CUARTA ÉPOCA GOBIERNOS COLONIALES (continued 5)

El 23 de septiembre de 1581 entregó D. Francisco de Toledo el mando a su sucesor, «embarcándose para España, dejando hecha la tasación de tributos que había practicado en la visita general, en la cual se encontró haber en las 19 provincias de las Audiencias de Lima, Quito y Charcas 695 encomiendas con 325.899 indios, cuyos tributos anuales importaban un millón quinientos seis mil doscientos noventa pesos de oro, de los que trescientos un mil doscientos cincuenta y ocho pesos correspondían al Rey por el derecho de quintos, quedando de renta para los encomenderos un millón doscientos cinco mil treinta y dos pesos...»[441].

Al breve gobierno de D. Martín Enríquez sucedió el virreinato de D. Fernando de Torres y Portugal, conde de Villar Don Pardo. Protegió a los indios y tuvo la desgracia de que en su tiempo el inglés Drake devastase las costas del Perú.

D. García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, defendió el Perú de los ataques de Hawkins y otros piratas ingleses. Introdujo la contribución de alcabalas, que fué causa de muchos tumultos. A la sazón floreció en el Perú Santo Toribio Mogrovejo, arzobispo de los Reyes (Lima), quien reunió un concilio en el año 1591 y cuyas actas remitió a Felipe II[442].

Por lo que a las encomiendas respecta «muchas y repetidas cédulas se expidieron desde el reinado de Felipe II para que las encomiendas se convirtieran en pueblos; se dispuso que los encomenderos residiesen en sus encomiendas; que no se dieran dos de ellas a una misma persona si no podía formar un solo pueblo, en cuyo caso por la aceptación de la última se tenía por renunciada la primera, leyes que sólo tuvieron cumplimiento en parte, pues en España se proveyeron muchas a favor de personas que ni estaban ni habían estado nunca en el Perú»[443].

Merece, por último, no pocas alabanzas la Real Cédula que, con fecha 29 de diciembre de 1593, se dirigió a los presidentes y oidores de las Audiencias de Lima y de las Charcas, mandándoles que castigasen con mayor rigor a los españoles que injuriasen a los indios[444].

Poco tiempo después Felipe III, desde la ciudad de Valladolid (13 noviembre 1604) se dirigía al presidente de la Audiencia de los Charcos, diciéndole que «entendiendo el mucho distrito que tiene el Obispado de esa provincia, y lo mal que se puede visitar y administrar el pasto espiritual por un Prelado solo» acuerda erigir otras dos, una en la ciudad de La Paz de la provincia de Chuquiago, y la otra en la ciudad de la Barranca de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, habiendo presentado a su Santidad las personas que han parecido más convenientes para ello...»[445].

Pasó del virreinato de México (1607) al del Perú D. Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros. Entre otras medidas de buen gobierno, estableció el Tribunal del Consulado, suprimió el Rey por consejo suyo el servicio personal de los indios e hizo construir un gran puente en Lima para comunicar con el arrabal de San Lázaro.

Por aquellos tiempos, Felipe III, desde Madrid con fecha 13 de diciembre de 1608, escribió a su embajador en Roma, haciéndole presente que el arzobispado de la ciudad de los Reyes y el obispado de la ciudad de Cuzco tenían muy grandes distritos, por lo cual había acordado que «del arzobispado de la ciudad de los Reyes se saque una iglesia catedral que tenga su asiento en la ciudad de Trujillo de las dichas provincias del Perú, y que del obispado del Cuzco se saquen otras dos iglesias catedrales, la una que tenga su asiento en la ciudad de Arequipa y la otra en la ciudad de Guamanga de las dichas provincias»[446]. Encargaba el Rey al embajador que rogase a Su Santidad la creación de las nuevas iglesias. El mismo monarca, desde San Lorenzo (20 agosto 1611) dijo al marqués de Montesclaros que habiendo vacado el arzobispado de la ciudad de los Reyes por fallecimiento de D. Toribio Alfonso de Mogrovejo, había dispuesto, contando con Su Santidad, la creación de una iglesia catedral en Trujillo[447].

D. Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache (1615-1621), realizó obras importantes, entre ellas la fortificación del puerto del Callao y la fundación de la ciudad de San Francisco de Borja. Creó el Real Convictorio de San Bernardo para la educación de los hijos de los conquistadores, y el Colegio de San Francisco de Asís para los hijos de indios nobles. Bajo su mando fueron rechazados los piratas que asolaban aquellas costas, y Jacobo le Maine descubrió el Estrecho que lleva su nombre y que exploraron luego los hermanos Nodales. Dicen algunos escritores que fundó una Academia literaria en su palacio. Reuníanse allí los ingenios más distinguidos de Lima y con ellos discutía el virrey sobre materias científicas y literarias. De su inspiración poética dió señaladas pruebas el príncipe de Esquilache. Parece que el ánimo descansa cuando en el árido campo de la historia se hallan gobernadores como D. Francisco de Borja. ¿Tuvieron en su tiempo demasiada influencia los hijos de San Ignacio de Loyola? Es posible.

Poco tenemos que decir del virrey D. Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar. Defendió la colonia de las agresiones del pirata Clerck, el cual, llegando al Pacífico por el Cabo de Hornos, puso sitio al Callao. Bajo su gobierno se publicaron las Nuevas Leyes de la Recopilación de Indias.

D. Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, comenzó su virreinato el 14 de enero de 1629, cesando el 18 de diciembre de 1639, en cuyo tiempo un terremoto destruyó la mayor parte de Lima. Desde la ciudad de los Reyes se dirigió el virrey a Su Majestad dándole cuenta del fallecimiento (5 febrero 1630) de Fray Francisco de Sotomayor, en la villa de Potosí, antes de tomar posesión del arzobispado de los Charcas; además el conde de Chinchón proponía personas para suceder a Fray Francisco.

En situación tan pobre se hallaba la monarquía (primeros años de Felipe IV) que por Real Cédula del 27 de mayo de 1631, fechada en Madrid, se autorizó al virrey para que pusiese en venta todos los oficios de Alcaldes provinciales de la Hermandad, y los de Alguaciles y «que se rematen en las personas que más por ello dieren...»[448]. También con la misma fecha mandó el Rey al conde de Chinchón que vendiese algunas hidalguías, porque era muy malo el estado de la Hacienda[449]. Por último, en igual fecha ordenó Felipe IV al virrey que vendiese la pimienta por cuenta de la Real Hacienda[450]. Sin embargo de la penuria en que se hallaba el Estado, todavía tenía gusto para pedir al citado virrey los animales fieros que hubiese en todo el distrito de su gobierno, como leones, tigres, osos y otras clases[451].

No pasaremos adelante sin hacer notar que por reales cédulas de 1618 y 1625 se declaró que sólo el Consejo de Indias podía conceder encomiendas, revocándose así el poder que para ello tenían los virreyes. Posteriormente, o sea el 11 de febrero de 1637, por Real Cédula se autorizó a los virreyes para que continuasen concediéndolas[452].

Del mismo modo debió su nombramiento a Felipe IV el virrey don Pedro de Toledo y Leiva, marqués de Mancera. Llegó al Callao el 22 de noviembre de 1639 y saltó a tierra el 23. Entró en Lima con toda la pompa acostumbrada, recibiendo el poder de manos del conde de Chinchón (18 diciembre 1639). Fortificó el Callao, cuyas obras comenzaron en 1640 y tuvieron término en 1647; hizo levantar un fuerte en Arica, otro en Puná y un tercero en Guayaquil; también fortificó la plaza de Valdivia. Con verdadero empeño procuró defender el virreinato de las incursiones de los piratas, aumentó los ingresos de la Real Hacienda y mantuvo la paz pública y el prestigio de su autoridad.

Si de los indios se trata, reformó la tasa excesiva de los tributos e hizo una estadística de aquellos indígenas. En la Memoria o Relación que publicó acerca del gobierno se hallan las siguientes palabras: «Tienen por enemigos estos pobres indios la cudicia de sus corregidores, de sus curas y de sus caciques, todos atentos á enriquecer de su sudor: era menester el celo y autoridad de un virrey para cada uno; en fee de la distancia se trampea la ubediencia, y ni hay fuerza ni perseverancia para proponer segunda vez la quexa»[453]. Para reprimir la embriaguez de los naturales, dictó una provisión prohibiendo venderles vino, la cual sólo era una especie de copia de otras órdenes y provisiones publicadas sobre el mismo asunto; pero que no las hacían cumplir los corregidores, sus tenientes, caciques y curas párrocos. Teniendo necesidad de barcos, mandó construir en Guayaquil dos galeones: La Capitana Real y La Almiranta. A causa de los apuros del monarca, pudo remitirle un donativo de 500.000 $.

Tanto interés inspiraba al Rey el estado de los trabajos de la mina de cinabrio de Huancavelica, que el virrey dispuso visitarla en persona, saliendo de Lima a mediados de julio de 1643, dejando encomendado el gobierno durante su ausencia a D. Andrés de Villela, decano de la Audiencia. Por último, el marqués de Mancera organizó el servicio de correos (chasques), y en su tiempo, conforme a la Real Pragmática de 28 de diciembre de 1638, se introdujo en el Perú, año de 1641, el uso del papel sellado, siendo de cuatro clases: el del sello 1.º, que valía seis reales; el del 2.º, tres; el del 3.º dos, y el del 4.º, uno. Terminó el marqués de Mancera su virreinato (20 septiembre 1648), sucediéndole el conde de Salvatierra. La memoria que dejó escrita dicho marqués, fué entregada a su sucesor el 28 de octubre de 1648, según lo indican León Pinelo, y Cerdán, oidor de la Audiencia[454].

También fueron nombrados virreyes por Felipe IV, Don García Sarmiento de Sotomayor Enríquez de Luna, segundo conde de Salvatierra; D. Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba de Liste; y don Diego de Benavides y de la Cueva, conde de Santisteban. Llegó al Callao el conde de Salvatierra (28 agosto 1648) y se hizo cargo del gobierno el 25 de septiembre. Antes fué virrey de Nueva España, y en el Perú, como en México, se mostró demasiado amigo de los jesuitas. A los hijos de Loyola dió el encargo de convertir al catolicismo a los indios de la provincia de Mainas, y a otros religiosos les ordenó que hiciesen lo mismo con los indios parataguas, motilones, etc. En la contienda que tuvieron los jesuitas con Fr. Bernardino de Cárdenas, obispo del Paraguay, se puso el virrey al lado de aquellos. Cumpliendo una orden del Rey, él y los Tribunales del virreinato prestaron juramento, en manos del arzobispo Villagómez, de defender la creencia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Sumamente religioso, mostró especialmente su devoción a Nuestra Señora de la Soledad, al apóstol San Pedro y a San Francisco de Asís. No pasaremos en silencio un hecho que enaltece la memoria del piadoso conde de Salvatierra y fué la multitud de células publicadas con el objeto de aliviar la suerte de los indios, a quienes todos procuraban esquilmar.

El 24 de febrero de 1655, entregó el virreinato al conde de Alba de Liste, virrey antes de Nueva España. Alba de Liste gobernó con bastante tino y prudencia.

El conde de Santisteban tuvo que apaciguar algunas sublevaciones interiores. Felipe IV, desde Madrid (6 marzo 1662) ordenó al citado virrey, que, habiendo el Papa Alejandro VII declarado el santo misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen, dispusiera él que en la ciudad de los Reyes se hiciesen solemnes fiestas religiosas[455]. Algunos meses después (7 octubre 1662) quejóse el Rey acerca del estado en que se hallaba el gobierno del Perú, lo mismo en lo político que en lo judicial y administrativo[456].

Durante la menor edad de Carlos II, la reina gobernadora (desde Madrid el 14 de mayo de 1668), habiendo hecho saber que Su Santidad había ordenado despachar el Breve de la beatificación de la Madre Rosa de Santa María, que nació y murió en la ciudad de Lima, mandó que se celebraran fiestas en dicha población y en toda la diócesis[457].

Debieron su nombramiento a Carlos II los virreyes D. Pedro Fernández de Castro y Andrade, conde de Lemos; D. Baltasar de la Cueva Henrríquez y Saavedra, conde de Castellar; D. Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima; D. Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Palata, y D. Melchor Portocarrero Laso de la Vega, conde de la Monclova.

El conde de Lemus fundó las casas de las Recogidas de Lima, con el nombre de las Amparadas de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, y castigó duramente a los revoltosos de Puno.

