitros de los destinos de los pueblos»[747].

Convienen todos, lo mismo españoles que extranjeros, que la legislación dada por España a sus colonias del Nuevo Mundo es glorioso monumento, cuyas disposiciones se hallan basadas en el más amplio espíritu de justicia. Se ha dicho que las Leyes de Indias constituían uno de nuestros mejores Códigos, añadiendo nosotros que las consideramos como el primero. Habremos cometido muchos errores y grandes torpezas en América; pero nadie podrá quitarnos la gloria de haber publicado el Código inmortal de las Leyes de Indias, llevando el espíritu progresivo de nuestro derecho allende los mares.

Si a la sazón no podemos considerar las Leyes de Indias como norma legislativa actual, no deja de tener interés su estudio con relación a su época, a su fin y a los resultados de su aplicación cuando regían en aquellos dilatados países americanos. Han desaparecido completamente, como precepto obligatorio, pues los nuevos Estados, para satisfacer sus necesidades, no han tenido ni debían tener en cuenta el espíritu de nuestra compilación. Sin embargo, «no han perdido totalmente—según D. Miguel de la Guardia—su importancia ni su utilidad para el legislador, para el juez, para el letrado y para todo el que de legislación se ocupe. Efectivamente, la obra legislativa es para todos los países un trabajo de continuada y sucesiva elaboración, en la cual nada es improvisado ni viene de repente, sin antecedentes y sin relación alguna respecto de lo anterior. Las leyes antiguas van abriendo camino a las nuevas; pero con ellas se enlazan, las aplican, las aclaran y completan, y cuando tienen en su seno la altísima sabiduría que en algunas de Indias se nota, son como la raíz científica, de donde mana savia y se nutren las que con posterioridad han sido dictadas»[748]. Añade que así como en España, no obstante haberse formulado un Código civil completo, hay necesidad de consultar y conocer, para explicarlo en muchas ocasiones, del Código de las Partidas, del mismo modo en Ultramar no dejará de ser indispensable frecuentemente el conocimiento de las Leyes de Indias, para la misma inteligencia y aplicación de las vigentes.

Como monumento histórico de nuestra legislación, sin negar que se encuentran defectos de importancia en las famosas leyes, sería grande injusticia no reconocer la sabiduría, la elevación de miras y el alto sentido legislativo en que se inspiraron sus autores.

No hemos de negar que al colonizar a América supeditamos todo interés al de la religión, como se muestra considerando que las primeras disposiciones que se dieron iban encaminadas a la propagación del catolicismo y a la organización de todo lo relativo al culto. Creíamos que estábamos predestinados por Dios a llevar la idea católica a Ultramar, a establecer allí el culto y a velar, mediante el Tribunal de la Inquisición, por la pureza del dogma. Por las citadas razones, las Leyes de Indias, cuyas disposiciones sabias y humanitarias nadie pondrá en duda, olvidaron el desarrollo de materiales intereses, pues apenas tuvieron cuidado por el fomento de la industria y de la agricultura, pusieron trabas a la libertad de navegación y de tráfico, y reglamentaron con espíritu demasiado estrecho el pase a tierras americanas de los nacionales. Al considerar el oro como capital y casi única riqueza, desconociendo de que toda mercancía se adquiere por otra, y que la moneda es una de ellas, hizo que nuestros reyes, conquistadores, comerciantes y aventureros, sólo buscasen el oro, no estimando las industrias. De modo que, bajo el punto de vista económico, las Leyes de Indias produjeron, o por lo menos, contribuyeron en gran parte a la pobreza y aun a la ruina del poderoso imperio de los Reyes Católicos.

Ilustres comentaristas han estudiado la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, hallando en ellas un tesoro de doctrina. Lo mismo por el fondo que por la forma, lo mismo por el orden y plan de exposición que por el espíritu de las leyes, la obra merece toda clase de alabanzas. No encontramos ningún Código extranjero superior al nuestro. Si censuras hemos dirigido a nuestros monarcas acerca de otro orden de cosas, si hemos creído que a veces se separaban del camino de la justicia, afirmamos que se han coronado de gloria con la redacción y publicación de las Leyes de Indias. Algo, aunque poco, tienen de malo; algo, aunque poco, tienen de incomprensible. Acerca de lo último, recordamos que llama nuestra atención que la ley I, tít. XX, lib. VIII, que versa de la venta de oficios en las Indias, se halla expedida el año 1522, por Doña Juana sola, y no en unión de su hijo D. Carlos.