El conde de Castellar llegó a Lima el 15 de agosto de 1674 y fué exonerado el 7 de julio de 1678. Se le acusó de favorecer el contrabando, aunque el duque de la Palata afirma «que era en todo diligentísimo, y en las materias de Hacienda Real, con singular aplicación...»[458] En esta época, el Rey, desde Madrid (29 marzo 1678) se dirigió al virrey, presidente y oidores de la Audiencia, a los arzobispos y obispos de las iglesias del Perú, pidiendo un donativo voluntario, pues con ocasión de la guerra, estaba muy pobre la Real Hacienda[459].

Mandó el virrey misioneros jesuitas y franciscanos a los confines de Cajamarquilla, Tarma, Guanuco, Carabaya y otras partes, atrayendo muchos indios a la religión católica. «Me dediqué inmediatamente al expediente de los negocios, asistiendo continuamente a los Acuerdos, Real Audiencia, Sala del Crimen y Tribunal de Cuentas, a la vista y determinación de diferentes pleitos graves de Hacienda Real y entre partes, consiguiendo tuviesen fin, después de muchos años que estaban pendientes, etc.»[460].

El suceso de más importancia que ocurrió durante el gobierno del conde de Castellar, fué el terremoto o temblor de tierra acaecido el 17 de junio de 1678 en la ciudad de Lima, en el Callao y en algunas leguas en contorno de dichas poblaciones. Hundiéronse muchos edificios y terminó catástrofe tan grande—según el vulgo—por los ruegos de Santa Rosa, patrona de Lima, cuyo cuerpo y reliquias se llevaron en procesión solemne, desde el convento de Santo Domingo a la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad de San Francisco. Mandó el virrey celebrar un novenario, y confiesa con tristeza que sólo pudo asistir el primer día «por haber llegado aquella noche la noticia de mi exoneración»[461]. Justa o no justa su exoneración, no puede negarse que con toda diligencia procuró aumentar los rendimientos de las minas y, por consiguiente, la mayor recaudación de la Real Hacienda. Por último, en su tiempo fueron castigados los indios uros y uruitos, los cuales se habían retirado y hecho fuertes en los totorales y ciénagas del desagüe de la laguna de Chucuito. El virrey quiso reducirles por medios suaves, y como esto no fué posible, se dió el encargo de que los desalojasen, al corregidor de Chucuito y al corregidor de Pacajes, cuyas autoridades cumplieron su cometido, aunque con más rigor del que debían.

Convienen los cronistas en que D. Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima, que gobernó desde 1678 al 1681, asistía frecuentemente a los Acuerdos de la Real Audiencia «y en particular en las causas y pleitos que las partes lo piden, porque tengan este consuelo; pues aunque es de creer que los ministros obrarán con justificación, influye mucho hallarse el presidente en el Tribunal»[462]. Ocupóse detenidamente en arreglar los asuntos de la Real Hacienda y, especialmente, los de las minas, que andaban algo desordenados y castigó enérgicamente a los corsarios que infestaban aquellos mares, logrando que en un combate fuese muerto el capitán Juan Guarlen. Gloriosa victoria se consiguió (7 agosto 1680) por el gobernador de Buenos Aires, peleando contra los portugueses del Brasil, mandados por el general D. Manuel Lobo, pues éstos se atrevieron a penetrar en los términos de la Corona de Castilla. Lobo fué hecho prisionero, y entre sus papeles se encontró importante instrucción original del príncipe regente de Portugal.

Acerca del duque de la Palata, que tomó posesión el 7 de noviembre de 1681, haremos notar que comenzó su gobierno mandando dar muerte a Carlos Clerque y a los compañeros del famoso corsario. Cuando en el año 1683 llegó al Perú la noticia de que los piratas habían entrado y saqueado a Veracruz (Nueva España), se pensó rodear de murallas la hermosa ciudad de los Reyes, obra que se llevó a feliz término mediante las acertadas disposiciones del Cabildo, Justicia y Regimiento de dicha capital. En la representación que el conde de la Palata hizo al Rey con fecha 18 de mayo de 1688 dice, entre otras cosas, lo que sigue: «que la Real Hacienda está muy empeñada...»; y más adelante añade: «Las calamidades de este Reyno son tan grandes y se pueden temer tan repetidas, que obligan á prevenir los remedios»[463]. Advierte el virrey que las Audiencias subordinadas al gobierno del Perú son cuatro: la de Panamá, la del Reino de Chile, la de Quito y la de las Charcas, y que las dos últimas se hallan más subordinadas y atentas que las dos primeras «aunque alguna vez se propassan...»[464]. No deja de tener cierta curiosidad la relación hecha por el virrey acerca de la ruina de la ciudad de Lima (desde el 20 de octubre hasta el 2 de diciembre de 1687) con la repetición de temblores de tierra[465]; pero lo que más preocupó al conde de la Palata fué la entrada de los piratas en el mar del Sur por el año de 1684 y siguientes. Cuando las sacudidas violentas de los terremotos arruinaban comarcas en la América Meridional y parecía que los elementos se encargaban de destruir lo que perdonaban los filibusteros, la madre de Carlos II se ocupaba de cosas asaz importantes. Desde su palacio del Buen Retiro, con fecha 5 de abril del año 1687, pidió a Su Santidad rótulo y remisoriales para que se hiciesen informaciones de las virtudes del P. Francisco del Castillo, de la Compañía de Jesús; fallecido en Lima, su patria, con el objeto de proceder en seguida a su beatificación[466].

Después de gobernar ocho años el Perú el duque de la Palata, vino a ocupar cargo tan elevado el conde de la Monclova. El último virrey, nombrado por Carlos II, se ocupó principalmente en defender la colonia contra los ingleses durante la guerra de sucesión española. Citaremos, aunque de escaso valor, otra clase de hechos. Carlos II, desde Madrid y con fecha 18 de septiembre de 1696, decía al virrey del Perú que había resuelto trasladar, contando con la aprobación de Su Santidad, la iglesia Catedral de San Lorenzo de la Barranca a la villa de Mizque[467]. A la citada villa, con la misma fecha, la hizo merced del título de Ciudad[468]. Al mes siguiente y por Real decreto dado en Madrid (15 octubre 1696) hizo presente al virrey del Perú que había dado cuenta al Papa de la traslación de la iglesia catedral que se hallaba en Santiago del Estero a la ciudad de Córdova en la misma provincia[469]. Pero sobre todo, daremos cuenta de lo que parecía interesar más a Carlos II. Por Real Cédula del 24 de julio de 1698, dirigida al virrey del Perú, se mandaba que se remitiesen a España 40 o 50 alectos (pájaros de volatería para la Real Casa), «en inteligencia—decía la Cédula—que sería de su Real desagrado cualquier omisión que tuviese en este encargo»[470].

Poco después de la muerte de Carlos II, cuya afición a los pájaros era tan manifiesta, Felipe V, con fecha 17 de abril de 1703, se dirigió a los arzobispos y obispos del Perú, diciéndoles que aliados ingleses y holandeses preparaban sus navíos y 15.000 hombres para conquistar a América; pero que él no podía acudir a la defensa por la pobreza del Real Erario. En este caso les rogaba le concediesen un subsidio para defender dichos dominios de los enemigos de la religión[471]. El mismo Rey, en Real Cédula, dada en Madrid (26 enero 1706), decía que el conde de la Monclova, virrey del Perú, le había notificado, en carta del 8 de octubre de 1704, cómo por el mar del Sur entraron dos bajeles ingleses con patentes de corso de la reina de Inglaterra, y en su seguimiento tres navíos franceses, al mando del conde de Tolosa, almirante de Francia[472].

Felipe V de Borbón nombró en el año 1705 virrey del Perú a don Manuel de Oms y Senmenat, marqués de Castells Dos Ríus, hombre de energía, hábil cortesano y cultivador de las bellas letras. Fiel al nuevo Rey, levantó empréstitos y sin reparo alguno echó mano a obras pías y a cajas de censos, reuniendo millón y medio de pesos, para mandarlos a Felipe V, que bien los necesitaba para los gastos de la guerra de sucesión. Castells Dos Ríus castigó a los corsarios ingleses Roglos y Dampierre, quienes, con dos buques, saqueaban las costas del Perú, llegando a exigir del puerto de Guayaquil crecido rescate. Un terrible terremoto, en 1707, destruyó el pueblo de Capi y ocasionó otras desgracias en las provincias del Cuzco, siendo digno de contar que la granja de San Lorenzo fué lanzada de una a otra banda del Apurimac con casas y gente. El fanatismo católico vió en el terremoto un castigo divino por las secretas idolatrías de los indios. Además, como si el castigo de Dios fuese poco, los hombres dispusieron autos de fe contra supersticiosos indios. Aunque de dudosa moralidad el virrey—pues según de público se decía, especulaba en todos los ramos de la administración e iba a la parte en los contrabandos—continuó desempeñando su importante cargo hasta que murió en 1710.

Dicen los cronistas que don Diego Ladrón de Guevara, obispo de Quito, natural de Cifuentes (Guadalajara), fué excelente virrey. Ampliáronse los estudios universitarios, se prohibió la elaboración de aguardiente de caña por el abuso que hacían de ella los indios, castigó sin consideración alguna a un hijo natural del conde de Cartago por el robo de un copón y el sacrilegio cometido con las sagradas formas, y reprimió las insolencias de los negros cimarrones que desde los montes de Huachipa hacían frecuentes correrías. Fué reemplazado en el año 1716, y no consintió que se le dispensase del juicio de residencia.

Nombrados también por Felipe V fueron D. Nicolás Caracciolo, príncipe de Santo Bono y Fr. Diego Morcillo, arzobispo de Lima. Durante el gobierno de Caracciolo se agregó la provincia de Quito al virreinato de Santa Fe, creado en el año 1717. Protegió el virrey las misiones de Chanchamayo, descollando entre los religiosos Fray Francisco de Santa Fe. Aunque no pudo acabar con el mal, hizo mucho para reprimir el contrabando que hacían los corsarios, especialmente los holandeses. Por entonces, como llegase a oídos del gobierno de la metrópoli los excesivos gastos que hacía el cabildo de Lima al recibir los virreyes a su llegada de España, vino Real cédula (1718) fijando en doce mil pesos el gasto obligatorio para la ciudad, si bien particulares o corporaciones podían, por cuenta propia, agasajar al representante del monarca. El cabildo, pues, debía ajustarse al siguiente presupuesto:

Pesos.

Cama para el virrey, con colgadura de damasco, sábanas y almohadas guarnecidas de encajes y sobre cama de medio tisú.1.400

Dos vasos de plata para uso ordinario180

Escribanía de plata170

Carruaje3.000

Tiro de caballos con herrajes y arneses1.725

Música, iluminación y limpieza de arañas360

Las dos comidas del día en que entra el virrey y el siguiente, y refrescos para ambas noches3.700

Para manteles, marcar y devolver la plata labrada, que se busca prestada para estas funciones, y para pagar pérdidas y daños850

Propinas a la guardia, porteros de la Audiencia y criados de librea88

Para fuegos artificiales y gastos menudos o imprevistos, no designados527

12.000

Fray Diego Morcillo, arzobispo de Lima, desempeñó el cargo de virrey desde el 1720 al 1724. Tuvo la satisfacción de que en su tiempo se verificase la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Por lo demás, sólo disgustos tuvo en su gobierno. Nada pudo hacer contra el corsario inglés Chiperton, que amenazaba las costas del Pacífico; ni contra la Gran Bretaña, que abusando de un tratado hecho con Felipe V, introducía mercancías en el Perú, ocasionando la ruina del comercio español; ni contra el Paraguay, donde ocurrían desórdenes originados por el gobernador Antequera; ni contra los araucanos de Chile, que invadían las poblaciones fronterizas.

Con aplauso de gran parte del clero y con gran contento del Rey y de la corte, ocupó el virreinato D. José Armendariz, marqués de Castel-Fuerte. Comenzó su gobierno el 1724 y terminó el 1736. Hombre de severas costumbres, quiso, con exageración manifiesta, restablecer la disciplina eclesiástica en el Perú, ocasionándole su manera de obrar varios conflictos, entre ellos el del mismo obispo de Guamanga. A la sazón recibió Real cédula (13 febrero 1727) ordenándole que llamase secretamente a los prelados de las Órdenes y les dijese que el Rey tenía noticia de los muchos sacerdotes regulares y seculares «que con escándalo mantenían familias enteras de mujeres e hijos, tolerándolo los prelados, por las utilidades que de ello percibían en visita.» Disponía el Rey que el prelado—«si resultase delincuente en descuido tan culpable—se mandara a España, encargando también que los ministros reales castigasen con todo rigor a las mujeres prostitutas»[473].

Decidido protector de la Inquisición, tuvo el singular placer de que en el año 1731, en la iglesia de Santo Domingo, se verificase un auto de fe, en el cual salieron varios sentenciados como hechiceros y por otros delitos. Asistió el virrey al auto citado «haciendo con esta solemnidad una nueva concordia de Magestad y Religión...»[474]. En su afán de propagar la religión católica, ayudó con todas sus fuerzas las misiones del reino de Chile y la de Chiloe, dirigidas por los PP. Jesuítas; las de las provincias de Tarma, Jauja y ciudad de Guanuco, en que está comprendida la principal del Cerro de la Sal, realizadas por los PP. Franciscanos, «héroes de Dios» como les llama el virrey. Dictó algunas disposiciones encaminadas a proteger y ayudar al Hospital de Santa Ana, fundado por la ardiente piedad de Santo Toribio, arzobispo de Lima, y entregado después a la protección de nuestros monarcas. Sin embargo de su ferviente catolicismo, hubo de decir que era conveniente «resistir el aumento de Religiones y conventos de ambos sexos en esta ciudad (Lima), cuyo número ha crecido más de lo que pedía el de los vecinos que contiene, siendo todos 34, los 19 de religiosos y 15 de monjas, fuera de algunos beaterios y casas de recogimiento y colegios de mujeres»[475].

Cuidó del fomento de las minas, publicando con tal objeto acertadas ordenanzas; en particular se fijó en las minas de azogue de Guancavélica y de la plata del Potosí. También fueron objeto de su atención las casas de moneda de Lima y Potosí. La defensa del reino fué asunto que preocupó al marqués de Castel-Fuerte, mereciendo no pocas alabanzas por las obras que dispuso lo mismo en el Callao que en Lima.

Tuvo capital importancia la alteración del orden en el Paraguay. Habiendo nombrado la Real Audiencia de la Plata, para la averiguación de ciertos hechos, a D. José de Antequera, de la orden de Alcántara y promotor fiscal de aquella misma Audiencia, llegó a la Asunción, y después de poner preso al gobernador, asumió este cargo. Don Diego de los Reyes, que este era el nombre del gobernador, logró escapar de la prisión, en tanto que el virrey Morcillo (1723) ordenaba que Antequera cesase en el gobierno de dicha provincia del Paraguay y en su comisión, sin embargo de cualesquiera despachos contrarios de la Real Audiencia de la Plata, y saliese de aquella jurisdicción dentro de veinte días, y dentro de cinco meses volviera a la ciudad de la Plata, dando cuenta de haberlo ejecutado bajo la pena de 8.000 pesos. No obedeciendo la orden ni Antequera ni tampoco el cabildo de la Asunción, los cuales pensaban del mismo modo, se dispuso que D. Baltasar García Ros, teniente de R. E. I. de Buenos Aires, acudiese con las armas reales a castigar la rebelión. Dióse la batalla entre Antequera y García Ros el 24 de agosto de 1724, consiguiendo la victoria el primero. Poco después, el virrey marqués de Castel-Fuerte despachó a D. Bruno de Zavala, gobernador de Buenos Aires, para que pasase desde luego a pacificar la provincia del Paraguay. Huyó entonces Antequera a la Plata, donde fué preso por el presidente de la Real Audiencia. Antequera y D. Juan de Mena (otro de los jefes sediciosos) fueron mandados a Lima, a cuya ciudad llegaron por abril del año 1726. Tiempo adelante, se les condenó a muerte, que sufrieron el 8 de julio de 1731. Gran disgusto ocasionó a los religiosos franciscanos la muerte de Antequera, hasta el punto que fueron causa de un alboroto. La conducta del virrey mereció la aprobación del monarca. También dispuso que fuese separado de su cargo el comisario general de la orden de San Francisco, protector decidido de Antequera.

Nombrado posteriormente gobernador propietario del Paraguay don Manuel de Ruilova, volvió a tener fuerza la rebelión. Ruilova murió de un tiro de trabuco, teniendo el marqués de Castel-Fuerte que enviar por segunda vez a D. Bruno de Zavala para poner orden en el Paraguay.

En la Memoria que el marqués de Castel-Fuerte dejó a su sucesor el marqués de Villagarcía, pudo decirle lo siguiente: «Con todo esto dejo a V. E. descubierta mayor numeración de Indios, aumentados los tributos, fomentadas las minas, corrientes ambos minerajes, bien administrados los Reales derechos, pagados los salarios, remitidos los situados, pacificadas las provincias, seguro el mar, construídos los navíos del Rey y otro nuevamente fabricado, reedificada la muralla del principal puerto, la capital por la mayor parte, no sólo moderada, sino también devota.»[476]. También en la citada Memoria hubo de decir que la extinción de las encomiendas era el origen de la decadencia de la nobleza del país, pues mientras se han ido incorporando con justicia al real patrimonio, la citada nobleza, como cuerpo a quien se quita el alimento, ha sentido, primero la debilidad y después el fallecimiento. ¿Fueron o no fueron convenientes las encomiendas? Ya sabemos que el Padre Las Casas, dejándose llevar de su entusiasmo por los indios, dijo que ni a los diablos en los infiernos se les hubiera ocurrido inventar las encomiendas. De igual manera los jesuítas las combatieron, hasta el punto que no llegaron a establecerse en Chile por la influencia de los hijos de Loyola. Por el contrario, el Dr. Juan de Solórzano, en la Política indiana, y D. Antonio de León Pinedo, en el tratado de Confirmaciones reales, intentan justificar la creación de las encomiendas.

Grato nos es referir que durante el virreinato de D. Juan Antonio de Mendoza, marqués de Villagarcía, hicieron un viaje científico al Perú los sabios españoles D. Jorge Juan y D. Antonio Ulloa, con los franceses La Condamine, Godin y Jussieu. Declarada la guerra entre Felipe V e Inglaterra, una escuadra británica al mando del almirante Anson recorrió el Pacífico, entrando en la villa de Paita, donde recogió rico botín. Todavía fué más funesta la sublevación de los indios de Chanchamayo, quienes dieron muerte á varios misioneros, encerrándose luego en sus inaccesibles bosques, donde, ayudados o protegidos de los chunchos, se resistieron a las armas españolas. Si en el año 1687 doña Mariana de Austria solicitó del Papa la beatificación del P. Francisco del Castillo, natural de Lima, a la sazón el rey Felipe, desde San Ildefonso (22 agosto 1741) escribió al cardenal Aguaviva para que éste, a su vez, rogase al Papa la pronta beatificación del P. Francisco[477]. Pasados algunos años, por cédula dada en el Palacio del Buen Retiro el 4 de diciembre de 1762, se hicieron trabajos para la beatificación de la venerable María Ana de Jesús y Paredes[478]. Mediante Real cédula, dada en el Palacio del Buen Retiro el 20 de diciembre de 1736, se mandó al marqués de Villagarcía remitiese dos millones de pesos que había correspondido al Perú y Tierra Firme para la edificación de un real palacio en Madrid, pues el que existía se hubo de incendiar en el año 1734[479].

Al marqués de Villagarcía, virrey del Perú desde el año 1736 al 1745[480], le sucedió D. José Manso de Velasco, conde de Superunda, que gobernó desde el 9 de julio de 1745 hasta 31 del mismo mes en el de 1756. El distrito del virreinato del Perú comprendía las diócesis de los arzobispados de Lima y la Plata y obispados del Cuzco, Arequipa, Trujillo, Paz, Huamanga, Santa Cruz de la Sierra, Tucumán, Buenos Aires, Paraguay, Santiago y Concepción de Chile. El virrey alentó a los misioneros jesuítas y franciscanos, y reedificó los hospitales, arruinados por el terremoto de 1746. La Hacienda, que se hallaba en lamentable estado cuando el conde de Superunda se hizo cargo del virreinato, mejoró bastante, gracias a las disposiciones acertadas de dicho virrey. La justicia se compraba a cualquier precio y en su perfeccionamiento se fijó mucho el conde de Superunda. Encontróse dicha autoridad con la herencia de la enemiga de los indios chunchos y con las flotas de Inglaterra que amenazaban nuestros puertos. Creyendo Ensenada—según comunicó el 12 de enero de 1745 al virrey—que una escuadra inglesa compuesta de cuatro navíos de guerra al cargo del comandante Barnet se dirigía al mar del Sur, encargó a Superunda que tomase las providencias necesarias para combatirla. Del mismo modo, el marqués de la Ensenada—con fecha 28 de agosto de 1746—mandó Real orden, y en ella anunciaba que del puerto de Pormouth había salido una flota inglesa compuesta de 17 navíos de guerra bajo el mando del almirante Lecotok, con mucha tropa de desembarco, y que recelaba que iba dirigida contra alguna de nuestras posesiones de América[481].

Importante conspiración de los indios se verificó en el año 1750. Del virrey son las palabras que copiamos a continuación: «La primera noticia adquirida—dice—en el secreto inviolable de la confesión, me la comunicó el 21 de junio con misteriosa reserva un Religioso, a fin de que resguardase mi persona...»[482]. Confiado el asunto al Dr. D. Pedro José Bravo y Castilla, oidor de esta Real Audiencia de Lima, se descubrió la conspiración, siendo ajusticiados seis en el día 22 de julio. Los que se sublevaron en Huarochiri merecieron severo castigo por parte del marqués de Monterrico, pues siete sufrieron la última pena y otros fueron desterrados a la isla de Juan Fernández y al presidio de Ceuta. Premió el Rey al oidor Bravo, concediéndole honores del Supremo Consejo de las Indias, y al marqués de Monterrico lo promovió al grado de brigadier.

Un hecho verdaderamente aterrador registra la historia del Perú en el año de 1746. El 28 de octubre un terremoto casi destruyó a Lima y el puerto del Callao. Bastará decir que de la primera quedaron en pie 25 casas de 12.204 que tenía, y del segundo, que fué cubierto por las olas, se salvaron 100 habitantes de 5.000 de que constaba la población. Los buques se estrellaron en la playa y algunos cerros se hundieron con estrépito. No es de extrañar que los habitantes de Lima, para aplacar la cólera divina, hiciesen pública penitencia y saliesen recorriendo la arruinada ciudad descalzos y con sogas al cuello.

Don Manuel Amat y Juniet, que había ascendido del gobierno de Chile al virreinato del Perú, se ocupó mucho tiempo en los asuntos siguientes: gobierno eclesiástico, gobierno de Regulares, monasterios de Religiosas, de las misiones, de los hospitales y de la Inquisición. «Cierro—dice—el título relativo a puntos eclesiásticos con el de la expatriación de los jesuítas, mandada hacer por S. M. de todos estos sus Reales dominios, que ha sido uno de los sucesos más árduos que sobrevinieron a mi gobierno, cuyas resultas han dejado bastante materia a mi aplicación y desvelo»[483]. El 20 de agosto de 1767, a cosa de las diez de la mañana, llegó un oficial procedente de Buenos Aires y entregó al virrey un paquete, en el cual se hallaba el Real decreto y dos instrucciones relativas al modo que debía hacerse la expulsión. El Real decreto estaba firmado en El Pardo el 27 de febrero de 1767, y las instrucciones las firmaba el conde de Aranda en Madrid el 1.º de marzo del mismo año. Venía en el mismo pliego una carta escrita de la Real mano, que decía así: «Por asunto de grave importancia, y en que se interesa mi servicio y la seguridad de mis Reinos, os mando obedecer y practicar lo que en mi nombre os comunica el conde de Aranda, Presidente de mi Consejo Real, y con él sólo os corresponderéis en lo relativo a él.

Vuestro celo, amor y fidelidad me aseguran el más exacto cumplimiento y del acierto de su ejecución.

El Pardo, a 1.º de marzo de 1767.—Yo el Rey.»

Hallábanse también en el paquete citado otra carta del marqués de Grimaldi y una tercera del conde de Aranda.

Obedeciendo el virrey las órdenes de Carlos III, hizo expulsar a los jesuítas, en número de 431.