Vamos a manifestar por nuestra parte el generoso, y pudiéramos decir patriarcal espíritu de nuestros reyes al dictar las nunca bastante alabadas Leyes de Indias. Los deseos de asimilar en su régimen las provincias ultramarinas al de la Península, lo manifestaron Carlos I, Felipe II y otros reyes. En las Ordenanzas de Audiencias de 1530, decía el Emperador: «Ordenamos y mandamos que en todos los casos, negocios y pleytos en que no estuviere decidido, ni declarado que se debe proveer por las leyes de esta Recopilación, o por Cédulas, Provisiones u Ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias, y las que por nuestra orden se despacharen, se guarden las leyes de nuestro Reyno de Castilla, conforme a la de Toro, assi en quanto a la substancia, resolución y decisión de los casos, negocios y pleytos, como a la forma y orden de substanciar»[749].

En el año 1541 Carlos V hubo de insistir respecto a los asuntos civiles, añadiendo también los criminales, puesto que dijo: «Mandamos a las Audiencias que en el conocimiento de los negocios y pleytos civiles y criminales guarden las leyes de estos nuestros Reynos de Castilla...»[750].

Felipe II manifestó el mismo pensamiento en la Ordenanza 14 del Consejo: Porque siendo de una Corona los Reynos de Castilla y de las Indias, las leyes y orden de gobierno de los unos y de los otros deben ser las más semejantes y conformes, que ser pueda. Los de nuestro Consejo en las leyes y establecimientos, que para aquellos Estados ordenaren, procuren reducir la forma y manera de el gobierno de ellos al estilo y orden con que son regidos y gobernados los Reynos de Castilla y de León, en quanto hubiere lugar, y permitiere la diversidad y diferencia de las tierras y naciones»[751].

Al Emperador se deben las tres disposiciones que copiamos a continuación: Eran de aprovechamiento común los montes, aguas y términos de los pueblos respectivos[752]. Las tierras sembradas, después de alzado el pan, servían de pasto común[753]. Eran también comunes los montes y pastos de las tierras que hubiesen sido dadas en señorío[754].

Ya doña Juana la Loca había manifestado iguales ideas, puesto que dió su aprobación a lo siguiente: «Nuestra voluntad es de hazer, e por la presente hazemos los montes de fruta silvestre, comunes y que cada uno la pueda coger y llevar las plantas para poner en sus heredades y estancias, y aprovecharse de ellos, como de cosa común»[755].

Prueba todo lo dicho que los españoles no se reservaron el monopolio de las riquezas americanas. Igual conducta observó Felipe II que su padre Carlos V, y su abuela doña Juana. Del fundador del Escorial, año 1559, es lo que sigue: «Es nuestra voluntad que los indios puedan libremente cortar madera de los montes para su aprovechamiento. Y mandamos que no se les imponga impedimento...»[756].

Mención especial debemos hacer de una ordenanza de Carlos I, dada en el año 1526, en la cual disponía que «todas las personas de cualquier estado, condición, preeminencia ó dignidad, tanto españoles como indios, pudiesen sacar oro, plata, azogue y otros metales, como también labrarlos libremente, sin ningún género de impedimento...»[757]. El mismo Rey, en el año 1551, ordenó que «a los indios no se les pusiera impedimento para descubrir, tener y ocupar minas de oro, plata u otros metales, conforme las ordenanzas de cada Provincia...»[758].

Felipe II mandó, en el año 1559, que se guardasen las mismas consideraciones con los indios que se guardaban con los españoles.