Pasando a otro orden de cosas, haremos notar que el virrey Amat tomó sus medidas contra los ingleses, hasta el punto que apenas hicieron daño en nuestras costas. Intentó ocupar, si bien no pudo lograrlo, las islas de Otahiti, pues se proponía que los ingleses no fundaran colonias en ellas. También dieron mal resultado otras dos expediciones contra los brasileños, que se habían apoderado de Santa Rosa. Desde Madrid (4 diciembre 1771) aprobó el Rey que el virrey del Perú hubiese mandado que los alcaldes del crimen rondaran de noche para impedir los frecuentes delitos que se cometían, etc.[484].

Don Manuel Guirior (1776-1780) amplió y reformó los estudios universitarios; pero especialmente puso sus ojos en la propagación de la religión y en realizar piadosas obras. En armonía siempre con los obispos y sacerdotes, procuró llenar el vacío que habían dejado en el culto y en la enseñanza los jesuítas al ser expulsados, procuró restablecer las misiones del Chanchamayo y favoreció los hospitales y casas de expósitos. En la última guerra que tuvo España con Inglaterra, en el reinado de Carlos III, como consecuencia del Pacto de Familia (1779), el virrey Guirior remitió grandes cantidades de dinero.

D. Agustín Jáuregui (1780-1784) tuvo que sofocar la terrible revolución de un descendiente de los Incas. Reducidos muchos indios a la condición de siervos, ora yanaconas, ora de comunidad, despojados de sus tierras y aun de sus mujeres e hijos, ideaban planes de venganza. Dicho descendiente de los Incas, de nombre José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungasuca (provincia de Tinta), considerando el estado general del país y resentido además porque no le habían reconocido sus derechos como sucesor de Tupac-Amaru, venía preparando hacía tiempo una sublevación, que hizo estallar a últimos del año 1780. Con una crueldad sin ejemplo hizo prisionero y ahorcó al corregidor de Tinta, y puso fuego a la iglesia de Sangarara, donde murieron abrasados 600 voluntarios que marchaban contra él.

Decreto de coronación del Inca.

Don José I, por la gracia de Dios, Inca, Rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y Continente, de los Mares del Sur, Duque de la Superlativa, Señor de los Césares y Amazonas, con Dominios en el Gran Paititi, Comisionario y Distribuidor de la Piedad Divina por el Erario sin par.

Por cuanto es acordado por mi Consejo, en junta prolija por repetidas ocasiones, ya secretas, ya públicas, que los Reyes de Castilla me han tenido usurpada la Corona y dominio de mis gentes cerca de tres siglos: pensionándome los vasallos con sus insoportables gabelas, Tributos, Lanzas, Sisas, Aduanas, Alcabalas, Catastros, Diezmos—Virreyes, Audiencias, Corregidores y demás Ministros—todos iguales en la tiranía: vendiendo la Justicia en almoneda con los Escribanos de esa fe—á quien más puja—á quien más dá: entrando en esto los Empleos Eclesiásticos, sin temor de Dios:—estropeando como á bestias á los naturales de este Reyno:—quitando las vidas á solos aquellos que no supieron robar:—todo digno del más severo reparo:—Por eso, y porque los justos clamores con generalidad han llegado al Cielo:

En el nombre de Dios Todo Poderoso ordenamos y mandamos:—que ninguna de las pensiones dichas se paguen, ni se obedezca en cosa alguna á los Ministros Europeos, intrusos y de mala fe; y sólo se deberá todo respeto al Sacerdocio, pagándoles el Dinero, Diezmos y Primicias, como que se le dá á Dios: y el Tributo y Quinto á su Rey y Señor natural: y esto con la moderación que se hará saber con las demás Leyes de observar y guardar; y para el más pronto remedio de todo lo susoespresado.

Mando se reitere y publique la Jura hecha de mi Real Corona en todas las Ciudades, Villas y Lugares de mis Dominios, dándonos parte con toda brevedad de todos los vasallos prontos y fieles para el premio igual, y de los que se rebelaren para las penas que les competa.—Que es fecho en este mi Real Asiento de Tungasuca, Cabeza de estos Reynos.—Don José I—Por mandado del Rey Inca mi Señor, Francisco Cisneros, Secretario[485].

Tomó el nombre de Tupac-Amaru. Cada vez más cruel, animaba a los indios para que se ensañaran con los españoles, y en San Pedro de Bellavista fueron degollados 1.000 habitantes, y en Caracoto se hartaron de degollar aquellas fieras. Llegó un momento en que Tupac-Amaru quiso reprimir crueldades tan terribles y no pudo. Declaráronse enemigos de la religión cristiana y cometieron grandes sacrilegios. Entonces fué excomulgado Tupac-Amaru por el obispo de Cuzco, y los curas al frente de sus feligreses peleaban contra los sublevados, tomando la guerra carácter religioso. Intentaron los indios apoderarse del Cuzco; mas se convencieron de que la empresa era superior a sus fuerzas. Las tropas que llegaron de Lima y Guamanga acabaron con el poder de Tupac-Amaru, el cual fué hecho prisionero y condenado a morir descuartizado. En la sentencia, dada en el Cuzco a 15 de mayo de 1781, se lee: «Considerando pues á todo esto, y á las libertades con que convidó este vil insurgente á los Indios, y demás castas para que se le uniesen, hasta ofrecer á los esclavos la de su esclavitud; y reflexionando juntamente el infeliz y miserable estado en que quedan estas Provincias que alteró, y con dificultad subsanarán ó se restablecerán en muchos años de los perjuicios causados en ellas por el referido Josef Gabriel Tupac Amaru, con las detestables máximas esparcidas y adoptadas en los de su nación, y socios ó confesados á tan horrendo fin, y mirando también á los remedios que exige de pronto la quietud de estos territorios, el castigo de los culpables, la justa subordinación á Dios, al Rey y á los ministros; debo condenar y condeno á Josef Gabriel Tupac Amaru, á que sea sacado á la Plaza Principal y Pública de esta ciudad, arrastrado hasta el lugar del suplicio, donde presencie la ejecución de las sentencias que se dieren á su mujer Micaela Bastidas, y á algunos de los otros principales capitanes y auxiliadores de su inícua y perversa intención ó proyecto, los cuales han de morir en el propio día; y concluidas estas sentencias, se les cortará por el verdugo la lengua, y después amarrado ó atado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes, y de modo que cada una de estas puedan atar ó prender con facilidad á otras que pendan de las sinchas de cuatro caballos, para que puesto en este modo, ó de suerte que cada uno tire de un lado, mirando á otras cuatro esquinas ó puntas de la plaza, marchen, partan y arranquen á una vez los caballos, de forma que quede dividido su cuerpo en otras tantas partes; llevándose éste luego que sea hora al serro ó altura llamada de Piccho, adonde tuvo el atrevimiento de venir á intimidar, citar y pedir que se le rindiese esta Ciudad, para que allí se queme en una hoguera que estará preparada, echando sus cenizas al aire; y en cuyo lugar se pondrá una lápida de punta que exprese sus principales delitos y muerte, para solo memoria y escarmiento de su exsecrable acción. Su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, para que estando tres días en la horca, se ponga después en un palo á la entrada más pública de él; uno de los brazos al de Tungasuca, en donde fué cacique, para lo mismo; y el otro para que se ponga y execute lo propio en la capital de la provincia Carabaya; embiándose igualmente para que se observe la referida demostración, una pierna al pueblo de Libitaca, en la de Chumbibilca; y la restante al de Santa Rosa, en la de Lampa, con testimonio y orden á los respectivos corregidores ó justicias territoriales, para que publiquen esta sentencia con la mayor solemnidad, por bando, luego que llegue á sus manos, y en otro igual día todos los años subsiguientes, de que darán aviso instruído á los superiores gobiernos á quienes reconozcan dichos territorios: que las casas de éste sean arrasadas ó batidas, y saladas á vista de todos los vecinos del pueblo ó pueblos, á donde las tuviere y existan: que se confisquen todos sus bienes, á cuyo fin se da la correspondiente comisión á los jueces provinciales: que todos los individuos de su familia que hasta ahora no han venido, ni vinieren al poder de nuestras armas, y de la justicia que suspira por ellos para castigarlos con iguales rigurosas y afrentosas penas, queden infames é inhábiles para adquirir, poseer y obtener de cualquier modo herencia alguna ó subseción, si en algún tiempo quisieren ó hubiesen quienes pretendan derecho á ellas...»[486]. Y basta ya de narrar tantas crueldades. Los españoles mostraron la misma fiereza que antes los indios, pues no de otro modo acabaron la rebelión.

D. Teodoro de Croix fué virrey del Perú desde el 4 de abril de 1784 hasta el 25 de marzo de 1790 y debió su nombramiento a Carlos III. Dividió el país en las siguientes intendencias: Lima, Trujillo, Arequipa, Tarma, Huancavélica, Huamanga y el Cuzco. Las intendencias se subdividían en partidos y al frente de ellos se nombró un subdelegado; creóse una Audiencia en el Cuzco y se proyectó la erección de obispados en Puno y Huanuco, que se realizó tiempo adelante; atendióse los legítimos intereses de los indios y se colonizó el valle de Víctor a fin de contener las invasiones de los chunchos.

Eran frecuentes los robos en el país, llegando los ladrones en su insolencia a salir al camino (cuando el reverendo obispo de la Concepción hacía su visita pastoral a Baldivia) apoderándose de su equipaje y con él de rico pontifical (28 noviembre 1788). El prelado tuvo que retroceder a Arauco, y desde allí a la Concepción.

Poco antes fué objeto de todas las conversaciones el siguiente hecho, realizado por un impostor que logró «burlar la atenta circunspección de los Superiores Gobiernos y Reales Audiencias. Tal ha sido en el tiempo de mi Gobierno—como escribe el mismo virrey en la Memoria que dejó a su sucesor—Manuel Antonio Figueroa, natural de Galicia, quien suponiéndose sobrino del Excelentísimo Señor Cardenal Patriarca de las Indias y Gobernador del Consejo de Castilla, D. Manuel Ventura de Figueroa, apoyaba sobre este distinguido parentesco las correspondencias más recomendables de la corte de España, los aprecios y confianza del Rey y sus extraordinarias gracias en los empleos del mayor honor á que lo destinaba en este reyno»[487]. Descubierta la superchería, Manuel Antonio Figueroa fué condenado a diez años de presidio en Africa, y su cooperante, Fray José de Azero, se mandó a España bajo partida de registro y a disposición de S. M.

Fijóse mucho D. Teodoro de Croix en la policía urbana y muy especialmente en la limpieza de las ciudades, en el arreglo de las calles y en la dirección de las aguas que las regaban. Del mismo modo son dignas de alabanzas las disposiciones que dió acerca de los asuntos de Guerra, Marina y Hacienda. Prosperó la industria, aumentó el comercio y en el año 1788 importaron las rentas 4.664.895 pesos.

D. Francisco Gil de Taboada y Lemos (1790-1796) gobernó el Perú durante el reinado de Carlos IV en España. Sin embargo de las desmembraciones sufridas por la creación de los virreinatos de Santa Fe y de Buenos Aires, contaba el del Perú más de 1.300.000 habitantes y unas 33.500 leguas cuadradas. Lima tenía 52.627 habitantes, según el censo del año 1796. En los 19 conventos de religiosos había 1.100, y en los de monjas 572; además se contaban 84 beatas. Los hospitales eran 10, y si en unos las rentas eran pingües, en otros se necesitaba el real auxilio. La Universidad de San Marcos se hallaba en estado floreciente, como también la Audiencia, el Cabildo y el Tribunal del Santo Oficio. La policía fué muy atendida durante el virreinato de Gil Taboada. Adelantó el comercio y la industria en general, especialmente la minería. Protector incansable de la cultura, estableció un anfiteatro de Medicina y una Escuela de Marina, costeó la edición que Unanue hizo de su excelente libro intitulado Guía eclesiástica, política y militar, y autorizó la fundación de los periódicos llamados la Gaceta de Lima y el Mercurio Peruano. Mostró su amor a la religión católica procurando la conversión de los indios montaraces; y en su tiempo, el P. Girval, con el fin de propagar el Evangelio entre los panos, sipivos, campas y piros, remontó el Veayali y visitó las pampas del Sacramento.

Alabanzas merece el virrey D. Ambrosio O'Higgins. Encargóse del gobierno el 5 de julio de 1796. Era irlandés de nacimiento e hijo de pobres labradores.

Habiéndose dado a conocer por su valor combatiendo una invasión araucana, el Rey le confirió sucesivamente los grados de capitán de dragones, teniente coronel, coronel, brigadier y el 1785 le ascendió a mariscal de campo, y luego le nombró presidente de la Audiencia, gobernador y capitán general del reino de Chile. La fortaleza del Barón (Valparaíso) y otras obras importantes hacen inmortal su nombre en Chile[488]. Habiendo reconquistado la ciudad de Osorno del poder de los araucanos, el Rey le agració con el título de marqués de Osorno, le ascendió a teniente general y le nombró virrey del Perú.

Bajo el gobierno de O'Higgins se empedraron las calles y se construyeron las torres de la catedral de Lima; se hizo un camino desde el Callao a Lima. También se incorporó al Perú la intendencia de Puno, que había estado sujeta al virreinato de Buenos Aires, y fué separado Chile de la jurisdicción del virreinato del Perú. Para la guerra que España sostenía con otras naciones O'Higgins envió siete millones de pesos, los cuales se gastaron, más que en sostener ejércitos, en aumentar el lujo de los cortesanos y los placeres de Carlos IV y María Luisa. Con fecha 26 de julio de 1800 escribió el marqués de Osorno a Urquijo manifestando el estado de quietud de aquellas provincias y añadía que no por ello dejaba de vigilar a los revolucionarios[489].

Desde 1801 a 1806 gobernó el Perú D. Gabriel Avilés. Autorizado por Real orden, creó el obispado de Mainas entre los ríos Huallaga, Ucayali, Napo y Putumayo. Si el clero aplaudió la creación de dicho obispado, protestó en cambio y suscitó protestas a la desamortización eclesiástica, sin embargo de recibir los intereses del capital en que fueron enagenados los bienes. No careció de importancia una conjuración que abortó en el Cuzco (1805), promovida por D. Gabriel de Aguilar, que intentaba renovar el imperio de los Incas. A la sazón las minas producían al Estado grandes cantidades, pues se acuñaban anualmente 5.000.000 de pesos fuertes.

En los siglos xvi, xvii y xviii, lo que hoy constituye la República de Bolivia formó parte del virreinato del Perú. El virreinato estaba dividido en dos Audiencias Reales: la de Lima, que comprendía el territorio conocido con el nombre de Nueva Castilla; y la de Charcas, que comprendía el Nuevo Toledo. En Charcas o Chuquisaca residía la Sede Episcopal, y en ella se estableció la Universidad de San Francisco Javier, famosa en toda la América española. A la citada Audiencia de Charcas se hallaban sujetos los gobiernos de Tucumán, Paraguay y Buenos Aires; también las misiones de chiquitos y mojos. Dividióse el territorio de dicha Audiencia en cuatro provincias: Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz, gobernadas por Intendentes nombrados por el Rey; los partidos en que se subdividían, por subdelegados nombrados por el virrey a propuesta de los intendentes, y los Concejos, compuestos de regidores y presididos por el gobernador o jefe político, ejercían las mismas funciones de los actuales municipios.

Cuando se creó el virreinato de Buenos Aires en 1776, a él obedecían los habitantes del territorio de las actuales Repúblicas de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

CAPITULO XXV

Gobierno de Chile, de Venezuela y de Guayana.—Hurtado de Mendoza en Chile: organización del país.—Francisco de Villagra: guerra con Antiguenú.—Pedro de Villagra: guerra; reformas.—Quiroga: la Audiencia.—Los gobernadores Gamboa y Saravia.—El inspector Calderón.—Supresión de la Audiencia.—Quiroga (2.ª VEZ).—Gamboa (2.ª VEZ).—Sotomayor y la guerra.—García de Loyola: Hawkins.—Paillamachu.—Vizcarro y Quiñones.—García Ramón y los piratas.—Rivera y García Ramón (2.ª VEZ): Huenecura.—Merlo de la Fuente: Aillavilla.—Jaraquemada: paz.—Rivera (2.ª VEZ).—Otros gobernadores.—Fernández de Córdoba y Laso de la Vega.—La guerra.—Terremoto de 1647.—Otros gobernadores.—Expulsión de los jesuítas.—O'Higgins.—La revolución.—Gobierno de Venezuela.—Cédula de Felipe III.—Los corsarios franceses e ingleses.—Venezuela a mediados del siglo xviii.—Creación de la Audiencia de Caracas.—Consulado de Comercio.—Obispo de Coro.—Traslación de la catedral de Coro a Caracas.—Carácter del gobierno de Caracas.—Los revolucionarios.—Gobernación de Guayana.

Don García Hurtado de Mendoza se dedicó a la organización de Chile y por eso fijó su residencia en la Concepción, pues el Centro y Norte no requerían tan exquisito cuidado. Probo y generoso, gastó gran parte de su patrimonio en las reformas que llevó a feliz término. Cuando dejó el mando repartió toda su hacienda a los hospitales, iglesias y amigos, embarcándose para el Perú (febrero de 1561) con motivo del fallecimiento de su padre. Nombró para sustituirle a Rodrigo de Quiroga. Uno de sus últimos hechos fué poner la primera piedra de la catedral de Santiago, por cuya población tuvo que pasar para embarcarse[490]. Al lado de hombres feroces, lo mismo entre los indios que entre los españoles, se destaca la noble figura de D. García Hurtado de Mendoza.

Don Francisco de Villagra, sucesor de Hurtado de Mendoza, peleó con Antiguenú y demás jefes araucanos. Si en las huertas de Lumaco la fortuna se mostró esquiva con Antiguenú, en Mariguena le fué favorable, pues allí hizo gran mortandad de españoles, encontrándose entre ellos el mismo hijo de Villagra que los capitaneaba. Antiguenú se dirigió a Cañete, donde entró sin resistencia. Abatido Villagra con tantas desgracias, sucumbió de tristeza (1563).

Pedro de Villagra, hijo primogénito de Francisco, se encargó del mando y venció a los araucanos, muriendo Antiguenú en una de las batallas sobre las orillas de Biobio. En su tiempo el papa Pío IV erigió en obispados las ciudades de la Concepción e Imperial. También durante su gobierno descubrió el grupo de las islas de Juan Fernández un castellano de dicho nombre que pasaba del Perú a Valdivia. No sabemos el por qué, la Audiencia de Lima hizo arrestar al hijo de Villagra y dispuso que fuese conducido al Perú.

Bajo el gobierno de D. Rodrigo de Quiroga se estableció (13 agosto 1567) por Felipe II la Real Audiencia en Chile, cuya primera residencia fué La Concepción, y en 1574 se trasladó a Santiago. Lo primero que hizo la Real Audiencia fué revocar el nombramiento de D. Rodrigo de Quiroga y nombrar a Ruiz de Gamboa, al cual reemplazó al año siguiente con Melchor Bravo de Saravia, vencedor en varios encuentros de los araucanos, aunque no pudo destruir completamente al cacique Paillantarú. Vino por entonces (1575) de la metrópoli, con plenos poderes, un inspector llamado Calderón, que suprimió la Audiencia y restableció a D. Rodrigo de Quiroga en sus funciones de gobernador. La fortuna favoreció más a Quiroga que a Bravo de Saravia. Cinco años conservó el mando, logrando vencer al mestizo Alonso Díaz, a quien los araucanos llamaban Pañeñancu. Murió Quiroga el 1580, después de haber fundado una ciudad en las orillas del río Chillan. Ruiz de Gamboa, segunda vez gobernador, ejerció el mando desde 1580 al 1583, no cesando de pelear con los araucanos y los pehuencos, tribu la última menos civilizada y tan belicosa como la primera.

Dicen los antiguos cronistas que don Alonso de Sotomayor, marqués de Villa Hermosa, mereció ser nombrado gobernador el 1583. Venció a los rebeldes Cayancura, Nangoniel y Quintuguenu (1590), consiguiendo abatir la fiera enemiga de los araucanos, durante los nueve años de su administración, si bien en el 1592 cayó en una emboscada que le había preparado el toqui Paillaeco.

Sucedió a Sotomayor Don Martín García Onez de Loyola, pariente de S. Ignacio e introductor de la Compañía de Jesús en Chile, el 1593. Fundó Don Martín una ciudad junto al Biobio, y la dió por nombre Coya, en honor de su mujer Clara Beatriz Coya, hija del Inca Sairi-Tupac. En 1594 llegó a las costas de Chile el inglés Hawkins, mandado por la reina Isabel, el cual, a imitación de Francisco Drake, saqueó los pueblos de la costa y se apoderó de cinco navíos, dirigiéndose después a los puertos del Perú. Enfrente de Loyola se presentó Paillamachu, general de los araucanos, que, a la cabeza de los suyos cayó sobre el campamento del gobernador español, cuyos soldados estaban dormidos. Todos fueron asesinados, salvándose sólo algunas mujeres que se llevaron los indios.

El general Don Pedro de Viscarra llegó con un cuerpo de tropas y atacó a los araucanos, reemplazándole, al cabo de seis meses Don Francisco de Quiñones, a quien el virrey del Perú le encargó levantar el decaído espíritu español en Chile. En octubre de 1599 se dió sangrienta batalla en las llanuras de Imperial, atribuyéndose españoles y araucanos la victoria. Poco después, Paillamachu se apoderó de la ciudad de Valdivia (14 noviembre 1599), pasó a cuchillo sus habitantes y entregó la población a las llamas, quedando reducida a un montón de escombros.

Don García Ramón sucedió a Quiñones. Mientras que Chile era teatro de una guerra de exterminio, continuaban las hostilidades entre España por una parte, e Inglaterra y Holanda por otra. El almirante holandés, Olivier Van Noort, llegó en el año 1600 a las costas de Chile, donde apresó naves españolas cargadas con ricas mercancías. Siguieron los piratas infestando las costas del Perú y de Chile e hicieron lugar de descanso las islas de Juan Fernández, en las cuales encontraban cabras monteses, focas y manantiales de agua excelente.

En vano don Alonso de Rivera (1600 a 1604) intentó levantar el espíritu de los españoles en Chile; ellos emigraban poco a poco al Perú o a España, pues los araucanos habían quemado y saqueado varias ciudades, entre otras, Concepción, Valdivia, Osorno, Villa-Rica y la Imperial.

Por segunda vez D. García Ramón ocupó el gobierno de Chile, siendo batido y desbaratado por el toqui Huenecura, jefe a la sazón de los araucanos. Felipe III, en 1608, decretó «que el efectivo del ejército de observación en las fronteras de la Araucania se mantuviese bajo un pie de 2.000 hombres; que el virreinato del Perú contribuyera al sostenimiento de este cuerpo con una suma de 292.279 duros; y que se estableciese la Real Audiencia de Santiago, cuya ciudad, distando entonces del teatro de la guerra, había ya adquirido la importancia correspondiente a su rango de capital»[491].

Por fallecimiento de D. García Ramón (10 agosto 1610), le sucedió D. Luis Merlo de la Fuente, que peleó con Aillavilla, uno de los mejores capitanes araucanos. Reemplazóle D. Juan Jaraquemada, bajo cuya administración se hizo la paz que tanto deseaba el Rey[492], señalándose como límite entre las posesiones de los españoles y las de los araucanos el río Biobio, con otras condiciones propuestas por los rebeldes. No fué duradera la paz. Era preciso estar siempre el arma al brazo con aquellas indómitas gentes.

Durante el gobierno de Alonso de Rivera, que había sido repuesto en el poder pasados algunos años, el almirante holandés Joris Spilbergen desembarcó (1615) en las costas de Chile, llevándose ganados, trigo, cebada y otras provisiones. Rivera introdujo en Chile a los Hospitalarios de San Juan de Dios.

Por muerte de Rivera en 1617, llegó a ocupar el gobierno Hernando Talaverano, y diez meses después López de Ulloa, vencido varias veces por el indígena Lientur. Habiendo fallecido Ulloa el 20 de noviembre de 1620, le sucedieron sucesivamente D. Cristóbal de la Cerda Sotomayor, D. Pedro Sorez de Ulloa y Lerma y D. Francisco de Alava y Noruena. Ulloa y Alava, además de la guerra con los indios, tuvieron que vigilar los movimientos de escuadra holandesa, mandada por Jaime el Ermitaño, que causó grandes perjuicios al gobierno español. D. Luis Fernández de Córdoba, sobrino del virrey del Perú, conservó la autoridad hasta 1630. Fué el primero que permitió a los criollos, descendientes de españoles, ejercer cargos públicos. Con el toqui Putapichún continuó la guerra.