Mirando el bien de los indios dispuso Carlos V, en 1530, que los corregidores y justicias hiciesen que aquéllos no fueran holgazanes ni vagabundos, y que trabajasen en sus haciendas o labranzas, y oficios, en los días de trabajo...[759]. El mismo Emperador, considerando la pobreza de los indios, hubo de disponer que no pagasen derechos de ninguna clase en sus pleytos y causas, ya fuesen actores, ya reos. Las Comunidades y Caciques sólo pagarían la mitad de lo dispuesto por el arancel de los Reynos de Castilla...[760].

De Felipe II es la disposición por la cual los indios no estaban obligados a pagar dézimas en las ejecuciones, y en los demás derechos se debía proceder con mucha moderación...[761].

Del emperador Carlos V, dada el año 1521, es la orden siguiente: «El trato, rescate y conversación de los indios con españoles, los unirán en amistad y comercio voluntario, siendo a contento de las partes, con que los indios no sean inducidos, atemorizados, ni apremiados, y se proceda con buena fee, libre y general para unos y otros...»[762].

De la tolerancia y aun benignidad del gobierno español con los derechos y costumbres de los indios, son buena prueba las leyes siguientes: «Los principales y caciques de las quatro Cabeceras de Tlaxcala nos suplicaron por merced que se les guardasen sus antiguas costumbres para conservación de aquella Provincia, Ciudad y República, conforme a las Ordenanzas dadas por el gobierno de la Nueva España el año de 1545, confirmadas por provisión real. Y porque son muy justas y convenientes y hasta la fecha han estado en observancia y mediante ellas son bien gobernados, y la ciudad se halla quieta y pacífica, de nuevo las aprobamos y confirmamos, y mandamos que se cumplan, guarden y ejecuten y no se consienta que en todo su contenido se contravenga en ninguna forma»[763].

Pruébase por nuestras Leyes de Indias que fueron exageradas las acres censuras del Padre Las Casas y de Ercilla a la administración española en sus relaciones con los indígenas. Mandaron nuestros reyes «que ningún Adelantado, Gobernador, Capitán, Alcaide, ni otra persona, de qualquier estado, dignidad, oficio, o calidad que sea, en tiempo y ocasión de paz o guerra, aunque justa y mandada hacer por Nos, o por quien nuestro poder hubiere, sea ossado de cautivar indios naturales de nuestras Indias, Islas y Tierra Firme del mar Oceano... Si alguno fuese hallado, que cautivó o tiene por esclavo algún indio, incurra en perdimiento de todos sus bienes, aplicados a nuestra Cámara y Fisco, y el indio o indios sean luego bueltos y restituídos a sus propias tierras y naturalezas, con entera y natural libertad, a costa de los que assi los cautivaren o tuvieren por esclavos. Y ordenamos a nuestras Justicias que tengan especial cuidado de lo inquirir y castigar con todo rigor, según esta ley, pena de privación de sus oficios, y cien mil maravedís para nuestra Cámara al que lo contrario hiziere y negligente fuere en su cumplimiento»[764].

Ordenaron también que fuesen castigados «severa y exemplarmente» los encomenderos que vendiesen sus indios, pues llegaron á disponer que el indígena recobrase su libertad natural y el encomendero quedase privado de la encomienda y de poder conseguir otra[765]. Como los portugueses de la villa de San Pablo (Brasil), que dista diez jornadas de las últimas Reducciones de indios de la provincia del Paraguay, entrasen y cautivaran indígenas para después venderlos en el mencionado Brasil, nuestros reyes ordenaron a sus gobernadores del Río de la Plata y del Paraguay, que procurasen aprehender y castigar a los delinquentes[766]. Mostraron su buena fe y espíritu generoso nuestros monarcas ordenando que los indios fuesen reducidos «con mucha templanza y moderación» a poblaciones[767], añadiendo que a los indios reducidos no se quiten las tierras y granjerías que tuvieren en los sitios que dejaren[768]. Recomendaron que a los indios que trabajaban en las minas se les impusiera justo tributo, «y este se cobre con toda suavidad»[769]. Como regla general, a los caciques y a sus hijos mayores se les eximió de pagar tributo[770]. Tanto interés mostraron nuestros reyes por los indios que, informados de su pobreza con motivo de terrible peste, mandaron a los visitadores y comisarios que sólo exigiesen «lo que buenamente pueden pagar de tributo y servicio, sin gravámen...»[771]. Sabedores de ciertos abusos de los encomenderos de la Nueva España, mandaron «que nuestras Audiencias pongan el remedio que más convenga, y hagan de forma que los indios no sean agraviados y gozen de sus haciendas libremente, sin estorvo en sus granjerías y aprovechamientos, como personas libres y vasallos nuestros»[772]. En su deseo siempre cada vez mayor de proteger por todos los medios posibles a los indígenas, acordaron restablecer el nombramiento de Protectores y Defensores de los indios[773]. La experiencia había demostrado la conveniencia y aun necesidad de dichos Protectores y Defensores. «Algunos naturales de las Indias eran en tiempo de su infidelidad caciques y señores de pueblos, y porque después de su conversión es justo que conserven sus derechos y el haber venido a nuestra obediencia no los haga de peor condición, mandamos que si estos caciques o sus descendientes pretendieran suceder en aquel género de señorío, se les conceda y haga justicia»[774].