Don Francisco Laso de la Vega no cesó un momento de luchar con sus valerosos enemigos. Hasta el año 1640 los sucesos belicosos no ofrecen interés alguno, porque se hallan reducidos a una serie de sitios, sorpresas, emboscadas y asesinatos, en los cuales la fortuna, unas veces se ponía al lado de los españoles y otras de los araucanos.

Terrible terremoto destruyó la ciudad de Santiago (diez y media de la noche del 13 de mayo de 1647). «A muchos—escribe un testigo del suceso—cogió ya dormidos, los cuales fueron a despertar a la otra vida, y a otros, que al susto despertaron, al querer salir, les cerraba la puerta más la turbación que la llave, o por no dar con ella, quedaban sepultados de las paredes o ahogados del polvo.» Refiere luego que, por gracia de Dios, algunos conventos quedaron en pie, añadiendo: «No fué así en otras casas, que no merecieron esta singular protección que estos santos conventos, porque cayendo las paredes hacia adentro, a unos mataban y a otros quebraban las piernas y a otros los brazos, y con la obscuridad de la noche, el espanto del temblor, el asombro del repentino ruido de terribles ruinas, la ceguedad del polvo y la confusión del inopinado suceso, los unos atropellaban a los otros y perecían muchos atropellados, encontrando la muerte donde huían presurosos a buscar la vida. Era lamentable espectáculo ver tantos cuerpos muertos, tantos destrozados, tantos que debajo de las ruinas daban lamentables voces, y a los que escapaban, andar ciegamente tropezando, y con gemidos del alma, pidiendo a voces misericordia y llorando la madre al hijo, la esposa al marido y el padre a la familia.» Murieron—según cálculos aproximados—más de mil. Sucedió al terremoto fuerte lluvia y después terrible epidemia. El gobernador Mugica, que se hallaba en Concepción al tiempo de ocurrir la catástrofe, se trasladó a Santiago, solicitó recursos del virrey del Perú y logró que por el término de seis años se eximiera de impuestos a la ciudad arruinada. Digno de toda alabanza fué el obispo fray Gaspar de Villarroel, agustino, varón de singular piedad, que en aquellos días tristísimos, prestó toda clase de auxilios a los pobres. Poco tiempo después comenzó la reconstrucción de la ciudad.

Al prudente gobernador Martín de Mugica sucedió D. Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides, que concluyó un tratado de paz con Lincopichún, en virtud del cual se señalaba el río Biobio límite divisorio entre los araucanos y los españoles, reconociendo a los primeros su independencia, y ellos, por su parte, la soberanía del rey de España, permitiendo a los misioneros el libre ejercicio de su ministerio y obligándose también a oponerse al desembarco de súbditos de aquellas naciones europeas que a la sazón estaban en guerra con España.

Refieren los historiadores que don Antonio de Acuña y Cabrera (1650-1656) estuvo dominado por dos oficiales, cuñados suyos, de apellido Salazar. Celebró Acuña un armisticio con los indios en Boroa y mandó una expedición contra los cuncos, que fué completamente destruída (1655). El pueblo de la Concepción se sublevó a los gritos de ¡Viva el Rey! ¡Muera el mal gobierno! viéndose obligado el virrey de Lima a destituir al débil gobernador.

Sucediéronse otros gobernadores; pero adquirió fama por sus desaciertos D. Francisco de Meneses (1664-1668), conocido por sus subalternos con el apodo de Barrabás. Convirtió en granjería todos los destinos civiles y militares, castigó severamente a los araucanos y cometió toda clase de tropelías. Sostuvo ruidosas polémicas con fray Diego de Humanzoro, obispo de Santiago, siendo al fin depuesto por el virrey del Perú.

Por el contrario, D. Juan Henríquez (1670-1682) vivió siempre en cordiales relaciones con el prelado y con los hijos de Loyola. Realizó algunas obras de utilidad pública. Fortificó a Valparaíso y La Concepción y formó en Santiago pequeño parque militar. Dictó algunas ordenanzas de policía y de comercio. Sus buenas obras fueron afeadas por la venalidad, norma de todas sus acciones. En sus relaciones exteriores haremos notar que en el año 1680 el pirata Bartolomé Sharp se apoderó de la ciudad de Coquimbo y la entregó al saqueo. Por su enemiga a la Real Audiencia, tribunal fiscalizador de los gobernadores, se originaron no pocos conflictos. Después de doce años de gobierno, fué relevado del mando.

Los gobernadores que inmediatamente le sucedieron, como D. Tomás Marín de Poveda, sólo pensaron en la guerra con los araucanos.

Tiempo adelante, D. Juan Andrés Ustáriz (1709-1717), según de público se dijo, hubo de comprar el gobierno de Chile por la suma de 24.000 pesos. Como era de esperar, Ustáriz no se distinguió por su probidad administrativa. Habiéndose probado la inmoralidad que reinaba en todos los ramos de la administración, fué destituído por el virrey del Perú y condenado a pagar 54.000 pesos de multa. D. Gabriel Cano de Aponte (1717-1733) hizo la paz con los naturales del país, siendo aquélla ratificada en Negrete, ciudad situada entre los ríos Duqueco y Culabi, afluentes del Biobio. Dicha paz, como otras anteriores que se llevaron a cabo, no dió resultado alguno. Sucedió a Cano D. Manuel Salamanca, sobrino del virrey del Perú; esta elección no fué confirmada por el Rey, que nombró a D. José Antonio Manso de Velasco (1737-1745). Pocos gobernadores tan buenos como Manso de Velasco ha tenido Chile. En una conferencia que tuvo con los indígenas y a la que asistieron unos 400 caciques y 6.000 ciudadanos, se adoptaron acuerdos pacíficos de mucha importancia. Receloso el virrey del carácter voluble de los indígenas y teniendo poca confianza en las promesas de paz, organizó fuerte ejército, recorrió el país, fundó varias poblaciones (San Felipe, Los Angeles, Rancagua, Melipilla, San Fernando y Copiapó y otras) y construyó el canal de Maipo. También durante su gobierno se fundó la Universidad de Santiago y la Casa de Moneda. D. Domingo Ortíz de Rozas siguió las huellas de su predecesor, fundó varias poblaciones y mandó una colonia a la isla desierta de Juan Fernández. Regresó a España el gobernador Ortíz de Rozas el año 1754. De D. Manuel Amat y Juniet (1755-1761) sólo diremos que fundó la población de Santa Bárbara cerca del nacimiento de Biobio, fomentó los trabajos de las minas y reunió, como otros varios gobernadores, una asamblea en Santiago, y como siempre, los indios prometieron vivir sumisos. Porque los presos de la cárcel de Santiago intentaron evadirse, Amat se puso al frente de la tropa que debía contenerlos, lo cual logró, haciendo castigar a once de ellos con la pena de horca. A él se debe la creación del primer Cuerpo de policía, que acuarteló detrás de su palacio y pagó con fondos del Erario real: le dió el nombre de Dragones de la Reina (1758).

El gobernador y presidente D. Antonio Guill y Gonzaga (1762-1768) repobló la ciudad de Angot[493], hizo conducir a Santiago aguas potables y mandó construir mesones en los caminos de la cordillera. En los comienzos de agosto de 1767 recibió un pliego cerrado con una carta del Rey y otros papeles. Se le mandaba arrojar de Chile á los jesuítas. Aunque con profundo sentimiento—pues los hijos de Loyola eran sus amigos y consejeros—expulsó en la mañana del 26 de agosto del año citado a los jesuítas de Chile, en número de 300, figurando entre ellos el P. Manuel Lacunza, profundo teólogo, y el nunca bastante alabado P. Juan Ignacio Molina (historiador y naturalista). Los araucanos, bajo el pretexto de que Gonzaga les quería obligar a residir en poblaciones, se declararon en completa insurrección, durando la guerra diez y siete años. Murió Gonzaga en 1768, sucediéndole D. Francisco Javier de Morales (Apéndice H).

Por tercera vez fué nombrado gobernador por la Real Audiencia D. Mateo de Toro Zambrano, que con el carácter de interino había desempeñado dos veces el cargo, antes de la elección de Gonzaga y después de su muerte, reemplazándole casi inmediatamente D. Agustín de Jáuregui. Es de justicia consignar que Jáuregui restableció en Santiago el colegio fundado por D. Martín de Poveda para que se educasen los hijos de los caciques, hizo un censo de población y organizó las milicias. D. Ambrosio de Benavides (1780-1787) fomentó las obras públicas, trasladó á Chillan el colegio de indígenas de Santiago y celebró el parlamento de Lonquiemo, que presidió el coronel O'Higgins (1786), en el cual se hizo un concierto confirmando los anteriores, con la condición de que los fieros y tenaces araucanos nombrarían un representante que había de residir en la capital de Chile y cuya única misión sería velar por los intereses de sus conciudadanos y por el cumplimiento de los tratados. Refieren autorizados cronistas que por entonces los franceses Antonio Gramusset y A. Berney trataron de proclamar la independencia de Chile; pero descubierta la conjuración, los citados jefes fueron enviados a España. Lugar preferente entre los gobernadores y capitanes generales de Chile ocupa D. Ambrosio O'Higgins, a quien ya dimos a conocer en el capítulo anterior. Suprimió las encomiendas y el servicio personal de los indios; repobló la ciudad de Osorno y fundó las poblaciones de Combarbalá, Santa Rosa de los Andes, Illapel y Vallenar; mejoró los caminos y fomentó el cultivo del azúcar, del algodón y del tabaco; y dispuso que los cadáveres fuesen enterrados en los cementerios y no en las iglesias.

El brigadier D. Luis Muñoz de Guzmán (1802-1808) celebró con los indios un parlamento en Negrete, terminó varios edificios públicos (Casa de Moneda, la Aduana y el Consulado) e hizo diferentes exploraciones por varios sitios de los Andes para hallar caminos para el Río de la Plata. Murió repentinamente (11 de febrero). En virtud de Real disposición del año 1806, el militar de mayor graduación tomaría el mando, ya por muerte o ya por ausencia del propietario. En una junta que celebraron en Concepción los jefes militares, fué proclamado capitán general D. Francisco García Carrasco, brigadier de ingenieros.

Consideremos el gobierno de García Carrasco. Rodeóse de favoritos, los cuales hubieron de contribuir a las graves disensiones que tuvo el capitán general con la Universidad, el Cabildo eclesiástico, el ayuntamiento y el tribunal de minería. Vino a echar leña al fuego de las discordias la noticia de que España había sido invadida por los franceses y que el rey de España no era Fernando VII, sino José Bonaparte. Los hombres de ideas más avanzadas de la colonia, casi dirigidos por el cabildo de Santiago, se dispusieron a la revolución, divulgando la noticia de que España estaba sometida a un gobierno extranjero. El capitán general preparó un golpe de Estado, creyendo de este modo poner término a la agitación: en la tarde del 25 de mayo de 1810, fueron reducidos a prisión el doctor Don Bernardo Vera, el procurador de la ciudad Don Juan Antonio Ovalle y Don Antonio Rojas, siendo conducidos aquella misma noche a Valparaiso. Uno de los oidores de la Audiencia marchó a Valparaiso a instruirles proceso por el delito de conspiración. Medida tan violenta enardeció más los ánimos, llegando el citado cabildo a pedir la libertad de los presos; mas Carrasco, lejos de acceder, dispuso que los tres reos fuesen trasladados a Lima. Cuando en la mañana del 11 de julio se supo que los presos habían sido embarcados en Valparaiso para Lima, el pueblo se presentó en la plaza en actitud amenazadora, en tanto que el cabildo y la Audiencia se reunían separadamente, buscando remedio a tantos males. Creyeron encontrar el remedio aconsejando a Carrasco que los presos volviesen a Santiago, que los empleados que hubiesen tenido más participación en el golpe de Estado fuesen separados, y, por último, que no se tomara medida alguna sin oir a la autorizada opinión de Don José de Santiago Concha, oidor decano de la Audiencia. Todo esto era muy poco, porque la revolución marchaba muy a prisa, disponiendo entonces la Audiencia que Carrasco renunciase el mando. Una reunión de jefes militares y de los empleados más importantes aceptó la renuncia del capitán general, nombrando en su lugar a Don Mateo de Toro Zambrano, conde de la Conquista (16 julio 1810).

«La dependencia en que estuvo Chile del virreinato del Perú distó mucho de ser favorable a ninguna de ambas regiones. Esa dependencia era causa de que se olvidasen los intereses locales, de que no se contase con fuerzas suficientes para la defensa de la Capitanía General y de que jamás se viese el fin de la guerra con los araucanos. Mucho después de Ercilla y de Pedro de Oña, para quien Arauco ya estaba domada, los colonos no podían gozar de paz ni seguridad con aquel enemigo interior, y en la costa asomaban los corsarios ingleses, para quienes apoderarse de los tesoros de América era siempre fácil empresa»[494].

Pasando del estudio de la historia de Chile a la de Venezuela, con verdadera satisfacción habremos de referir que Felipe III, desde Martín Muñoz (27 septiembre 1608) se dirigió al gobernador y capitán general de Venezuela, diciéndole la conducta que había de observar con los indios y censurando a los encomenderos y al obispo[495]. Por su parte, los indígenas permanecieron tranquilos gozando de larga paz; «a lo cual contribuía—como dice Baralt—el ser pobre y no excitar la codicia de los enemigos de España, cuyos ojos y manos no se movían con fuerza sino tras las ricas flotas del Perú y de México»[496].

Recordaremos que Juan de Urpín terminó la conquista de Cumaná (1634), fundando en 1637 la Nueva Barcelona.

Aunque Venezuela vivió en paz durante el siglo xvii, a veces fué atacada por los franceses. Intentaron nuestros enemigos apoderarse de Cumaná en los años 1654 y 1657, siendo rechazados; mas en 1679 saquearon la ciudad de Caracas, retirándose con un gran botín a sus bajeles. En el siglo xviii Venezuela sufrió los ataques de los ingleses, quienes intentaron un asalto a la Guaira y a Puerto Cabello por los años 1739 y 1745, siendo rechazados de ambas partes, del mismo modo que lo fueron en Angostura el año 1740.

A mediados de la centuria, esto es, el 12 de febrero de 1742, se resolvió «relevar y eximir al gobierno y capitanía general de la provincia de Venezuela de toda dependencia del virreinato» del Nuevo reino de Granada. También se dispuso que los gobernadores de la provincia de Venezuela reasumiesen las facultades concedidas anteriormente, lo mismo en lo tocante a gobierno, guerra y hacienda como al ejercicio del Real Patronato, y que nombrasen los tenientes justicia-mayores de las ciudades, villas y lugares donde ellos lo tuviesen por conveniente, sin necesidad de que los nombrados necesitasen acudir para su confirmación a la Audiencia de Santo Domingo, que seguía siendo la del distrito de Venezuela, según cédulas de 7 de noviembre de 1738 y 3 de Mayo de 1741. Por último, en 8 de septiembre de 1777 acordó el Rey separar del Nuevo Reino de Granada las provincias de Cumaná, Guayana, Maracaibo é islas de Trinidad y Margarita, agregándolas «en lo gubernativo y militar a la capitanía general de Venezuela, del mismo modo que lo estaban ya, en cuanto a los asuntos de hacienda, a la nueva Intendencia erigida en Caracas»[497]. Dispuso, por lo que respecta a lo jurídico, que las citadas provincias se separasen de la Audiencia de Santa Fe y se agregasen a la primitiva de Santo Domingo. Nueve años después, esto es, el 13 de junio de 1786, se creó la Audiencia de Caracas. Resolvíanse por entonces de igual manera los asuntos mercantiles y civiles, hasta que para los primeros se estableció el Consulado de Comercio, por real cédula de 3 de junio de 1793, para «la más breve y fácil administración de justicia en los pleitos mercantiles, y la protección y fomento del comercio en todos los ramos»[498].

Conviene no olvidar que por una bula de Clemente VII se erigió el primer obispado de Venezuela en Cero (21 julio 1531), siendo nombrado obispo D. Rodrigo de las Bastidas (4 junio 1522) y la iglesia de Coro quedó erigida en Catedral (24 junio 1533). También el 1531 el mismo papa Clemente mandó erigir la iglesia de Santa Marta en Catedral, expidiendo las respectivas bulas a favor de Fray Tomás Ortiz[499]. Luego, por Real Cédula de 20 de junio de 1637 la Catedral de Coro se trasladó a Caracas[500]. Al obispado de Puerto Rico se agregaron las provincias de Margarita y Cumaná en 1588, la ciudad de Santo Thomé de Guayana en el año de 1624 y toda la provincia de Guayana en 1625. Si el obispado de Mérida se creó en 1777, y el de Guayana en 1790, cuando la Catedral de Caracas se erigió en metropolitana en 1803, aquellas iglesias fueron sufragáneas de dicho arzobispado[501].

«Venezuela—Gil Fortoul—fué más infeliz que otras colonias. Regiones de América muy ricas y pobladas, como México y el Perú, tuvieron en ocasiones mejor fortuna bajo la dirección de algunos virreyes eminentes; mas en Venezuela, pobre y casi desierta, apenas hubo gobernadores que se distinguiesen en la turba de funcionarios o indolentes o incapaces...»[502].

En los últimos años de la centuria décimo octava las ideas revolucionarias iban poco a poco penetrando en el país, no bastando el cuidado que tenían para que así no sucediese las autoridades. Aunque vigilaban mucho, no pudieron impedir la entrada de toda clase de periódicos y libros extranjeros, especialmente si trataban de asuntos filosóficos y políticos. D. Pedro Carbonell, capitán general de Venezuela, desde Caracas, con fecha de 1.º de noviembre de 1794, dirigió una circular a los prelados y gobernadores de provincia, manifestándoles que por oficio del virrey de Santa Fe del 6 de septiembre último, tenía noticia de haber aparecido en dicho Reino un papel impreso intitulado Los derechos del hombre y en el cual se hallaban doctrinas contra la Religión y la Monarquía. «Los especiales encargos de S. M. y nuestro honor y fidelidad nos obligan estrechísimamente a impedir se propaguen tan detestables máximas, y por lo mismo no me detengo en encarecer a V. S. el gran servicio que hará a Dios y al Rey poniendo todos sus desvelos en averiguar y descubrir, si por desgracia se ha introducido el tal papel u otro de su especie en el distrito de su mando, valiéndose de todos los medios que dictan la prudencia y sagacidad»[503].

Al año siguiente y con fecha 12 de junio el mismo presidente Carbonell escribió una carta a D. Eugenio Llaguno, dándole noticia de que en Coro se habían amotinado los negros esclavos y algunos libres, deseosos unos y otros de formar gobierno republicano[504]. Luego (26 agosto 1795) volvió Carbonell a escribir a Llaguno, insertando la carta que con igual fecha dirigía al ministro de la Guerra, en la cual comunicaba nuevas noticias de los sucesos de Coro, justicia que se hizo en muchos de los sublevados, captura del caudillo zambo Leonardo, y providencias tomadas por el Real Acuerdo[505].

Por entonces Juan Bautista Picornell, Manuel Cortés Campomanes, Sebastián Andrés y José Lax—que en los comienzos de febrero de 1796 tramaron una conspiración en Madrid que se llamó de San Blas y que tenía por objeto destruir la monarquía y establecer una república a semejanza de la francesa, por lo cual fueron desterrados a América—intentaron evadirse de la cárcel de La Guaira y hacer la revolución en las colonias. También por la misma época llegó a Santa Fe el revolucionario Antonio Nariño, que, con ayuda de Pedro Fermín de Vargas, se disponían a la insurrección. Los primeros, esto es, Picornell, Lax, Andrés y Cortés lograron evadirse de la cárcel de La Guaira, según la comunicación del capitán general Carbonell de 19 de julio de 1797 al Príncipe de la Paz. A su vez, Nariño desde Santa Fe y con fecha 30 de julio del mismo año, se dirigió al virrey para que interpusiera «su mediación y piadosos oficios para mover e inclinar más la piedad del Monarca a mi favor.»

Por lo que respecta a las publicaciones revolucionarias, es de importancia referir que la Audiencia de Caracas declaró (11 diciembre 1797) que los que recibiesen tales libros o papeles «y no los entregaren inmediatamente a las justicias, los que tuviesen noticias de ellos y no lo comunicaren a las mismas justicias, los que los pasaren a otras manos, o de cualquiera forma divulgaren sus doctrinas, o no impidieren su extensión, cuanto esté de su parte», incurrirán «en las penas de azotes, presidio y en la de muerte, según las circunstancias del caso.» A pesar del sistema político español reaccionario, a pesar del aislamiento en que vivían los Estados americanos y a pesar de las tendencias contrarias al progreso, las ideas revolucionarias, primero de los Estados Unidos y después de Francia, penetraron en Venezuela y en todas las colonias, dando al traste con el dominio español algunos años después.

El descubrimiento y colonización de La Guayana, las frecuentes incursiones de los piratas y las conquistas de los holandeses, ya se dieron a conocer en el capítulo X de este tomo. Añadiremos ahora que el terreno, pantanoso e inculto en su mayor parte, regado por el Orinoco, Surinán y otros, tiene clima cálido y malsano. Durante los siglos xvii y xviii fueron Las Guayanas campo de lucha entre holandeses, franceses, españoles y brasileños[506]. La última nación colonizadora en La Guayana fué Inglaterra, la cual despojó a Holanda de parte de su territorio y después siguió igual conducta con Venezuela, y seguramente sus usurpaciones hubiesen sido mayores, si la República de los Estados Unidos no hubiera intervenido, para que, mediante sentencia arbitral, se decidiesen las cuestiones suscitadas entre Inglaterra y Venezuela. Con fecha 25 de mayo de 1812, D. José de Chastre, gobernador interino de La Guayana, en carta dirigida al Rey, se quejaba del gobernador de Puerto Rico que no le había socorrido, por cuya causa estuvo en peligro de caer en manos de los insurgentes. Decía también que los ingleses fomentaban bajo cuerda la insurrección; pedía la segregación de aquella provincia de las de Caracas y Santa Fe, y por último, quería que se declarasen reos de lesa nación a los jefes nacionales que no auxiliasen a los fieles españoles que luchasen por la integridad de la Monarquía española[507]. Posteriormente, Simón Bolívar comunicó (17 agosto 1817) desde Baja Guayana, que Las Guayanas habían sido tomadas por tropas republicanas[508]. Al presente las tres Guayanas, colonias europeas, son: la inglesa al O., cuya extensión es de 305.000 h. y tiene como capital a Georgetown; la holandesa en el centro, con 90.000 h. y su capital Paramaribo o Nueva Amsterdam, y la francesa al E. con 40.000 h. y su capital Cayena, lugar de relegación para los condenados a trabajos forzados. La antigua Guayana española, al O., en los confines de Venezuela y de La Guayana holandesa, es a la sazón de Venezuela, y La Guayana portuguesa, al S., en la cuenca superior de Oyapok, pertenece al Brasil.

CAPITULO XXVI

Gobierno de Nueva Granada, de Panamá y de El Ecuador.—Gobernadores que en Colombia sucedieron a Jiménez de Quesada.—La Audiencia.—El Arzobispado.—El presidente Venero de Leiva.—Otros presidentes.—Fundación y extensión del virreinato.—El virrey Eslava.—Vernon en Cartagena de Indias: Lezo.—Política de Eslava.—Principales virreyes.—Intervención de Nueva Granada en Venezuela.—Guerra de la Independencia.—Gobierno de Panamá.—Origen, situación, título de ciudad y blasón heráldico.—Obispado y Audiencia.—Panamá bajo la dependencia de Guatemala y después del Perú.—La Audiencia.—El año 1644.—Nueva ciudad.—El fuego grande.—Panamá bajo el virreinato de Santa Fé.—Universidad de San Javier.—Los jesuítas.—El gobernador Pérez.—Gobierno de Quito.—La Audiencia: el presidente Santillán y sus sucesores.—El Ecuador en los siglos XVI y XVII.—Guayaquil en poder de los corsarios.—Síntomas revolucionarios.

Consideremos los gobernadores que sucedieron en Nueva Granada al valeroso Gonzalo Jiménez de Quesada[509]. El primero fué Hernán Pérez de Quesada, al cual sucedió Luis Alonso de Lugo (1542), Lope Montalvo de Lugo (1544), Pedro de Ursúa (1545), Miguel Diaz de Almendáriz (1544) y Juan de Montalvo (1551). De Almendáriz se cuenta que contribuyó a la fundación de la Audiencia con la esperanza de conseguir la presidencia; pero destituído de su cargo tuvo que retirarse a la Española. Dejó en Santa Marta su pequeña fortuna, que le arrebató un falso amigo. Volvió a Bogotá con el juez encargado de residenciarle y fué condenado al pago de costas, que no pudo satisfacer. De Bogotá marchó a Cartagena y de Cartagena a España, donde se hizo sacerdote y murió de canónigo de Sigüenza.