El propósito de igualar a españoles e indios se manifiesta también en la ley que copiamos: «Es nuestra voluntad que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quisieren, así con indios como con naturales de estos nuestros reinos o españoles nacidos en las Indias, y que en esto no se les ponga impedimento, mandamos que ninguna orden nuestra que se hubiere dado, o por Nos fuere dada, pueda impedir ni impida el matrimonio entre indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisieren»[775].

Era libre para los naturales del país la pesca de las perlas[776]. Entre los encomenderos y los indios, nuestros monarcas se pusieron al lado de los últimos, exigiendo a aquéllos «juramento judicial ante el gobernador, y con fe de escribano de que tratarán bien a sus indios y conforme a lo que está dispuesto y ordenado»[777].

Muchas son las leyes dadas por nuestros monarcas mandando que los virreyes y Audiencias se informen si son mal tratados los indios, y en caso afirmativo ordenan que se castigue a los culpados. No teniendo Felipe II confianza en las citadas autoridades, hubo de encargar a los arzobispos y obispos «que en todas las ocasiones de flotas y armadas nos envíen relación muy particular del tratamiento que se hace a los indios en sus distritos, si van en aumento o disminución, si reciben molestias o vejaciones, y en qué cosas, si les falta doctrina, y adónde, si gozan de libertad o son oprimidos, si tienen protectores y qué personas lo son, si los ayudan y defienden, haziendo bien y diligentemente sus oficios o con descuido y negligencia, si reciben algo de los indios, qué instrucciones tienen, cómo las guardan, lo que convendrá proveer para su mejor enseñanza y conservación, y lo que más les ocurriese acerca de esto, dirigido a nuestro fiscal del Consejo de Indias, a cuyo cargo está su protección, para que pida lo que toca a su obligación, y Nos proveamos lo conveniente al descargo de nuestra conciencia y cargo de los que fueren omissos»[778].

¿Qué más? El mismo Rey dispuso que los delitos contra indios sean castigados con mayor rigor que contra españoles[779]. Tan previsoras fueron nuestras leyes de Indias que ellas dispusieron que a los indígenas no se les podía obligar a llevar a cuestas carga alguna hasta que tuvieren diez y ocho años cumplidos[780]; disponiendo, además, que la carga de los indios no había de pasar de dos arrobas[781]. La ley última del libro VI no deja de tener cierta curiosidad. Según ella, «ninguna india que tenga su hijo vivo pueda salir a criar hijo de español, especialmente de su encomendero, pena de perdimiento de la encomienda y 500 pesos, en que condenamos al juez que lo mandare, y permitimos que habiéndosele muerto a la india su criatura pueda criar la del español»[782].