Desde que se estableció la Audiencia hasta la creación del virreinato, los presidentes de aquélla tuvieron el supremo poder[510]. El primer presidente—como se dijo en el capítulo XI de este tomo—fué el doctor Gutiérrez de Mercado, quien, según cuentan, murió de resultas de un veneno que le dieron en Mompós. Francisco Briceño, después de fundar las ciudades de La Plata y Almaguer, ocupó su importante puesto en la Audiencia, siendo residenciado el 1558 y enviado a España.

Encargado por la Audiencia el capitán Orzúa de sujetar a los muzos, consiguió su objeto; en seguida marchó al Norte contra los chitareros y en el valle del Espíritu Santo fundó la ciudad de Pamplona (1554), donde encontró muchas pepitas de oro, y, cuando se disponía a emprender una expedición en busca de nuevas riquezas, la Audiencia le desautorizó y tuvo que retirarse a Santa Marta[511].

Antes de continuar la relación de los hechos más importantes de los presidentes, haremos notar que Su Santidad Pío IV erigió el obispado del Nuevo Reino de Granada en arzobispado, siendo presentado para tan elevado cargo D. Fr. Juan de los Barrios, como por Real Cédula de 30 de enero de 1568 el Rey lo notificó a los obispos de Lima y de Santo Domingo[512].

Andrés Díaz Venero de Leiva (1564-1574) inauguró su presidencia mejorando la suerte de los indios[513]. Fundó escuelas para los indígenas, a quienes obligó a que viviesen en poblaciones fijas, hizo construir templos y cárceles y fomentó la industria. Inauguró los estudios filosóficos en el claustro de Santo Domingo, dió impulso a las misiones e hizo el padrón del territorio (1570). Recordaremos—y es su mayor timbre de gloria—que él fué el primero que mandó patatas a España. En 1578 tomó posesión de la presidencia de la Audiencia Real de Santa Fe D. Lope Díaz de Armendariz, que fué destituído en 1580 por el visitador Juan Bautista Monzón, muriendo en la cárcel (1584). Quedó de gobernador el oidor decano D. Guillén Chaparro, en cuya época el pirata inglés Drake entró a saco en las ciudades de Río Hacha, Santa Marta y Cartagena.

Llegó (1589) el nuevo presidente Antonio González con orden de promulgar otra vez las reales cédulas en favor de los indios y mandó hacer algunas obras importantes. Durante la administración de González no cesaron en sus depredaciones los piratas ingleses. También reedificó a Ibagué, destruída por los pijaos, que anteriormente habían arruinado La Plata. Según cédula Real del 15 de Enero de 1591, dada en Madrid, Felipe II, habiéndose quejado los vecinos y moradores de Santa Marta de la conducta del obispo de la provincia, encargó al presidente y oidores de la Audiencia de Santa Fe que pidieran y estudiaran el proceso que se formó a causa de las quejas de los dichos vecinos contra el obispo[514].

Después de D. Antonio González ocupó (1597) D. Francisco de Sande, a quien el pueblo designaba por sus crueldades con el nombre de Doctor Sangre; fortificó a Portobelo y peleó con la valerosa tribu de los pijaos[515]. Encargóse del gobierno, en 1605, D. Juan de Borja, nieto del duque de Gandía, quien venció completamente a los pijaos y cuyo jefe Calarcá murió en el combate. Borja mereció el dictado de Padre de la Patria por haber mejorado la suerte de los indios, por haber fundado las misiones de los Llanos y por haber asegurado la navegación del Magdalena y la comunicación con el Sur por el camino de Guanacas. Gobernador tan excelente falleció repentinamente en 1628. Dos años permaneció sin gobernador la colonia, ocupando luego cargo tan importante D. Sancho de Girón, marqués de Sofraga (1630-1637), quien fué aborrecido lo mismo por el clero que por el pueblo, siendo depuesto y multado en 80.000 pesos.

D. Martín de Saavedra y Guzmán, barón de Prado (1637-1645), desempeñó el gobierno con honradez y tuvo algunas diferencias con el arzobispo Fray Cristóbal de Torres; y D. Juan Fernández de Córdoba, marqués de Miranda de Asta (1645-1654) hizo fundar la ciudad de Cravo en Casanare, siendo reemplazado con sentimiento general por don Dionisio Pérez de Manrique. Pudo Manrique rechazar las acometidas de los piratas Cordello y Gauzón, sucediéndole en el año 1666 D. Diego del Corro y Carrascal, y últimamente, D. Melchor Liñán, obispo de Popayán. Los últimos gobernadores tuvieron que luchar con el famoso pirata Morgán, terror de las costas colombianas.

Promovido Liñán al obispado de Charcas en el año 1674, el gobierno de la colonia cayó en manos de los oidores, hasta que en 1678 llegó el nuevo presidente, gobernador y capitán general D. Francisco del Castillo y Concha, en cuya época se originaron grandes luchas entre la autoridad civil y los conventos, pues—como decía Castillo—en Nueva Granada había mucha iglesia y poco rey. El arzobispo don Antonio Sanz Lozano, por demás exigente, excomulgó á Castillo. Don Gil de Cabrera y Dávalos (1687-1703) tuvo la desgracia de que en su tiempo los piratas Pointis y Ducaze se apoderasen de Cartagena (1697) y de que a causa de conmociones volcánicas se sintieran grandes ruidos subterráneos. D. Diego Córdoba Laso de la Vega (1703-1711) fué buen presidente. Desde 1711 á 1713 gobernaron los oidores, viniendo a ocupar el cargo de presidente en el citado año de 1713 D. Francisco Meneses de Bravo, a quien redujeron a prisión los oidores y le mandaron a España. Volvió absuelto de los cargos que le imputaron, siendo envenenado, tal vez por los mismos oidores.

A D. Nicolás Infante de Venegas (1715-1717) sucedió D. Francisco Rincón, arzobispo de Santa Fe y presidente interino. En tiempo de don Antonio Pedrosa y Guerrero (1718-1724) se acordó elevar a virreinato la presidencia de Nueva Granada. El 29 de Abril de 1517 se decretó poner virrey en la entonces Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Algunos historiadores consideran a Pedrosa como el primer virrey de Nueva Granada o de Santa Fe. Sucedióle don Jorge de Villalonga, conde de la Cueva (31 noviembre 1719), quien, no teniendo recursos para sostener tan alta dignidad, abandonó el país, volviendo todo a permanecer como antes de 1517.

D. Antonio Manso Maldonado, gobernador del Nuevo Reino de Granada y presidente de la Audiencia de Santa Fe, tomó posesión el 17 de mayo de 1724. En la Relación que hizo de su mando, firmada en Santa Fe el 20 de julio de 1727, comienza reseñando la riqueza de las muchas minas del país y explica luego «cómo se compadece tanta riqueza y abundancia en la tierra donde casi todos sus habitadores y vecinos son mendigos»[516]. Varias son las causas de esto. Cada vez, dice, es menor el número de los indios, los cuales huyen del rudo y peligroso trabajo de las minas. Para obviar este inconveniente proponía el gobernador Manso que se sustituyesen los indios por negros, pues los últimos siendo «gente más trabajadora y fuerte, y como verdaderos esclavos, no tienen el riesgo de irse, darían más utilidad en un año 100 de ellos que 500 naturales del país»[517]. Con el acabamiento de los indios, la agricultura, añade, también sufre grandes perjuicios, porque ellos siembran, siegan y guardan los ganados. Es otra de las causas de pobreza lo escasa que anda la moneda usual, lo cual podría corregirse fácilmente mandando al tesorero de la Casa de Moneda que fabricase mayor cantidad. Por último, sería convenientísimo que el presidente de la Audiencia «tuviese alguna más mano para contener a los oidores, o que los que hubiesen de venir a estas partes, donde la distancia les hace más animosos, fuesen hombres provectos y que hubiesen pasado el trienio en otra Audiencia, ó se eligiesen de los abogados más expertos que hubiese en la monarquía, porque si vienen acabados de dejar el colegio, ni las letras son las que bastan para la práctica, ni la edad les concilia la madurez»[518].

Por lo que respecta a las causas particulares de la decadencia del reino, es una de ellas la poca instrucción del estado eclesiástico. Si las vacantes de las prebendas se diesen por oposición, los sacerdotes se dedicarían a los estudios y frecuentarían los actos literarios. Acerca del estado secular, el premio mayor a que puede aspirar un indio es ser nombrado individuo de un Corregimiento por dos años, y aun para ello necesita dar fianza crecida. Por esta razón sucede con frecuencia que nadie quiere tales cargos. Una de las causas que señala Manso Maldonado como de las más universales, consiste en la excesiva piedad de los fieles que con sus limosnas han enriquecido a los monasterios, con las obras pías que fundan en sus iglesias y con las capellanías que dotan para que las sirvan los religiosos. «Apenas—escribe—se contará casa o hacienda que no sea tributaria de eclesiástico, pues la que no lo es a algún convento lo es a un clérigo secular, por tener allí fundada su capellanía»[519]. Con otras observaciones de menor interés termina su informe Manso Maldonado.

Felipe V, mediante Real Cédula dada el 20 de agosto de 1739, estableció definitivamente el virreinato con el nombre de Nuevo Reino de Granada. Hacía constar que en el 29 de abril del año 1717 se creó el virreinato de Santa Fe de Bogotá del Nuevo Reino de Granada, suprimiéndolo el 1723 y dejando las cosas en el estado que antes estaban. Añadía que lo volvía a crear, nombrando virrey a D. Sebastián de Eslaba[520]. Comprendía el virreinato las provincias siguientes enumeradas en la Real Cédula: la de Portobello, Veragua y el Darién, las del Choco, reino de Quito, Popayán, Cumaná, y la de Guayaquil, provincias de Cartagena, Santa Marta, Río de la Hacha, Maracaibo, Caracas, Antioquía, Guayana y Río Orinoco, y las islas de la Trinidad y Margarita, con todas las ciudades, villas y lugares, puertos, bahías, surgideros, caletas y demás pertenecientes a ellas, en uno y otro mar y Tierra Firme. Formaban, pues, el virreinato el Nuevo Reino de Granada y la Presidencia de Quito, quedando independiente la Capitanía general de Venezuela o Costa Firme. Los presidentes de la Audiencia de Quito gozaban de independencia como tales presidentes, hallándose en lo demás sujetos a la autoridad de los virreyes[521].

Tan apurado de dinero se hallaba Felipe V a causa de la guerra de sucesión, que, desde Madrid (19 octubre 1706), se dirigió a don Francisco Dávila Bravo de Laguna, gobernador y capitán general de la provincia de Tierra Firme, llamada también Castilla del Oro, para que le remitiesen a España todos los caudales que tuviese en aquellos países[522]. De la provincia de Tierra Firme, a la sazón formando parte del virreinato de Nueva Granada, recordaremos los siguientes hechos. Felipe IV, desde Madrid, con fecha 22 de septiembre de 1657, decía a D. Fernando de la Riva Agüero, gobernador y capitán general de la provincia de Tierra Firme, que D. Pedro Carrillo de Guzmán, su antecesor en el gobierno, le había dado cuenta—según cartas del 13 y 21 de julio de 1656—de que a 9 de marzo del mismo año, los enemigos (ingleses y holandeses) se atrevieron a invadir el Puerto de la Boca del río de Chagre, añadiendo luego que Gaspar de los Reyes, capitán de la compañía de los negros de la ciudad de Portobelo, consiguió hacer a los enemigos 7 prisioneros, arrojándoles también a ellos a la mar[523]. Posteriormente, Carlos II, desde Aranjuez (17 mayo 1678), hubo de decir al gobernador y capitán general de la provincia de Tierra Firme, lo que a continuación copiamos: «Por ser necesario para el mayor adorno de mi Palacio y Casas Reales que haya en ellos Pájaros que llaman Cardenales, Zinzontes, Gorriones, Mariposas, Chambergos, Turpianes y otros qualesquiera Pájaros de canto de esas Provincias: He parecido encargaros los hagáis buscar y remitir a estos Reinos con todo cuidado, etc.»[524].