En el año 1568 Felipe II ordenó que los virreyes, presidentes y gobernadores no consintiesen que los vagabundos españoles viviesen entre los indios...[783], disponiendo también que se les obligase a trabajar; a los incorregibles e inobedientes se les desterraría a Chile, a Filipinas o a otras partes[784]. Del mismo modo a los gitanos, sus mujeres, hijos y criados se les echaría de las Indias[785]. Las Justicias de las Indias procederían contra las mestizas adúlteras, del mismo modo que las leyes de Castilla disponían contra las mujeres españolas[786]. Aun para la cobranza de los tributos, asunto que tanto importaba a la Real Hacienda, Felipe II, en el año 1581, hubo de disponer que se cobrasen con el menor daño de los indios[787].

Terminaremos esta reseña de las Leyes de Indias, recordando, si de los Consulados de México y Lima se trata, que la sabia Recopilación dispone que se guarden las leyes y ordenanzas de los Consulados de Burgos y Sevilla[788].

Después de la edición de las Leyes de Indias, se han publicado dos obras de reconocido mérito, por D. José María Zamora y Coronado y por D. Joaquín Rodríguez San Pedro, intituladas: la primera, Diccionario de la Legislación ultramarina, y la segunda, Tratado de Legislación ultramarina concordada y anotada. Por último, se han publicado algunas disposiciones, ya cuando las Indias eran colonias, ya cuando eran provincias[789].

Pasamos a estudiar el Real y Supremo Consejo de Indias. Ni en el año 1511, ni en el 1514, ni en el 1518—como dice el cronista Herrera—había Consejo de Indias[790]. El emperador Carlos V dispuso la creación de un Consejo que despachase los asuntos de Indias, y al efecto, «el 4 de agosto de 1524 nombró por presidente a Fr. García de Loaysa, general de la Orden de Santo Domingo, su confesor, obispo de Osma; y a primero del mismo mes se dieron los títulos de consejeros al obispo de Canarias y al Doctor Gonzalo Maldonado, porque ya trataban de estos negocios el Doctor Beltrán; y era del mismo Consejo el Proto-Notario Pedro Mártir de Anglería, abad de Jamaica, y el licenciado Galíndez de Carvajal y fiscal el licenciado Prado: y la primera cosa que entonces se trató fué sobre la libertad de los indios»[791].

Consideremos los antecedentes de dicho Consejo. Creada la Casa de la Contratación de Sevilla, los asuntos de ella eran consultados por los Reyes Católicos con D. Juan Rodríguez de Fonseca (hermano de Antonio de Fonseca, señor de Coca), deán de Sevilla y después arzobispo de Rosano y obispo de Burgos. También entendían en las cosas de las Indias—aunque sin cargo determinado—D. Fernando de la Vega, señor de Grajal y Comendador Mayor de Castilla; el gran canciller Mercurino Gattinara; Mr. de Lassao (de la Cámara del Emperador); el licenciado Francisco de Vargas, tesorero general de Castilla, y otros grandes letrados; «pero no tuvo personas ciertas, sino que se nombraban los que mandaba el rey o sus gobernadores»[792].

Es cierto que desde el año 1511 se celebraban consejos para los asuntos más importantes de las Indias, y en este dato se apoyó el historiador inglés William Robertson en su Historia de América para afirmar que Fernando V estableció en dicho año el Consejo de Indias; pero Herrera en sus Décadas dice que cuando Vasco Núñez de Balboa (1514) quiso anunciar al Rey el descubrimiento del mar del Sur, fué recibido por Fonseca (que ya era obispo de Burgos) y el comendador López de Conchillos, en quienes se resumía todo el Consejo y gobernación de las Indias, porque a la sazón no había aún Consejo especial de ellas. Cuando Fonseca creía que por lo complicado o difícil del asunto debía consultar, echaba mano de los doctores Zapata y Palacios Rubios y de los licenciados Santiago y Sola. Sin embargo de que Bernal Díaz del Castillo escribe que al hacerse ciertos repartos de indios (1520) entre los soldados de Hernán Cortés, amenazaron los últimos con acudir en queja al Rey y a los de su Real Consejo de Indias[-1]; sin embargo de que D. Pascual Gayangos dice que ha tenido a la vista una Revisión original del Consejo de Indias de 15 de febrero de 1521[793], repetimos que tuvo comienzo en el mes de agosto de 1524.